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Cuartoscuro Archivo

Resolución de juez del Edomex impide a madre tener voz en el juicio por el asesinato de su hijo

"Ahora resulta que yo no tengo derecho a participar en el juicio, ¿qué, yo no soy víctima?", acusó Arcadia, madre de Francisco Iván Serrano, asesinado en 2011.
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Arcadia Celia Hernández es mamá de Francisco Iván Serrano, músico trompetista de la Orquesta Sinfónica Nacional y del IPN, así como integrante del grupo de reggae Los Rastrillos, quien desapareció en el año 2011.

Lo último que supo la familia de Iván fue que, el día de su desaparición, el músico tenía pactada una visita al domicilio de su expareja, en el Estado de México, para negociar los términos de su divorcio, reunión a la que Francisco Iván sí llegó, tal como él confirmó a su familia a través de mensajes de celular.

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Después de eso, sin embargo, nada más se supo de él.

Luego de dos años de búsqueda propia, en 2013 Arcadia encontró a su hijo, sin vida, en una fosa común del Estado de México, a donde había sido trasladado en calidad de desconocido.

Francisco Iván fue asesinado el mismo día de su desaparición, con un golpe contundente en el cráneo. Luego, su cuerpo fue despojado de las identificaciones que portaba (para evitar que fuera reconocido) y finalmente fue abandonado en un baldío.

La búsqueda e investigación realizada por Arcadia Celia en los tres años que Francisco Iván permaneció en calidad de desaparecido no sólo permitieron encontrarlo,  sino también identificar y recabar evidencias sobre las personas que presuntamente perpetraron su asesinato y desaparición: la expareja del músico y el concubino de ésta.

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El primero en ser detenido, gracias a la información recabada por Arcadia y proporcionada al Ministerio Público, fue el concubino, Rodrigo González Tinajero, quien tras ser arrestado declaró que Francisco Iván fue asesinado, para que su aún esposa pudiera deshacerse de él, y cobrar una pensión por viudez.

Según la confesión de Rodrigo González Tinajero, la cónyuge de Francisco Iván lo atrajo al domicilio de sus padres en el Estado de México, y al entrar, el concubino le propinó un golpe en la cabeza con un objeto contundente. Su cuerpo fue ocultado en un baño hasta la medianoche y después trasladado a un baldío lejano. Según esta confesión, ambos perpetradores huyeron luego por separado.

En su intento de ocultarse, Rodrigo González Tinajero se enroló como policía estatal en Nuevo León, donde finalmente las investigaciones de Arcadia Celia permitieron ubicarlo y detenerlo.

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Estas investigaciones, cabe destacar, fueron realizadas por Arcadia Celia en su calidad de “coadyuvante” del Ministerio Público, calidad que luego se elevó a la de “acusadora coadyuvante”, al iniciar el juicio que concluyó con una sentencia de 55 años de cárcel para Rodrigo González Tinajero.

A partir de la información proporcionada por el sentenciado, fue posible también la captura de Mónica “N”, cónyuge de Francisco Iván, en el año 2016, en cuyo juicio nuevamente fue reconocida la calidad de “acusadora coadyuvante” a la mamá de la víctima, dada su condición de “ofendida”.

No obstante, a más de dos años de iniciado el juicio (aún en marcha), el pasado 28 de febrero de 2019, la juez estatal María del Carmen Sánchez Sánchez declaró “precluido”, es decir, cancelado, el derecho de Arcadia Celia, mamá de Francisco Iván, de actuar como “acusadora” en el proceso contra Mónica “N”.

La razón: que un funcionario de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que ejerce como asesor victimal de Arcadia, no asistió a una audiencia el 18 de febrero pasado.

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Aún cuando este asesor victimal intentó justificar su inasistencia, explicando que debió acudir a otra audiencia relacionada con un caso distinto, de los diversos que tiene a su cargo, la notificación que le fue dirigida establece que “no se le requirió que justificara el motivo de su inasistencia”, y que, por el contrario, a partir del 18 de febrero de 2019, quedó precluido su “derecho procesal” a dar asistencia a la señora Celia Arcadia, así como el derecho de ésta a “continuar en su carácter de acusador coadyuvante” en el juicio que se sigue contra Mónica “N”.

“Ahora resulta que yo no tengo derecho a participar en el juicio –lamentó Arcadia–, ¿qué, yo no soy víctima? Yo acuso a los responsables, porque mi hijo ya no está aquí para enfrentarlos en un juicio, pero yo sí, yo soy su madre.”

En la queja presentada contra esta resolución ante la Contraloría del Poder Judicial del Estado de México, además, Arcadia explica que esta juez “me refirió que mi derecho de acusadora coadyuvante había precluido” con lo cual “violenta mi derecho al acceso a la justicia, porque no me permite ser escuchada”, ni formular cuestionamientos a los testigos, tal como puede hacer la coadyuvancia del Ministerio Público.

Además, denunció, el derecho a tener un asesor victimal está consagrado en la Ley General de Víctimas “y esta juez no puede simplemente ignorar esta ley, porque eso es violar la ley”.

Por el momento, sin embargo, Arcadia Celia, quien buscó y encontró por sus propios medios a su hijo asesinado y desaparecido, quien fue pieza clave en la investigación que permitió la captura de los homicidas, no tiene voz en el juicio que se lleva contra la segunda acusada.

