Gobiernos locales no han explicado qué pasó con 302 mil millones que les dio la federación
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Gobiernos locales no han explicado qué pasó con 302 mil millones que les dio la federación

Veracruz, Michoacán y El estado de México concentran casi la mitad del dinero cuyo ejercicio y destino no ha sido esclarecido, según la ASF.
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27 de marzo, 2019
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene identificados más de 302 mil millones de pesos provenientes de fondos federales y transferidos a los estados, cuyo ejercicio y destino no ha sido esclarecido por los gobiernos locales.

Es dinero que, en los hechos, está desaparecido. Tres entidades: Veracruz, Michoacán y el Estado de México concentran casi la mitad de este dinero mal manejado.

Datos de la ASF obtenidos por Animal Político a través de su Sistema Público de Auditorías muestran que las entidades federativas solo han devuelto o acreditado el destino de 1 de cada 2 pesos que los auditores han observado con posibles irregularidades tras más de 5 mil 700 auditorías practicadas.

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Por varios de estos casos la ASF ha presentado ya 343 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los funcionarios que resulten responsables.

La información a nivel nacional arroja que como consecuencia de las auditorías practicadas a las cuentas públicas de los ejercicios 2004 a 2017 se observaron posibles irregularidades en el manejo de 620 mil 36 millones de pesos provenientes de 18 fondos, subsidios y convenios federales entregados a los estados.

Del total de lo observado, las entidades federativas han logrado esclarecer el uso de 317 mil 59 millones de pesos, ya sea porque aclararon su uso y destino legal, o porque devolvieron el dinero. Es apenas el 52% por ciento el total.

Lo anterior significa que existen 302 mil 977 millones de pesos que aún están pendientes de “recuperarse o aclarase” en los 32 estados, según arroja el sistema de auditorías.

Los recursos observados por la ASF  son resultado de 10 mil 200 hechos irregulares en los cuales los auditores detectan un presunto quebranto al erario público (técnicamente denominados pliegos de observaciones). Las irregularidades van desde subejercicios, hasta intereses no devueltos, inversiones no acreditadas o simuladas, pagos a empresas fantasma, entre otros.

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Dichos casos a su vez han dado paso a la interposición de 8 mil 717 promociones de responsabilidad administrativa. Estas promociones son acciones en donde la Auditoría pide a las contralorías y órganos de control locales que inicien procesos de sanción en contra de exfuncionarios estatales por las irregularidades detectadas.

Y, como ya se dijo, la Auditoría ha decidido actuar en varios casos por la vía penal interponiendo hasta la fecha 343 denuncias de hechos ante el Ministerio Público Federal como producto de las irregularidades advertidas en el manejo de los fondos federales en las entidades.

De acuerdo con autoridades ministeriales cerca de una veintena de averiguaciones previas y carpetas de investigación ya han sido consignadas y judicializadas, sin embargo, todavía no se ha logrado cerrar con una sentencia condenatoria algún caso.

No todos los estados son iguales

Si bien en todas las entidades federativas se han detectado recursos de fondos federales cuyo uso o destino legal se desconocen, hay diferencias importantes en la proporción.

Por ejemplo, hay tres estados que concentran – solo entre ellos- casi la mitad de los más de 300 mil millones desaparecidos, y son 15 las entidades que concentran el 80% del monto total de malos manejos, mientras que las 17 entidades restantes acumulan el otro 20%.

Veracruz lidera esta lista negra con 62 mil 39 millones que hasta la fecha, 20.5% del monto total observado y que no se ha esclarecido. Lo anterior equivale a que 1 de cada 5 pesos de recursos federales desaparecidos fueron entregados a dicho estado.

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Casi todas las irregularidades detectadas en Veracruz corresponden al gobierno de Javier Duarte. Veracruz también es la entidad con la mayor cantidad de denuncias penales con 85, que equivalen al 25% de todas las que ha presentado la ASF ante el Ministerio Público.

