Matrícula de 50 estancias infantiles en CDMX y Edomex bajó 21% en febrero, tras desaparición de subsidio
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Matrícula de 50 estancias infantiles en CDMX y Edomex bajó 21% en febrero, tras desaparición de subsidio

El descenso en el número de niños que acuden a estas estancias ocurrió después de que los centros de cuidado aumentaron la cuota de recuperación para seguir operando, tras la desaparición del subsidio otorgado por el gobierno, indicó Save The Children.
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11 de marzo, 2019
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Un censo que levantó Save The Children durante febrero mostró que en 50 centros de cuidado que formaban parte del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras de Sedesol, ahora Secretaría del Bienestar, se registró una baja de 21% en la matrícula.

El descenso en el número de niños que acuden a estas estancias ocurrió después de que el 23% de los centros de cuidado aumentó la cuota de recuperación para seguir operando, tras la desaparición del subsidio otorgado por el gobierno.

Leer: Es oficial, quitan subsidio a estancias infantiles, el apoyo se entregará directo a la madre, padre o tutor

Las responsables de las estancias censadas reportaron que la mayoría de los niños y niñas que han dejado de asistir permanecen solos en casa, al cuidado de familiares o vecinos, o en el trabajo de madres y padres, de los que la mayoría se dedica al comercio informal.

Save The Children trabaja con una red de más de 170 Centros de Desarrollo Infantil Temprano en la Ciudad de México y el Estado de México, de los que 50 recibían subsidio del programa de estancias de Sedesol. Con la información proporcionada por las responsables de las estancias es que se realizó el censo. 

Las alcaldías y municipios que abarca la muestra son Azcapotzalco (con 1), Chimalhuacán (2), Coyoacán (2), Ecatepec (5), Gustavo A. Madero (5), Iztapalapa (3), Milpa Alta (3), Naucalpan (5), Nezahualcóyotl (11), Tláhuac (5), Tlalpan (5), Venustiano Carranza (1) y Xochimilco (2).

“No estamos diciendo que estas 50 estancias sean una muestra representativa, considerando que el total son más de 9 mil. Lo que hicimos fue solo registrar y sistematizar los datos de aquellas con las que trabajamos para tratar de entender lo que está pasando como consecuencia de los cambios en el programa”, explicó  Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política de Save The Children.

Leer: Encargadas de estancias infantiles de CDMX piden que se informe cuáles son las que tienen irregularidades

Hasta febrero, que fue cuando se levantó el censo, no se había registrado el cierre de ninguna de estas 50 estancias, aunque ahora la organización informa que una ya ha dejado de operar y otra está próxima a hacerlo.

Ramírez afirmó que en febrero muchas de las responsables de las estancias reportaron que habían realizado diversas acciones para seguir operando aun sin el subsidio, pero que para marzo la mayoría ya no podrá hacerlo.

“Con el panorama de no subsidio, la mayoría tendría que cerrar durante este mes, porque los padres no pueden cubrir las cuotas. Lo que habría que valorar una vez que se entregue el recurso a las familias es cuántos deciden mantener a sus hijos en las estancias”, afirmó.

Hasta el momento, y pese a lo reducido de la muestra, los datos de Save The Children son los únicos con los que se cuentan sobre el impacto que tiene la retención del subsidio para las estancias y el reemplazo del programa por el de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y los Niños Hijos de Madres Trabajadoras, del que se emitieron las reglas de operación el 28 de febrero.

Leer: Sobornos, capacitación deficiente, e inseguridad, los fallos encontrados por el DIF en estancias infantiles

La Secretaría de Bienestar confirmó a Animal Político que no tiene datos respecto a cuántos niños han dejado de asistir a las estancias ni cuántos de estos centros han dejado de operar.

Por su parte Lía Limón, integrante del Frente por la Niñez, admitió en entrevista que la cifra de 45% de estancias ya cerradas que se difundió en medios, y que se atribuyó a esta organización, en realidad es la suma de dos porcentajes distintos: 25% de estancias cerradas y otro 20% que registra una reducción en la matrícula. Sin embargo, Limón también dijo a Animal Político que no podía precisar el número de estados ni el periodo en los que se levantó esta información.

