Inmobiliaria filial de Pemex, que construyó la Estela de Luz, compró las pipas pedidas por AMLO sin licitación
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Inmobiliaria filial de Pemex, que construyó la Estela de Luz, compró las pipas pedidas por AMLO sin licitación

La empresa III Servicios S. A. de C. V. no está obligada a realizar contrataciones por licitación pues está sujeta al derecho privado.
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4 de marzo, 2019
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La empresa III Servicios S. A. de C. V., filial no paraestatal de Pemex y dedicada a la construcción inmobiliaria, fue la encargada de comprar de manera directa 500 pipas para distribuir combustible en el país y cuyo sustento jurídico es un memorándum del presidente Andrés Manuel López Obrador en el que instruye a cuatro dependencias de gobierno a realizar la compra “inmediata”.

Al ser una filial, III Servicios, S. A. de C. V.  no está obligada a realizar contrataciones por licitación como el resto de las entidades de la administración pública, pues se rige “bajo régimen especial de la Ley de Petróleos Mexicanos, sujeto al derecho privado”, es decir, por derecho mercantil y no por la Ley de Adquisiciones.

Esto forma parte de la información entregada por la Secretaría de la Función Pública a una solicitud de información realizada por Animal Político vía transparencia, en la que se pidió la documentación que explicara y justificara legalmente la decisión de hacer una asignación directa en lugar de una licitación para la compra de pipas.

En la respuesta, la dependencia entregó el memorándum firmado por el presidente el 18 de enero pasado, un estudio de mercado, verificación de proveedores sancionados y dos informes de” transparencia en el proceso de adquisición de los auto-tanques para el transporte de combustible”.

En este último se informa que “el área contratante es III Servicios, S.A. de C.V., empresa filial no paraestatal de PEMEX, bajo régimen especial de la Ley de Petróleos Mexicanos, sujeto al derecho privado (…) en este sentido, la contratación en comento se rige por disposiciones de derecho privado”.

Esto la excluye incluso de la obligación de realizar adquisiciones y contrataciones “en términos de los dispuesto en el artículo 134 Constitucional”, establecida en la Ley de Petróleos Mexicanos sólo para Pemex y las empresas productivas subsidiarias. En dicho artículo se establece que “los recursos económicos de que dispongan la Federación, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

Dicha empresa fue la responsable de la construcción de la Estela de Luz y junto con Banjército fue denunciada penalmente en 2012 por un posible  millonario daño patrimonial por irregularidades como la subcontratación, sin pasar por ningún proceso de licitación pública, por lo que acabó triangulando 394 millones de pesos entre otras empresas.

Incluso, el exdirector de la empresa, Agustín Castro Benítez, fue inhabilitado por 12 años por la Función Pública debido a las irregularidades.

Aunque la Función Pública informó que “revisó el objeto social del área contratante I.I.I Servicios S.A. de C.V.”, de acuerdo con su página de internet, la empresa no es especialista en hidrocarburos sino que ofrece servicios para la construcción, desarrollo y regularización inmobiliario, administración y mantenimiento, supervisión de obra,  tecnología de la información y consultoría, según se informa en su página de internet.

También se explica que III Servicios al ser una filial directa de Pemex Desarrollo e Inversión Inmobiliaria (PDII) tiene “capacidad técnica especializada de inversión, proyecto y desarrollo en el mercado inmobiliario, orientadas a la generación de valor de los bienes inmuebles propios y de terceros, con el fin de brindar soluciones y atender la demanda asociada al desarrollo de la industria petrolera y otras industrias públicas y privadas”.

Por ello es que entre los proyectos realizados está el muelle la Paz, en Baja California Sur, el Jardín Torre Pemex, la remodelación de las Oficinas Corporativas en la Ciudad de México; la colonia Pajaritos, en Coatzacoalcos Veracruz, y el edificio Pirámide en Villahermosa, Tabasco.

Mientras que los proyectos en curso incluyen 654 hectáreas de terrenos con vocación industrial, 763 viviendas, 30 mil m2 de oficinas y 635 estacionamientos, según informa en su página de internet.

El memorándum del Presidente

El 15 de enero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en conferencia la compra de 500 pipas para el transporte de hidrocarburos como parte del plan de combate al huachicol y para enfrentar la emergencia de desabasto.

