IMSS benefició a empresa del hijo de uno de sus empleados; recibió contratos por 526 mdp
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IMSS benefició a empresa del hijo de uno de sus empleados; recibió contratos por 526 mdp

Una investigación de MCCI revela que de 2015 a 2018, la empresa Marzam, de Luis Doporto, hijo de un consejero técnico del IMSS, obtuvo diversos contratos pese a ser investigada por presuntos delitos financieros.
Cuartoscuro
11 de marzo, 2019
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De 2015 a 2018, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) compró medicinas por más de 526 millones de pesos a Marzam, empresa farmacéutica que aumentó significativamente sus ventas en dicho periodo y cuyo propietario es Luis Doporto Alejandre, hijo de Héctor Doporto Ramírez, integrante del Consejo Técnico del IMSS, órgano que tiene injerencia en las licitaciones y entrega de contratos.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela cómo la empresa Marzam se vio beneficiada a pesar de que autoridades la tenían bajo la lupa porque, en el cambio de dueños, Luis Doporto recibió dinero, por alguien cercano a uno de sus competidores, María Matarazzo, esposa de Pablo Escandón, dueño de Nadro otro de los grandes distribuidores de medicamentos.

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De acuerdo con MCCI el Consejo Técnico del IMSS otorgó los contratos a Marzam, al mismo tiempo que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría Fiscal, investigaban a la compañía por los delitos financieros, sin que esto fuera un impedimento.

En abril de 2016 el caso también fue tomado por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), luego de que en la investigación periodística mundial “Panamá Papers”  se descubriera que en en la transacción recibida por Luis Doporto estuvo involucrada Marina Matarazzo con 53.3 millones de dólares.

Esta operación entre la esposa de Pablo Escandón, dueño de Nadro, apuntaba hacia una posible operación oculta para acaparar el mercado de fármacos en México.

La investigación iniciada por la Cofece estuvo abierta durante dos años y seis meses, tiempo en el que Luis Doporto Alejandre nunca aceptó ante las autoridades que recibió dinero de Matarazzo. Sin embargo, en octubre de 2018, admitió la triangulación de ese dinero, aunque argumentó que solo se trató de un préstamo.

Fue así que se cerró el expediente toda vez que la Ley Federal de Competencia Económica permite a las compañías investigadas presentar compromisos o firmar un acuerdo para reparar el daño que pudieron ocasionar. Luis Doporto dijo a MCCI que terminarían el acuerdo con quien “otorgó el crédito”.

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En tanto que la investigación iniciada por la entonces PGR, hoy Fiscalía General de la República (FGR), con número de carpeta UEIDFF/FISM-12/203/2016 por posibles delitos financieros, sigue abierta y con una orden de reservar el expediente por cinco años, a partir del 28 de febrero de 2019. 

Luis Doporto comentó a MCCI que estaba enterado de ese expediente, pero que hasta el momento no ha tenido acceso a su contenido ni ha sido llamado a declarar.

Ganancias por 256 mdp

Luis Doporto, según datos de la Cofece y de la PGR, aparece como dueño legal de Casa Marzam a partir de 2015, en tanto que su padre, Héctor Doporto Ramírez, se desempeña desde 2010 como miembro del Consejo Técnico del IMSS con un sueldo bruto mensual de 104 mil pesos.

Así, desde 2015 hasta 2018, los contratos para se multiplicaron hasta 5 veces, dejando una ganancia para la empresa de 526 millones de pesos.

El Consejo Técnico del IMSS, de acuerdo con el artículo 263 de la Ley del IMSS, es el máximo órgano de gobierno y administrador del instituto, integrado por representantes del Gobierno y de los sectores obrero y patronal.

Aunque los integrantes del consejo no tienen la facultad de decidir adquisiciones o contratos, sí pueden acceder a la información sobre futuras inversiones y en algunos casos estructuran las bases de licitaciones.

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Héctor Doporto Ramírez, padre de Luis Doporto, ingresó al Comité Técnico del IMSS como como coordinador del sector patronal para, años después, convertirse en asesor del Consejo Técnico del IMSS.

El pasado 4 de marzo MCCI solicitó una postura al IMSS sobre la multiplicación de los contratos a Marzam, pero no hubo respuesta.

