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No hay un plan de Estado en materia de derechos humanos, acusan OSC sobre primeros 100 días de AMLO

Las Organizaciones de la Sociedad Civil consideraron preocupante que no los vea como actores sociales y que el presidente plantee una supuesta interacción directa con la sociedad, como las consultas ciudadanas, "que dejan mucho que desear en cuanto a su organización, legalidad y representatividad real".
Cuartoscuro
7 de marzo, 2019
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Organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas a derechos humanos, mujeres y medio ambiente hicieron un recuento de luces y sombras por los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se cumplen este domingo, en donde expresaron su preocupación por la falta de un plan claro para atender estos temas.

“Parece que es un gobierno que no hay un plan de Estado en materia de derechos humanos. Eso no nos escandaliza porque no lo hubo con (Enrique) Peña, no lo hubo con (Felipe) Calderón y no lo hubo con (Vicente) Fox. Pero francamente lo que nos escandaliza es que entonces las decisiones que se tomen serán muy parecidas a las de viejos gobiernos y que no han resuelto problemas de fondo”, señaló Mario Patrón, director del Centro ProDH.

Aun así, reconoció que esta administración tiene interlocutores mucho más capacitados en estos temas y con margen de acción más amplios que en sexenios pasados, además de que al menos en intenciones se ha mostrado disposición a no seguir con la impunidad, al tomar acciones como crear una comisión para investigar el caso Ayotzinapa o la reciente disculpa pública por la desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz.

Alejandra Padilla, de Equis: Justicia para las Mujeres, apuntó como luces del nuevo gobierno la búsqueda de paridad de género en el gabinete y la ratificación del convenio internacional que da derechos sociales a las trabajadoras del hogar.

Sin embargo, consideró más graves las sombras: la eliminación del programa de Estancias Infantiles, que ya provocó que algunas cierren, y el cambio planteado en los refugios para mujeres y menores víctimas de violencia, del que criticó que apenas se presente un “plan emergente” en apenas algunos puntos que se contradicen al hablar de prevenir las agresiones en el espacio público, cuando los refugios son para violencia intrafamiliar.

Agregó como preocupante para los derechos de las mujeres, aunque no lo parezcan, la ampliación de la lista de delitos que implica prisión preventiva y la creación de la Guardia Nacional. Lo primero, porque aunque la población penitenciaria femenina es sólo 5%, es la que más ha crecido en los últimos años. Lo segundo, porque la presencia de militares en las calles para el combate del crimen organizad ha aumentado tanto la muerte de mujeres en espacios públicos como las violaciones a sus derechos.

“La tasa de asesinatos de mujeres se incrementó de 1.9 por cada 100 mil habitantes en 2007 a 4.4 por cada 100 mil en 2016 (…) Y cuando hacen arrestos el Ejército y la Marina, hay un porcentaje mayor de mujeres a las que se les hacen estas sin órdenes de detención, y 41% de las mujeres que son detenidas por Ejército y Marina reportan violencia sexual, a diferencia del 5% de los hombres”, detalló.

Gustavo Alanís, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), criticó que en el Presupuesto de Egresos 2019 la Secretaría con mayor reducción, de 32%, fue la de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la vez que se le aumenta en más de 900% a la de Energía (Sener) que privilegia proyectos de combustibles fósiles, como una refinería en Dos Bocas, Tabasco.

Cuestionó duramente la veracidad con la que se está conduciendo el gobierno en diferentes temas, y puso como ejemplo cuando la organización que preside puso una denuncia porque el proyecto de refinería no tenía manifestación de impacto ambiental ni cambio de uso de suelo, pero Sener salió a los medios a decir que sí los tenía y que en esos terrenos no había selva ni manglar, lo cual terminó por ser desmentido porque la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) ordenó reforestar 80 hectáreas de mangle e impuso una multa de 14 millones de pesos.

Los activistas debatieron estos temas en un foro organizado por la Fundación Heinrich Böll, en el que también se habló de las descalificaciones que ha tenido López Obrador contra las Organizaciones de la Sociedad Civil, a las que ordenó ya no darles ni un solo peso de dinero público.

Lo que consideraron realmente preocupante, más allá de las críticas, es que no los vea como actores sociales y plantee una supuesta interacción directa con la sociedad, como las consultas ciudadanas, que dejan mucho que desear en cuanto a su organización, legalidad y representatividad real.

“Lo que vemos es que este gobierno tiene la perspectiva de que sociedad civil solamente somos intermediarios, o sea, no que somos per se actores en un contexto de democracia, sino que somos intermediarios de la sociedad, o, en nuestro caso, por ejemplo, de las víctimas. Entonces, si ese es el papel que le asigna a sociedad civil, lo está minimizando, reduciendo, y sobre todo, está dejando que los flujos de construcción de política se ciñan al ejercicio de gobierno, a los partidos políticos, o en el mejor de los casos, a movimientos sociales”, consideró Patrón.

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Mi pesadilla terminó, pero aún quedan muchas mujeres inocentes presas: Evelyn Hernández

BBC Mundo habló con Hernández, quien fue condenada a 30 años de cárcel en El Salvador por un parto extrahospistalario en el que su bebé nació muerto. Tras 33 meses en la cárcel y ser absuelta, ahora se plantea cómo recomenzar su vida.
21 de agosto, 2019
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Evelyn Hernández dice que siente que acaba de despertar de un mal sueño: la pesadilla más terrible y larga de su vida.