Tres días después, el 18 de enero, envió un memorándum a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Irma Eréndira Sandoval, titular de Función Pública; Graciela Márquez, secretaria de Economía y a Raquel Buenrostro, Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, instruyéndolos a elegir a los proveedores en los dos días siguientes.

Les dice que “por tratarse de un asunto de emergencia, de conformidad con las leyes y en uso de mis facultades, les instruyo para proceder de inmediato a la compra de los auto-tanques necesarios, para lo cual se dispone de presupuesto suficiente y de la disponibilidad expedita de recursos”.

El desabasto de combustible ocurrido a inicio de año ocurrió luego de la decisión del Presidente de suspender la transportación de hidrocarburos en algunos ductos como parte de la estrategia contra el huachicol, es decir, del robo de combustible. Esta situación fue calificada por el Presidente como “emergencia” y debía atenderse rápido.

Para los casos de emergencia, la Ley de Adquisiciones prevé la contratación o compra de insumos mediante “asignación directa”, como una excepción a la licitación pública, es decir, el concurso de proveedores para elegir al que ofrezca las mejores condiciones.

En el artículo 41 establece que “derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla”.

Aunque Animal Político solicitó el sustento jurídico de la decisión, la Función Pública entregó el memorándum del Presidente como el documento que dio origen a la decisión y no algún análisis de la emergencia o la viabilidad de resolverla a través de la compra de los carro tanques.

En el memorándum, el presidente expone que el “plan de emergencia denominada DN3-Para el abasto de combustibles es un asunto de seguridad nacional. El Estado Mexicano no puede estar sometido a ningún poder económico o político, particular, ni tampoco tolerar las amenazas o presiones de la delincuencia organizada”.

En el documento, pide a los secretarios de Estado “cerciorarse que existan las unidades y que se garantice la entrega inmediata. En ello ayudará mucho las visitas a las plantas o centros de distribución, así como la buena reputación y el compromiso ético que distinga a las empresas”.

Mientras que en uno de los Informes de Transparencia, firmado por la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, señala que “el tiempo fue un factor preponderante que no permitía la compra a través de una Licitación Pública regulada por la Ley de Adquisiciones”.

Por lo tanto, la secretaria fue instruida por el Presidente a “presenciar que se cumplieran los mismos protocolos de integridad y legalidad aplicados a estos procedimientos tradicionales de contratación, con objeto de asegurar para el Estado las mejores condiciones de precio, calidad, oportunidad y tiempos de entrega que favorecerán al interés público y redundaran en un beneficio para los recursos del erario público”.

Elección en tres días

El 18 de enero, la misma fecha del memorándum del Presidente, una delegación de funcionarios estuvieron en el Consulado General de México en Nueva York con 22 posibles proveedores a quienes les explicaron las características de los auto tanques requeridos y el mecanismo de contratación, según se advierte en el Informe de transparencia de la Secretaría de la Función Pública.

Ese mismo día se realizó “la recepción de cotizaciones por parte de 14 oferentes” y personal de Pemex revisó “el cumplimiento de las especificaciones técnicas”.

El sábado 19 de enero se llevó a cabo una segunda sesión, en donde la comisión de funcionarios “dio a conocer a todos los oferentes que presentaron cotización el precio de referencia, con la finalidad de obtener ofertas con precios más bajos y competitivos, asimismo, se solicitó considerar las fechas de entrega inmediata”.

Al día siguiente, el 20 de enero de 2019, se anunció a el “el resultado de la selección, las cantidades y montos asignados”. La Secretaría de la Función Pública revisó en el directorio de proveedores y contratistas sancionados que las empresas elegidas no se encontrarán inhabilitadas o contarán con antecedentes de sanción.

Mientras que el martes 22 de enero, la delegación de funcionarios de la Secretaría de Economía viajó a Ciudad Juárez, Chihuahua para verificar “la existencia física de la planta de fabricación de una de las empresas seleccionadas en el proceso de compra, con lo que se busca evitar la simulación y contratación de empresas fantasma”.

De acuerdo con el Presidente, la adquisición de pipas permitirá la transportación de 200 mil barriles diarios de combustibles, lo que aumentaría la capacidad de transportación en 25%, lo que permitiría abastecer con un margen de suficiencia en todas las estaciones de distribución.

