Cómo la ejemplar Dinamarca se convirtió en uno de los países de Europa con más violencia sexual
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Cómo la ejemplar Dinamarca se convirtió en uno de los países de Europa con más violencia sexual

Un informe de Amnistía Internacional advirtió que Dinamarca tiene una "cultura de violación" generalizada y problemas sistémicos al abordar estos casos.
16 de marzo, 2019
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Día de la Mujer en Copenhague

Reuters
Manifestantes en una marcha celebrada el pasado Día de la Mujer en la capital danesa defendieron mensajes como “Hablemos sobre el sí” o “No significa no”.

En 2017, Dinamarca fue nombrada como el segundo mejor país de la Unión Europea (UE) en términos de igualdad de género, solo superada por su vecina Suecia.

Fue uno de los nueve países en alcanzar los objetivos de cuidado infantil de la UE, tuvo una de las posturas de mayor igualdad de género en cuanto al trabajo doméstico y fue uno de los pocos países europeos cercanos a lograr un parlamento con representación 50%/50% de hombres y mujeres, según el Índice de Igualdad de Género.

Pero en un informe publicado la semana pasada, Amnistía Internacional advirtió que Dinamarca también tiene unacultura de violación” generalizada y problemas sistémicos en la forma en que aborda este tipo de casos.

Varios estudios dicen que Dinamarca tiene la mayor prevalencia de violencia sexual en Europa.

El Ministerio de Justicia de Dinamarca estima que alrededor de 5,100 mujeres al año son víctimas de violación o intento de violación, mientras que la Universidad del Sur de Dinamarca elevó esta cifra en el año 2017 a 24,000, un número alto para un país con una población relativamente pequeña (5.8 millones).

Ese mismo año, solo 890 violaciones fueron denunciadas a la policía, de las cuales 535 fueron procesadas y 94 terminaron en condenas.

Hombre esposado

Getty Images
En 2017, 94 de las 890 violaciones denunciadas en Dinamarca acabaron en condena.

En declaraciones a Amnistía Internacional, varias víctimas dijeron que a menudo encontraban que “el proceso de presentación de informes y sus consecuencias fueron enormemente traumatizantes”, ya fuera porque no se les creyó, por cómo fueron interrogadas por los oficiales o, en uno de los casos, porque pruebas importantes que luego se necesitaron en el juicio no fueron debidamente recogidas.

La Policía Nacional de Dinamarca le dijo a la BBC que se esfuerzan por mejorar la forma en que tratan a las personas que denuncian violaciones, y que están trabajando en las nuevas directrices que se elaboraron en 2016.

Entonces ¿cómo un país con un impresionante historial de igualdad de género terminó siendo nombrado uno de los peores del continente en cuanto a violencia contra las mujeres?

“Un obstáculo para la igualdad”

Algunos creen que la imagen del país escandinavo como un lugar utópicamente progresista se ha sumado al problema.

“Tenemos esta idea general de que ya hemos logrado la igualdad de género en Dinamarca, que la lucha ha terminado y que no queda nada por lo que luchar”, le dice a la BBC Helena Gleesborg Hansen, vicepresidenta de la Sociedad de Mujeres Danesas.

“Y ese es el mayor obstáculo que vemos cuando hablamos de igualdad de género”.

Manifestación de mujeres en Copenague en 2017

Getty Images
Manifestantes pidieron que las leyes sobre violación se centraran en el consentimiento en esta Marcha de Mujeres celebrada en Copenhague en 2017.

Dinamarca fue uno de los primeros países en adherirse al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (el Convenio de Estambul), un tratado internacional que busca combatir la violencia contra las mujeres en todo el mundo.

Pero a pesar de que Dinamarca pronto se sumó a la iniciativa, Grevio, el grupo establecido para monitorear si los países están implementando correctamente el convenio, advirtió en 2017 que aún le faltaba trabajo por hacer.

Un tema fundamental, dijo el grupo, es la definición de violación de acuerdo a la ley danesa.

¿Culpa la ley a las víctimas?

De manera crucial, la ley define la violación como la fuerza o la amenaza de violencia, dejando a un lado si hubo o no consentimiento.

