El escándalo sexual que sacude a la industria del K-pop en Corea del Sur
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El escándalo sexual que sacude a la industria del K-pop en Corea del Sur

El popular género musical juvenil de Corea del Sur se encuentra en el centro de atención después de que se destaparan dos escándalos sexuales.
13 de marzo, 2019
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Seungri y G-Dragon

VCG via Getty Images
Seungri está acusado de haber facilitado trabajadoras sexuales a sus posibles inversores.

El K-pop, el popular género musical juvenil de Corea del Sur, se encuentra en el centro de atención después de que se destaparan dos escándalos sexuales protagonizados por estrellas de esta industria.

La primera en llegar a las portadas fue la noticia de que Seungri, el miembro más joven de BigBang, supuestamente facilitaba sexo con mujeres a empresarios en un país donde la prostitución está prohibida.

BigBang es una de las bandas más importantes del K-pop, con ventas que superan los 140 millones de discos desde su debut en 2006. Sus integrantes son conocidos como los “reyes del K-pop”.

Seungri, de 28 años, que intentó capear el temporal durante semanas defendiendo su inocencia y pidiendo disculpas a sus fans por la controversia, este lunes anunció en Instagram su retirada del mundo del espectáculo.

Ese mismo día, la cadena de televisión coreana SBS acusaba a otro cantante y presentador, Jung Joon-young, de grabar y compartir en un grupo de chat en su celular encuentros sexuales entre él y mujeres a quienes no había pedido permiso para filmarlas. Los hechos habrían ocurrido entre 2015 y 2016.

Seungri

VCG via Getty Images
El cantante se retiró esta semana del mundo del espectáculo.

A diferencia de Seungri, Jung reconoció los hechos y prometió que también dejaría de cantar y trabajar en televisión.

En Corea del Sur, las disqueras exigen a los cantantes de K-pop un comportamiento ejemplar.

“Soborno sexual”

Seungri, cuyo verdadero nombre es Lee Seung-hyun, ya había sido interrogado por la policía en febrero, después de que se dieran a conocer reportes de consumo de drogas y abusos sexuales en la discoteca de Seúl Burning Sun, de la que él era director de relaciones públicas.

“He decidido retirarme porque la polémica se ha vuelto demasiado grande”, escribió en Instagram.

El miembro de BigBang ya había cancelado todos sus compromisos para febrero y su tour como solista programado para marzo.

Los medios de comunicación locales también vincularon al cantante con el delito de “soborno sexual”, es decir, de proveer de servicios sexuales a posibles inversores en su compañía, Yuri Holdings, que gestiona sus negocios de entretenimiento y restaurantes.

Seungri sobre un sofá

TPG/Getty Images
Seungri también tiene su propia franquicia de restaurantes.

Estas presuntas negociaciones habrían ocurrido en clubes nocturnos de la capital coreana.

Seungri es acusado de haber intentado conseguir prostitutas para sus clientes a través de un grupo de chat de la aplicación de celular KakaoTalk en 2015. Los mensajes que se han hecho públicos parecen mostrar cómo le pide a un empleado que realice estas gestiones.

También es sospechoso de haber formado parte del grupo de chat en el que Jung compartía sus videos sexuales grabados en secreto.

El joven se disculpó con sus fans en un comunicado y prometió “participar sinceramente en las investigaciones de todas las acusaciones”.

“No sentí un gran sentimiento de culpa”

Jung, de 30 años, también difundió un comunicado, aunque con un mensaje opuesto: “Admito todos mis crímenes“.

El cantante, que está acusado de haber grabado a al menos una decena de mujeres, será interrogado el jueves por la policía.

“Grabé a mujeres sin su consentimiento y lo compartí en un grupo de chat, y mientras lo hacía no sentí un gran sentimiento de culpa“, afirmó en la declaración publicada el martes.

Jung se disculpó con los fans a los que había “escandalizado” y con las mujeres cuya privacidad vulneró.

“El resto de mi vida, me arrepentiré de mis actos inmorales e ilegales que constituyen crímenes”, dijo.

“Cooperaré fielmente con una investigación policial que comenzará el jueves y aceptaré de inmediato cualquier castigo que esté reservado para mí”.

Esta no es la primera vez que Jung ha sido es señalado por grabar sin consentimiento encuentros sexuales. Una exnovia lo acusó de eso mismo en 2016, pero con el tiempo retiró la acusación.

El cantautor, mejor conocido por su rol en un programa de variedades, defendió entonces que ella había accedido a grabarse.

Corea del Sur libra en los últimos años una batalla contra las “cámaras ocultas pornográficas” que a veces son puestas en baños o vestidores y cuyas imágenes son luego subidas a internet. Solo en 2017, se registraron más de 6.000 casos

Bigbang

The Chosunilbo JNS/Multi-Bits via Getty Images
BigBang es una de las bandas de K-pop más exitosas.

La policía descubrió el caso de Jung mientras investigaba el de Seungri.

Cómo reaccionó Corea del Sur

Seungri, que llegó a ser descrito como el “Gran Gatsby de Corea” por su estilo de vida fastuoso, tiene una cantidad de fans enorme. Pero, aún así, algunos le habían pedido que dejara BigBang a medida que el escándalo crecía.

La semana pasada surgió una petición en este sentido que decía que estaba ocasionando un “daño irreparable a la reputación del grupo“.

