Cambió el gobierno, pero Sedena insiste en ocultar cifras de civiles muertos en operativos
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Cambió el gobierno, pero Sedena insiste en ocultar cifras de civiles muertos en operativos

Del 1 de enero de 2007 al 12 de enero de 2019 se registraron 4 mil 502 enfrentamientos con civiles, pero Sedena no detalló la cifra de fallecidos.
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14 de marzo, 2019
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Al igual que lo hacía en el sexenio pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) volvió a ocultar la información sobre el número de civiles que desde abril de 2014 han perdido la vida, o que resultaron heridos en enfrentamientos con elementos del Ejército Mexicano.

La dependencia ocultó dicha información pese a que sí cuenta con ella, como lo evidenció el propio secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, durante su participación en las audiencias públicas de la Guardia Nacional realizadas en enero pasado en la Cámara de Diputados.

Ahí sostuvo que en 2018 habían muerto 700 personas en los enfrentamientos con los militares, cifra que calificó como reducida.

Luego de ese anuncio Animal Político solicitó vía transparencia a las secretarías de Defensa y Marina los datos de los civiles y militares muertos y heridos en enfrentamientos desde el 2007 a la fecha, es decir, en el contexto del combate al crimen organizado. Se pidió la información detallada por año, especificando además los sitios de los enfrentamientos.

La Secretaría de Marina sí entregó la información como se había solicitado. Los datos pueden consultarse en esta nota.

En contraste, la Defensa Nacional entregó datos generales e incompletos. Por ejemplo, informó que del 1 de enero de 2007 al 12 de enero de 2019 se registraron 4 mil 502 enfrentamientos con civiles, hechos que denomina “agresiones a personal militar por parte de integrantes de la delincuencia organizada”

La dependencia no desglosó, como se había solicitado, el municipio o entidad en que tuvieron lugar dichos enfrentamientos, ni en qué año ocurrieron. 

Dijo que como resultado de estas agresiones 274 militares murieron, mientras que 1 mil 581 resultaron lesionados. Tampoco desglosó las localidades y fechas en que ocurrieron estas bajas.

Y en cuanto a los civiles, señaló que del 1 de enero del 2007 al 5 de abril de 2014, se tiene un registro de 3 mil 907 “civiles agresores” fallecidos y 494 civiles agresores heridos.  Ello además de 17 civiles que no tenían que ver con los hechos pero que murieron alcanzados por los disparos, así como 105 civiles que también eran ajenos al enfrentamiento, pero que terminaron heridos.

Pero de abril de 2014 en adelante la Defensa Nacional se negó a proporcionar los datos de civiles fallecidos y lesionados, con el argumento de que ya no lleva dicho registro y que, en todo caso, es la Fiscalía General de la República (antes PGR) la que debería dar a conocer dicha información.

“A partir del 6 de abril de 2014 esta Secretaría ya no da continuidad a los registros de civiles agresores heridos y fallecidos, así como de victimas ajenas a los hechos con motivo de las agresiones en contra de personal militar, haciéndolo actualmente la Fiscalía General de la República”, señaló la Sedena.

Opacidad repetida e infundada

El argumento de la Sedena para no proporcionar información de 2014 en adelante es exactamente el mismo que proporcionó en el sexenio pasado a un grupo de investigadores que revisaron la letalidad de las fuerzas armadas en México, y que publicaron el estudio denominado “Índice de Letalidad 2008 – 2014: menos enfrentamientos, misma letalidad, mas opacidad”.

En dicho estudio los autores transcribieron la respuesta de la Defensa, la cual coincide exactamente con la mencionada arriba. Después los investigadores solicitaron la información a PGR pero esta, en otra solicitud de transparencia, dijo contar únicamente con el registro de un enfrentamiento en ocho años, cifra que no es la real.

“La decisión de Sedena de no informar vulnera el principio de transparencia que exige que los órganos del Estado den a conocer sus actuaciones haciendo posible su evaluación (…) además de la decisión de Sedena de no recabar información también viola las leyes que rigen el uso de la fuerza por parte de las instituciones federales”, indica el referido estudio.