Preocupan amenazas

Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política de Save The Children, reportó que hay municipios del país donde las responsables de estancias infantiles han recibido amenazas para que no sigan movilizándose. “Tenemos el caso de una persona a la que amenazaron los padres de familia, porque ellos lo que quieren es recibir directo el dinero”.

En el resto de los casos, la amenaza ha sido por teléfono y no se ha identificado de quién proviene. Ramírez prefirió no hacer público el nombre de los municipios donde se han registrado estos casos, para no poner en peligro a las responsables de los centros de cuidado, pero refirió que “es algo que preocupa porque puede haber aquí diversos actores involucrados, haciéndose pasar por madres y padres”.

Leer: Gobierno dice que estancias infantiles seguirán operando, pero con reducción de gastos

Debido a estas amenazas, responsables de estancias de diversas entidades suscribieron un escrito para solicitar medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con el acompañamiento de Save The Children, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

La CNDH solicitó a la Secretaría de Gobernación la implementación de seis medidas cautelares para impedir la violación a los derechos humanos de niñas y niños, con motivo del recorte presupuestal de casi 50% al “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Padres Solos”, y la emisión del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del “Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y los Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal 2019” (Programa de Apoyo 2019).

Entre estas medidas se encuentra la de gestionar, ante las autoridades que correspondan, la implementación de las medidas que resulten necesarias para garantizar y salvaguardar la integridad y seguridad de las personas responsables y trabajadoras de estancias infantiles, que han sido amenazadas, agredidas y hostigadas.

En el documento, la Comisión Nacional subraya que ha expresado públicamente su preocupación por el impacto de las medidas anunciadas para el nuevo programa sobre los derechos de niñas y niños, sus familias, así como responsables y trabajadoras de estancias infantiles.

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La carrera contrarreloj de Alemania por llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis

La justicia alemana intenta ajustar cuentas con los últimos responsables vivos del Holocausto, todos ellos mayores de 90 años de edad.
Por BBC
14 de febrero, 2021
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Tienen más de 90 años de edad y el dudoso honor de ser considerados como los últimos criminales nazis en enfrentar la justicia.

No formaron parte del alto mando militar de Adolf Hitler, ni comandaron algún escuadrón de las SS. Eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich y ahora, más de 75 años después del final de la II Guerra Mundial, finalmente están enfrentando a la justicia.

El martes pasado, fiscales en Alemania acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que fallecieron mientras él trabajaba como guardia de la SS en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín.

La semana anterior, una mujer de 94 años de edad que trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof (Polonia) fue imputada como cómplice en 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato por su trabajo en apoyo a las atrocidades que se cometieron allí.

Aunque ahora es nonagenaria, dado que era menor de 21 años cuando ocurrieron esos hechos, es probable que esta mujer termine siendo juzgada ante una corte juvenil.

Entrada del campo de exterminio de Auschwitz.

Getty Images
Las investigaciones recientes han logrado imputar a varios exfuncionarios del campo de exterminio de Auschwitz.

Sus casos forman parte de un pequeño grupo de empleados de bajo nivel del régimen nazi que en los últimos años han estado siendo investigados por las autoridades alemanas en un último esfuerzo por ajustar las cuentas pendientes con el pasado nazi: una carrera contrarreloj pues cada vez quedan menos sobrevivientes de aquella época.

Persiguiendo los crímenes del Tercer Reich

Pero, ¿por qué se está investigando ahora a exfuncionarios que ni siquiera tenían puestos de mando durante el Holocausto?

Las indagaciones sobre las atrocidades cometidas por el Tercer Reich comenzaron formalmente en 1943, cuando se creó una comisión internacional para investigar los delitos cometidos por las potencias del Eje. Su trabajo llegó a la imputación de 36.000 funcionarios alemanes y japoneses, de los cuales al menos 10.000 fueron condenados en juicios realizados hasta 1948.

Imagen de los juicios de Nuremberg.

Getty Images
Muchos de los principales líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg.

Al mismo tiempo, entre 1945 y 1949, los tribunales en la zona de Alemania occidental dictaron unas 4.600 condenas por crímenes del nazismo.

Sin embargo, tras el establecimiento de la República Federal Alemana (RFA) en 1949, decayó el interés de seguir persiguiendo los crímenes nazis y, de hecho, se dictaron numerosas amnistías e incluso se aprobó una legislación que permitió que antiguos soldados nazis accedieran a cobrar pensiones.