La investigación de MCCI detalla que a finales de 2015 Marzam recibió tres grandes contratos del IMSS por 286 millones de pesos, los tres con vigencia a partir de enero de 2016. 

Dos de los contratos –los de mayor monto- se otorgaron mediante licitación pública, mientras que un tercero, por 36 millones 366 mil pesos, fue asignación directa. En  octubre de 2016 Marzam obtuvo otra asignación directa en el IMSS, por casi 38 millones de pesos, y en diciembre ganó dos licitaciones en la misma institución por 62 millones.

Para 2017, Marzam recibió 30 contratos por 85 millones de pesos, en tanto que obtuvo otros 50 millones mediante licitación.

Entre 2013 y 2018, la farmacéutica vendió más de 2 mil millones de pesos en medicinas al Gobierno federal, un crecimiento de 250% con relación a lo la cantidad de fármacos vendidos en el sexenio anterior. 

La investigación completa de MCCI está disponible aquí.

Respuesta de Marzam

En un comunicado, la empresa Marzam rechazó contundentemente todo señalamiento que insinúe que nuestros resultados de ventas derivan de otros factores que no sean los arduos esfuerzos y dedicación de nuestro equipo de ventas y todo nuestro personal”.

Las diversas investigaciones que han sido publicadas en medios, en relación a la conducta de autoridades hacia Marzam, “mantienen ese carácter y al momento ninguna se ha traducido en demostración de responsabilidad legal alguna”, señaló Marzam.

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La carrera contrarreloj de Alemania por llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis

La justicia alemana intenta ajustar cuentas con los últimos responsables vivos del Holocausto, todos ellos mayores de 90 años de edad.
Por BBC
14 de febrero, 2021
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Tienen más de 90 años de edad y el dudoso honor de ser considerados como los últimos criminales nazis en enfrentar la justicia.

No formaron parte del alto mando militar de Adolf Hitler, ni comandaron algún escuadrón de las SS. Eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich y ahora, más de 75 años después del final de la II Guerra Mundial, finalmente están enfrentando a la justicia.

El martes pasado, fiscales en Alemania acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que fallecieron mientras él trabajaba como guardia de la SS en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín.

La semana anterior, una mujer de 94 años de edad que trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof (Polonia) fue imputada como cómplice en 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato por su trabajo en apoyo a las atrocidades que se cometieron allí.

Aunque ahora es nonagenaria, dado que era menor de 21 años cuando ocurrieron esos hechos, es probable que esta mujer termine siendo juzgada ante una corte juvenil.

Entrada del campo de exterminio de Auschwitz.

Getty Images
Las investigaciones recientes han logrado imputar a varios exfuncionarios del campo de exterminio de Auschwitz.

Sus casos forman parte de un pequeño grupo de empleados de bajo nivel del régimen nazi que en los últimos años han estado siendo investigados por las autoridades alemanas en un último esfuerzo por ajustar las cuentas pendientes con el pasado nazi: una carrera contrarreloj pues cada vez quedan menos sobrevivientes de aquella época.

Persiguiendo los crímenes del Tercer Reich

Pero, ¿por qué se está investigando ahora a exfuncionarios que ni siquiera tenían puestos de mando durante el Holocausto?

Las indagaciones sobre las atrocidades cometidas por el Tercer Reich comenzaron formalmente en 1943, cuando se creó una comisión internacional para investigar los delitos cometidos por las potencias del Eje. Su trabajo llegó a la imputación de 36.000 funcionarios alemanes y japoneses, de los cuales al menos 10.000 fueron condenados en juicios realizados hasta 1948.

Imagen de los juicios de Nuremberg.

Getty Images
Muchos de los principales líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg.

Al mismo tiempo, entre 1945 y 1949, los tribunales en la zona de Alemania occidental dictaron unas 4.600 condenas por crímenes del nazismo.

Sin embargo, tras el establecimiento de la República Federal Alemana (RFA) en 1949, decayó el interés de seguir persiguiendo los crímenes nazis y, de hecho, se dictaron numerosas amnistías e incluso se aprobó una legislación que permitió que antiguos soldados nazis accedieran a cobrar pensiones.

