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Cuartoscuro

Marinos dispararon desde helicóptero y luego omitieron auxiliar a familia agredida, confirmó CNDH

La CNDH acreditó que los disparos de los marinos mataron a tres personas y lesionaron a otras 3, quienes “no representaban riesgo o peligro para el personal naval" y luego omitieron brindarles auxilio.
Cuartoscuro
13 de marzo, 2019
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Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) hicieron uso arbitrario de la fuerza contra una familia cuando dispararon desde un helicóptero en marzo de 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, determinó una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Por este caso, la CNDH emitió la Recomendación 4/2019, en la que señaló que se acreditó que, además de la muerte de dos niñas y su madre, el ataque causó daños a la integridad de otras tres personas, a las que los marinos omitieron brindar auxilio.

Esto, aunque todos ellos “no representaban riesgo o peligro para el personal naval que empleó una ametralladora que tiene la capacidad de disparar tres mil proyectiles por minuto”, indicó la Comisión.

Lee: Con Peña aumentó la letalidad en operativos de la Marina: por cada herido hubo 20 muertos

La familia que murió en el ataque fue alcanzada por los proyectiles la madrugada del 25 de marzo de 2018, cuando se dirigía a su domicilio. El automóvil en el que viajaban recibió disparos desde un helicóptero de la Marina que se encontraba en un enfrentamiento con presuntos criminales.

De acuerdo con la CNDH, la aeronave despegó de Reynosa con destino a Nuevo Laredo para brindar apoyo disuasivo y sobrevolar áreas críticas en las que el personal naval fue atacado cuando realizaba patrullajes, lo que dejó como saldo la muerte de un capitán y personal de la Marina resultó lesionado de gravedad.

Sin embargo, indicó la Comisión, “el helicóptero llegó al lugar cuando los agresores a bordo de vehículos se estaban dispersando, momento en que ya había cesado el intercambio de fuego y estaba bajo control de las autoridades”.

Las víctimas dijeron a la CNDH que, luego del ataque, el personal de la Marina observó el vehículo en el que se encontraban las personas lesionadas y se retiró del lugar sin brindarles auxilio.

Acerca del argumento de la Marina de que su personal había sido atacado con disparos de arma de fuego y respondieron la agresión, la CNDH “constató que la aeronave no presentaba daño alguno, por lo que el uso de la fuerza letal no cumplió con las características de legalidad, estricta necesidad y proporcionalidad”.

Este acto “contravino lo establecido en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, el Manual del uso de la fuerza de aplicación común a las tres fuerzas armadas y las diversas Directivas sobre la observancia de los derechos humanos y que regulan el uso de la fuerza por parte del personal naval”, determinó el organismo.

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Además, los marinos violentaron diversos artículos de la Constitución Federal, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, indicó.

La CNDH también acreditó que los disparos de los marinos “no tuvieron como propósito disuadir, sino se tradujeron en uso arbitrario de la fuerza letal”, y que la unidad de la Marina “no contaba con equipo para realizar videograbaciones nocturnas para documentar la actuación de sus elementos, lo que contraviene diversas disposiciones legales sobre el particular”.

El organismo expresó que “no se opone a que las autoridades realicen tareas de prevención, investigación y persecución de delitos, sino a que por ello se vulneren los derechos humanos”.

En la Recomendación, la CNDH pide a la Marina que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, repare integralmente el daño a los sobrevivientes y que colabore en los procedimientos administrativos y denuncia que se inicien ante el Órgano Interno de Control de la SEMAR y la Fiscalía General de la República.

También le recomendó tomar medidas necesarias para el empleo de cámaras que permitan documentar los hechos en el que participe su personal, así como capacitarlo respecto de los principios del uso de la fuerza y derechos humanos.

Marina reparará el daño a víctimas

Por su parte, la SEMAR informó que acepta la recomendación de la CNDH y que tomará “las medidas necesarias para reparar a las víctimas y evitar que se repitan hechos similares que pongan el riesgo el derecho a la integridad personal y seguridad jurídica de la población.

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En un comunicado, la Marina detalló que, para atender la recomendación, acudió el Jefe de la Unidad de Promoción y Derechos Humanos de la SEMAR se presentó en el hospital donde se encontraba una víctima y le ofreció una disculpa privada por los hechos ocurridos.

