SRE recontrató sin licitación a empresa para emitir pasaportes; en 2015 su sistema colapsó
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SRE recontrató sin licitación a empresa para emitir pasaportes; en 2015 su sistema colapsó

Pese a los malos antecedentes de la empresa alemana, la actual administración federal decidió ampliar el contrato a Veridos, mediante una asignación directa por 537 millones de pesos.
Cuartoscuro
30 de marzo, 2019
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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) asignó sin licitación a la empresa alemana Veridos, un contrato por 27.7 millones de dólares, equivalente a más de 500 millones de pesos, para la emisión de pasaportes.

Esta misma empresa, de acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, había obtenido en abril de 2015 un contrato por un periodo de 32 meses, en una licitación que fue impugnada legalmente por presunto favoritismo por un consorcio de cinco compañías que habían presentado una oferta más barata.

Lee: Gobierno de AMLO adjudica sin licitar el 74% de los contratos

Veridos ganó aquella licitación con una propuesta de hasta 93.9 millones de dólares, mientras que el consorcio encabezado por la empresa Vangent propuso un costo de 79.9 millones de dólares.

Hubo otras empresas que también presentaron ofertas más baratas, como Sixsigma Networks y la británica La Rue International Limited, que ofrecían realizar el servicio de emisión de pasaportes a un costo de 86.4 millones de dólares.

Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada en esos días por José Antonio Meade, justificó la contratación de la empresa Veridos con el argumento de que se había privilegiado el aspecto técnico sobre el económico.

El argumento de la cancillería fue que se cumpliría el objetivo de agilizar el servicio de emisión de pasaportes. No obstante, cuando Veridos empezó a emitir los pasaportes en octubre de 2015, el sistema colapsó, lo que provocó protestas de los usuarios.

De 11,908 pasaportes que se emitían en promedio diariamente a nivel nacional, cayó a sólo 911 diarios, según reveló una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por lo que fue necesario que la SRE aplicara acciones urgentes para restablecer el servicio.

La misma Auditoría de la ASF mostró que el sistema contratado a Veridos ni siquiera se había implementado en los consulados de México en el extranjero porque los equipos adquiridos estaban almacenados, mientras que en las delegaciones estatales estuvieron por lo menos ocho meses sin el servicio.

Pese a estos antecedentes, la actual administración federal decidió ampliar el contrato a Veridos, mediante una asignación directa con vigencia del 15 de enero al 31 de diciembre de 2019, por un importe total, sin IVA, de 27 millones 760 mil 666 dólares, equivalentes a 537 millones de pesos al tipo de cambio actual.

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La mujer chilena que quiere que le dejen interrumpir su embarazo tras tomar anticonceptivos defectuosos

Más de 170 mujeres quedaron embarazadas luego de que el sistema de salud público chileno les diera anticonceptivos defectuosos. Esta es la historia de una de ellas.
20 de marzo, 2021
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Fue en octubre del año pasado cuando Javiera*, de 32 años, descubrió que estaba embarazada.

La noticia le resultó sorprendente. Hacía tres años que tomaba anticonceptivos.

Sin embargo, el test salió positivo.

La mujer descubrió entonces que no era la única.

Ella y otras 170 mujeres en Chile habían sido víctimas de un escándalo que ha golpeado fuertemente al sistema de salud público de ese país: la administración, por error, de anticonceptivos defectuosos a miles de mujeres.

La pastilla se llama Anullete CD, del Laboratorio Silesia S.A, y, hasta hace siete meses era repartida a más de 300.000 personas acogidas al programa de planificación familiar del Estado.

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile alertó de esta situación en agosto del año pasado, solicitando el retiro del mercado de estos anticonceptivos.

Pero la medida llegó demasiado tarde. El comprimido había estado en circulación por más de un año y las denuncias sobre embarazos no deseados aumentaban todos los días.

A pesar de que la mayoría de esas 170 mujeres ha optado por continuar con sus embarazos, Javiera decidió solicitar un aborto.

Así, el 17 de diciembre del año pasado, la joven se dirigió al Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde la atendían y presentó su petición.

mujer embarazada

Getty Images
La mayoría de las chilenas afectadas por los anticonceptivos defectuosos han decidido continuar con sus embarazos.