Por esta razón, las Directrices de la Policía Nacional Danesa dicen que los agentes deben preguntar a los denunciantes de violaciones sobre la “resistencia al autor”, es decir, si intentaron o no pelear físicamente contra ellos.

Pero el consentimiento, dijo Grevio en su informe, “es el elemento central en que el Convenio de Estambul enmarca la violencia sexual”.

Hansen, de la Sociedad de Mujeres Danesas, dice que la ley actual atribuye a la víctima la responsabilidad de no ser violada, en lugar de que el autor no cometa el acto. Y esto, a su vez, conduce a una actitud generalizada de culpabilizar a la víctima.

Mujer frente a hombre amenazante.

Getty Images
Activistas denuncian que la ley danesa atribuye a la víctima la responsabilidad de no ser violada (foto genérica).

“Tenemos todos estos mitos alrededor de la violación”, incluso que los violadores son a menudo ‘monstruos’ que saltan de los arbustos para atacar a las mujeres mientras caminan solas”, dice.

Sin embargo, “la mayoría de las violaciones que ocurren son en realidad cometidas por el esposo, el novio, el mejor amigo de la víctima, alguien que conocieron en una fiesta”, agrega.

“En estos casos, hay un cambio de culpabilidad hacia la víctima, porque se conocen entre sí. Es lo que me parece extraño, porque la violación y el asalto sexual nunca son culpa de la víctima, nunca“.

Centrarse en si hubo o no una lucha física, asegura, muestra una falta de comprensión de lo que le puede pasar a una persona cuando es violada.

“Muchas personas en estas situaciones se congelan o se quedan confusas, o pueden estar dormidas, borrachas o sedadas”, explica. “En la ley, en este momento, tu cuerpo es accesible hasta que digas ‘no’ y luches. Pero preferimos tenerlo para que tu cuerpo no sea accesible hasta que digas ‘sí'”.

¿Qué pasa en el resto de Europa?

Dinamarca no es el único país europeo que ha recibido críticas por tener una definición de violación basada en el uso de la fuerza.

Según otro informe de Amnistía Internacional publicado en noviembre, de 31 países europeos que fueron examinados, solo ocho tienen definiciones de violación basadas en el consentimiento.

Entre ellos, Alemania no cambió a una definición basada en el consentimiento hasta 2016. Las víctimas también solían tener que probar que se habían resistido físicamente a sus violadores, pero ese año este concepto fue revocado.

Manifestación de protesta por el caso de "La Manada" en España.

Getty Images
En España, el caso de “La Manada” provocó manifestaciones masivas y expertos legales recomendaron modificar las leyes respecto a casos de violación.

Y Suecia, vecina de Dinamarca y el principal país en el Índice de Igualdad de Género de la UE, no presentó una ley basada en el consentimiento hasta el pasado mes de julio.

España aún tiene que cambiar sus leyes sobre violación, pero actualmente está en proceso de hacerlo. Conforme a la ley actual, un demandante debe probar que hubo violencia o intimidación para que su caso sea tratado como una “violación”.

El año pasado, esto llevó a un grupo de hombres (‘La Manada’) que atacaron a una joven de 18 años a ser absueltos de haberla violado en grupo, lo que a su vez llevó a un panel de expertos legales a recomendar que se endurezca la ley para definir cualquier acto sexual no consentido como “asalto” o “violación”.

En algunos aspectos, Dinamarca está por delante de otros países del continente. Junto con Noruega, Suecia y Finlandia, los denunciantes de violaciones tienen acceso a representación legal gratuita.

Falta de confianza en el sistema

Pero activistas aseguran que a ciertos grupos minoritarios les puede resultar especialmente difícil obtener ayuda.

Nico Miskow Fribourg, del grupo TransAktion que trabaja por los derechos de las personas transexuales, le dice a BBC News que “en general, existe una falta de confianza de las personas trans debido a la transfobia en diferentes rincones del sistema; si han experimentado acoso policial, por ejemplo, o transfobia y discriminación en el sistema sanitario”.

