Gobiernos locales no han explicado qué pasó con 302 mil millones que les dio la federación
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Gobiernos locales no han explicado qué pasó con 302 mil millones que les dio la federación

Veracruz, Michoacán y El estado de México concentran casi la mitad del dinero cuyo ejercicio y destino no ha sido esclarecido, según la ASF.
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27 de marzo, 2019
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene identificados más de 302 mil millones de pesos provenientes de fondos federales y transferidos a los estados, cuyo ejercicio y destino no ha sido esclarecido por los gobiernos locales.

Es dinero que, en los hechos, está desaparecido. Tres entidades: Veracruz, Michoacán y el Estado de México concentran casi la mitad de este dinero mal manejado.

Datos de la ASF obtenidos por Animal Político a través de su Sistema Público de Auditorías muestran que las entidades federativas solo han devuelto o acreditado el destino de 1 de cada 2 pesos que los auditores han observado con posibles irregularidades tras más de 5 mil 700 auditorías practicadas.

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Por varios de estos casos la ASF ha presentado ya 343 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los funcionarios que resulten responsables.

La información a nivel nacional arroja que como consecuencia de las auditorías practicadas a las cuentas públicas de los ejercicios 2004 a 2017 se observaron posibles irregularidades en el manejo de 620 mil 36 millones de pesos provenientes de 18 fondos, subsidios y convenios federales entregados a los estados.

Del total de lo observado, las entidades federativas han logrado esclarecer el uso de 317 mil 59 millones de pesos, ya sea porque aclararon su uso y destino legal, o porque devolvieron el dinero. Es apenas el 52% por ciento el total.

Lo anterior significa que existen 302 mil 977 millones de pesos que aún están pendientes de “recuperarse o aclarase” en los 32 estados, según arroja el sistema de auditorías.

Los recursos observados por la ASF  son resultado de 10 mil 200 hechos irregulares en los cuales los auditores detectan un presunto quebranto al erario público (técnicamente denominados pliegos de observaciones). Las irregularidades van desde subejercicios, hasta intereses no devueltos, inversiones no acreditadas o simuladas, pagos a empresas fantasma, entre otros.

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Dichos casos a su vez han dado paso a la interposición de 8 mil 717 promociones de responsabilidad administrativa. Estas promociones son acciones en donde la Auditoría pide a las contralorías y órganos de control locales que inicien procesos de sanción en contra de exfuncionarios estatales por las irregularidades detectadas.

Y, como ya se dijo, la Auditoría ha decidido actuar en varios casos por la vía penal interponiendo hasta la fecha 343 denuncias de hechos ante el Ministerio Público Federal como producto de las irregularidades advertidas en el manejo de los fondos federales en las entidades.

De acuerdo con autoridades ministeriales cerca de una veintena de averiguaciones previas y carpetas de investigación ya han sido consignadas y judicializadas, sin embargo, todavía no se ha logrado cerrar con una sentencia condenatoria algún caso.

No todos los estados son iguales

Si bien en todas las entidades federativas se han detectado recursos de fondos federales cuyo uso o destino legal se desconocen, hay diferencias importantes en la proporción.

Por ejemplo, hay tres estados que concentran – solo entre ellos- casi la mitad de los más de 300 mil millones desaparecidos, y son 15 las entidades que concentran el 80% del monto total de malos manejos, mientras que las 17 entidades restantes acumulan el otro 20%.

Veracruz lidera esta lista negra con 62 mil 39 millones que hasta la fecha, 20.5% del monto total observado y que no se ha esclarecido. Lo anterior equivale a que 1 de cada 5 pesos de recursos federales desaparecidos fueron entregados a dicho estado.

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Casi todas las irregularidades detectadas en Veracruz corresponden al gobierno de Javier Duarte. Veracruz también es la entidad con la mayor cantidad de denuncias penales con 85, que equivalen al 25% de todas las que ha presentado la ASF ante el Ministerio Público.

En segundo lugar se ubica Michoacán con un monto de 41 mil 587 millones de pesos no esclarecidos hasta la fecha. El caso de esta entidad es grave ya que no ha conseguido aclarar el 69% del monto total observado por los auditores, porcentaje aún mayor al de Veracruz que no ha aclarado un 65% de sus recursos observados.

En el caso de este estado, las irregularidades detectadas se han concentrado en los periodos de los gobernadores Fausto Vallejo, Salvador Jara y el actual Silvano Aureoles.

