Jueces regresaron por fallas 60% de consignaciones de PGR en 2017; en ocho años el rezago será de 16 mil casos
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Cuartoscuro Archivo

Jueces regresaron por fallas 60% de consignaciones de PGR en 2017; en ocho años el rezago será de 16 mil casos

La proporción de averiguaciones devueltas se cuadruplicó en tres años, de acuerdo con los datos de la Auditoría sobre el desempeño de la PGR en 2017.
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5 de marzo, 2019
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El rezago de casos en la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General) es un problema que lejos de solucionarse se agrava. En 2017 los jueces devolvieron más el 60% de las averiguaciones pendientes que les consignaron, una proporción cuatro veces mayor a la registrada tres años antes. A este ritmo, para 2027, aun habrá 16 mil averiguaciones previas rezagadas y sin respuesta.

A ellos se suman los casos del nuevo sistema penal. De 123 mil carpetas de investigación iniciadas la PGR  resolvió menos del 0.6% por mecanismos alternos de solución de justicia, herramienta clave para despresurizar el sistema penal. En cambio envió a los jueces más de 30 mil casos mientras que en 80 mil investigaciones determinó que no tenía elementos para proceder.

Así lo señalan los informes de resultados de auditorías de desempeño realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que concluyen que la Fiscalía es una institución que trabaja por “inercia”, ordenando actos de investigación y consignando y judicializando casos, pero cuyo rezago, sumado a la falta de indicadores de eficacia en la calidad de las investigaciones, ponen en duda su aportación a una real impartición de justicia.

“(La Fiscalía no acredita) parámetros de medición para evaluar el desempeño eficiente del MP en la conducción y coordinación de la investigación, ni para valorar en qué medida contribuye a la procuración de justicia eficaz y eficiente, en menoscabo de la cohesión social y una ausencia de confianza de la ciudadanía en la actuación de las instituciones del Estado”, indicaron los auditores.

En diciembre pasado el actual fiscal General Alejandro Gertz Manero ya había alertado – al contender por dicho cargo – que uno de los principales problemas que afrontaba la institución es el rezago de más de 200 mil casos, algunos de los cuales datan desde hace varias décadas.

En ese contexto el viernes 1 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo del fiscal por el cual se crea la Unidad de Transición de la Fiscalía General, que entre otras tendrá la misión de evaluar el nivel de rezago de casos que se heredan de la PGR, y definir una estrategia para atenderlos y desahogarlos.

Viejo sistema: rezago e ineficacia

La ASF, como parte de su informe final de la Cuenta Pública 2017, presentó dos auditorías de desempeño sobre la PGR: una que evalúa su trabajo sobre las averiguaciones previas abiertas antes de 2016 con el viejo sistema penal, y otra sobre las carpetas de investigación iniciadas con el nuevo sistema penal acusatorio.

En cuanto al viejo sistema penal, los datos muestran que la PGR revisó 97 mil 436 averiguaciones, de las cuales únicamente consignó ante un juez 1 mil 408, que equivalen al 1.5%. Ello se queda por  debajo de la meta institucional que era consignar, por lo menos, el 4% del total de las averiguaciones que se revisan al año. Además solo dos de las 1 mil 408 consignaciones se hicieron con una persona detenida.

Los auditores destacaron que si bien el promedio  de averiguaciones previas revisadas puede incrementarse anualmente, hay una clara caída en el porcentaje de averiguaciones que anualmente se consignan con o sin detenido.

“Con los datos disponibles del periodo 2015-2017, la ASF realizó un análisis con el cual se proyectó que de continuar con la tendencia, en 2027, la PGR aún tendrá el 16.3% (16 mil 253) de las 99 mil 463 averiguaciones previas en trámite”, indica el informe.

En ese contexto, la ASF señaló que se “requiere de mecanismos que garanticen la conclusión de las averiguaciones previas y con ello reducir su rezago y así, finiquitar las actividades en el marco del Sistema de Justicia Penal Inquisitivo, para enfocarlas sólo al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio”.

A lo anterior se suma un problema todavía mayor: la ineficacia. Los auditores detectaron que de las 1 mil 408 averiguaciones previas consignadas en 2017 hubo 873, que equivalen a un 62% del total, que fueron devueltas por los jueces debido a ineficiencias en la investigación de los delitos y en la construcción del caso.