“Durante la década de 1950, en Alemania occidental no había mucho deseo de perseguir los crímenes nazis, lo que resultó en un verdadero escándalo en el resto del mundo. Alemania oriental, en particular, impulsó una campaña de propaganda que destacaba cómo había antiguos líderes nazis en posiciones destacadas tanto en el sector privado como en el sector público. Eso fue verdaderamente embarazoso para el gobierno de la RFA”, explica Devin Pendas, profesor del Boston College especializado en la historia de los juicios contra los nazis tras la II Guerra Mundial.

La respuesta de la RFA fue la creación en 1958 de la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo, que es la instancia que hasta ahora se sigue encargando de indagar sobre estos temas.

Ficha de Adolf Hitler en la la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo.

Getty Images
La Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo tiene un archivo con más de 1,7 millones de fichas de personas y eventos relacionados con los crímenes del Tercer Reich.

Algunos expertos han señalado que esta agencia gubernamental hizo un muy buen trabajo durante las décadas siguientes, mientras otros destacan que había mucha resistencia de parte de las autoridades judiciales alemanas ante estas investigaciones, Pendas cree que estos dos hechos coexistieron.

“Claramente, muchos jueces y fiscales estaban renuentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970 de procesar con fuerza los crímenes nazi, en parte, porque muchos de ellos habían estado trabajando en el Poder Judicial durante el Tercer Reich pero también porque no querían lavar ante el mundo los paños sucios de su país”, dice Pendas a BBC Mundo.

“Pero también es cierto que la Oficina Central y muchos fiscales y jueces individuales se tomaron esto muy en serio, sacando a la luz mucha evidencia y prestando un gran servicio al llevar ante las justicia muchas de estas atrocidades”, agrega.

El trabajo de la Oficina Central se vio limitado además por varias cuestiones legales como el hecho de que las leyes alemanas no contenían disposiciones específicas para procesar crímenes de guerra y por las normas vigentes entonces sobre prescripción de los delitos, que dificultaban que muchos de los casos pudieran ser llevados a juicio después de 1960.

Una fila de mujeres prisioneras en el campo de concentración nazi de Auschwitz.

Getty Images
Se estima que más de un millón de personas, la mayoría judíos europeos, murieron en el campo de Auschwitz.

Esta dependencia gubernamental sufrió además un fuerte revés cuando, en 1969, la Corte Suprema revocó la condena de un antiguo miembro de las SS que trabajó como dentista en el campo de Auschwitz (Polonia) con el argumento de que trabajar en un campo de exterminio no era un crimen en sí mismo.

Como resultado de ese dictamen, la Oficina Central debió abandonar una investigación sobre la Oficina Central de Seguridad del Reich, una dependencia del ministerio de Interior controlada por las SS que era la principal responsable para ejecutar la política de asesinatos masivos de Hitler.

A estas limitaciones hay que sumar el hecho de que la Oficina Central es una entidad pequeña, dotada de poco personal y solamente tiene la potestad para investigar los casos, pues una vez que encuentra evidencias de posibles hechos punibles debe pasar los expedientes a los fiscales que son los responsables finales de llevar a juicio a los presuntos criminales.

El impulso del 11 de septiembre

Todas estas restricciones redujeron la capacidad de acción de la Oficina Central durante muchos años.

Pero las cosas cambiaron a partir de 2007, cuando un tribunal alemán condenó a 15 años de cárcel al marroquí Mounir el Motassadeq por haberle transferido dinero a Marwan al Shehhi, el presunto responsable de estrellar el vuelo 175 de United Airlines en contra de la torre sur del World Trade Center en Nueva York, según la Comisión que investigó los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mounir el Motassadeq

Getty Images
Mounir el Motassadeq fue condenado a prisi[on por haber enviado dinero a uno de los atacantes del 11-S.

Este precedente impulsó al entonces fiscal de la Oficina Central Thomas Walther a buscar el enjuiciamiento de guardias y otros funcionarios de los campos de concentración, aunque no hubieran participado directamente de estos crímenes.

Siguiendo esta argumentación se logró que en 2011 un tribunal alemán condenara a John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibor (Polonia), por colaborar con el asesinato de las 28.000 personas que fueron muertas allí.

