Militares y presuntos huachicoleros se han enfrentado al menos 46 veces desde 2012
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Militares y presuntos huachicoleros se han enfrentado al menos 46 veces desde 2012

El año con más agresiones, según información de la Sedena, fue 2016, con 11 casos; el estado con más ataques ha sido Tamaulipas.
Cuartoscuro
19 de marzo, 2019
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Los enfrentamientos entre presuntos ladrones de combustible, llamados huachicoleros, y el Ejército han sido una constante en los últimos años, sobre todo desde 2015, antes del plan de combate al robo de hidrocaburos emprendido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el sexenio de Peña Nieto hubo 2 mil detenidos por huachicol, apenas el 11% fue sentenciado

La Secretaría de la Defensa (Sedena) reconoce 46 enfrentamientos, entre 2012 y principios de 2019, a los que pueden sumarse al menos otros 4 reportados por la prensa en los últimos dos meses.

El pasado 12 de marzo por la noche, ocho militares fueron retenidos por pobladores del municipio de Tetepango, Hidalgo, después de un presunto enfrentamiento en el que murió un joven de 22 años, informó el diario Criterio.

Los primeros reportes de la policía municipal señalaron que los militares fueron agredidos por presuntos huachicoleros, aunque los habitantes del lugar aseguraron que el joven muerto era un campesino que estaba regando la tierra y por eso retuvieron durante horas a los soldados.

En respuesta a dos solicitudes de información hechas en 2017 y 2019 sobre enfrentamientos y riñas entre militares y delincuentes vinculados a robo de combustibles, la Sedena enumeró un total de 46 “agresiones al personal militar” en las que murieron ocho elementos y 25 fueron heridos.

Desde el principio del actual gobierno, la dependencia reconoce cuatro hechos, sin muertos ni heridos, dos de ellos en Hidalgo —que encabeza la lista de estados con tomas clandestinas y donde ocurrió la explosión que causó más de 130 muertos—; el 23 de diciembre en Irapuato, Guanajuato; el 28 de diciembre en Tula, Hidalgo; el 7 de enero en Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo; y el 10 de enero en Matamoros, Tamaulipas.

A esos puede sumarse el del pasado 12 de marzo; el del 25 de enero en Otumba, Estado de México, donde tres militares fueron heridos, y del 13 de enero en Tula, Hidalgo, donde tras un enfrentamiento en la comunidad de Santa Ana, los pobladores retuvieron a tres militares y amenazaron con prenderles fuego.

Tampoco está reconocido en el reporte entregado por la dependencia el ataque con piedras y tubos por pobladores de Tepeaca, Puebla, a un convoy que pretendía recuperar una pipa robada, el 13 de diciembre. Con estos, sumarían ocho enfrentamientos desde el inicio de este sexenio.

El año con más agresiones, según la información proporcionada por la Sedena vía transparencia, fue 2016, con 11 casos, seguido de 2015 y 2017, cuando se han registraron 10 enfrentamientos.

Cuatro de los ataques de 2016 ocurrieron en un mismo municipio: Palmar de Bravo, Puebla. Ese estado encabezó la lista con más enfrentamientos durante ese año, seis en total, y en 2017, con otros seis, entre los municipios de Palmar, Tecamachalco y Quecholac.

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Pero el estado con más ataques ha sido Tamaulipas. En 2012 tuvo uno en Río Bravo; en 2014, dos, en el mismo municipio; en 2015 registró cinco y encabezó la lista de ese año, con dos en Matamoros, uno en Altamira, Reynosa y Nuevo Laredo. Para 2016 los militares tuvieron dos enfrentamientos, en Matamoros y González; en 2017 otros dos, en Matamoros y Reynosa; en 2018 dos, en Miguel Alemán y Cuauhtémoc, y en 2019 va uno, en Matamoros. 15 ataques en los últimos años.

Otro estado que ha tenido riñas con cierta constancia entre militares y huachicoleros es Guanajuato: en 2012 hubo uno en la capital del estado; en 2014 en Silao, en 2016 en Irapuato y León, y en 2018 otro en Irapuato.