Añaden que muchos de los servicios establecidos para apoyar a las personas que han sufrido violencia, como las clínicas de violación y el asesoramiento, se promueven explícita o implícitamente hacia las mujeres cisgénero, que también pueden alienar a las personas trans con necesidades al respecto.

Manifestacion en defensa de derechos de transexuales.

Getty Images
Grupos de derechos humanos aseguran que algunos grupos de población como las personas transexuales no confían en el sistema legal a la hora de denunciar violaciones (foto de archivo).

Amnistía Internacional también señala que la policía danesa no registra si un autor de violaciones es cisgénero, transgénero o no binario: solo si es hombre o mujer. Esto significa que activistas como Nico no pueden rastrear cuántas personas trans se ven afectadas y cuántas de ellas han sido víctimas de manera específica por ser trans.

Bwalya Sørensen, fundadora de Black Lives Matter Dinamarca (Las vidas de los negros importan), agrega que las parejas migrantes son particularmente vulnerables hacia sus cónyuges, porque sus abusadores les dicen que la policía no investigará una violación donde violador y víctima se conocen entre sí. Dinamarca criminalizó la violación conyugal en 2013.

“Estas son personas con las que están casados con quienes o tienen hijos”, explica, y agrega que los estrictos requisitos de inmigración de Dinamarca se traducen en que los abusadores con parejas migrantes “saben que las mujeres no pueden escapar”.

“Saben que la policía no la escuchará, lo escucharán a él”, agrega.

¿Qué dicen las autoridades danesas?

La Policía Nacional danesa respondió diciendo que está comprometida a abordar los problemas planteados y que “por supuesto, tomarán en consideración las críticas de Amnistía Internacional”.

“Las víctimas de agresión sexual se encuentran en una situación extremadamente vulnerable, la policía danesa está enfocada en reunirse con las víctimas de manera respetuosa y sensible”, dijo un portavoz a la BBC News.

“En 2016, iniciamos una gran cooperación con otras autoridades danesas con el objetivo de seguir fortaleciendo nuestro trabajo en casos de agresión sexual”.

Mujer pintando una ventana en el Día de la Mujer en Dinamarca

Reuters
Las Directrices de la Policía Nacional de Dinamarca indican que los agentes deben preguntar a las personas que denuncian violación si se resistieron a su atacante.

Una de las cosas en las que han estado trabajando, dijo, es en mejorar la forma en que se trata a las víctimas cuando presentan una denuncia por primera vez. Este es un esfuerzo que “continúa en progreso”.

“Afortunadamente, el número de víctimas descontentas con la actuación de la policía un descenso desde el 30% al 15% en 2018”, agregó. “Esto indica que nuestras pautas e iniciativas nuevas han marcado una diferencia entre las víctimas. Pero el 15% es todavía demasiado”, reconoció.

Mientras tanto, el ministro de Justicia de Dinamarca, Søren Pape Poulsen, dijo a medios locales que también apoya el llamado a una legislación mejorada basada en el consentimiento.


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Cuartoscuro

Reforma fiscal al ISR: ¿Por qué pone en riesgo a 5 mil organizaciones que atienden a personas vulnerables?

Las personas físicas tendrían menos margen para deducir impuestos y, por lo tanto, deberán decidir si deducen sus gastos fijos, como los médicos, seguros, intereses, etcétera, o deducen sus donativos a organizaciones de la sociedad civil.
Cuartoscuro
19 de octubre, 2021
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La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó este lunes la miscelánea fiscal para el 2022, la cual incluye nuevas disposiciones que podrían afectar al financiamiento de más de 5 mil organizaciones de la sociedad civil que atienden a personas de escasos recursos. 

A falta de que este martes se discuta en lo particular en el pleno de la Cámara para su posible aprobación y posterior envío al Senado, donde deberá ser discutida de nuevo antes de su aprobación final, activistas criticaron que la reforma propuesta por el Ejecutivo de López Obrador desincentiva la donación que personas físicas hacen a las organizaciones civiles, que podrían dejar de percibir hasta 8 mil millones de pesos para la realización de actividades esenciales, como la atención de personas con discapacidad, niños, y mujeres que sufren violencia, personas migrantes, o actividades relacionadas con el medio ambiente y la defensa de los derechos humanos. 

