Gobiernos locales no han explicado qué pasó con 302 mil millones que les dio la federación
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Gobiernos locales no han explicado qué pasó con 302 mil millones que les dio la federación

Veracruz, Michoacán y El estado de México concentran casi la mitad del dinero cuyo ejercicio y destino no ha sido esclarecido, según la ASF.
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27 de marzo, 2019
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene identificados más de 302 mil millones de pesos provenientes de fondos federales y transferidos a los estados, cuyo ejercicio y destino no ha sido esclarecido por los gobiernos locales.

Es dinero que, en los hechos, está desaparecido. Tres entidades: Veracruz, Michoacán y el Estado de México concentran casi la mitad de este dinero mal manejado.

Datos de la ASF obtenidos por Animal Político a través de su Sistema Público de Auditorías muestran que las entidades federativas solo han devuelto o acreditado el destino de 1 de cada 2 pesos que los auditores han observado con posibles irregularidades tras más de 5 mil 700 auditorías practicadas.

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Por varios de estos casos la ASF ha presentado ya 343 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los funcionarios que resulten responsables.

La información a nivel nacional arroja que como consecuencia de las auditorías practicadas a las cuentas públicas de los ejercicios 2004 a 2017 se observaron posibles irregularidades en el manejo de 620 mil 36 millones de pesos provenientes de 18 fondos, subsidios y convenios federales entregados a los estados.

Del total de lo observado, las entidades federativas han logrado esclarecer el uso de 317 mil 59 millones de pesos, ya sea porque aclararon su uso y destino legal, o porque devolvieron el dinero. Es apenas el 52% por ciento el total.

Lo anterior significa que existen 302 mil 977 millones de pesos que aún están pendientes de “recuperarse o aclarase” en los 32 estados, según arroja el sistema de auditorías.

Los recursos observados por la ASF  son resultado de 10 mil 200 hechos irregulares en los cuales los auditores detectan un presunto quebranto al erario público (técnicamente denominados pliegos de observaciones). Las irregularidades van desde subejercicios, hasta intereses no devueltos, inversiones no acreditadas o simuladas, pagos a empresas fantasma, entre otros.

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Dichos casos a su vez han dado paso a la interposición de 8 mil 717 promociones de responsabilidad administrativa. Estas promociones son acciones en donde la Auditoría pide a las contralorías y órganos de control locales que inicien procesos de sanción en contra de exfuncionarios estatales por las irregularidades detectadas.

Y, como ya se dijo, la Auditoría ha decidido actuar en varios casos por la vía penal interponiendo hasta la fecha 343 denuncias de hechos ante el Ministerio Público Federal como producto de las irregularidades advertidas en el manejo de los fondos federales en las entidades.

De acuerdo con autoridades ministeriales cerca de una veintena de averiguaciones previas y carpetas de investigación ya han sido consignadas y judicializadas, sin embargo, todavía no se ha logrado cerrar con una sentencia condenatoria algún caso.

No todos los estados son iguales

Si bien en todas las entidades federativas se han detectado recursos de fondos federales cuyo uso o destino legal se desconocen, hay diferencias importantes en la proporción.

Por ejemplo, hay tres estados que concentran – solo entre ellos- casi la mitad de los más de 300 mil millones desaparecidos, y son 15 las entidades que concentran el 80% del monto total de malos manejos, mientras que las 17 entidades restantes acumulan el otro 20%.

Veracruz lidera esta lista negra con 62 mil 39 millones que hasta la fecha, 20.5% del monto total observado y que no se ha esclarecido. Lo anterior equivale a que 1 de cada 5 pesos de recursos federales desaparecidos fueron entregados a dicho estado.

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Casi todas las irregularidades detectadas en Veracruz corresponden al gobierno de Javier Duarte. Veracruz también es la entidad con la mayor cantidad de denuncias penales con 85, que equivalen al 25% de todas las que ha presentado la ASF ante el Ministerio Público.

En segundo lugar se ubica Michoacán con un monto de 41 mil 587 millones de pesos no esclarecidos hasta la fecha. El caso de esta entidad es grave ya que no ha conseguido aclarar el 69% del monto total observado por los auditores, porcentaje aún mayor al de Veracruz que no ha aclarado un 65% de sus recursos observados.

En el caso de este estado, las irregularidades detectadas se han concentrado en los periodos de los gobernadores Fausto Vallejo, Salvador Jara y el actual Silvano Aureoles.

La tercera entidad con el mayor monto de recursos federales sin comprobar es el Estado de México con 24 mil 288 millones de pesos. A diferencia de Michoacán y Veracruz, este monto corresponde solo al 30% de los recursos observados, lo que significa que el gobierno mexiquense ha logrado acreditar 2 de cada 3 pesos que los auditores han señalado.

En este caso las irregularidades se concentran en la administración de exgobernador Eruviel Ávila, y continuaron en 2017 con el gobierno de Alfredo del Mazo.