Se trata de un nivel de ineficacia en las investigaciones que en un periodo de tres años prácticamente se ha cuadruplicado, al pasar de 15.9% de consignaciones devueltas en 2015, hasta 62% de consignaciones regresadas en 2018.

En una reunión con los auditores para abordar este tema, funcionarios de la PGR señalaron que habían identificado las principales causas por las cuales los jueces regresaron las consignaciones. Entre ellas se encontraban la falta de una acreditación adecuada del cuerpo del delito, de fallas en las formalidades de armado del expediente, o de deficiencias en la investigación.

Pese a dicho reconocimiento la ASF destaca que la hoy Fiscalía “no acreditó la implementación de estrategias para atender y solucionar dichas deficiencias, y con el propósito de disminuir el número de averiguaciones previas consignadas devueltas por el juez”.

Nuevo sistema: arranque con dudas

En cuanto al trabajo de la Fiscalía en el nuevo sistema penal, el informe de la auditoría señala que en 2017 se atendieron 123 mil 302 carpetas de investigación (tanto abiertas ese año como provenientes del año anterior). De ese total se judicializaron 14 mil 353 carpetas ante un juez, que equivalen a 15.2% del total, luego de que el Ministerio Público consideró que en esos casos había elementos para proceder penalmente en contra de probables responsables.

No obstante los auditores destacaron que apenas 482 carpetas de investigación iniciadas fueron resueltas a través de mecanismos alternos de solución de conflictos, que equivalen al 0.6% del total. Ello se queda muy por debajo de la meta anual planteada, de resolver con mecanismos alternativos que ayuden a despresurizar el sistema, por lo menos el 5.3% de las carpetas de investigación.

Otra deficiencia importante que los auditores destacan en este mismo tema es que del total de las 482 carpetas solucionadas por mecanismos alternativos, la PGR no acreditó el tipo de mecanismo por el que se solucionó el caso, ya sea por mediación, conciliación o junta restaurativa, lo que a su vez impide conocer realmente si al menos en esos pocos casos hubo reparación adecuada del daño en beneficio de la víctima.

“En términos del nuevo sistema penal la PGR desconoce su contribución en la procuración de justicia eficaz y eficiente, mediante la persecución y persecución de los delitos del orden federal (…) no promovió el uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias, componente esencial del nuevo sistema, en términos de la reparación del daño al denunciante, y desconoció el avance de la profesionalización del personal sustantivo”, señaló la ASF.

Los auditores destacaron además que si bien la PGR reportó la capacitación de 2 mil 609 servidores públicos en el nuevo sistema penal, es imposible saber si dichos cursos contribuyeron a una profesionalización efectiva, pues se carece de un parámetro de medición para evaluar el impacto de los cursos.

¿Procurando justicia? Retos en la transición

En 2017 la PGR culminó 96 mil 915 acciones de investigación de 125 mil 273 que se encontraban en trámite, superando la meta planteada. Además realizó 302 mil 899 intervenciones periciales quedándose apenas 0.6% debajo de la meta anual planteada. En ambos casos puede decirse que cumplió con su trabajo.

No obstante, los auditores destacaron que aun cuando la PGR cumplió con estas funciones a las que está obligada, careció de indicadores específicos que permitan evaluar en qué grado este trabajo de policías y peritos permite a los agentes del Ministerio Público construir casos con mejores probabilidades de éxito y con ello procurar justicia.

“Aun cuando la procuraduría alcanzó las metas establecidas en materia de actos de investigación de peritos y policías, no contó con un parámetro de medición que le permitiera evaluar el desempeño eficiente del MP en la conducción y coordinación de la investigación (…) por lo que operó de manera inercial”, concluyeron los auditores.

El abatimiento de estos niveles de impunidad y de rezago en las carpetas de investigación y averiguaciones previas son algunos de los objetivos que el actual fiscal General, Alejandro Gertz Manero, planteó en diciembre pasado cuando compitió por el cargo que actualmente ocupa.