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Las cifras muestran que en 2012, el año en que fue electo Enrique Peña Nieto, solo hubo dos ataques, y en 2013, el primero de su gobierno hubo otros dos, mientras que para 2014 se duplicaron a cuatro en total. En 2018, ocurrieron dos todavía bajo su mandato, a los que se suman dos de diciembre, en plena crisis de combustibles por el plan de combate al huachicoleo de López Obrador.

De acuerdo con el entonces titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Alberto Treviño, las tomas clandestinas de combustible aumentaron 262 % durante el sexenio pasado, lo que también incrementó los operativos y enfrentamientos del Ejército para combatir este delito.

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Coronavirus: por qué México es el país de América Latina que menos dinero ha gastado durante la pandemia de COVID-19

Al comparar los paquetes de estímulo fiscal aplicados en la región, México aparece en el último lugar de la lista. ¿Cuáles son las razones de esta decisión?
13 de mayo, 2021
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México siguió el camino de la austeridad fiscal durante la pandemia de COVID-19. Un camino que ni siquiera el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado.

A diferencia de lo que hizo al desatarse la crisis financiera de 2008, el FMI esta vez se mostró a favor del endeudamiento de los gobiernos para hacer frente a la recesión, excepto en aquellas economías cuyas arcas fiscales están secas o no tienen ninguna capacidad de conseguir recursos en los mercados financieros.

“Para detener el declive de la actividad económica y el aumento de la pobreza, México se beneficiaría de un mayor apoyo fiscal temporal a corto plazo”, señala un informe del organismo publicado en octubre del año pasado, en el cual recomienda gastar entre 2,5% y 3,5% del Producto Interno Bruto, PIB.

“México tiene cierto espacio fiscal y disfruta de un cómodo acceso al mercado que podría utilizarse durante estos tiempos difíciles”, agrega el documento.

Y en febrero de este año, Alejandro Werner, quien era director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, dijo que un aumento del gasto fiscal “obviamente hubiese beneficiado a la población” y habría evitado que empresas medianas se fueran a la quiebra.

Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió mantener el cinturón bastante apretado y gastó un 0.7% del Producto Interno Bruto en medidas de estímulo fiscal, la cifra más baja de todos los países latinoamericanos.

Arturo Herrera, secretario de Hacienda, defendió la política del gobierno hace unas semanas argumentando que, en comparación con otras economías de América Latina, México tendrá una posición macroeconómica y fiscal mucho más fuerte cuando termine la crisis, gracias a la decisión de no contratar deuda adicional y generar buenas expectativas ante los inversores.

Agregó que en los próximos meses, la herramienta fiscal y financiera más importante será la campaña de vacunación, la cual tendrá un efecto positivo en la economía.

Y en enero de este año argumentó que el gobierno no contrató más deuda porque el marco legal del país no se lo permite.

“Había cuestiones legales ligadas, en el caso de México, se tiene una ley muy antigua en la cual se prohíbe el uso de deuda pública para otra cosa que no sea infraestructura pública“, dijo Herrera en un foro organizado por la calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Getty Images
El gobierno de López Obrador argumenta que no contrató más deuda porque el marco legal del país no se lo permite.

En otra ocasión, Herrera dijo que mientras los países desarrollados pagan una tasa de interés cercana a cero por la emisión de deudas, México, en cambio, tiene que pagar un 4.25% por los préstamos.

BBC Mundo contactó a la Secretaría de Hacienda, pero no recibió respuesta.

Fue un error

“El nivel de gasto fue bajísimo, fue un error”, dice Héctor Villareal, profesor del Tec de Monterrey y director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP.

Aunque reconoce que el gobierno creó algunos programas para combatir la pandemia, Villareal sostiene en diálogo con BBC Mundo que muchas medidas fueron financiadas con ajustes en otros rubros de las finanzas públicas.

Funcionarios del gobierno han argumentado que fue necesario tener un criterio fiscal prudencial en caso de que la crisis se prolongara por más tiempo.

Dinero mexicano

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“En teoría tenemos un gobierno de centro izquierda, pero que en términos de deuda se comporta como un gobierno conservador”, dice Héctor Villareal.

Con una deuda pública cercana al 60% del PIB, mucho menor que la de Argentina y Brasil, la decisión fue, aparentemente, no correr riesgos.