La tercera entidad con el mayor monto de recursos federales sin comprobar es el Estado de México con 24 mil 288 millones de pesos. A diferencia de Michoacán y Veracruz, este monto corresponde solo al 30% de los recursos observados, lo que significa que el gobierno mexiquense ha logrado acreditar 2 de cada 3 pesos que los auditores han señalado.

En este caso las irregularidades se concentran en la administración de exgobernador Eruviel Ávila, y continuaron en 2017 con el gobierno de Alfredo del Mazo.

Guerrero es la cuarta entidad con mayor cantidad de dinero cuyo destino no se ha esclarecido con 15 mil 457 millones de pesos, que es el 57% del monto total que la ASF le ha pedido esclarecer. Y le sigue en quinto sitio Jalisco con 15 mil 8 millones de pesos pendientes de devolución o de acreditar su uso.

Las otras 10 entidades que junto con las ya mencionadas concentran el 80% del dinero federal que no aparece son Oaxaca con 13 mil 903 millones, Chihuahua con 13 mil 775 millones, Chiapas con 10 mil 482 millones, Nuevo León con 9 mil 796 millones, Baja California con 9 mil 198 millones, Quintana Roo con 7 mil 546 millones, Puebla con 7 mil 65 millones, Tabasco con 6 mil 966 millones y Morelos con 5 mil 783 millones de pesos.

Por el contrario hay 8 estados cuyo dinero mal manejado aun sumado entre todos, equivale a menos del 5% del monto total. De todos ellos el que tiene el menos monto de recursos pendientes por aclarar es Querétaro con 870 millones de pesos, que es el 0.28% del total nacional; le sigue Campeche con 928 millones de pesos, que equivale al 0.3 por ciento y después Colima con 1 mul 462 millones, el 0.48%.

Los otros cinco estados que completan esta relación de los que menos dinero tienen por aclarar son Aguascalientes, Tlaxcala, Nayarit, Yucatán y Durango.

Los más denunciados

El gobierno de Veracruz es el que acumula la mayor cantidad de denuncias de hechos presentadas por la ASF con 85. Equivalen a la cuarta parte de las 343 presentadas en total. Como Animal Político dio a conocer por lo menos cinco casos ya llegaron a instancias judiciales luego de que la FGR concluyera la primera parte de las investigaciones.

El de Veracruz es el único estado en donde las denuncias iniciales presentadas por la ASF ya derivaron en procesos penales contra exfuncionarios.

La segunda entidad con más denuncias penales es Michoacán con 29, en concordancia con que se trata de la entidad que presenta el mayor monto de recursos faltantes después de Veracruz.

La tercera entidad más denunciada es Jalisco con 26, pese a que se ubica en quinto sitio en cuanto a monto no comprobado. Luego se encuentra Morelos con 21 denuncias penales presentadas, seguida de Chihuahua con 18, así como Sonora y Chiapas con 16.

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Solo hay dos entidades del país que registran cero denuncias penales presentadas por la ASF y son San Luis Potosí y Aguascalientes.

En tanto las cinco entidades en las cuales la ASF ha promovido el mayor número de promociones de responsabilidad administrativa en contra de servidores públicos son Michoacán con 569, Zacatecas con 450, Jalisco con 392, Estado de México con 391, y Nuevo León con 387.

Origen y causas del dinero perdido

La ASF tiene identificados 18 fondos y subsidios federales desde los cuales se han transferidos recursos a las entidades federativas que ahora están perdidos. Se trata de fondos que, entre otras cosas, deberían emplearse para el apoyo de obras de infraestructura y de servicios como educación, salud y seguridad.

Entre ellos se encuentra el Fondo para la Infraestructura Social; el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública; el Fondo de Aportaciones Múltiples; el Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos y Alumbramiento; el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; el Fondo Metropolitano; y el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.

En el último informe general sobre la cuenta pública 2017 la ASF advirtió varios situaciones y riesgos que facilitan o permiten el mal uso de los recursos federales en los estados.

Entre esas circunstancias destaca, por ejemplo, el que hay normas y reglas ambiguas en el uso de recursos federales; preminencia de criterios políticos y no técnicos en el manejo del dinero; falta de autonomía de auditorías y órganos de control locales; la carencia de un proceso efectivo de rendición de cuentas y de sanciones a malos manejos; y la debilidad de las finanzas y generación de ingresos locales lo que convierte al dinero federal en la caja de la cual se toma dinero para muchos conceptos no autorizados.