Por su parte, el gobierno mexicano argumenta en su propuesta que con la reforma busca ampliar la recaudación fiscal e invertir ese dinero extra que obtenga a gastos de operación y a fortalecer los programas sociales que buscan reducir la pobreza en el país. 

A continuación, en Animal Político te explicamos en qué consiste la reforma propuesta por el gobierno federal y qué efectos podría tener en el trabajo que realizan más de 5 mil organizaciones civiles que dependen de las donaciones de particulares.  

¿En qué consiste la reforma?

Hoy, las personas físicas en México pueden deducir gastos ante Hacienda con un límite de 163 mil pesos, como gastos médicos y funerarios, intereses de hipotecas, transporte escolar, una parte de las colegiaturas, entre otros. 

Y además de esos gastos, como parte de un incentivo fiscal, también pueden deducir los donativos que hagan a organizaciones de la sociedad civil hasta el 7% de su ingreso anual, y el 10% de aportaciones extraordinarias al fondo de ahorro para el retiro. 

En total, hasta diciembre de este 2021, las personas físicas pueden realizar sus deducciones personales anuales así: 15% de los gastos médicos, funerarios, intereses de créditos hipotecarios, etc.; 10% de las aportaciones voluntarias al retiro; y 7% de los donativos a organizaciones sin fines de lucro. 

En cambio, para el próximo 2022, lo que propone la reforma al Artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) es que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reduzca el tamaño de esa bolsa y que las personas físicas solo puedan deducir hasta el 15% del total de sus ingresos, y que los deducibles por donativos ya no estén en otra bolsa aparte, sino dentro de esta misma. 

Es decir, las personas físicas tendrían menos margen para deducir impuestos y, por lo tanto, deberán decidir si deducen sus gastos fijos, como los médicos, seguros, intereses, etcétera, que hasta cierto punto son gastos obligados, o deducen sus donativos a organizaciones de la sociedad civil, que pueden considerarse más bien como gastos opcionales. 

El SAT argumenta que la mayoría de la población no alcanza su tope de deducción de los gastos obligatorios, y que casi nadie dona el 7% de su ingreso anual, por lo que entonces no habría afectación, puesto que quien quiera donar lo puede hacer también sin deducir. 

¿Por qué afecta las OSC? 

Sin embargo, Dominique Amezcua, coordinadora de incidencia de la organización Alternativas y Capacidades, explica que, en términos prácticos, esta reforma implica eliminar el incentivo fiscal para que la gente haga donativos a las organizaciones de la sociedad civil. 

“La gente no dona para deducir impuestos ante Hacienda, sino que lo hace por convicción de apoyar a causas, de ayudar a los más necesitados”, plantea en entrevista con Animal Político. 

“Pero, definitivamente, el hecho de quitar este tipo de incentivos fiscales lo que hace es no contribuir al fortalecimiento de una cultura de filantropía que tanta falta hace en México, especialmente en un contexto de pandemia, violencia, y de crisis económica”. 

Abril Rocabert, coordinadora de comunicación de Alternativas y Capacidades, señala que la pérdida de este incentivo fiscal a las donaciones impactaría sobre todo en las 5 mil 073 organizaciones civiles que están autorizadas ante el SAT para recibir donativos de personas físicas, y que son, precisamente, las que atienden a las personas de más bajos ingresos en la sociedad mexicana, o a personas que no ven cubiertas sus necesidades por el Estado mexicano, como los casos de menores que buscan atención médica en fundaciones de lucha contra el cáncer, los albergues que atienden a personas migrantes, o las organizaciones que de manera altruista dan asesorías legales a personas de escasos recursos, por poner solo unos ejemplos. 

“Los donativos permiten muchas veces pagar la operación íntegra de las organizaciones civiles, de ahí que perderlos, o verlos reducidos seriamente, podría comprometer miles de servicios de asistencia social”, subrayó Rocabert, que además recordó que las instituciones sin fines de lucro privadas representan el 1.37% del PIB nacional, emplean a más de 700 mil personas en el país, y movilizan a más de 2 millones de voluntarios. 