Guerrero es la cuarta entidad con mayor cantidad de dinero cuyo destino no se ha esclarecido con 15 mil 457 millones de pesos, que es el 57% del monto total que la ASF le ha pedido esclarecer. Y le sigue en quinto sitio Jalisco con 15 mil 8 millones de pesos pendientes de devolución o de acreditar su uso.

Las otras 10 entidades que junto con las ya mencionadas concentran el 80% del dinero federal que no aparece son Oaxaca con 13 mil 903 millones, Chihuahua con 13 mil 775 millones, Chiapas con 10 mil 482 millones, Nuevo León con 9 mil 796 millones, Baja California con 9 mil 198 millones, Quintana Roo con 7 mil 546 millones, Puebla con 7 mil 65 millones, Tabasco con 6 mil 966 millones y Morelos con 5 mil 783 millones de pesos.

Por el contrario hay 8 estados cuyo dinero mal manejado aun sumado entre todos, equivale a menos del 5% del monto total. De todos ellos el que tiene el menos monto de recursos pendientes por aclarar es Querétaro con 870 millones de pesos, que es el 0.28% del total nacional; le sigue Campeche con 928 millones de pesos, que equivale al 0.3 por ciento y después Colima con 1 mul 462 millones, el 0.48%.

Los otros cinco estados que completan esta relación de los que menos dinero tienen por aclarar son Aguascalientes, Tlaxcala, Nayarit, Yucatán y Durango.

Los más denunciados

El gobierno de Veracruz es el que acumula la mayor cantidad de denuncias de hechos presentadas por la ASF con 85. Equivalen a la cuarta parte de las 343 presentadas en total. Como Animal Político dio a conocer por lo menos cinco casos ya llegaron a instancias judiciales luego de que la FGR concluyera la primera parte de las investigaciones.

El de Veracruz es el único estado en donde las denuncias iniciales presentadas por la ASF ya derivaron en procesos penales contra exfuncionarios.

La segunda entidad con más denuncias penales es Michoacán con 29, en concordancia con que se trata de la entidad que presenta el mayor monto de recursos faltantes después de Veracruz.

La tercera entidad más denunciada es Jalisco con 26, pese a que se ubica en quinto sitio en cuanto a monto no comprobado. Luego se encuentra Morelos con 21 denuncias penales presentadas, seguida de Chihuahua con 18, así como Sonora y Chiapas con 16.

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Solo hay dos entidades del país que registran cero denuncias penales presentadas por la ASF y son San Luis Potosí y Aguascalientes.

En tanto las cinco entidades en las cuales la ASF ha promovido el mayor número de promociones de responsabilidad administrativa en contra de servidores públicos son Michoacán con 569, Zacatecas con 450, Jalisco con 392, Estado de México con 391, y Nuevo León con 387.

Origen y causas del dinero perdido

La ASF tiene identificados 18 fondos y subsidios federales desde los cuales se han transferidos recursos a las entidades federativas que ahora están perdidos. Se trata de fondos que, entre otras cosas, deberían emplearse para el apoyo de obras de infraestructura y de servicios como educación, salud y seguridad.

Entre ellos se encuentra el Fondo para la Infraestructura Social; el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública; el Fondo de Aportaciones Múltiples; el Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos y Alumbramiento; el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; el Fondo Metropolitano; y el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.

En el último informe general sobre la cuenta pública 2017 la ASF advirtió varios situaciones y riesgos que facilitan o permiten el mal uso de los recursos federales en los estados.

Entre esas circunstancias destaca, por ejemplo, el que hay normas y reglas ambiguas en el uso de recursos federales; preminencia de criterios políticos y no técnicos en el manejo del dinero; falta de autonomía de auditorías y órganos de control locales; la carencia de un proceso efectivo de rendición de cuentas y de sanciones a malos manejos; y la debilidad de las finanzas y generación de ingresos locales lo que convierte al dinero federal en la caja de la cual se toma dinero para muchos conceptos no autorizados.

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Ruth Bader Ginsburg: por qué la muerte de la jueza de la Corte Suprema de EE.UU. supone un terremoto en una nación ya fracturada

Si el presidente Trump nomina un reemplazante de la magistrada podría alterar por años el equilibrio ideológico del mayor tribunal de justicia del país y aumentar la tensión política a pocas semanas de las elecciones.
19 de septiembre, 2020
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La muerte de un juez de la Corte Suprema de Justicia siempre es algo trascendente en Estados Unidos. Pero la de Ruth Bader Ginsburg supone un terremoto de consecuencias imprevisibles para este país.

Ginsburg, que murió el viernes a los 87 años debido a un cáncer de páncreas, era un ícono feminista y progresista del máximo tribunal judicial de EE.UU. para asuntos como la igualdad de género o la inmigración, el aborto o el matrimonio igualitario.

Su muerte abre ahora la posibilidad de que el presidente Donald Trump nomine a su sucesor en una corte de nueve miembros donde ya ha colocado a dos, y altere así por años el equilibrio ideológico del Supremo a favor de los conservadores.

Como esto ocurre además en un país políticamente polarizado y a pocas semanas de una elección presidencial cargada de tensión, el debate por el reemplazo de Ginsburg amenaza con aumentar la fractura entre republicanos y demócratas.