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Chile vota en plebiscito histórico: 4 claves para entender qué está en juego

La votación definirá el destino político institucional de Chile para los próximos años. Más allá del "apruebo" o "rechazo", varios analistas explican qué está en juego.
25 de octubre, 2020
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Por primera vez en la historia de Chile, este 25 de octubre se pregunta a la ciudadanía si aprueba o rechaza la redacción de una nueva Constitución.

El referendo chileno, aprobado en un acuerdo político en el Congreso tras un ciclo de manifestaciones que comenzó con las marchas estudiantiles el 2006 y culminó en octubre del 2019, definirá el destino político institucional de Chile en los próximos años.

De ganar el “apruebo”, será la primera vez desde 1833 que la Constitución es redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.

Qué está en juego en el referéndum, más allá del “apruebo” o “rechazo” y del tipo de convención que eventualmente surja para redactarla es lo que responden a BBC Mundo aquí analistas chilenos y latinoamericanos.

1. Generar una Constitución “sin traumas”

Pese a que sufrió numerosas reformas, la Constitución vigente hasta hoy en Chile fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet y, según afirma el politólogo Gabriel Negretto, “simbólica y políticamente, nunca superó ese defecto congénito”.

Por eso, lo que está en juego en el proceso constituyente que podría comenzar con el triunfo del “apruebo” es la legitimidad de origen de una eventual nueva Constitución para Chile, le dice a BBC Mundo Negretto, quien ha sido consultor de Naciones Unidas en procesos de reforma constitucional en distintos países latinoamericanos.

Augusto Pinochet votando en el referéndum en 1980.

Getty Images
La Constitución vigente fue aprobada y redactada durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet.

“¿Qué rodeó a la Constitución de Pinochet?: que nació de un acto de fuerza, de violencia; que se hizo en un clima de miedo, de terror”, describe el académico. “Para marcar un contraste con el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y en un entorno pacífico”, precisa.

“En ese sentido, hay un llamado a la atención de quienes apoyan el ‘apruebo’ de llamar a la calma… El estallido social, que incorporó gran cantidad de demandas legítimas, también estuvo asociado a actos de violencia injustificados que hasta hoy no están claros. No se puede eliminar toda la violencia, pero tiene que quedar claro que corresponde a grupos aislados”, plantea.

Para que Chile efectivamente cuente con una Constitución que no arrastre los traumas de la actual, argumenta Negretto, se requiere además que una de las dos opciones gane por una mayoría suficientemente amplia y en una votación con una participación importante, ojalá mayor a los promedios de las últimas elecciones chilenas.

“No es lo mismo un referéndum como el que se hizo por el acuerdo de paz en Colombia que uno sobre las reglas fundamentales con las que queremos vivir como sociedad, como se definirá en Chile. En este caso, si la diferencia entre la opción que gana y la que pierda es pequeña, es problemático”, advierte el académico.

“Sería un mal comienzo que el ‘apruebo’ ganara por un margen pequeño: el trauma que vive Chile respecto a los legados de la dictadura provienen del plebiscito de 1988, cuando la dictadura militar terminó cediendo la transición a la democracia con un altísimo poder político (el “Sí” a Pinochet obtuvo un 43% y el “No” un 54.7%). Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria”, sostiene Negretto.

Simpatizante de la opción de "apruebo", durante una manifestación.

Getty Images
El estallido social de octubre de 2019 incorporó entre sus demandas la redacción de una nueva Constitución.

“Si el resultado fuera 51 para el ‘apruebo’ y 49 por el ‘rechazo’, estaría muy preocupado por el futuro de Chile”, agrega Negretto.

“Porque eso querría decir que el cambio constitucional no lo rechaza una minoría, sino la mitad de la población. Y eso es preocupante en un contexto polarizado, porque aquí no hay medias tintas: se cambia la Constitución o no”.

2. Recuperar legitimidad de la política

Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, precisa que el plebiscito en Chile emergió como respuesta a la movilización social, “síntoma de la crisis de representación del sistema político” en el país.

“La toma de la calle y los gritos buscaban que los políticos escucharan a la ciudadanía, incluso cuando esta demanda de atención requiriera romper la puerta del salón donde se toman las decisiones, como dice la canción de ‘Hamilton'”.

La académica se refiere a “The room where it happened” uno de los temas del popular musical estadounidense que describe las negociaciones secretas donde la élite negocia fuera del ojo de la opinión pública, una práctica que en Chile se describe como “la cocina”.