Dominique Amezcua considera que esta reforma fiscal busca cerrar “todas las rendijas” por donde se puede estar escapando recursos públicos que el gobierno busca aprovechar para otros rubros y cerrar la puerta a delitos como la evasión fiscal o el lavado de dinero. Pero opina que es “injusto” meter en la misma bolsa a “los grandes evasores” con las organizaciones civiles que reciben donativos para subsistir y dar un servicio a la sociedad que el gobierno, de hecho, no hace, o no puede hacer. 

“No nos pueden mezclar a todos. Nosotros no somos factureros. No pueden hacer una reforma a rajatabla que da en la torre a los de más abajo, a los que atienden a la población más necesitada”, hace hincapié la activista de la organización Alternativas y Capacidades.

El abogado José Mario de la Garza, presidente de Renace San Luis, una fundación que da asesoría legal gratuita a personas de bajos recursos -ha interpuesto amparos para que niños con cáncer en Veracruz reciban atención médica por orden de un juez, entre otros casos- recuerda que para que una organización civil sea autorizada por el SAT como donataria debe antes pasar “por un proceso de revisión muy complejo”. 

“El SAT nos supervisa cada paso”, recalca. “Y tenemos que cumplir con requisitos fiscales y reportar de manera transparente todas nuestras actividades e ingresos. Por eso no entendemos el sentido de esta reforma que busca limitar los donativos y nuestra financiación”.

De la Garza opina que, “viéndolo entre líneas”, puede haber un interés en el Ejecutivo Federal “de debilitar a las organizaciones civiles, especialmente a las más críticas”. 

“La argumentación de la propuesta de reforma no lo dice. Pero en la práctica, pareciera que el interés del Gobierno es limitar los recursos a las organizaciones para que su participación sea mucho más reducida y así se eviten los contrapesos”, plantea el abogado. 

“Es decir, lo que se busca con esta reforma es debilitar el sistema de pesos y contrapesos gubernamentales, limitando la posibilidad de financiamiento a las organizaciones civiles que dependen de los donativos”, agrega. 

“Se necesita más que una transferencia de dinero”

Ricardo Bucio, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía, explica en entrevista que han tenido conversaciones con las autoridades del SAT, la Procuraduría Fiscal, y Hacienda, para conocer el motivo de esta propuesta de reforma. Y que la respuesta, como también se expone en la exposición de motivos de la reforma, es que tiene un fin “recaudatorio”. 

Bucio expone que, en 2020, el gobierno hizo una “renuncia recaudatoria” por 2 mil 400 millones de pesos por donativos de personas físicas a organizaciones de la sociedad civil. “Esa es la parte deducible de los más de 10 mil millones de pesos que aportamos las personas físicas como donativos”, explica. 

Y parte de esos 2 mil 400 millones de pesos serían destinados a pagar gastos de operación del gobierno, así como la financiación de los programas sociales, como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, o el programa de becas para personas con discapacidad permanente. 

“El gobierno busca atender con sus programas a gente necesitada y eso está bien”, señala Bucio. “Pero las organizaciones de la sociedad civil dan servicios a la gente más necesitada y vulnerable que el Estado, es decir, los tres niveles de gobierno, no tiene la capacidad suficiente para atenderlos”. 

“Por ejemplo -añade-, no se atiende a un niño con discapacidad solo con una beca bimestral de 2 mil 700 pesos, ni se mejora la vida de una mujer víctima de la violencia con una transferencia monetaria. Para eso se requiere presencia permanente, proyectos, corresponsabilidad pública, y ahí es fundamental la participación de la sociedad civil”.

Este lunes 18 de octubre, los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron la iniciativa de ley de ingresos de la federación 2022, que incluye la propuesta de reforma al ISR que afectaría a las donaciones que reciben las organizaciones civiles. 

Horas después, el Pleno de la Cámara lo aprobó en lo general con 260 votos a favor y 218 en contra. El dictamen pasará a su discusión en lo particular este martes. De ser aprobado ahí, pasaría a su discusión al Senado de la República. 

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