Duró tres años, cuatro meses y 13 días, se alargó por inviernos y noches y vio cómo en el camino, en el tiempo que pasaba tras las rejas, ella misma y su cuerpo cambiaban y se iba haciendo adulta.

Comenzó una mañana de abril de 2016, poco después de despertar, cuando un chorro de sangre en sus piernas la llevó a un hospital y, después, a la cárcel.

Tenía entonces 18 años y dice que esa mañana tuvo unos dolores en el vientre que casi la dejan inconsciente.

Sin saber que estaba embarazada, según su testimonio, dio a luz a un feto muerto que la policía encontró horas más tarde en una fosa séptica en el caserío donde vivía, en el Cantón El Carmen, en El Salvador.

Después de que los médicos constataran el parto fue acusada de “homicidio agravado”, en un país donde abortar o dar a luz un bebé muerto fuera de un hospital es considerado un crimen y las mujeres se enfrentan a penas de cárcel de decenas de años.

Evelyn Hernández

Familia de Evelyn Hernández
Evelyn Hernández tenía 18 años cuando tuvo un parto extrahospitalario.

En 2017 le impusieron una condena de 30 años. Pero tras un largo proceso de sentencias anuladas, repetición del juicio, pruebas, argumentos y apelaciones, fue finalmente absuelta a inicios de esta semana.

En total, Hernández pasó 33 meses en prisión.

“Primero sentí que el juez me iba a condenar, pero ya después dijo que no me podía acusar porque él no tenía la certeza de lo que estaban diciendo en mi contra. Me dio mucha alegría, me dieron ganas de llorar”, recuerda en conversación telefónica con BBC Mundo.

“(Sentí que quedaba atrás) el recuerdo del pasado y de todo lo que decían contra mí, sentí que estaba empezando de nuevo”.

Fue la primera vez en la historia de El Salvador en que una mujer condenada por practicar un aborto regresaba a la corte para que se revisara su sentencia y, finalmente, era absuelta de sus cargos.

Su caso abre ahora las puertas de la esperanza para al menos otras 19 mujeres -todas de bajos recursos o provenientes de zonas muy pobres- que cumplen penas de hasta 35 años en el país por casos similares.


El Salvador tiene una de las leyes antiaborto más estrictas del mundo: la interrupción del embarazo es ilegal en todas las circunstancias.

Las que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos o mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto y en muchos casos, incluido el de Hernández, el cargo cambia a uno de “homicidio agravado”, que conlleva una pena mínima de 30 años.

A varias de las mujeres acusadas de abortar en El Salvador se les ha conmutado las condenas en los últimos años, pero los veredictos no eran anulados y declaradas absueltas, como sucedió ahora.

Evelyn Hernández

BBC
El caso de Evelyn Hernández recibió gran atención mediática dentro y fuera de El Salvador.

Para muchos en el país centroamericano, la llegada al gobierno del presidente Nayib Bukele, quien prometió tratar de reformar las estructuras más anquilosadas de la nación, fue una esperanza de que las cosas también podrían cambiar en esta área.

Pero cualquier modificación sobre el aborto debe pasar antes por el Congreso, que ni siquiera tiene en agenda su discusión.

“Con la absolución de Evelyn esperamos que se siente un precedente para el caso de estas mujeres que son criminalizadas y, muchas veces, estigmatizadas por la sociedad, los administradores de justicia y la Fiscalía”, le dice a BBC Mundo Teresa Delgado, abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho.

“Creemos que la Fiscalía de El Salvador tiene que buscar un ordenamiento de las políticas para establecer el debido proceso sin violentar las garantías constitucionales de estas mujeres. Este fue un paso muy importante, pero queda mucho por hacer”, agrega.


Evelyn Hernández dice que por ahora quiere olvidar, rehacer su vida, e intentar ayudar a otras mujeres que, como ella hasta hace muy poco, solo ven como futuro una prisión.

“Recuerdo ese tiempo con mucho sentimiento y tristeza, porque fue muy duro lo que me pasó. Mal me trataban en la cárcel, me señalaban por el delito que me acusaban”, dice.

En su país, cuenta, las mujeres que han sido juzgadas por un aborto no solo se enfrentan a la Justicia, sino también a la exclusión de una sociedad conservadora donde los valores religiosos forman parte cotidiana de la vida.

“Realmente tenía el temor de que me señalaran cuando me liberaron. Pero siempre dije en mi mente: tengo que poner la cara en alto, porque lo que ellos me señalan no es cierto“.

Hernández cursaba bachillerato cuando conoció al pandillero que asegura fue el responsable de dejarla embarazada en una violación y que la aterrorizó después con sus amenazas.

Ahora tiene 21 años y, después de haber pasado 33 meses en la cárcel y otros seis de libertad condicional, dice que no muy tiene claro qué pasará ahora con su vida.

“Mi plan ahorita es seguir estudiando y terminar mi último año de bachillerato para ir a la universidad. En mis planes antes estaba estudiar enfermería, pero ya no quiero eso. Todavía no sé qué (estudiaré) en la universidad”, afirma.

Su meta por el momento, agrega, es estar con su familia y ayudar a buscar justicia para las otras 19 mujeres que están en una situación similar a la que ella pasó en El Salvador.

“Ojalá que esto sirva para que se vayan dando cuenta de que hay muchas muchachas que todavía están presas por haber pasado por algo parecido a mí”.

“Mi pesadilla terminó, pero aún quedan muchachas inocentes allí. Hay muchas muchachas allá adentro (de la cárcel) que son inocentes”.


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