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'Gaschicol', el nuevo y productivo negocio de los cárteles en México

El robo de gas LP es el negocio más reciente de los carteles de narcotráfico en México, al que se suman bandas de delincuencia organizada. Las ganancias superan los US$600 millones, pero el riesgo de accidentes es elevado.
12 de octubre, 2019
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Le dicen “gaschicol” o “huachigas”. Es la forma como se conoce en México al robo de gas a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Se trata de uno de los negocios recientes de las bandas de delincuencia organizada y carteles de narcotráfico.

Hasta ahora, según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado (Amexgas), el robo de este combustible suma 13.000 millones de pesos, unos US$670 millones.

Según datos de consultoras como Etellekt en lo que va de este año se han detectado 516 tomas clandestinas para extraer gas licuado de petróleo (LP). El año pasado el número de sitios de extracción irregular fue de 215 en todo el país.

El delito afecta a instalaciones de Pemex pero también a los empresarios que distribuyen el hidrocarburo, insiste Amexgas.

Es un problema en aumento reconocen las autoridades. “Últimamente se nos está presentando lo del robo en gas, que es muy riesgoso“, dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Robo de gas

SSPyPC
El robo de gas causó pérdidas por más de US$600 millones este año.

“Todo lo que es robo de combustible es delito grave, no se alcanza fianza. ¿Por qué digo esto? Porque se sigue deteniendo a personas”, señala.

BBC Mundo solicitó a Pemex información oficial sobre la cantidad de tomas clandestinas de gas, así como las pérdidas por el delito en este año. No hubo respuesta.

De “huachicol” al “gaschicol”

Según especialistas, detrás del aumento del “huachigas” existen algunos carteles de narcotráfico, así como bandas dedicadas al robo de gasolina, conocido como “huachicoleo”.

Se trata de organizaciones como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cartel del Noreste que opera en Tamaulipas.

Desde el año pasado participa también el Cartel de Santa Rosa de Lima, ubicado en Guanajuato y Michoacán.

Es un grupo especializado en el robo de gasolina y diésel que, como otros, cambiaron su actividad en los últimos meses debido a la estrategia que desde enero pasado aplica el gobierno para combatir el delito.

Robo de gas

AFP
Miles de soldados combaten el robo de combustibles en México.

En las operaciones participan más de 4.000 soldados, marinos y policías federales.

Así, las bandas pasaron del “huachicol” al “gaschicol”, como señalaron algunos medios locales recientemente.

No es un asunto menor, advierte Rubén Salazar, director de la consultora Etellekt.

“Es un problema muy serio porque se trata de un combustible que implica mayor riesgo su extracción ilegal, a diferencia de la gasolina o diésel”, le dice a BBC Mundo.

“Es un combustible mucho más volátil por las técnicas que emplean y que son cada vez más rudimentarias”.

Peligro inminente

Las autoridades han detectado que las bandas suelen robar “infinidad de pipas de agua”, dice el especialista, para usarlas en el transporte de gas.

Una práctica arriesgada porque esos vehículos no están diseñados para llevar ese combustible.

Otro problema es que los grupos suelen almacenar el gas en lugares cercanos a zonas densamente pobladas, en ocasiones con escasas medidas de protección.

De allí distribuyen la mercancía en cilindros para vender casa por casa, o para vehículos y autobuses que usan ese combustible.

El robo de este combustible creó un mercado negro, según denuncian organizaciones como Conciencia Ciudadana y la Asociación de Distribuidores de Gas LP (Adigas).

Por ejemplo, en municipios conurbados a Ciudad de México, en Puebla o Hidalgo las bandas suelen disfrazar sus pipas o camiones repartidores con letreros de compañías reales.

“Hay una racionalidad económica en esto”, dice el director de Etellekt. “Se camuflan con marcas legalmente establecidas, y así operan en el mercado”.

“Muchas veces roban las pipas a las empresas o construyen las suyas de una manera irregular, lo cual implica riesgos importantes”

Los accidentes

La extracción clandestina también es peligrosa. A diferencia de la gasolina o diésel, que se pueden tomar con los ductos en funcionamiento, para sacar el gas es necesario detener la operación del tubo.

De acuerdo con especialistas, generalmente se consigue de dos formas: las bandas reciben información del momento en que los ductos están vacíos y los perforan.

Explosión de gas

AFP
Los accidentes por el “gaschicol” aumentaron este año.

O provocan accidentes para obligar a suspender el envío de combustible e instalar válvulas para extraer el gas cuando el ducto vuelve a funcionar.

La estrategia del “gaschicol” ya deja consecuencias. En los últimos meses se han registrado explosiones y fugas en poblaciones de Puebla, Hidalgo o el estado de México.

En esta entidad, en el municipio de Nextlalpan, la fuga por una toma clandestina provocó la evacuación de más de 3.000 personas.

El accidente ocurrió en la madrugada del 3 de agosto pasado. En el estado de México, según datos de Pemex, desde enero han ocurrido más de 100 incidentes vinculados al robo de gas LP.

El coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, insiste en el alto riesgo de extraer clandestinamente este combustible.

“El gas LP tiene un manejo muy complejo, dentro del ducto corre a alta presión y es líquido”, explica.

Explosión de gas

Pemex
Una fuga de gas como ésta en Puebla tarda horas en controlarse.

“Pero en el momento que sale del ducto se convierte en gas y multiplica su volumen más de 200 veces. Eso genera por supuesto que su manejo sea muy complejo”.

Una de los mayores peligros, coinciden autoridades y especialistas, es que ante las grandes ganancias por el negocio, en algunas comunidades cercanas a los ductos surgieron grupos pequeños que tratan de extraer el gas.

De ahí las explosiones y fugas provocadas por un mal manejo en el robo del combustible.


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