El Tren Maya, considerado por el gobierno federal como el principal proyecto de infraestructura, podría traer riesgos económicos, ambientales y sociales en la región sureste del país, de acuerdo con un diagnóstico elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En un comunicado, la organización señaló que, en caso de que el gobierno no haga una evaluación correcta de los costos estimados, el aforo, densidad poblacional, conectividad y competencia del Tren Maya con otros medios existentes de transporte, este proyecto podría no cumplir con sus objetivos de proporcionar crecimiento y desarrollo a las comunidades por donde pasará.
Esto, explicó el IMCO, ocasionaría que el gobierno federal acabe subsidiándolo con recursos de los contribuyentes, lo que no generaría beneficios para nadie.
“El costo estimado de construcción del Tren Maya derivado de este ejercicio asciende entre los 479 mil 920 millones de pesos y 1,599 millones 767 pesos, un rango que es entre 4 y 10 veces mayor que los 120 a 150 mil millones de pesos estimados por el Gobierno federal”, indicó.
En materia ambiental, el Instituto destacó que especialistas han manifestado su preocupación en torno a la ruta del Tren Maya, la cual atraviesa una región con diversidad biológica y cultural única, así como en la evaluación económica del impacto ambiental que deberá retroalimentar la factibilidad y el análisis costo-beneficio del proyecto.
Como preocupaciones sociales, el IMCO señaló que en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, por donde correrá el tren, el 56% de la superficie está compuesta por más de mil 406 núcleos agrarios, de los cuales casi el 100% corresponde a ejidos.
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Por ello, explicó que el gobierno tendrá que cumplir con su obligación de realizar una consulta libre, previa, culturalmente adecuada, pública e informada en esta región, con un alto número de población indígena.
Además, la planeación tendrá que asegurar el trazo y los derechos de vía deberán estar listos antes de iniciar la obra.
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Para aumentar la rentabilidad del proyecto, el IMCO propone al gobierno incluir a la población en mecanismos de consulta regulares desde la etapa de planeación del proyecto para gestionar mejor los diversos riesgos sociales, e incorporar actividades distintas al turismo en el proyecto.
También deberá asegurar que las líneas que se construyan en tramos urbanos, densamente poblados y cortos; obtener la totalidad de los derechos de vía de los tres tramos antes de iniciar la obra y evaluar el costo de oportunidad de otros proyectos que puedan generar un mayor beneficio a la sociedad, como el Ferrocarril Transístmico.
