Colectivo pide al Senado rechazar la terna de ministras presentada por AMLO
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Cuartoscuro Archivo

Colectivo pide al Senado rechazar la terna de ministras presentada por AMLO

Es preocupante la postura de las aspirantes sobre derechos reproductivos y la prisión preventiva oficiosa, y su falta de conocimiento sobre el marco de derechos humanos, acusaron organizaciones.
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5 de marzo, 2019
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Organizaciones sociales pidieron al Senado que rechace la terna de ministras presentada por Andrés Manuel López Obrador, porque consideran que las aspirantes a la Suprema Corte de Justicia han mostrado desconocimiento del marco de derechos humanos, nula independencia judicial e incluso homofobia. 

“Yasmín Esquivel, quien, según diversas fuentes, tendría las más altas posibilidades de ser designada, enfrenta cuestionamientos por haber incurrido en conflictos de intereses, al participar en fallos a favor de grupos inmobiliarios y al demostrar influyentismo en su actuación”, señalaron las organizaciones ciudadanas que dan seguimiento a designaciones públicas.

“Por cuanto hace a Celia Maya, quedó demostrada su falta de criterios mínimos de especialización y respeto por los derechos humanos”, agregaron. Sobre Loretta Ortiz, también cuestionaron su cercanía política con Morena (el 17 de diciembre pasado renunció al partido).

En su comparecencia el lunes ante el Senado, las candidatas Yasmín Esquivel y Celia Maya coincidieron en plantear dudas acerca del impacto que la adopción homoparental puede tener en los niños, por lo que recibieron críticas de activistas, ya que la Corte ha emitido jurisprudencia respecto a que la orientación sexual es irrelevante en cuanto a la adopción.

“Las entrevistas realizadas por la Comisión de Justicia el día de ayer evidenciaron serias preocupaciones respecto al poco conocimiento del marco de derechos humanos – que desde 2011 forma parte de nuestro entramado jurídico- como un referente obligado de interpretación para la protección de los derechos de las personas”, apuntó el colectivo.

“Las referencias homofóbicas y contrarias a fallos de la propia institución para la que son propuestas son sumamente preocupantes y van en sentido contrario al fortalecimiento de la SCJN y de una visión garantista. De la misma manera preocupan las posturas sobre prisión preventiva oficiosa, proceso de designación de ministros y ministras, así como derechos reproductivos”, agregó.

El fortalecimiento de las instituciones, insistió el colectivo, pasa por designaciones que aseguren perfiles idóneos e independientes. “El país necesita un poder judicial fuerte, profesional e independiente para enfrentar la crisis de impunidad, corrupción y graves violaciones que enfrenta el país”.

El comunicado estuvo firmado por las organizaciones Artículo 19 México, Centroamérica; Borde Político; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Equis Justicia para las Mujeres; Fundación para el Debido Proceso (DPLF); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).

También Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB); México Evalúa; Observatorio Ciudadano Designaciones Públicas; Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos ( WOLA); y Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ).

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EPA

Entre el 30% y el 50% del agua en el mundo se obtiene de manera ilegal, según estudio

La agricultura consume alrededor del 70% del agua disponible en el planeta y la forma en la que la obtiene no siempre es legítima. 3,000 millones de personas no tienen acceso a servicios de agua potable seguros y solo el 10% del agua en el mundo se destina a los hogares.
EPA
15 de septiembre, 2020
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Puede sonar difícil de creer que entre el 30% y el 50% del agua en el mundo sea “robada”.

Como también parece sorprendente que el 70% de ese recurso sea destinado para la agricultura cuando casi un tercio de la población del planeta no tiene acceso a servicios potables.

Sin embargo, diferentes estudios y expertos señalan que eso es lo que ocurre.

El agua es “robada” o desviada y en lugar de abastecer a las poblaciones se dirige al negocio del agro, según explica a BBC Mundo Adam Loch, experto en el tema de la Universidad de Adelaide (Australia).

Pero el problema no termina ahí.

El planeta desecha la tercera parte de los alimentos que produce y eso hace más injusta esta desproporción en el uso que hacemos del agua, como comenta Richard Connor, responsable del Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos.

