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Cuartoscuro
México rechaza recomendación del Vaticano sobre el derecho a la vida durante revisión ante la ONU
El gobierno de México se compromete a atender 262 recomendaciones hechas en el EPU sobre derechos humanos, pero argumenta que la petición del Vaticano sobre defender la vida desde la concepción "es inconsistente con el marco constitucional y la legislación penal mexicana".
Cuartoscuro
14 de marzo, 2019
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Durante sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno de México aceptó 262 de las 264 recomendaciones hechas por los gobiernos de todo el mundo en el Examen Periódico Universal (EPU) sobre el respeto a los Derechos Humanos. Entre las dos recomendaciones rechazadas está la emitida por el Vaticano relacionada con respetar y defender la vida desde la concepción.

La recomendación hecha por la Santa Sede en noviembre pasado como parte del EPU, exhorta al Estado mexicano a: “Respetar y defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural introduciendo enmiendas a las constituciones de los estados para garantizar una protección similar en los ámbitos federal y local”.

Leer: EPU 2018, México reconoce ante el mundo su deuda en Derechos Humanos; naciones señalan retos y deficiencias

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador argumenta que no puede aceptar esta recomendación ya que “es inconsistente con el marco constitucional y la legislación penal mexicana, tanto a nivel federal como estatal, que regulan la terminación del embarazo, sin responsabilidad penal, en diversos supuestos, notablemente casos de violación”.

Además de esto, se explica que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “ha resuelto que negar el acceso a la interrupción del embarazo a una mujer víctima de violación sexual, constituye una violación a sus derechos humanos y que la interrupción legal del embarazo derivado de una violación sexual, debe ser atendida por las instituciones de salud como caso urgente”.

La otra recomendación rechazada es la número 5, realizada por el Estado de Liechtenstein, en la cual se pide ratificar las enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma. El Grupo de Trabajo sobre el EPU argumenta que cumplir esta petición no será posible pues el gobierno de México “aún no ha concluido sus consultas sobre el tema y requiere de mayor tiempo para tomar una decisión”.

Leer: EPU2018. Proteger a defensores y periodistas, la principal preocupación del mundo sobre México

Las enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma proponen la tipificación de la agresión y el uso de la fuerza por parte del Estado como crimen. La ratificación de estas enmiendas ayudaría a disuadir el uso ilegal de la fuerza por parte de los líderes, ya que antes de hacerlo tendrían que considerar la competencia de la Corte Penal Internacional en sus decisiones.

“Pleno e irrestricto respeto a los derechos humanos”

Este jueves, en sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Cristopher Ballinas, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de la SRE, argumentó que el gobierno mexicano  “está consciente de los desafíos que prevalecen en el país y está resuelto a tomar las medidas necesarias para garantizar el Estado de Derecho”.

Sobre las 262 recomendaciones restantes, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se compromete a darles “atención puntual” con el apoyo de los tres poderes de gobierno, de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), y de académicos.

Para ello, argumentan, se promoverán los cambios estructurales y legales pertinentes, y se adoptarán las políticas públicas necesarias “para propiciar condiciones de pleno e irrestricto respeto a los derechos humanos”.

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Las recomendaciones más recurrentes hechas durante el Examen Periódico Universal al Estado mexicano fueron: reforzar el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos; terminar con la impunidad de las personas asesinadas; crear un mecanismo contra la impunidad; atender y resolver los casos de tortura y desaparición forzada; identificar a los responsables de las desapariciones en el caso Ayotzinapa, y tomar medidas para combatir la violencia de género y los feminicidios.

Ante las recomendaciones, se compromete a promover la prevención de la violencia y el fortalecimiento de las instituciones, proteger a los defensores de derechos humanos y periodistas, así eliminar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

“Trabajaremos de manera coordinada para erradicar los flagelos que aquejan a nuestra sociedad tales como la trata y la desaparición de personas. Asimismo, el combate a la corrupción y a la impunidad serán elementos centrales de las políticas públicas y reformas legislativas con miras a garantizar de manera efectiva el desarrollo y bienestar de la población”, se lee en la respuesta del Grupo de Trabajo sobre el EPU. 

Además se anuncia la creación de un Portal electrónico que sistematiza las más de 2800 recomendaciones que han sido formuladas por los mecanismos internacionales de derechos humanos desde 1994.

Dicha plataforma será pública y mostrará la información sobre el seguimiento y atención que el Estado mexicano ha dado a cada una de ellas.

El gobierno mexicano también se compromete a trabajar con las autoridades correspondientes para dar atención específica a los grupos vulnerables entre los que se encuentran los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, los pueblos y comunidades indígenas, las personas afrodescendientes, y las personas LGBTI; además de combatir la pobreza.

Otro tema que se atenderá será el de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio, así como la promoción transversal de la perspectiva de género, así como la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas.

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