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Qué resultados tuvo la nacionalización del litio en Bolivia (y por qué AMLO pidió su asesoría)

Ha pasado más de una década desde que Evo Morales anunció que el Estado se haría cargo de potenciar una industria del litio. ¿Qué ha ocurrido en estos años y qué está haciendo el país para aprovechar la alta demanda del mineral?
30 de abril, 2022
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Han pasado 14 años desde que el gobierno de Evo Morales nacionalizó el litio en Bolivia, el llamado “oro blanco” que se ha convertido en uno de los metales críticos para la fabricación de baterías eléctricas o el almacenamiento de energías renovables.

Es tan codiciado que las proyecciones de expertos estiman que su precio podría subir exponencialmente en los próximos 20 años en medio de la transición energética que está experimentando el mundo para reducir las emisiones contaminantes.

Y ahora que la guerra en Ucrania le ha dejado en claro a Occidente que es peligroso depender del gas y el petróleo que exporta Rusia, hay una acelerada carrera por conseguir aquellos metales necesarios para electrificar las economías.

Siendo parte de los metales considerados como “el nuevo petróleo” del siglo XXI, la producción de litio pasó a ser en 2008 un producto manejado por el Estado de Bolivia con el objetivo de que la riqueza de su venta beneficiara a todos los bolivianos.

A más de 6.000 kilómetros de distancia, el gobierno mexicano puso sobre la mesa hace unos días el plan de nacionalizar el codiciado recurso reformando la Ley de Minería para que el litio sea explotado “únicamente por el Estado”.

El blindaje al litio mexicano

“No saben (…) la ambición que despierta en las grandes potencias porque es un mineral estratégico para el desarrollo del futuro”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando presentó su propuesta.

La reforma estipula que “la exploración, explotación y aprovechamiento del litio estarán exclusivamente a cargo del Estado”, que será patrimonio de la nación y “se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México” por lo que “no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia”.

AMLO

Gobierno de México
El presidente de México ha dicho que busca asesorarse con el gobierno de Bolivia.

En 2008 Bolivia inició un viaje parecido. El gobierno de Morales apostó porque el Estado manejara toda la cadena productiva sin intervención de empresas extranjeras, un modelo de negocios muy diferente al del gas natural, donde se han hecho alianzas con firmas que tienen un 49% de participación en el negocio, mientras que el 51% restante queda en manos del Estado.

Pero con el litio intentaron controlar toda la cadena, con la promesa de que Bolivia crearía fábricas de baterías y hasta autos eléctricos.

La imagen podría haber sido un Tesla versión boliviana al lado del salar de Uyuni.

Pero no fue así.

Ahora, el presidente Luis Arce, ha trazado un nuevo rumbo para, después de muchos años de intentos fallidos, concretar las alianzas estratégicas con empresas privadas extranjeras que ofrecen la tecnología necesaria para que despegue el negocio.

Luis Arce.

Getty Images
Luis Arce, presidente de Bolivia, recibirá propuestas de ocho empresas extranjeras para el desarrollo del litio.

Según dijo AMLO, su gobierno le ha pedido asesoría a Bolivia para desarrollar su propio negocio estatal del litio sin participación de empresas extranjeras.

Pero… Bolivia está -en este preciso momento- trabajando con empresas extranjeras en el desarrollo de negocios compartidos.

Las ocho empresas interesadas en participar están analizando las muestras del mineral con el fin de presentar sus propuestas en las próximas semanas y el gobierno tiene previsto el anuncio de los ganadores de los contratos hacia fines de mayo.

¿Cuál será el tipo de asesoría que le entregará el gobierno boliviano al mexicano? Por ahora no está claro.

Un “botín de guerra”

Morales tenía un plan ambicioso: contar para 2015 con toda una industria de baterías y automóviles eléctricos en el país.

Ese objetivo no se consiguió, como tampoco se logró que Bolivia exportara grandes cantidades de cloruro de potasio y carbonato de litio, los dos principales productos de litio que el país vende en el mercado internacional.

Salar de Uyuni, Bolivia.

Getty Images

“La estrategia falló”, le dice a BBC Mundo Juan Carlos Zuleta, analista de la economía del litio y consultor internacional.

“No funcionó porque faltaban los recursos humanos calificados, la tecnología, la estrategia y la voluntad política”, agrega.

Bolivia solo produce 500 toneladas al año de litio, una cantidad que Zuleta considera muy baja para que pueda poner un pie firme en el mercado.

Uno de los problemas, apunta, es que los gobiernos han tomado al litio como un “botín de guerra” con una perspectiva más política que técnica y con un gasto cercano a los US$800 millones que no ha dado los frutos que se esperaban

Una prueba contundente del fracaso, argumenta el experto, es que el actual gobierno boliviano cambió drásticamente el rumbo de lo que venía haciéndose en el país, convocando a ocho empresas extranjeras para hacer una explotación compartida del metal.