En su comparecencia, Gertz advirtió que la dependencia tenía un rezago de más de 200 mil casos, algunos de los cuales datan desde hace más de dos décadas. A ello se suman 22 mil órdenes de aprehensión y mandamientos judiciales que tampoco se han cumplido.

El pasado viernes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo A/004/19 por el que se crea la Unidad de Transición de la Fiscalía General de la República, unidad responsable de diseñar el esquema de transición de las área sy asuntos de la PGR – que constitucionalmente dejó de existir en diciembre – a la Fiscalía General de carácter autónomo.

Entre las atribuciones de dicha unidad se encontrará el diseño de un procedimiento o estrategia para la transmisión de todos los casos que se encuentran pendientes. Todo ello dentro de un plazo máximo de un año.

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Familia mexicana lleva 6 meses encerrada en iglesia de Canadá para que no la expulsen

El caso de esta familia mexicana ha despertado la solidaridad de la sociedad canadiense.
6 de junio, 2022
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Era 2009 cuando empezaron a aparecer con más frecuencia noticias como estas:

“México: hallan nueve cuerpos descuartizados”

“La policía mexicana halla 14 cadáveres en una narcofosa”

Hacia ese año la violencia escalaba en México a mano de los carteles del narcotráfico y aumentaron los asesinatos en diferentes regiones del país.

Se hicieron frecuentes los cadáveres decapitados y exhibidos públicamente en puentes peatonales, con advertencias de cárteles que se peleaban entre sí el control del mercado de la droga.

La población civil empezó a verse afectada, especialmente quienes tenían ingresos que pudieran llamar la atención de los cárteles, y eso hizo que muchos mexicanos empezaran a huir para protegerse.

Y fue ese el contexto en el que la familia Pérez (cuya identidad protegemos con un apellido ficticio) temió por su futuro y decidió huir.

Pero ¿cómo esta familia que intentó escapar antes de que fuera tarde, terminó resguardada durante meses en una iglesia protestante en Canadá?

BBC Mundo cuenta su historia.

El viaje

En 2009, cuando la cotidianidad empezó a sentirse muy peligrosa, los Pérez, como muchos otros mexicanos, tomaron la decisión de emigrar.

Llegaron primero a Estados Unidos y de allí intentaron cruzar a Canadá por la frontera terrestre. Lo que no sabían en ese momento es que, desde 2005, existe el acuerdo de tercer país seguro entre esos dos países.

Así que, con algunas excepciones, si alguien ha pasado previamente por EEUU. no puede solicitar asilo al llegar a Canadá.

Y eso les dijeron a los Pérez las autoridades canadienses, no escucharon su caso, simplemente los regresaron.

Frontera canadá EE.UU.

Getty Images
La familia intentó cruzar por tierra a Canadá desde EE.UU.

Terminaron de nuevo en México sobrellevando la situación. Abrieron un negocio de comidas cerca de un plantel educativo y, como otros, empezaron a percibir la violencia como parte del paisaje.

Hasta que, nueve años después, la situación se volvió insostenible.

Los cárteles empezaron a obligar a los civiles a colaborar con sus actividades ilícitas y quien se negaba se enfrentaba a la muerte.

Ese fue el caso de los Pérez. En 2018 “intentaron forzarlos a vender droga en el negocio familiar y como se negaron, recibieron fuertes amenazas”, le explica a BBC Mundo Stewart Istvanffy, el abogado que hoy representa a la familia.

Los llamaban advirtiéndoles que si no colaboraban, tendrían que pagar una cuota periódica al cartel. La familia se mantuvo al margen, nunca aceptaron ser cómplices ni pagar extorsiones.

Hasta que las intimidaciones se hicieron realidad. Una noche mientras estaban descansando en casa, el cártel prendió fuego a su negocio.

Los Pérez supieron que tenían que huir. Algún conocido les había recomendado irse a una ciudad intermedia en Quebec, la provincia francófona de Canadá, y decidieron hacerle caso.

Planearon el viaje en poco tiempo y esta vez volaron directamente a Canadá.

banderas de canadá, EE.UU. y México

Getty Images
Canadá, EE.UU. y México comparten el T-MEC, un tratado de libre comercio que en julio de 2020 sustituyó al Nafta.