“Es importante recordar las expectativas que conlleva el proceso constituyente y la importancia de mantener esa puerta abierta. Esto implica que no solo el resultado, sino también el proceso constitucional será clave para la recuperación de la legitimidad política”, dice Murillo.

De ganar el “apruebo”, la politóloga advierte que es importante “asegurar la entrada de nuevos actores como agentes de representación ciudadana y, al mismo tiempo, que tanto viejos como nuevos representantes garanticen su atención a la ciudadanía incluso cuando no grite o esté en las calles”, dice.

Disturbios durante una manifestación en el aniversario del inicio de las protestas antigubernamentales.

Getty Images
El pasado 18 de octubre se cumplió un año del inicio del estallido social en Chile.

¿Cómo lograr ese objetivo? Estableciendo una conexión humana, basada en la empatía y la experiencia compartida, propone.

“Que la ciudadanía se reconozca en sus representantes y pueda confiar en ellos. El proceso no podrá ser participativo hasta las últimas instancias, requerirá de esperas, y puede involucrar errores. Por ello, la confianza en quienes están en el salón donde se tomen las decisiones depende tanto de una puerta abierta como de la empatía entre estos y quienes han estado ya por demasiados años pidiendo ser oídos”, describe la politóloga.

3. Redistribuir poder y bienes públicos

“Las constituciones definen las reglas del juego”, describe Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

“La etiqueta mayor que yo pondría al proceso chileno sería la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para la existencia de toda la sociedad. No sólo los derechos civiles, las libertades, también los sociales, como agua, vivienda, educación”.

Henríquez plantea que, si se lleva adelante el proceso constituyente, una de las opciones es que se remuevan los obstáculos que hoy impiden cambiar algunas políticas públicas en Chile a través del Congreso. Bajo la Constitución actual, incluso si una ley es aprobada por una súper mayoría parlamentaria, puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC).

“Si uno establece en la Constitución que los asuntos se regularán por ley simple, por ejemplo, y se modifica el TC, el efecto será que los cambios de políticas públicas serán más sencillos”, dice la académica.

Partidarios de la opción del "rechazo".

Getty Images
En la opción del “rechazo” también hay personas que creen que se necesitan cambios profundos.

“El ‘rechazo’ supondría que la ciudadanía no tiene voluntad de cambiar la Constitución, porque las cosas como están, están bien. Pero eso no obsta que se pueden hacer reformas. Hay personas del ‘rechazo’ que creen que se necesitan cambios profundos y se han comprometido a emprenderlos”, dice Henríquez.

“La diferencia es que en el apruebo hay un itinerario, un camino claro, un órgano específico. Las reformas que se hicieran en el caso del ‘rechazo’, se harían a través del actual Parlamento, y los cambios no tendrían tanta legitimidad como los que tendría un órgano especialmente elegido para ello”, agrega.

“Es posible que una nueva Constitución se parezca bastante a la actual, y las expectativas pueden quedar frustradas, pero insisto en la importancia del hecho de sentarse a conversar. Esa diferencia ya debería satisfacer muchas expectativas: tener un pacto social que sintamos propio”, concluye.

4. Generar un proceso constituyente único en Latinoamérica

Tanto la realización del plebiscito como el proceso constituyente que derive de sus resultados se normarán por la Constitución vigente, que fue especialmente reformada por el Congreso con este fin. Eso marca una de las diferencias del referéndum constitucional chileno con otras experiencias latinoamericanas.

“No es tan habitual que una Constitución vigente se modifique para su reemplazo. Es excepcional que Chile siga este cauce, este proceso, con procedimientos y plazos establecidos. Y es un desafío máximo que los cumplamos”, precisa Henríquez.

Trabajadora del Servicio Electoral chileno, durante un ensayo para el referendo.

Getty Images
El referendo tendrá lugar siguiendo las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

Además, en este caso no es el gobierno el que definirá el cambio constitucional ni el órgano que podría redactar la nueva Constitución, sino la ciudadanía.

“En Chile, además, no hay una fuerza hegemónica que se imponga en el debate. Varios de los procesos latinoamericanos han sido marcados por la existencia de fuerzas políticas muy preponderantes, donde se impone una mayoría. Eso no ocurre en Chile porque las fuerzas están fragmentadas. Y eso, que podría ser complejo y lo es, nos obliga a hacer pactos” dice la politóloga.

“Cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único”, remata Henríquez.


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