También indicó que se giraron instrucciones para que se le brindara atención médica, psicoterapéutica y psicológica con enfoque diferencial a las víctimas directas e indirectas.

Para los menores sobrevivientes del evento, la Marina abrió tres fideicomisos “cuyo objeto es sufragar gastos de educación hasta en tanto cumplan 23 años de edad, concluyan sus estudios superiores y/o puedan iniciar un negocio u oficio”.

La SEMAR señaló que notificó al Órgano Interno de Control sobre los hechos, y que colabora en las indagatorias que realiza la FGR.

La dependencia indicó que complementa el contenido de las capacitaciones que da a su personal y que el Jefe de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos dará seguimiento a la Recomendación.

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Guardería ABC: los padres que aún buscan justicia 10 años después de la tragedia que dejó 49 niños muertos

A una década del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, México, la madre del niño Andrés Alonso resume lo que siente con una palabra: "Cansancio". Y es que ninguna persona se encuentra en prisión por lo sucedido.
5 de junio, 2019
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“Cansancio” es la palabra que Patricia Duarte usa para describir lo que siente.

Este miércoles se cumple una década del incendio en la guardería ABC de la ciudad mexicana de Hermosillo, en el que murieron 49 niños y un centenar resultaron heridos, muchos de ellos con graves quemaduras.

“En la cuestión emocional sigue siendo muy cansado, muy pesado. Sigue doliendo mucho y eso no va a cambiar. Es un dolor para toda la vida, solo que aprendes a sobrellevarlo”, expresa a BBC Mundo Duarte, quien perdió en la tragedia a su hijo único, Andrés Alonso.

“Era un niño muy feliz, muy inteligente, muy amado. Lo sigue siendo”, dice sobre su pequeño.

“Nuestra vida era para él, todo era para él. Y de repente te quedas con los brazos vacíos. Eso a nosotros como matrimonios nos llevó a tener muchos problemas emocionales, en la salud emocional y física. Todavía seguimos con secuelas respecto a esto”, añade.

Una muñeca con un cartel que dice "Justicia ABC"

Getty Images
Los padres exigen que se castigue a los responsables y que haya aplicación de la ley “5 de junio”.

Para los padres de las víctimas, la llegada de López Obrador al gobierno ha significado una posibilidad de que puedan obtener la justicia que piden, pero Duarte dice que hasta ahora no ha habido respuestas.

“Están callados, no hay nada que nos digan. Lo que hemos sentido es que le están restando importancia al caso de la guardería ABC”, señala.

BBC Mundo contactó a la Secretaría de Gobernación para buscar un comentario, pero no hubo respuesta este martes.

Duarte enfatiza que el reclamo de justicia sigue siendo “que paguen los responsables”, que haya “garantía de no repetición” de un caso así; la aplicación de la ley “5 de junio” sobre regulación de guarderías y estancias infantiles, y la “reparación integral del daño” a las víctimas.

“Se terminaron los sueños de mi hijo y los sueños de nosotros con él. Es algo que jamás jamás se va a poder reparar. Y eso es lo que debería tener muy claro el gobierno”, dice Duarte.

Sin sentencia definitiva

En los diez años transcurridos la justicia mexicana no ha dictado una sentencia definitiva en contra de los responsables de la tragedia.

Todos los involucrados en procesos judiciales, tanto los responsables del centro como los funcionarios públicos vinculados al caso, se encuentran en libertad.

“En cuestión de justicia, es demasiado tiempo. Son 10 años. Seguimos todavía empujando como padres para que llegue la justicia. Las autoridades todavía siguen siendo indiferentes, omisas, no resuelven”, dice Duarte.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en su lista de pendientes una resolución sobre las sentencias emitidas por jueces y tribunales inferiores.

Ministros de la Suprema Corte

Getty Images
El ministro Jorge Pardo (derecha) tiene a su cargo el dictamen que habrá de considerar la Suprema Corte sobre el caso “ABC”.

Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en abril pasado que su gobierno haría justicia, el mandatario no ha abierto un espacio para recibir a los padres de las víctimas.

“No hemos tenido respuesta a la fecha (a la petición de audiencia). Tampoco hemos recibido noticias de lo que se está haciendo por iniciativa de López Obrador”, dice Duarte.

BBC Mundo contactó a la Presidencia de México para obtener comentarios sobre el caso de la Guardería ABC, pero no obtuvo respuesta.