Segundo intento

Al llegar al aeropuerto recibieron un permiso de estancia temporal por seis meses, al que tienen derecho por ser ciudadanos mexicanos.

A las pocas semanas, cuando estaban instalados, contactaron a una abogada que les habían recomendado, y con su asesoría presentaron una solicitud oficial de asilo.

Pero ahí se encontraron con otra sorpresa: los Pérez no sabían que, en 2009, cuando los regresaron a EEUU., había quedado como constancia un rechazo a su petición de asilo y eso, en las leyes canadienses, les impide hacer una nueva solicitud.

“A lo que sí tenían derecho era a algo que se llama Evaluación de Riesgo Antes del Retorno (ERAR por sus siglas en francés)”, explica Istvanffy.

Enviaron documentos para esa evaluación, pero no incluyeron las pruebas más importantes y evitaron hablar del cartel que los tenía amenazados. Tenían miedo a que les pudieran hacer algo a sus familiares que seguían en México.

Mientras Canadá revisaba el caso, les otorgó un permiso temporal de empleo.

Fue así como durante casi tres años la familia logró tener una cotidianidad. Consiguieron trabajo, una casa, un hijo entró a la escuela, tomaban clases de idiomas y pagaban impuestos.

Durante ese tiempo, otro miembro de la familia intentó retomar el negocio en México.

Había pasado más de un año desde el incendio y cuando el cártel descubrió que estaban atendiendo público empezaron de nuevo las amenazas e intimidaciones.

Como volvieron a negarse, “los encerraron en un baño de la casa , los ataron de pies y manos, echaron gasolina por todas partes y prendieron fuego a la casa. Intentaron quemarlos vivos”, cuenta Istvanffy.

No murieron porque una de las personas logró soltar las ataduras de las manos y liberar a los demás. La casa se quemó completamente y “ellos quedaron con estrés post traumático fuerte y ansiedad”, explica Istvanffy.

Hoy, esa parte de la familia también se encuentra en Canadá y espera recibir asilo.

Hombre con arma

Getty Images
Los carteles incendiaron el negocio y la casa de la familia.

La decisión

La evaluación del caso coincidió con la llegada de la pandemia y todo se retrasó, por eso solo hasta finales de 2021 los Pérez recibieron la respuesta oficial a su petición de asilo.

Para las autoridades canadienses la documentación de la familia no demostraba que estuvieran corriendo riesgo en México, así que les enviaron una orden de extradición para que abandonaran el país al poco tiempo.

“El gobierno canadiense argumenta que no están obligados a regresar a ese sitio en específico, pero la realidad es que los cárteles son muy fuertes y están presentes en todo el territorio mexicano. Desgraciadamente allí hay un narco-estado”, agrega Istvanffy.

“Es muy triste. Estamos ante un gran riesgo si regresamos a México, un gran riesgo de que nos maten, de que nos asesinen”, le dijo uno de los miembros de la familia a la cadena CBC.

Y esa es justamente una de las críticas que ha hecho la comunidad canadiense al gobierno: por qué le dice a esta familia que no corre riesgo en México, pero al mismo tiempo recomienda a los ciudadanos canadienses no viajar a ese país dada la situación de inseguridad.

La iglesia como última opción

En medio de la angustia por tener que regresar y enfrentarse al cartel que los ha atacado y amenazado, la familia tomó la decisión de refugiarse en una iglesia y apelar al “santuario”, una tradición que no está inscrita en el código legal, pero que se remonta “al derecho canónico anterior a la constitución de Canadá como país, cuando la iglesia tenía la facultad de proteger a quien se refugiaba allí”, explica Istvanffy.

Según informó la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá a CBC: “si bien no existe una restricción legal para que ingrese a un lugar de culto para ejecutar una orden de arresto, la Agencia prefiere involucrarse con las personas sujetas a la aplicación de las leyes de inmigración y la institución que brinda santuario con el objetivo de lograr el cumplimiento voluntario.”

A los Pérez los acogió una iglesia protestante.