“Durante la década de 1950, en Alemania occidental no había mucho deseo de perseguir los crímenes nazis, lo que resultó en un verdadero escándalo en el resto del mundo. Alemania oriental, en particular, impulsó una campaña de propaganda que destacaba cómo había antiguos líderes nazis en posiciones destacadas tanto en el sector privado como en el sector público. Eso fue verdaderamente embarazoso para el gobierno de la RFA”, explica Devin Pendas, profesor del Boston College especializado en la historia de los juicios contra los nazis tras la II Guerra Mundial.

La respuesta de la RFA fue la creación en 1958 de la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo, que es la instancia que hasta ahora se sigue encargando de indagar sobre estos temas.

Ficha de Adolf Hitler en la la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo.

Getty Images
La Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo tiene un archivo con más de 1,7 millones de fichas de personas y eventos relacionados con los crímenes del Tercer Reich.

Algunos expertos han señalado que esta agencia gubernamental hizo un muy buen trabajo durante las décadas siguientes, mientras otros destacan que había mucha resistencia de parte de las autoridades judiciales alemanas ante estas investigaciones, Pendas cree que estos dos hechos coexistieron.

“Claramente, muchos jueces y fiscales estaban renuentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970 de procesar con fuerza los crímenes nazi, en parte, porque muchos de ellos habían estado trabajando en el Poder Judicial durante el Tercer Reich pero también porque no querían lavar ante el mundo los paños sucios de su país”, dice Pendas a BBC Mundo.

“Pero también es cierto que la Oficina Central y muchos fiscales y jueces individuales se tomaron esto muy en serio, sacando a la luz mucha evidencia y prestando un gran servicio al llevar ante las justicia muchas de estas atrocidades”, agrega.

El trabajo de la Oficina Central se vio limitado además por varias cuestiones legales como el hecho de que las leyes alemanas no contenían disposiciones específicas para procesar crímenes de guerra y por las normas vigentes entonces sobre prescripción de los delitos, que dificultaban que muchos de los casos pudieran ser llevados a juicio después de 1960.

Una fila de mujeres prisioneras en el campo de concentración nazi de Auschwitz.

Getty Images
Se estima que más de un millón de personas, la mayoría judíos europeos, murieron en el campo de Auschwitz.

Esta dependencia gubernamental sufrió además un fuerte revés cuando, en 1969, la Corte Suprema revocó la condena de un antiguo miembro de las SS que trabajó como dentista en el campo de Auschwitz (Polonia) con el argumento de que trabajar en un campo de exterminio no era un crimen en sí mismo.

Como resultado de ese dictamen, la Oficina Central debió abandonar una investigación sobre la Oficina Central de Seguridad del Reich, una dependencia del ministerio de Interior controlada por las SS que era la principal responsable para ejecutar la política de asesinatos masivos de Hitler.

A estas limitaciones hay que sumar el hecho de que la Oficina Central es una entidad pequeña, dotada de poco personal y solamente tiene la potestad para investigar los casos, pues una vez que encuentra evidencias de posibles hechos punibles debe pasar los expedientes a los fiscales que son los responsables finales de llevar a juicio a los presuntos criminales.

El impulso del 11 de septiembre

Todas estas restricciones redujeron la capacidad de acción de la Oficina Central durante muchos años.

Pero las cosas cambiaron a partir de 2007, cuando un tribunal alemán condenó a 15 años de cárcel al marroquí Mounir el Motassadeq por haberle transferido dinero a Marwan al Shehhi, el presunto responsable de estrellar el vuelo 175 de United Airlines en contra de la torre sur del World Trade Center en Nueva York, según la Comisión que investigó los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mounir el Motassadeq

Getty Images
Mounir el Motassadeq fue condenado a prisi[on por haber enviado dinero a uno de los atacantes del 11-S.

Este precedente impulsó al entonces fiscal de la Oficina Central Thomas Walther a buscar el enjuiciamiento de guardias y otros funcionarios de los campos de concentración, aunque no hubieran participado directamente de estos crímenes.

Siguiendo esta argumentación se logró que en 2011 un tribunal alemán condenara a John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibor (Polonia), por colaborar con el asesinato de las 28.000 personas que fueron muertas allí.