Si bien es cierto que durante los gobiernos de Evo Morales hubo acercamientos con firmas privadas, los acuerdos comerciales no llegaron a buen puerto.

“Tecnologías mucho más ecológicas”

“La nacionalización del litio en Bolivia ha sido una buena idea pero el proceso ha tardado demasiado“, señala Diego Von Vacano, catedrático de Ciencia Política en la universidad Texas A&M University, Estados Unidos, y colaborador externo del actual gobierno.

“Con el gobierno de Luis Arce el tema se ha comenzado a tomar en serio. Lo que no se logró en más de una década se avanzó en un año”, le dice a BBC Mundo.

Salar de Atacama, Chile

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Von Vacano explica que los gobiernos anteriores hicieron esfuerzos por sacar adelante el desarrollo del litio en beneficio de los bolivianos, pero que no contaban con la tecnología necesaria para lograrlo.

De hecho, sostiene, ni siquiera existía la tecnología necesaria para extraer el litio de la salmuera boliviana, la cual es muy diferente a la que existe en otros países.

Recién en los últimos tres o cuatro años, explica, “han surgido nuevas tecnologías mucho más ecológicas”.

Desde otra perspectiva, Von Vacano sostiene que los gobiernos anteriores centraron sus esfuerzos en otras prioridades como, por ejemplo, el desarrollo de la industria del gas natural.

“Creo que ahora realmente va a despegar la industria del litio en Bolivia para aprovechar las ventanas de oportunidades”.

¿Por qué AMLO le pidió asesoría a Bolivia?

La reforma a la Ley de Minería propuesta por el gobierno mexicano dice que “la minería en México ha representado en los últimos 30 años, como nunca en la historia de México, la sobreexplotación de los yacimientos mineros a favor de intereses particulares, principalmente extranjeros”.

Para la nacionalización del litio, la reforma contempla que “un organismo público descentralizado” se encargue de su exploración, explotación y aprovechamiento del mineral.

Batería eléctrica de auto

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El litio es uno de los elementos clave para fabricar baterías eléctricas.

Beatriz Olivera, directora de la organización social Engenera, plantea que AMLO le ha pedido asesoría a Bolivia por su larga experiencia en la extracción y procesamiento de litio y también por una cuestión de afinidad política.

“La apuesta es que el gobierno mexicano tenga un control total del mineral en la exploración, extracción y procesamiento. Esto se debe en parte, a las fuertes críticas que ha hecho el presidente a las empresas mineras privadas que están plenamente justificadas”, dice Olivera.

El problema, apunta, es que las empresas privadas en México tienen una regulación minera que les favorece, “incluso por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

“El presidente ha dicho que son empresas que contaminan y no le dejan nada al país. Incluso no pagan impuestos”, explica.

Salar de Jujuy, Argentina.

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Argentina desarrolla su industria para hacer más eficiente la producción de los químicos del litio.

Respecto al ejemplo de Bolivia, Olivera dice que si bien el proyecto del gobierno no contempla alianzas con empresas privadas, quizás éstas puedan desarrollarse en el futuro.

Mirando el caso boliviano, Carlos Aguirre, académico de la Universidad Iberoamericana especialista en tratados y comercio internacional, señala que el gobierno del país sudamericano “finalmente recapacitó” y entendió que el desarrollo de experiencia y de tecnología requiere de recursos de los que no necesariamente dispone el Estado.

Argentina y Chile, por ejemplo, que también se han reservado la titularidad del Estado sobre la explotación del litio, sí han concretado asociación con particulares para poder llevar a cabo la producción.

El resultado es que esos países, especialmente Chile, “se encuentran entre los principales productores de litio del mundo. Bolivia, con una extensión mayor de reservas, no se encuentra en ese listado”, señala Aguirre.

Auto eléctrico

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El mercado de autos eléctricos ha aumentado rápidamente. Sus baterías requieren litio.

En eso coincide Francisco Ortiz, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana.

A su juicio, AMLO anunció la búsqueda de asesoría en Bolivia porque “es un mensaje propagandístico, un mensaje más ideológico que con fundamentos técnicos”.

Desde un punto de vista publicitario, apunta, “es un discurso muy bueno para sus seguidores” por el acercamiento a otros gobiernos de su misma línea.

Ortiz espera que la nacionalización del litio en México no termine como la experiencia de la petrolera estatal Pemex.

“Pemex tiene una deuda gigantesca. La riqueza ha generado pobreza, ha generado deudas por una mala administración. El riesgo es que con el litio tengamos otro Pemex“.


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