“Es una desperdicio cuando se destina a la sobreproducción de comida”, señala a BBC Mundo.

El “gran robo”

La escasez de agua se agudizó por el cambio climático primero y después por la pandemia del coronavirus.

3.000 millones de personas no tienen acceso a redes de distribución, según la ONU, y el uso “desproporcionado” del recurso en rubros como la agricultura o la minería agrava el problema.

Represa

EPA
El agua se convirtió en un valioso recurso para la generación de electricidad.

Adam Loch señala que, a pesar de los vacíos jurídicos existentes alrededor de la propiedad y el valor del agua, se puede hablar de “robo” dado que existen actores dentro de este modelo de explotación que esquivan procedimientos legales a tal escala que entre el 30% y 50% del recurso se puede considerar sustraído.

Y en perjuicio de las poblaciones.

“Es difícil de precisar los porcentajes, pero sabemos que la agricultura es el mayor usuario a nivel mundial. Y encontramos que esa extracción o consumo en muchos casos se realiza sin que exista derecho legítimo“, explica el experto.

Loch, junto a un equipo de investigadores, publicó recientemente un ensayo titulado “Gran robo de agua”, publicado en la revista científica Nature.

En el trabajo sostienen que la incertidumbre y los cambios repentinos en el suministro de ese recurso aumentan las posibiidades de la ilegalidad de su uso.

“Por ejemplo, los períodos de sequía también pueden alterar las percepciones de las normas, la legitimidad y la equidad de las personas o entidades”, explica el investigador.

Loch añade que el fenómeno del robo del agua tiene un margen elevado de subregistro o directamente es minimizado por los estados.

Pone el ejemplo de la región andina sudamericana, donde no hay un adecuado control del consumo de los sistemas de riego y que puede ser un uso excesivo para maximizar las ganancias.

Zona árida en México

Reuters
Las regiones áridas y las que sufren largos periodos de sequía son un factor que impulsa a la extracción ilegal de agua.

Esta zona, compartida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela produce plantaciones de alta demanda en el mercado mundial como la quinua que, a la vez, requieren altos niveles de agua después de la siembra.

Las dificultades

Para Richard Connor el concepto del “robo de agua” se puede utilizar, pero es necesario tomar en cuenta otras figuras.

“Se puede calificar así, pero también hablar de la pérdida del recurso”, explica.

El experto indica, como ejemplo, cuando el agua es desviada a través de canales artificiales o a través de tuberías.

“Cuando esto pasa es difícil de monitorear y determinar si se trata de robo”, explica.

Connor indica que existen muchas “áreas grises” con relación a las concesiones y a la propiedad como tal del agua.

“La agricultura usa enormes cantidades del recurso y puede ser usada de fuentes no permitidas como humedales, que se supone deben ser protegidos, pero también la aprovechan de los sistemas municipales legales”, indica.

Minas en Chile

Reuters
Actividades como la agricultura y la minería demandan grandes cantidades de agua.

El relator de Naciones Unidas explica que, en el mundo, se considera un bien común el agua que se encuentra en ríos, lagos, debajo de la tierra y otros espacios naturales, pero a la vez existen usuarios individuales y compañías que logran los derechos propietarios en determinadas regiones.

“Tratar de establecer quién es el dueño del agua es como buscar al dueño de la electricidad. Es bastante difícil de definir”, concluye.

Consecuencias

Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en que, se trate de robo, explotación o desvío, el uso desproporcional del agua afecta directamente a las poblaciones.

Y con mayor énfasis en las regiones que sufren largas sequías o que por condiciones socioeconómicas no tienen garantizados los servicios sanitarios y potables.

Solo el 10% del agua va para uso doméstico y la inmensa mayoría que va a la agricultura genera poco valor agregado para los productos internos brutos de los países”, indica Connor.

El experto añade que, si bien no hay productividad económica significativa en la distribución del recurso a los hogares, sí se generan beneficios sociales en diferentes áreas como la salud.

“Si la gente crece con acceso a agua potable, claro que repercute en menores costos futuros para los sistemas de salud”, afirma.


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