Proyecto Puente denuncia acoso judicial del gobierno de Sonora por su labor periodística
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Proyecto Puente denuncia acoso judicial del gobierno de Sonora por su labor periodística

Desde mayo de 2017 el sitio independiente de noticias y su director, Luis Alberto Medina, han sido víctimas de campañas en su contra, la última es una denuncia anónima que los acusa de no tener un contrato de prestación de servicios con el Congreso estatal.
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7 de marzo, 2019
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La plataforma independiente de noticias en Sonora, Proyecto Puente, y su director, el periodista Luis Alberto Medina, acusan ser objeto “de amenazas, campañas de desprestigio en redes sociales y acoso judicial” del gobierno estatal por su labor periodística.

A través de una nota publicada en su sitio, Proyecto Puente argumenta que los ataques contra la plataforma y su director comenzaron en mayo de 2017 cuando tuvieron que dejar su espacio radiofónico a consecuencia de presiones políticas de empresarios priistas.

De acuerdo con lo presentado por Proyecto Puente, en septiembre de 2018, Rodolfo Montes de Oca, el entonces fiscal de justicia de Sonora, “amenazó” a Luis Alberto Medina con “investigarlo y procesarlo” en caso de continuar con críticas hacia su gestión.

El expediente de este hecho, según la plataforma, se encuentra “bajo llave” en la oficina de la actual Fiscalía Estatal, la cual está a cargo de Claudia Indira Contreras, sin que se sepa el estatus de la misma.

El pasado 17 de febrero a través de redes sociales y grupos de Whats App se compartió “una denuncia anónima de militantes de Morena” que llegó hasta la Fiscalía Anticorrupción de Sonora y la Fiscalía de Justicia, en la que se acusaba a Luis Alberto Medina de recibir “supuestos moches” a través de Proyecto Puente.

“Dicho documento, de 9 hojas, contiene acusaciones sin sustento. Alega que no existe contrato de prestación de servicios entre el Congreso del Estado de Sonora y la empresa Proyecto Puente. Ningún medio lo tiene. Se paga por mes de acuerdo a la información generada que necesita publicar y difundir el Poder Legislativo”, explica el medio.

La existencia de esta denuncia anónima fue confirmada por la fiscal Claudia Indira Contreras y el fiscal anticorrupción Odracir Espinoza, quienes comentaron para medios locales que ésta les llegó por correo electrónico y que su veracidad se investigaría, toda vez que estaba firmada por simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador y del partido de Morena en el estado de Sonora. 

“Se tiene que investigar para efecto de que efectivamente esa es la fuente de información”, comentó Claudia Indira Contreras al programa Reporte 100 sobre la autoría de la denuncia. 

Ante esto, el 20 de febrero el grupo parlamentario de Morena en Sonora y la dirigencia estatal del partido emitieron un comunicado para deslindarse de dicha denuncia y solicitaron a las fiscalía que recibieron el correo “no prestarse a la persecución del periodista”.

Desde mayo de 2017, Proyecto Puente ha contabilizado 17 “campañas negras” en contra de la labor que realizan, incluso en diciembre de 2017 apareció una corona fúnebre afuera de sus oficinas en Hermosillo con una carta en la que se exigía al periodista no hablar más sobre un presunto desvío de recursos a través de un concierto del tenor Plácido Domingo.

A pesar del comunicado difundido por Morena, y de que nadie se ha presentado para ratificar la denuncia, este 6 de marzo la Fiscalía Anticorrupción envió un citatorio a Proyecto Puente para que en un término de tres días “se presenten documentos que comprueben pagos realizados por parte del Congreso del Estado de Sonora a la empresa, mediante un convenio de pauta publicitaria”, aunque Proyecto Puente ya explicó que ningún medio celebra convenios formales con el poder legislativo.

 

Con información de Proyecto Puente.

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Senado de Estados Unidos aprueba el primer proyecto de ley de control de armas en décadas

El histórico proyecto de ley es un raro momento de cooperación entre los partidos demócrata y republicano sobre medidas para el control de armas.
24 de junio, 2022
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El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de control de armas, en la legislación sobre armas de fuego más importante en casi 30 años.

La medida fue aprobada por 65 contra 33, con 15 senadores republicanos unidos a los demócratas en la cámara alta del Congreso.

El proyecto de ley surge tras los tiroteos masivos del mes pasado en un supermercado en Buffalo, Nueva York, y una escuela primaria en Uvalde, Texas, que dejaron 31 muertos.

Ahora tendrá que aprobarse en la Cámara de Representantes antes de que el presidente Biden pueda convertirlo en ley.

En un comunicado emitido después de la votación, el presidente pidió a los miembros de la Cámara que “voten de inmediato sobre este proyecto de ley bipartidista y lo envíen a mi escritorio”.

