Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) hicieron uso arbitrario de la fuerza contra una familia cuando dispararon desde un helicóptero en marzo de 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, determinó una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Por este caso, la CNDH emitió la Recomendación 4/2019, en la que señaló que se acreditó que, además de la muerte de dos niñas y su madre, el ataque causó daños a la integridad de otras tres personas, a las que los marinos omitieron brindar auxilio.
Esto, aunque todos ellos “no representaban riesgo o peligro para el personal naval que empleó una ametralladora que tiene la capacidad de disparar tres mil proyectiles por minuto”, indicó la Comisión.
La familia que murió en el ataque fue alcanzada por los proyectiles la madrugada del 25 de marzo de 2018, cuando se dirigía a su domicilio. El automóvil en el que viajaban recibió disparos desde un helicóptero de la Marina que se encontraba en un enfrentamiento con presuntos criminales.
De acuerdo con la CNDH, la aeronave despegó de Reynosa con destino a Nuevo Laredo para brindar apoyo disuasivo y sobrevolar áreas críticas en las que el personal naval fue atacado cuando realizaba patrullajes, lo que dejó como saldo la muerte de un capitán y personal de la Marina resultó lesionado de gravedad.
Sin embargo, indicó la Comisión, “el helicóptero llegó al lugar cuando los agresores a bordo de vehículos se estaban dispersando, momento en que ya había cesado el intercambio de fuego y estaba bajo control de las autoridades”.
Las víctimas dijeron a la CNDH que, luego del ataque, el personal de la Marina observó el vehículo en el que se encontraban las personas lesionadas y se retiró del lugar sin brindarles auxilio.
Acerca del argumento de la Marina de que su personal había sido atacado con disparos de arma de fuego y respondieron la agresión, la CNDH “constató que la aeronave no presentaba daño alguno, por lo que el uso de la fuerza letal no cumplió con las características de legalidad, estricta necesidad y proporcionalidad”.
Este acto “contravino lo establecido en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, el Manual del uso de la fuerza de aplicación común a las tres fuerzas armadas y las diversas Directivas sobre la observancia de los derechos humanos y que regulan el uso de la fuerza por parte del personal naval”, determinó el organismo.
Además, los marinos violentaron diversos artículos de la Constitución Federal, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, indicó.
La CNDH también acreditó que los disparos de los marinos “no tuvieron como propósito disuadir, sino se tradujeron en uso arbitrario de la fuerza letal”, y que la unidad de la Marina “no contaba con equipo para realizar videograbaciones nocturnas para documentar la actuación de sus elementos, lo que contraviene diversas disposiciones legales sobre el particular”.
El organismo expresó que “no se opone a que las autoridades realicen tareas de prevención, investigación y persecución de delitos, sino a que por ello se vulneren los derechos humanos”.
En la Recomendación, la CNDH pide a la Marina que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, repare integralmente el daño a los sobrevivientes y que colabore en los procedimientos administrativos y denuncia que se inicien ante el Órgano Interno de Control de la SEMAR y la Fiscalía General de la República.
También le recomendó tomar medidas necesarias para el empleo de cámaras que permitan documentar los hechos en el que participe su personal, así como capacitarlo respecto de los principios del uso de la fuerza y derechos humanos.
Marina reparará el daño a víctimas
Por su parte, la SEMAR informó que acepta la recomendación de la CNDH y que tomará “las medidas necesarias para reparar a las víctimas y evitar que se repitan hechos similares que pongan el riesgo el derecho a la integridad personal y seguridad jurídica de la población.
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En un comunicado, la Marina detalló que, para atender la recomendación, acudió el Jefe de la Unidad de Promoción y Derechos Humanos de la SEMAR se presentó en el hospital donde se encontraba una víctima y le ofreció una disculpa privada por los hechos ocurridos.
También indicó que se giraron instrucciones para que se le brindara atención médica, psicoterapéutica y psicológica con enfoque diferencial a las víctimas directas e indirectas.
Para los menores sobrevivientes del evento, la Marina abrió tres fideicomisos “cuyo objeto es sufragar gastos de educación hasta en tanto cumplan 23 años de edad, concluyan sus estudios superiores y/o puedan iniciar un negocio u oficio”.
La SEMAR señaló que notificó al Órgano Interno de Control sobre los hechos, y que colabora en las indagatorias que realiza la FGR.
La dependencia indicó que complementa el contenido de las capacitaciones que da a su personal y que el Jefe de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos dará seguimiento a la Recomendación.