El pasado 11 de enero quedó demostrado que la Sedena sí recaba los datos y los conoce. Así se desprende de los señalamientos hechos por el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, al participar en las audiencias públicas convocadas por la Cámara de Diputados con motivo de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional.

En su intervención, Cresencio Sandoval respondió a los cuestionamientos de especialistas y legisladores de oposición que cuestionaban la opacidad en los índices de letalidad del Ejército Mexicano, al enfrentarse a presuntos delincuentes.

“Hace algunos días revisábamos en el gabinete de seguridad los homicidios dolosos en el año pasado (2018), más de 18 mil, y los que resultaron muertos en agresiones, gente que agredió a personal militar y naval, eran un número totalmente reducido; algo así como 700”, dijo Cresencio en su intervención. Semanas más tarde reiteró el dato al comparecer en el Senado.

Lo anterior significa que en 2018, según el secretario de la Defensa, 700 civiles murieron aproximadamente en enfrentamientos con las fuerzas armadas. Si de ese total se restan los 51 que la Marina sí informó que abatió en 2018, significa que unas 650 personas habrían muerto en choques con el Ejército Mexicano.

Y si lo anterior se suma a lo reportado hasta abril de 2014 la cifra ascendería a 4 mil 500 civiles muertos en choques con el Ejército. Y a ello habría que agregar el saldo de 2015, 2016 y 2017 que sigue sin conocerse.

No obstante, en su respuesta fechada el pasado 2 de febrero la Defensa Nacional dijo a Animal Político que no contaba con datos posteriores a 2014.

Índice de letalidad

La información incompleta proporcionada por la Sedena arroja que, de 2007 a 2014, el Ejército mató en promedio a 8 presuntos agresores por cada uno que hirió.

De acuerdo con el referido estudio de Carlos Silva Forné, Catalina Pérez Correa y Rodrigo Gutiérrez Rivas, los conflictos armados convencionales dejan por regla general más heridos que muertos. Cuando la proporción se invierte es síntoma de una posible matanza de civiles y uso ilegal de la fuerza.

De ahí que los especialistas advierten en su análisis que el Ejército, al igual que la Marina, podrían haber ejercido de manera abusiva e ilegal la fuerza con la que cuentan.

Cabe señalar además que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió tan solo de 2012 a 2018 un total de 15 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional por violaciones a derechos humanos, entre ellas casos graves como el de la presunta ejecución extrajudicial cometida en Tlatlaya, Estado de México.

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Los 10 países que han gastado más en enfrentar la pandemia (y cómo se ubican los de América Latina)

Investigadores de la Universidad de Columbia han estado siguiendo las medidas tomadas por 168 países. Estos son sus resultados.
18 de mayo, 2020
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Yen japonés

Getty Images

Un equipo de investigadores de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, ha estado monitoreando la cantidad de recursos que los gobiernos en 168 países han invertido para enfrentar la pandemia de coronavirus.

Enormes paquetes fiscales de emergencia están inyectando dinero a la economía para mitigar los efectos de una crisis económica global que, según los pronósticos de expertos y organismos internacionales, será la peor desde la Gran Recesión de los años 30.

En estas inéditas circunstancias, el dogma de mantener el equilibrio fiscal y no incurrir en gastos fuera del presupuesto quedó en el pasado, en la medida que los contagios y las muertes se expandieron rápidamente casi a todo los rincones del planeta.

“Es un nivel de gasto extraordinario”, le dice a BBC Mundo Ceyhun Elgin, director del Programa de Master en Economía de la Universidad de Columbia, Nueva York.

Hasta ahora, el monto total del gasto fiscal a nivel global se acerca a los US$7.2 billones, equivalente a unos US$1,152 per cápita, según Elgin.

Un promedio global que bordea el 3.7% del Producto Interno Bruto (GDP).

El ranking del gasto fiscal por covid-19

Para poder hacer una comparación sobre el tamaño de los paquetes de rescate, la investigación de Columbia los presenta en relación al PIB de cada país.

Así entonces el primer lugar lo ocupa Japón con un 21% del PIB, seguido por Luxemburgo (20%), y Bélgica (19%).