“Se volvió más fácil conseguir una condena. Hasta entonces tenías que demostrar que alguien había estado involucrado directamente en una muerte. En este caso, la Fiscalía argumentó que -y el tribunal estuvo de acuerdo- que dado que estos campos eran centros de exterminio, cualquiera que hubiera pertenecido al personal nazi que estaba allí contribuyó con esas muertes. Ya no tenías que demostrar que un guardia mató a alguien en ese campo, basta con demostrar que había sido un guardia que trabajó allí”, explica Pendas.

Justicia e historia

La condena de Demjanjuk le dio un nuevo impulso al trabajo de la Oficina Central, que durante la última década ha remitido a los fiscales más de 200 casos para su imputación.

Thomas Walther

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El abogado Thomas Walther impulsó el enjuiciamiento de exfuncionarios de bajo nivel que trabajaron en los campos de concentración nazis.

No se trata de una cifra menor cuando se considera que esta agencia gubernamental solamente cuenta con un puñado de investigadores, que para armar los casos tienen que buscar información en distintas partes del mundo y que, por su avanzada edad, muchas veces los presuntos criminales mueren antes de que el expediente esté concluido.

Sin embargo, hasta ahora, solamente se han producido un puñado de condenas, incluyendo la de Oskar Groening, un exmiembro de las SS conocido como el “contador de Auschwitz”, pues trabajó en las oficinas de este campo de exterminio y, entre otras cosas, se encargaba de contar el dinero robado a las víctimas.

En 2015, Groening, quien entonces tenía 94 años de edad, fue sentenciado en 2015 a cuatro años en prisión por haber facilitado el asesinato de 300.000 prisioneros. Sin embargo, falleció en 2018 sin haber ingresado en prisión a la espera del resultado de sus apelaciones.

Oskar Groening

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Oskar Groening, el llamado “contador de Auschwitz” falleció sin pagar su condena.

Reinhold Hanning fue condenado en 2016 -a los 95 años de edad- por cooperar con la muerte de 170.000 personas en Auschwitz, donde trabajó como guardia de las SS. Aunque durante el juicio dijo estar avergonzado por haber presenciado las muertes sin hacer nada para evitarlas, negó ser culpable de las mismas y apeló la sentencia. Murió al año siguiente sin haber ido a la cárcel.

En 2020, una corte de Hamburgo sentenció a Bruno Dey, un exguardia del campo de concentración de Stutthof, por haber colaborado con el asesinato de las 5.230 personas fallecidas en ese centro mientras él trabajó allí.

Sin embargo, como él era adolescente cuando ocurrieron los hechos fue procesado por un tribunal juvenil y fue recibió una sentencia suspendida de dos años de cárcel.

Bruno Dey.

Getty Images
Bruno Dey intentó ocultar su rostro usando carpetas en las audiencias del juicio en el que fue condenado por colaborar en el asesinato de 5.230 personas.

Aunque han tenido mucha visibilidad, el hecho de que se trate de juicios contra exfuncionarios de bajo rango que ahora están tan mayores y que, hasta ahora, no han cumplido sus sentencias de forma efectiva ha llevado a algunos críticos a cuestionar si tiene sentido seguir con estos procesos.

“Creo que no hay ninguna razón para que una persona tenga inmunidad ante la justicia criminal debido a que era un funcionario de bajo rango”, dice Todd Buchwald, exembajador y coordinador especial de Justicia Criminal Global de Estados Unidos, a BBC Mundo.

Indica que estos juicios tienen muchos objetivos incluyendo llevar a la justicia a algunos de los responsables de las terribles atrocidades que se cometieron, crear un registro histórico de lo que ocurrió y fortalecer el mensaje disuasorio para todos aquellos funcionarios de bajo nivel que en el futuro se encuentren en una situación en la que se vean tentados a pensar que por su bajo rango no pagarán por estos crímenes.

“No está bien ayudar a perpetuar semejantes atrocidades, así que conviene reforzar el mensaje disuasorio de cara al futuro”, señala Buchwald.

“Los crímenes que se cometieron en Alemania fueron tan devastadores que entiendo bien el esfuerzo por intentar llevar ante la justicia a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido”, concluye.

 

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