“Esta noche, después de 28 años de inacción, los miembros bipartidistas del Congreso se unieron para atender el llamado de las familias de todo el país y aprobaron una legislación para abordar el flagelo de la violencia armada en nuestras comunidades”, declaró Biden.

Las familias en Uvalde y Buffalo, y demasiados tiroteos trágicos anteriores, han exigido acción. Y esta noche, actuamos”.

La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, prometió pasar el proyecto de ley rápidamente, a pesar de que el líder republicano Kevin McCarthy instó a sus miembros a votar en contra de éste.

“Mañana a primera hora, el Comité de Reglas se reunirá para llevar al pleno esta legislación que salva vidas”, indicó Pelosi después de la votación el jueves.

Por debajo

Aunque significativas, las propuestas están muy por debajo de lo que muchos demócratas y activistas han pedido.

Las reformas incluyen verificaciones de antecedentes más estrictas para compradores menores de 21 años y US$15.000 millones en fondos federales para programas de salud mental y mejoras de seguridad escolar.

También pide fondos para alentar a los estados a implementar leyes de “bandera roja” para retirar las armas de fuego de las personas consideradas una amenaza.

Y cierra el llamado “vacío legal del novio” al bloquear la venta de armas a los sujetos condenados por abusar de parejas íntimas no casadas.

Senador John Cornyn

Getty Images
El senador de Texas John Cornyn fue uno de los republicanos que apoyó un acuerdo de compromiso tras el tiroteo de Uvalde.

El proyecto de ley también es importante porque es la primera vez en décadas que las reformas propuestas reciben este nivel de apoyo tanto de demócratas como de republicanos.

Históricamente, los esfuerzos para fortalecer las leyes de armas de Estados Unidos han sido bloqueados por el partido republicano.

Los 50 demócratas, incluidos los miembros más conservadores del partido, los senadores Joe Manchin y Kyrsten Sinema, se unieron a los republicanos negociadores, incluido el líder del partido en el Senado, Mitch McConnell, y el aliado cercano de Trump, Lindsey Graham.

Una gran cantidad de organizaciones de defensa tradicionalmente de tendencia conservadora, incluida la Orden Fraternal de Policía y la Asociación Internacional de Jefes de Policía, también respaldaron el proyecto de ley.

Sin embargo, dos tercios de los republicanos se opusieron a la legislación, y todos los que la respaldaron, excepto Lisa Murkowski de Alaska y Todd Young de Indiana, no se enfrentarán a los votantes este año o han anunciado su intención de no buscar la reelección.

El senador de Texas Ted Cruz, a quien se apunta ampliamente para buscar la nominación presidencial republicana en 2024, condenó el proyecto de ley como un intento de “tratar de desarmar a los ciudadanos respetuosos de la ley en lugar de tomar medidas serias para proteger a nuestros niños”.

Joe Biden

Getty Images
El presidente Joe Biden ha estado pidiendo medidas más firmes de control de armas tras los tiroteos recientes.

“Pasos en la dirección correcta”

El presidente Biden dijo a principios de este mes que las propuestas eran “pasos en la dirección correcta”, pero aún no son suficientes.

Biden ha presionado por reformas más importantes, incluida la prohibición de las armas de asalto, que se usaron en los tiroteos masivos de Texas y Buffalo el mes pasado, o al menos un aumento en la edad a la que se pueden comprar.

Se cree que el atacante en Texas compró dos rifles semiautomáticos días después de cumplir 18 años.

EE.UU. tiene la tasa más alta de muertes por armas de fuego entre las naciones ricas del mundo: más de 20.900 personas han muerto por violencia armada en el país este año, incluidos homicidios y suicidios, según Gun Violence Archive, un grupo de investigación sin fines de lucro.

Pero también es un país donde muchos aprecian los derechos de armas que están protegidos por la Segunda Enmienda de la Constitución para “tener y portar armas”.

La última legislación federal significativa sobre el control de armas se aprobó en 1994 y prohibió la fabricación para uso civil de rifles de asalto y cargadores de gran capacidad, pero expiró una década después.

Después del tiroteo en la escuela Sandy Hook de 2012 en Connecticut, en el que murieron 20 niños y seis adultos, los intentos de endurecer las leyes no lograron obtener suficientes votos en el Congreso.

La votación del jueves ocurrió horas después de que la Corte Suprema anulara una ley de Nueva York que restringía quién puede portar un arma legalmente, ampliando efectivamente los derechos de portación de armas e ilustrando la profunda división en los Estados Unidos sobre el tema.

El tribunal determinó que el requisito de Nueva York de que los residentes demuestren “causa justificada” -o una buena razón- para portar armas de fuego ocultas en público viola la Constitución.

McConnell dijo que la decisión de la corte, combinada con la legislación del jueves, logró “dos victorias históricas”.


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