El cantante en su declaración en Instagram dijo: “He enfrentado duras críticas del público el último mes y medio y estoy siendo indagado por todas las autoridades investigadores del país”.

“Como he sido etiquetado de ‘traidor nacional’, no puedo soportar el hecho de que estoy haciendo daño a otros por mi propio bienestar”.

Entre las respuestas que recibió, un antiguo seguidor escribió: “Estoy tan avergonzado de mí mismo por ser tu fan desde hace 10 años”. Otros, en cambio, pedían al público que apoyaran a Seungri y a la banda.

El cantante comenzará sus dos años de servicio militar el próximo 25 de marzo.


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Cuartoscuro Archivo

Un año después de la masacre en Valles de Anáhuac, Nuevo Laredo, solo hay 2 policías detenidos

“Pido a las autoridades que se haga justicia. Ellos no debían morir así", dice Natividad Chávez Enríquez, madre de Enrique, una de las víctimas de la masacre.
Cuartoscuro Archivo
8 de septiembre, 2020
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Dos policías detenidos, tres en libertad tras prestarse a colaborar con las autoridades y otros dos en busca y captura. Así se encuentra la investigación un año después de la masacre de la colonia Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El 5 de septiembre se cumplió un año de la muerte de ocho personas, que las autoridades estatales presentaron como un enfrentamiento contra integrantes del crimen organizado pero que familias de las víctimas y la ONG que les acompaña califican de “montaje”. Los allegados de los fallecidos los recuerdan exigiendo que la justicia investigue a todos los responsables.

El 5 de septiembre de 2019 las autoridades de Tamaulipas anunciaron que elementos de la policía estatal y de la Sedena habían abatido a ocho miembros de un grupo armado tras un enfrentamiento. Posteriormente, sus familias y el Comité por los Derechos Humanos (CDH) de Nuevo Laredo presentaron videos, fotos y testimonios con los que sostenían que las víctimas fueron llevadas al lugar a la fuerza, torturadas y luego vestidas con uniforme militar para presentarlas como sicarios. Allí mismo fueron ejecutados, según estos testimonios.

Entérate: Ocho masacres y aumento de la violencia en 19 estados durante primer año del gobierno de AMLO

“El 5 de septiembre en este lugar la autoridad anunció que en un enfrentamiento habían abatido a ocho integrantes de una célula criminal. Esta información la dio a conocer el gobierno de Tamaulipas. Nos decían hace un año que esos integrantes del crimen organizado se habían enfrentado con la policía estatal y con el ejército. Y entonces muchas familias que empezaron a ver la noticia a través de las redes sociales pusieron en duda esa versión”, dijo Raymundo Ramos, presidente de la Comisión por los Derechos Humanos de Nuevo Laredo, la ONG que acompaña a las familias de las víctimas.

Recordó Ramos que, tras las primeras dudas, se recabaron informaciones que revelaron que “aquí no hubo persecución ni enfrentamiento, aquí hubo una masacre”.

Los nombres de la víctimas eran Wilbert, de 20 años; Jennifer, de 21; Severiano, de 34, Juana Yetzel, de 20; Enrique, de 20; Cindy Esmeralda, de 39; Luis Fernando, de 19 y José Daniel, de 19.

Según videos, fotos y testimonios que dieron a conocer pocos días después de la muerte de estas ocho personas, policías estatales armaron un operativo de seguridad. “Traían una camioneta en una grúa. Después, trajeron a ocho. Ahí adentro los comenzaron a torturar. Los vistieron con uniforme militar y uno a uno los fueron privando de la vida. Los mataron a sangre fría sin dar oportunidad de defenderse”, dijo Ramos.

“Luego nos enteramos que hubo sobrevivientes. Testigos. Estas personas no vivían aquí sino que fueron extraídos de sus casas”, denunció.

“Este montaje sigue impune. Un año después hay dos policías detenidos en una prisión que más parece un hotel y que les permite todo tipo de facilidades. Hay tres policías que se hicieron testigos colaboradores y esos están en libertad. Y hay otros dos que aparentemente están huyendo por los que se pide recompensa”, explicó.

En total, según el activista, hay siete personas acusadas. “Pero aquí participaron más de cien personas. Este es un juicio simulado, una investigación simulada, tanto por el fiscal especial como por el juez como por policías estatales o elementos del ejército”, dijo, tras realizar un llamado al gobierno de Tamaulipas y al ejecutivo federal “para que se haga justicia”.

“Un año después las víctimas no descansan en paz. No tienen paz porque no hay justicia. Familiares están lastimados por la forma en que murieron, porque se burlan los policías, porque no encuentran justicia”, dijo, tras lamentar que “no hay voluntad para esclarecer los hechos”.

Y lanzó una advertencia: “si pretenden que se olvide, no va a ocurrir”.

“Pido a las autoridades que se haga justicia. Ellos no debían morir así. ¿Quiénes son ellos para acabar con la vida? Si andaban mal su trabajo era agarrarlos y exponerlos a la autoridad, no matarlos”, dijo Natividad Chávez Enríquez, madre de Enrique, una de las víctimas de la masacre.

El sacerdote Carlos Raúl Ramírez Moreno, tío de Jennifer, otra de las fallecidas, pidió un “cese al fuego” al ejército mexicano y a los carteles “para que las víctimas puedan salir a buscar a los desaparecidos”. “Todos son víctimas de una guerra que privilegia a gobernadores”, afirmó.

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