En Chile, la interrupción del embarazo está permitida bajo tres causales: la inviabilidad del feto, peligro de la vida de la madre o violación. Para las dos primeras, no hay límite en las semanas de gestación del embarazo.

Javiera se acogió a la segunda causal, argumentando que, producto de la situación en la que se encuentra, estaba sufriendo un importante daño psicológico y, en consecuencia, su vida estaba en peligro.

El Cesfam no respondió a su solicitud y entonces Javiera decidió acudir a los tribunales.

Argumentos del recurso de protección

Desbalance en su salud psíquica, crisis de pánico, angustia, falta de apetito, síntomas de desánimo e incluso carencia de motivación que le han impulsado a tener “ideas suicidas” fueron parte del cuadro de salud que la mujer esgrimió ante la justicia chilena.

La joven aseguró además que no cuenta con medios económicos ni redes de apoyo para cuidar a un hijo o hija, pues recién está dando los primeros pasos para ejercer su profesión técnica.

movimiento feminista chile

Getty Images
El movimiento feminista en Chile ha abogado fuertemente por los derechos reproductivos de la mujer.

El recurso de protección presentado ante los tribunales por la defensa de Javiera -quien hoy ya tiene 23 semanas de embarazo-, plantea que el Cesfam donde se atendía tuvo un “actuar ilegal y arbitrario” al omitir la solicitud de aborto y solicita que se evalúe su estado psíquico con el fin de optar a una interrupción del embarazo.

Un fallo “significativo” para los derechos de las mujeres en Chile

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago, acogió el requerimiento de la joven, marcando un importante precedente para los derechos reproductivos de las mujeres en Chile.

En un fallo unánime, el tribunal resolvió que en el caso de Javiera hubo vulneración al derecho a la vida, integridad física y psíquica de la mujer, como también una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley.

Además, la sentencia concluyó que al no responder a la solicitud inicial de la mujer, el Cesfam había actuado, en efecto, no solo de forma “caprichosa” y “arbitraria” sino también “ilegal”.

La Corte de Apelaciones ordenó que dentro del plazo de cinco días el Centro de Salud Familiar evalúe a la mujer para determinar si se puede o no acoger a la causal de interrupción del embarazo.

De acuerdo con el dictamen, el Estado de Chile tiene una “obligación proactiva de cuidar la vida y la integridad física y psíquica de las personas” y “abandonó esta obligación desde que entregó anticonceptivos defectuosos”.

Los jueces, además, afirmaron que “la falta de medios físicos, espirituales, económicos y sociales” en un embarazo no deseado representa un riesgo vital en sí mismo, que muchas veces “perpetúa la precariedad de las mujeres”.

aborto manifestaciones

Getty Images
En Chile, el aborto es legal solo en tres causales.

“Este fallo es muy significativo en la posibilidad de avanzar, tanto en términos jurídicos como sociales, en los derechos reproductivos de las mujeres en Chile”, dice a BBC Mundo la abogada Laura Dragnic, de la Corporación Miles, que representó a Laura en el requerimiento.

La abogada, además, asegura que la sentencia marca un precedente respecto a la ley de aborto en el país sudamericano.

“El fallo habla de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho legal. Y eso es importante porque en general la interpretación de la ley de aborto en Chile es para circunstancias de extrema necesidad”, señala.

“Hasta ahora no se ha comprendido como un derecho propiamente. Y eso es muy significativo, sobretodo considerando las discusiones que se avecinan en cuanto al aborto legal dentro del proceso constituyente”, agrega.

Pero a Javiera todavía le queda camino por recorrer. La Cesfam deberá pronunciarse respecto a su salud y, luego, se resolverá si puede interrumpir o no su embarazo.

De todas maneras, la demora en el proceso no la ha ayudado. Con 23 semanas de embarazo, un aborto no es lo más recomendado.

Al respecto, Laura Dragnic afirma que la decisión la tomará una vez que exista una resolución final por parte del Cesfam.

*La organización querellante solicitó mantener la confidencialidad respecto al verdadero nombre de Javiera, con el fin de resguardar su privacidad.


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