“En teoría tenemos un gobierno de centro izquierda, pero que en términos de deuda se comporta como un gobierno conservador“, apunta Villareal.

“Combatir la pobreza y la desigualdad”

Aunque la economía cayó un 8.2% el año pasado y la pobreza se disparó a más de la mitad de la población, hay expertos que han destacado las decisiones tomadas por el gobierno.

“La política de México frente a la pandemia ha sido importante porque uno de los objetivos de este gobierno ha sido combatir la pobreza y desigualdad”, dijo en marzo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal.

“Antes de la pandemia el gobierno empezó a preocuparse por los pobres, se adelantaron y se expandieron las transferencias monetarias”, agregó.

Proteger las finanzas públicas

José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) considera que “la respuesta fue limitada” en los apoyos fiscales.

“No hubo movimiento en las tasas impositivas o en transferencia de subsidios, o mecanismos que facilitaran el financiamiento en el sector privado”.

Hombres caminando

Getty Images
La economía de México cayó 8,2% el año pasado y la pobreza se disparó a más de la mitad de la población.

Aunque reconoce que hubo programas de transferencias directas a micronegocios, le dice a BBC Mundo que “no se aplicó un programa contracíclico en materia fiscal”.

“Si bien el gobierno tiene un profundo sentido social, en materia fiscal en realidad es un gobierno muy ortodoxo y más tendiente hacia lo liberal”, dice el investigador.

Según De la Cruz, estaba claro que, por su dimensión, la crisis iba a generar un costo importante y por eso la mayoría de los países trató de suavizar el impacto.

En el caso de México, argumenta, la decisión fue evitar que las finanzas públicas terminaran pagando el costo de la crisis.

“La mayor parte del costo social y económico terminó siendo pagado por la sociedad“, apunta.

Argumenta que un millón de empresas tuvieron que cerrar y al menos dos millones de personas no han logrado recuperar sus empleos, una situación que desde su perspectiva, podría haberse mitigado.

“El costo político”

En eso coincide Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, CEEY.

De la Torre cuenta que uno de los argumentos del gobierno para evitar el aumento del nivel de deuda fue que en rescates financieros previos los beneficios fueron aprovechados por la clase empresarial y no por los más vulnerables.

Mujer cocinando

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Pese a la gran recesión que experimentó el país en 2020, las proyecciones económicas apuntan a un rebote en el crecimiento cercano al 5% este año.

“Me parece que ese argumento es muy débil”, le dice a BBC Mundo.

Para De la Torre, aunque en el pasado pudo haber desviaciones de los recursos fiscales, “también es cierto que esos recursos apoyaron al conjunto de la economía y evitaron un colapso mayor”.

Pero, a su juicio, hay una razón más de fondo que explica por qué las ayudas fiscales fueron las más bajas de América Latina.

“Habría existido un gran costo político si el gobierno, después de endeudarse, hubiese tenido que realizar una reforma fiscal profunda para pagar las deudas”, advierte.

Como esas reformas o ajustes, suelen provocar un descontento generalizado, agrega, optó por evitar ese costo político.

El experto cree que el gobierno hizo un balance y determinó que el costo político actual, de no haber aumentado las ayudas fiscales, tiene un costo político más disperso en un gran número de personas, generalmente poco organizadas.

“Es un costo que estaría parcialmente justificado por un factor externo, que en este caso sería la pandemia y sus secuelas”.

Si el objetivo era mejorar el bienestar de la población y aumentar las posibilidades de una recuperación económica, agrega, “había que endeudarse, gastar, y después hacer una reforma fiscal, incurriendo en un costo político”.

Pese a la gran recesión que experimentó el país en 2020, las proyecciones del gobierno y de organismos internacionales señalan que este año se producirá un rebote y el crecimiento estará cercano al 5%.

Mientras la vacunación avance y no se produzca una nueva ola de contagios, los expertos creen que este año debería marcar una clara recuperación, siguiendo la tendencia global.

Lo que no se va a recuperar muy rápidamente son las secuelas sociales de la pandemia que, al igual que en el resto de los países de la región, requerirán varios años antes de regresar a los niveles de bienestar previos.


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