Organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas a derechos humanos, mujeres y medio ambiente hicieron un recuento de luces y sombras por los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se cumplen este domingo, en donde expresaron su preocupación por la falta de un plan claro para atender estos temas.
“Parece que es un gobierno que no hay un plan de Estado en materia de derechos humanos. Eso no nos escandaliza porque no lo hubo con (Enrique) Peña, no lo hubo con (Felipe) Calderón y no lo hubo con (Vicente) Fox. Pero francamente lo que nos escandaliza es que entonces las decisiones que se tomen serán muy parecidas a las de viejos gobiernos y que no han resuelto problemas de fondo”, señaló Mario Patrón, director del Centro ProDH.
Aun así, reconoció que esta administración tiene interlocutores mucho más capacitados en estos temas y con margen de acción más amplios que en sexenios pasados, además de que al menos en intenciones se ha mostrado disposición a no seguir con la impunidad, al tomar acciones como crear una comisión para investigar el caso Ayotzinapa o la reciente disculpa pública por la desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz.
Alejandra Padilla, de Equis: Justicia para las Mujeres, apuntó como luces del nuevo gobierno la búsqueda de paridad de género en el gabinete y la ratificación del convenio internacional que da derechos sociales a las trabajadoras del hogar.
Sin embargo, consideró más graves las sombras: la eliminación del programa de Estancias Infantiles, que ya provocó que algunas cierren, y el cambio planteado en los refugios para mujeres y menores víctimas de violencia, del que criticó que apenas se presente un “plan emergente” en apenas algunos puntos que se contradicen al hablar de prevenir las agresiones en el espacio público, cuando los refugios son para violencia intrafamiliar.
Agregó como preocupante para los derechos de las mujeres, aunque no lo parezcan, la ampliación de la lista de delitos que implica prisión preventiva y la creación de la Guardia Nacional. Lo primero, porque aunque la población penitenciaria femenina es sólo 5%, es la que más ha crecido en los últimos años. Lo segundo, porque la presencia de militares en las calles para el combate del crimen organizad ha aumentado tanto la muerte de mujeres en espacios públicos como las violaciones a sus derechos.
“La tasa de asesinatos de mujeres se incrementó de 1.9 por cada 100 mil habitantes en 2007 a 4.4 por cada 100 mil en 2016 (…) Y cuando hacen arrestos el Ejército y la Marina, hay un porcentaje mayor de mujeres a las que se les hacen estas sin órdenes de detención, y 41% de las mujeres que son detenidas por Ejército y Marina reportan violencia sexual, a diferencia del 5% de los hombres”, detalló.
Gustavo Alanís, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), criticó que en el Presupuesto de Egresos 2019 la Secretaría con mayor reducción, de 32%, fue la de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la vez que se le aumenta en más de 900% a la de Energía (Sener) que privilegia proyectos de combustibles fósiles, como una refinería en Dos Bocas, Tabasco.
Cuestionó duramente la veracidad con la que se está conduciendo el gobierno en diferentes temas, y puso como ejemplo cuando la organización que preside puso una denuncia porque el proyecto de refinería no tenía manifestación de impacto ambiental ni cambio de uso de suelo, pero Sener salió a los medios a decir que sí los tenía y que en esos terrenos no había selva ni manglar, lo cual terminó por ser desmentido porque la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) ordenó reforestar 80 hectáreas de mangle e impuso una multa de 14 millones de pesos.
Los activistas debatieron estos temas en un foro organizado por la Fundación Heinrich Böll, en el que también se habló de las descalificaciones que ha tenido López Obrador contra las Organizaciones de la Sociedad Civil, a las que ordenó ya no darles ni un solo peso de dinero público.
Lo que consideraron realmente preocupante, más allá de las críticas, es que no los vea como actores sociales y plantee una supuesta interacción directa con la sociedad, como las consultas ciudadanas, que dejan mucho que desear en cuanto a su organización, legalidad y representatividad real.
“Lo que vemos es que este gobierno tiene la perspectiva de que sociedad civil solamente somos intermediarios, o sea, no que somos per se actores en un contexto de democracia, sino que somos intermediarios de la sociedad, o, en nuestro caso, por ejemplo, de las víctimas. Entonces, si ese es el papel que le asigna a sociedad civil, lo está minimizando, reduciendo, y sobre todo, está dejando que los flujos de construcción de política se ciñan al ejercicio de gobierno, a los partidos políticos, o en el mejor de los casos, a movimientos sociales”, consideró Patrón.