“Se volvió más fácil conseguir una condena. Hasta entonces tenías que demostrar que alguien había estado involucrado directamente en una muerte. En este caso, la Fiscalía argumentó que -y el tribunal estuvo de acuerdo- que dado que estos campos eran centros de exterminio, cualquiera que hubiera pertenecido al personal nazi que estaba allí contribuyó con esas muertes. Ya no tenías que demostrar que un guardia mató a alguien en ese campo, basta con demostrar que había sido un guardia que trabajó allí”, explica Pendas.

Justicia e historia

La condena de Demjanjuk le dio un nuevo impulso al trabajo de la Oficina Central, que durante la última década ha remitido a los fiscales más de 200 casos para su imputación.

Thomas Walther

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El abogado Thomas Walther impulsó el enjuiciamiento de exfuncionarios de bajo nivel que trabajaron en los campos de concentración nazis.

No se trata de una cifra menor cuando se considera que esta agencia gubernamental solamente cuenta con un puñado de investigadores, que para armar los casos tienen que buscar información en distintas partes del mundo y que, por su avanzada edad, muchas veces los presuntos criminales mueren antes de que el expediente esté concluido.

Sin embargo, hasta ahora, solamente se han producido un puñado de condenas, incluyendo la de Oskar Groening, un exmiembro de las SS conocido como el “contador de Auschwitz”, pues trabajó en las oficinas de este campo de exterminio y, entre otras cosas, se encargaba de contar el dinero robado a las víctimas.

En 2015, Groening, quien entonces tenía 94 años de edad, fue sentenciado en 2015 a cuatro años en prisión por haber facilitado el asesinato de 300.000 prisioneros. Sin embargo, falleció en 2018 sin haber ingresado en prisión a la espera del resultado de sus apelaciones.

Oskar Groening

Getty Images
Oskar Groening, el llamado “contador de Auschwitz” falleció sin pagar su condena.

Reinhold Hanning fue condenado en 2016 -a los 95 años de edad- por cooperar con la muerte de 170.000 personas en Auschwitz, donde trabajó como guardia de las SS. Aunque durante el juicio dijo estar avergonzado por haber presenciado las muertes sin hacer nada para evitarlas, negó ser culpable de las mismas y apeló la sentencia. Murió al año siguiente sin haber ido a la cárcel.

En 2020, una corte de Hamburgo sentenció a Bruno Dey, un exguardia del campo de concentración de Stutthof, por haber colaborado con el asesinato de las 5.230 personas fallecidas en ese centro mientras él trabajó allí.

Sin embargo, como él era adolescente cuando ocurrieron los hechos fue procesado por un tribunal juvenil y fue recibió una sentencia suspendida de dos años de cárcel.

Bruno Dey.

Getty Images
Bruno Dey intentó ocultar su rostro usando carpetas en las audiencias del juicio en el que fue condenado por colaborar en el asesinato de 5.230 personas.

Aunque han tenido mucha visibilidad, el hecho de que se trate de juicios contra exfuncionarios de bajo rango que ahora están tan mayores y que, hasta ahora, no han cumplido sus sentencias de forma efectiva ha llevado a algunos críticos a cuestionar si tiene sentido seguir con estos procesos.

“Creo que no hay ninguna razón para que una persona tenga inmunidad ante la justicia criminal debido a que era un funcionario de bajo rango”, dice Todd Buchwald, exembajador y coordinador especial de Justicia Criminal Global de Estados Unidos, a BBC Mundo.

Indica que estos juicios tienen muchos objetivos incluyendo llevar a la justicia a algunos de los responsables de las terribles atrocidades que se cometieron, crear un registro histórico de lo que ocurrió y fortalecer el mensaje disuasorio para todos aquellos funcionarios de bajo nivel que en el futuro se encuentren en una situación en la que se vean tentados a pensar que por su bajo rango no pagarán por estos crímenes.

“No está bien ayudar a perpetuar semejantes atrocidades, así que conviene reforzar el mensaje disuasorio de cara al futuro”, señala Buchwald.

“Los crímenes que se cometieron en Alemania fueron tan devastadores que entiendo bien el esfuerzo por intentar llevar ante la justicia a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido”, concluye.

 

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