En el otro extremo, entre los países que -por distintas razones- no han invertido recursos adicionales a los que tenían contemplados en su presupuesto fiscal están Turkmenistán, Yemen, Omán o Argelia.

10 países con mayor gasto fiscal por covid-19. (% del PIB). (Datos publicados el 10 de mayo)..

¿Por qué hay tanta diferencia entre los paquetes?

Sin duda los países más ricos tienen más posibilidades de aumentar su gasto fiscal, pero no es el único factor.

Elgin explica que los países con menos camas de hospital han tenido que desembolsar más recursos, algo que está directamente relacionado con la calidad y la cobertura del sistema de salud de cada país.

El nivel de exposición a la pandemia también juega un rol clave, en la medida que los países con un mayor número de contagios, tienen mayor presión para inyectar más recursos.

Gasto fiscal frente a la pandemia. (en relación al PIB) [ 3,7% A nivel global ] [ 2,4 En América Latina ],[ 6,7% En los países ricos ], Source: Fuente: Ceyhun Elgin, Columbia University, Image: Desinfección en Nicaragua por covid-19

Otro elemento relevante es el acceso al crédito o la ayuda internacional, dado que si un país tiene bloqueadas las vías de oxígeno financiero, no tendrá muchas opciones de aumentar su gasto.

Por ejemplo, países como Estados Unidos o Japón no solo son más ricos, sino que además tienen más facilidades para endeudarse, ya que hay más inversores dispuestos a comprar sus bonos.

Perú lidera el ranking en América Latina

“Latinoamérica presenta un gasto menor que el promedio a nivel mundial”, dice Elgin.

Mientras la región ha gastado cerca de un 2.4% del PIB, el mundo ha desembolsado un 3.7%.

Y en el caso de los países ricos -aquellos con más de US$10,000 per cápita- el gasto fiscal adicional por la emergencia es de 6.7% del PIB.

“En América Latina el sector informal es muy grande. Eso hace que la recaudación de impuestos sea baja y por lo tanto, el tamaño de los paquetes más reducido”, apunta el economista.

El país que lidera la lista regional de mayor gasto fiscal frente a la pandemia es Perú (9% del PIB), mientras que en el otro extremo está Nicaragua, con un nivel de gasto igual a cero.

Gasto fiscal por covid-19 en América Latina. (% del PIB). (Datos publicados el 10 de mayo).

“Más grande no es mejor”

“No hay que confundir el tamaño del paquete con la efectividad”, advierte Elgin.

“Lo más importante es cómo se gasta el dinero, el contenido del paquete, no sólo la cantidad de dinero”.

“Un paquete más grande no significa un paquete mejor”, dice Elgin, agregando que se van a requerir otros estudios que permitan analizar en profundidad los contenidos específicos del gasto fiscal frente a la pandemia.

Cementerio en Managua, Nicaragua

Getty Images
Nicaragua es el único país de América Latina que no ha destinado presupuesto adicional para enfrentar el covid-19.

“¿En qué estás gastando el dinero?, ¿en darle crédito a las empresas pequeñas?, ¿en rescatar a empresas grandes?, ¿en los desempleados?, ¿en los informales?, ¿en los bancos?. Esto es muy importante”, dice Elgin.

El seguimiento hecho por el equipo de Columbia incluye el gasto adicional al presupuesto aprobado por los países para este año.

En ese sentido, incluye en sus datos recursos frescos y deja fuera reasignaciones dentro del mismo presupuesto.

Eso podría explicar en parte por qué en otras investigaciones sobre los paquetes económicos para enfrentar la pandemia, los valores son distintos.

Por ejemplo, un análisis hecho por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Política y gestión fiscal durante la pandemia y las post-pandemia en América Latina y el Caribe”, centrado en los recursos totales anunciados por los gobiernos (incluyendo gasto directo, reasignaciones, préstamos a los bancos y otros factores) arroja que el costo de estos paquetes llega al 4.1% del PIB en Latinoamérica.

Con estos parámetros, Chile ocupa el primer lugar de la lista con un 15.1% del PIB, seguido por Perú (11.1%), y el El Salvador y Colombia con cerca de 8%.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

BBC

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