En segundo lugar se ubica Michoacán con un monto de 41 mil 587 millones de pesos no esclarecidos hasta la fecha. El caso de esta entidad es grave ya que no ha conseguido aclarar el 69% del monto total observado por los auditores, porcentaje aún mayor al de Veracruz que no ha aclarado un 65% de sus recursos observados.

En el caso de este estado, las irregularidades detectadas se han concentrado en los periodos de los gobernadores Fausto Vallejo, Salvador Jara y el actual Silvano Aureoles.

La tercera entidad con el mayor monto de recursos federales sin comprobar es el Estado de México con 24 mil 288 millones de pesos. A diferencia de Michoacán y Veracruz, este monto corresponde solo al 30% de los recursos observados, lo que significa que el gobierno mexiquense ha logrado acreditar 2 de cada 3 pesos que los auditores han señalado.

En este caso las irregularidades se concentran en la administración de exgobernador Eruviel Ávila, y continuaron en 2017 con el gobierno de Alfredo del Mazo.

Guerrero es la cuarta entidad con mayor cantidad de dinero cuyo destino no se ha esclarecido con 15 mil 457 millones de pesos, que es el 57% del monto total que la ASF le ha pedido esclarecer. Y le sigue en quinto sitio Jalisco con 15 mil 8 millones de pesos pendientes de devolución o de acreditar su uso.

Las otras 10 entidades que junto con las ya mencionadas concentran el 80% del dinero federal que no aparece son Oaxaca con 13 mil 903 millones, Chihuahua con 13 mil 775 millones, Chiapas con 10 mil 482 millones, Nuevo León con 9 mil 796 millones, Baja California con 9 mil 198 millones, Quintana Roo con 7 mil 546 millones, Puebla con 7 mil 65 millones, Tabasco con 6 mil 966 millones y Morelos con 5 mil 783 millones de pesos.

Por el contrario hay 8 estados cuyo dinero mal manejado aun sumado entre todos, equivale a menos del 5% del monto total. De todos ellos el que tiene el menos monto de recursos pendientes por aclarar es Querétaro con 870 millones de pesos, que es el 0.28% del total nacional; le sigue Campeche con 928 millones de pesos, que equivale al 0.3 por ciento y después Colima con 1 mul 462 millones, el 0.48%.

Los otros cinco estados que completan esta relación de los que menos dinero tienen por aclarar son Aguascalientes, Tlaxcala, Nayarit, Yucatán y Durango.

Los más denunciados

El gobierno de Veracruz es el que acumula la mayor cantidad de denuncias de hechos presentadas por la ASF con 85. Equivalen a la cuarta parte de las 343 presentadas en total. Como Animal Político dio a conocer por lo menos cinco casos ya llegaron a instancias judiciales luego de que la FGR concluyera la primera parte de las investigaciones.

El de Veracruz es el único estado en donde las denuncias iniciales presentadas por la ASF ya derivaron en procesos penales contra exfuncionarios.

La segunda entidad con más denuncias penales es Michoacán con 29, en concordancia con que se trata de la entidad que presenta el mayor monto de recursos faltantes después de Veracruz.

La tercera entidad más denunciada es Jalisco con 26, pese a que se ubica en quinto sitio en cuanto a monto no comprobado. Luego se encuentra Morelos con 21 denuncias penales presentadas, seguida de Chihuahua con 18, así como Sonora y Chiapas con 16.

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Solo hay dos entidades del país que registran cero denuncias penales presentadas por la ASF y son San Luis Potosí y Aguascalientes.

En tanto las cinco entidades en las cuales la ASF ha promovido el mayor número de promociones de responsabilidad administrativa en contra de servidores públicos son Michoacán con 569, Zacatecas con 450, Jalisco con 392, Estado de México con 391, y Nuevo León con 387.

Origen y causas del dinero perdido

La ASF tiene identificados 18 fondos y subsidios federales desde los cuales se han transferidos recursos a las entidades federativas que ahora están perdidos. Se trata de fondos que, entre otras cosas, deberían emplearse para el apoyo de obras de infraestructura y de servicios como educación, salud y seguridad.