Iglesia protestante

Facebook oficial de Plymouth Trinity

“No deseamos contravenir las leyes de inmigración de nuestro país, sino aprovechar la práctica antigua y canónica de ofrecer refugio a las personas que están bajo amenaza o persecución. Deseamos brindarle a la familia el tiempo que necesita para permanecer en este país de manera legal y adecuada, al mismo tiempo que los protegemos de la amenaza muy real para sus vidas y su seguridad si regresan a su lugar de origen”, dijo la congregación en un comunicado.

Hay un comité de la comunidad local que les acompaña y se encarga de que no les falte lo necesario y que reciban apoyo psicosocial mientras permanezcan en la iglesia. Ellos mismos se encargaron de ponerlos en contacto con Stewart Istvanffy, abogado defensor de derechos humanos, quién tomó el caso desde noviembre de 2021.

Istvanffy encontró que los Pérez sí tienen pruebas suficientes para demostrar el peligro que corren en su país, pero que hubo fallas en su caso: “hubo un problema y es que en el proceso del ERAR, la familia no presentó todas las pruebas del peligro”.

La abogada que los asesoró antes no adjuntó toda la documentación y ahora, cuando la situación es aún más crítica, esperan que esas pruebas sean tenidas en cuenta, así como que se escuche a la familia, pues en lo que lleva el proceso nunca han tenido la posibilidad de dar su testimonio a las autoridades.

“Lo que esperamos es que el ministro de Migración de Canadá les dé un estatus temporal y luego la residencia permanente. Esto basado en el apoyo que han recibido de la comunidad canadiense”, agrega el abogado Istvanffy.

Se refiere a varios eventos de solidaridad que se han llevado a cabo en Sherbrooke. Hubo, por ejemplo, una marcha de solidaridad con la familia en la que participaron más de 200 personas. Además han recibido el apoyo de algunos políticos locales.

“Estoy muy optimista. Porque han logrado movilizar gran parte de la comunidad de Sherbrooke. Creo que vamos a ganar eventualmente, no sé cuándo”, agregó.

La alcaldesa de la ciudad en la que se encuentran los Pérez, por su parte, le ha dicho a la prensa canadiense que está conmovida con la historia y anotó que la discutirían internamente.

Entre tanto, la diputada federal que representa a la ciudad en el parlamento se reunió con la familia y lamentó su dramática situación. También le dijo a CBC que, aunque no puede comentar detalles del caso, está en comunicación con el ministro de Migración.

pasaporte mexicano

Getty Images
Los ciudadanos mexicanos pueden estar seis meses en Canadá.

Trasfondo político

Canadá se ha destacado históricamente por acoger personas refugiadas de diversas regiones del mundo y por lo general aparece en la lista de naciones solidarias en medio de las guerras.

Aunque ha recibido refugiados de Europa, África y Asía, su cercanía con Latinoamérica hace que sea un destino viable para esa población.

Muestra de eso es que, después de Ecuador y España, Canadá es el tercer país que ha recibido a más colombianos en calidad de refugiados durante el conflicto interno.

También hay una población importante de chilenos que huyeron del régimen militar de Pinochet, así como salvadoreños, guatemaltecos y venezolanos.

Pero el mayor desafío se ha presentado con México. “El problema es que hay una discriminación bastante fuerte contra los mexicanos porque para el sistema canadiense México representa un desafío importante: pueden entrar sin visa, son miembros del tratado de libre cambio con EEUU. y Canadá. Son nuestros vecinos más inmediatos de Latinoamérica”, explica Istvanffy.

Y agrega, “hace 10, 12 años, más de la cuarta parte de la gente que pedía refugio en Canadá eran mexicanos. Así que buscaron un sistema de trabas para impedir que los mexicanos entren fácilmente a Canadá”.

Entre tanto, los Pérez ya completan seis meses refugiados en la iglesia de Sherbrooke y, aunque están seguros, su cotidianidad no ha sido nada fácil en medio del encierro.

Es tal el miedo que sienten que no quieren dar entrevistas porque temen que el cártel tome represalias en México. Saben que haberlos denunciado en otro país es un desafío muy peligroso.

“Lo más probable es que mueran en México. No tienen a dónde ir. Uno de los carteles más peligrosos los ha amenazado. Es un grupo muy violento, es la muerte lo que les espera”, concluye Istvanffy


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