“Normalmente las nominaciones a la Corte Suprema son un deporte de sangre. Entonces esto va a ser verdaderamente apocalíptico. Hay mucho en juego en esta nominación”, dice Jonathan Turley, un destacado profesor de derecho constitucional en la Universidad George Washington, a BBC Mundo.

Una silla clave

El hecho de que los magistrados de la Corte Suprema ocupen su cargo de manera vitalicia significa que cualquier cambio en la integración tiene efectos duraderos.

Nominada por el presidente Bill Clinton en 1993, Ginsburg formaba parte de un bloque de cuatro jueces progresistas de la corte que solía necesitar de un quinto voto “péndulo” para lograr mayoría.

Ruth Bader Ginsburg

Reuters
Ginsbrurg era parte de un bloque de cuatro jueces progresistas.

En votaciones recientes ese quinto voto lo aportó el juez John Roberts para decisiones sobre inmigración, derechos de homosexuales y otros temas importantes de la “guerra cultural” en este país.

Los presidentes de EE.UU. tienen la potestad de elegir los miembros de la corte, que deben ser ratificados por el Senado, y Trump suele señalar como un logro el haberlo hecho dos veces en menos de cuatro años de mandato.

Si lograse colocar a un tercer magistrado netamente conservador, la Corte pasaría a tener seis jueces instalados por republicanos, mientras el bloque liberal quedaría en una minoría de tres.

Eso puede conducir con el paso del tiempo a alteraciones significativas en diversas ramas del derecho.

“Esta es posiblemente la nominación más importante en la historia de la corte moderna. Hay una serie de doctrinas que actualmente penden de mayorías de cinco a cuatro”, advierte Turley.

Por ejemplo, señala que con un nuevo juez conservador en la corte quizás se abriría el camino para a revertir parcial o totalmente Roe versus Wade, el emblemático caso por el que el tribunal despenalizó el aborto en 1973.

Trump y Kavanaugh

Reuters
Dos de los actuales jueces del Supremo fueron nominados por Donald Trump.

Probablemente consciente de todo esto, Ginsburg indicó en su testamento que su “deseo más ferviente” era que evitaran reemplazarla hasta que asumiera un nuevo presidente, según informó la radio pública estadounidense NPR.

La pregunta ahora es si Trump podrá provocar tal desequilibrio en un Supremo que recientemente ha fallado más de una vez en contra de los intereses del mandatario.

“Aumentará el nivel de furia”

La muerte de Ginsburg le ofrece a Trump la oportunidad de acicatear al electorado conservador y religioso a menos de 50 días de las elecciones, cuando las encuestas lo muestran atrás del candidato demócrata Joe Biden.

De hecho, desde hace semanas Trump señalaba la eventualidad de nominar a un tercer juez del Supremo como una razón para que lo reelijan, por lo que quedan pocas dudas de que intentará hacerlo en los meses que le quedan como presidente.

Mensaje para Ruth Baden Ginsburg

Reuters
Ginsburg pidió en su testamento que no se nombrara un sucesor antes de las elecciones.

Además, el debate que se abre con esto desviará algo la atención de la respuesta de Trump a la pandemia de coronavirus, cuando EE.UU. está a punto de llegar a 200.000 muertos por el covid-19, una cifra que ningún otro país ha registrado.

El Senado está controlado por el Partido Republicano de Trump y su líder allí, Mitch McConnell, anticipó en la misma noche del viernes que en la cámara habrá una votación sobre el juez que nomine el presidente.

Sin embargo, evitó decir cuándo ocurriría esto: si antes o después de las elecciones del 3 de noviembre.

Los republicanos tienen 53 senadores (contra 47 demócratas), pero al menos dos miembros de esa mayoría se manifestaron días atrás reticentes a votar un nuevo juez de la corte tan cerca de las elecciones.

Esto sugiere que el reemplazo de Ginsburg puede volverse una nueva prueba de fuego de la lealtad republicana hacia Trump cuando algunos senadores tienen dificultades para ser reelectos ellos mismos.

Joe Biden

Reuters
Biden también ha dicho que el remplazo de Ginsbrurg debe esperar a las elecciones.

Por otro lado, a la controversia se añade el antecedente de que McConnell bloqueó en 2016 la votación en el Senado de un juez nominado para la corte por el entonces presidente Barack Obama, argumentando que era un año electoral.

Su explicación ahora es que el voto puede proceder porque, a diferencia de cuatro años atrás, el presidente y la mayoría del Senado pertenecen al mismo partido.

Los demócratas se apresuraron a exigir que se espere hasta después de la elección.

“Los votantes deben elegir al presidente y el presidente debe elegir al juez para que lo considere el Senado”, declaró Biden el mismo viernes.

Esto también podría movilizar a favor de Biden a electores de izquierda que aún están inseguros de votar por él.

“No podía imaginar que fuera posible hacer esta elección más divisiva, pero ocurrió: esto agrega un elemento transformador a la elección”, reflexiona Turley. “Esto aumentará el nivel de furia en el país”.


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