Entre ellos se encuentra el Fondo para la Infraestructura Social; el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública; el Fondo de Aportaciones Múltiples; el Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos y Alumbramiento; el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; el Fondo Metropolitano; y el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.

En el último informe general sobre la cuenta pública 2017 la ASF advirtió varios situaciones y riesgos que facilitan o permiten el mal uso de los recursos federales en los estados.

Entre esas circunstancias destaca, por ejemplo, el que hay normas y reglas ambiguas en el uso de recursos federales; preminencia de criterios políticos y no técnicos en el manejo del dinero; falta de autonomía de auditorías y órganos de control locales; la carencia de un proceso efectivo de rendición de cuentas y de sanciones a malos manejos; y la debilidad de las finanzas y generación de ingresos locales lo que convierte al dinero federal en la caja de la cual se toma dinero para muchos conceptos no autorizados.

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El poderoso cardenal y las otras 9 personas que enfrentan un insólito juicio en el Vaticano por malversación

Angelo Becciu, antiguo asesor del Papa, es una de 10 personas que comparecen ante un tribunal acusado de delitos financieros.
27 de julio, 2021
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El cardenal Angelo Becciu es el clérigo de mayor rango que se sienta en el banquillo por presuntos delitos financieros.

Junto a Beccio otras 9 personas enfrentan el juicio que inicia este 27 de julio en el Vaticano por cargos que incluyen malversación, blanqueo de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder.

El influyente cardenal de 73 años, que niega las acusaciones, fue forzado a dimitir el pasado septiembre, pero mantiene su título.

Las acusaciones están relacionadas a la compra multimillonaria de una propiedad en Londres con fondos de la Iglesia.

Becciu era un cercano asesor del papa Francisco que anteriormente había ocupado un cargo clave en el Secretariado de Estado del Vaticano, que administra las donaciones de la Iglesia.

El cardenal deberá responder preguntas sobre una controvertida inversión en un edificio de lujo en Londres que conllevó pérdidas durante su tiempo a cargo del Secretariado: desde entonces, la transacción ha estado bajo una investigación financiera.

El pago de US$200 millones por un edificio de apartamentos en la elegante avenida Sloane de Londres se hizo con dinero de la Iglesia a través de fondos y compañías en paraísos fiscales, una transacción que el cardenal había defendido en el pasado.

En un comunicado emitido a principios de mes por personas allegadas, el cardenal expresó que era “la víctima de una conspiración” y manifestó su “absoluta inocencia”, informó la agencia AFP.


¿Mayor escrutinio de la Santa Sede?

Análisis de John McManus, experto en temas religiosos de la BBC

Llegar al fondo de la problemática relación entre el Vaticano y sus finanzas se ha convertido en tema central del Vaticano bajo el papa Francisco.

En paralelo con su deseo de convertir a la Iglesia en un santuario donde todos, no importa cuán imperfectos, puedan encontrar un lugar, está su labor para lograr que el Vaticano sea un destino especialmente hostil para aquellos que busquen usarlo para enriquecerse.

Los supuestos crímenes enumerados ahora todavía tienen que ser probados en el tribunal.

Pero el simple hecho de que el Papa estuviera dispuesto al proceso y el juicio de un cardenal que no sólo era un alto miembro de la jerarquía en el Vaticano, sino también un amigo de Francisco, es una señal de su clara intención de que cuando se trata de delitos financieros, está preparado para tomar medidas sin precedentes para limpiar la reputación de la Iglesia.

El riesgo para el Papa, y para la iglesia, es que este juicio abrirá la posible mala gestión de las finanzas de la Santa Sede a un mayor escrutinio público.


Edificio en la avenida Sloane, Londres

Getty Images
El edificio en el que el cardenal Becciu invirtió el dinero del Vaticano queda en la elegante avenida Sloane, de Londres.

Dos antiguos directores de la unidad de inteligencia financiera del Vaticano están entre los diez imputados.

Enfrentan cargos de malversación, lavado de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder.

Una mujer italiana que trabajó para el cardenal Becciu fue acusada de malversación el año pasado.

Se espera que el juicio dure dos meses. De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas de prisión o multas.


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