¿Cómo se inició el incendio?

El 5 de junio de 2009 en la guardería ABC de Hermosillo, la capital de Sonora (norte de México), había decenas de menores de entre 5 meses y 5 años de edad.

El centro infantil privado, financiado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del gobierno federal, tenía una matrícula de 176 menores que estaban a cargo de una plantilla de 41 empleados.

El edificio estaba habilitado en una de varias naves industriales ubicadas en el sur de la ciudad.

A un costado de la guardería, literalmente pared contra pared, había una bodega de archivos de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Sonora.

Eran poco antes de las 3 de la tarde cuando se desató un incendio en esa bodega, el cual se alimentó de las toneladas de papel almacenado, así como de materiales inflamables y tóxicos (como un aislamiento de espuma de poliuretano), según una investigación de la Suprema Corte llevada a cabo en 2009.

La guardería y la bodega estaban conectadas en el techo, lo que llevó rápidamente el fuego y el humo tóxico hacia las distintas áreas en donde estaban los niños.

“El incendio progresó en condiciones de combustión súbita generalizada (flashover), con lo cual se vinieron abajo tanto las losetas del cielo raso de las salas, como el toldo plástico que había comenzado a arder —lo que fue descrito por los testigos como una lluvia de fuego—, de manera que en poco tiempo las instalaciones se llenaron de calor y de humo denso y tóxico”, describe el informe de la SCJN.

La hora de la siesta

Cuando se inició el incendio, los niños se encontraban en la hora de la siesta.

Una parte del personal de cuidados había concluido su horario a las 2:45 de la tarde, mientras que otros estaban en su hora de comida.

Las investigaciones determinaron que en el momento en el que se inició la emergencia solo había 14 empleados a cargo del cuidado de los niños.

Hubo un llamado de alerta para que los empleados que estaban en su descanso ayudaran en la evacuación, pero había entre 8 y 10 niños para auxiliar por cada adulto, según la SCJN.

“Las maestras jamás habían realizado un simulacro a la hora en que los niños dormían, de manera que no estaban capacitadas para enfrentar una situación de la magnitud que se vivía”, dice la investigación.

Los bomberos llegaron 9 minutos después de la primera llamada.

Los vecinos y personas en que se encontraban en los alrededores del centro empezaron a abrir boquetes en las paredes -incluso con vehículos- ya que no había salidas de emergencia suficientes, y las que había estaban inhabilitadas.

Una protesta por el caso de la guardería ABC

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En total 25 niñas y 24 niños murieron, pero 104 más tuvieron algún tipo de herida, incluidas quemaduras.

La investigación indica que la evacuación de los niños se prolongó a lo largo de 30 minutos.

El “caos” marcó las labores de rescate y las autoridades se vieron “rebasadas” por la emergencia.

Responsables

Las investigaciones se centró en deslindar responsabilidades sobre el origen del fuego -si fue accidental o provocado-, las condiciones de la guardería, los permisos otorgados, el financiamiento y la supervisión.

A lo largo de estos 10 años, los dueños de la guardería y varios funcionarios públicos fueron procesados. Un total de 22 personas fueron llevadas ante los tribunales y 19 recibieron condenas de prisión.

Ningún funcionario de alto nivel fue responsabilizado por lo sucedido.

Margarita Zavala y Felipe Calderón

Getty Images
Una de las copropietarias de la guardería “ABC” era pariente de Margarita Zavala, la entonces esposa del presidente Felipe Calderón (2006-2012).

Las 19 personas, la mayoría encargadas del cuidado de los niños, fueron sentenciadas a diversas penas de cárcel, todas menores a 30 años.

Varios de ellos fueron procesados por “homicidio culposo” que, al no tratarse de un cargo por una acción intencional sino de omisión, ha sido combatido en tribunales con apelaciones.

A 10 años de la incendio no hay ninguna persona en la cárcel de las que fueron procesadas.

El mes pasado, los padres fueron notificados por la Fiscalía General de la República que se daría por concluida la investigación sobre si el incendio fue intencional por falta de pruebas.

Este martes, el Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que presentó una denuncia contra el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours, por las omisiones en el sistema de Protección Civil a su cargo.

Una década después de la tragedia, Patricia Duarte y muchos otros padres de los menores fallecidos creen que no se ha hecho justicia.


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