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Foto: Segob
"EPN nos prometió un abogado y luego nos abandonó": activistas indígenas presos 16 años sin pruebas
Seis defensores del agua mexiquenses fueron liberados tras pasar en la cárcel 16 años. La fiscalía mexiquense se desistió del caso por falta de pruebas y violaciones al debido proceso.
Foto: Segob
12 de abril, 2019
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Pedro Sánchez, indígena y defensor del agua de la comunidad mexiquense de Tlanixco, se mira las rayas de colores estridentes que atraviesan de lado a lado el polo blanco que viste con un pantalón tejano, y con una sonrisa nerviosa dice que aún se ve raro al espejo sin el monótono uniforme caqui de la cárcel.

Fueron muchos días con ese uniforme, bromea abrazado a su esposa Marisela. Más de 5 mil 840 días en los que estuvo preso en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, acusado junto a otros cinco activistas de un caso de homicidio que, 16 años después, la Fiscalía del Estado de México tuvo que retirar en febrero pasado por falta de pruebas y violaciones al debido proceso.

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En concreto, entre 2003 y 2006, él y sus compañeros Teófilo Pérez, Rómulo Arias, Marco Antonio Pérez, Lorenzo Sánchez, y Dominga González, fueron aprehendidos y encarcelados por el homicidio del empresario floricultor español Alejandro Isaak Basso, con quien la comunidad de Tlanixco, en el Estado de México, mantenía una disputa por el agua del río Texcaltenco.

Los seis acusados, hoy liberados, eran representantes del Comité del Agua de Tlanixco y líderes del movimiento para evitar que los empresarios del municipio vecino, Villa Guerrero, se quedaran con las concesiones del río para sus negocios de flores.

“En la cárcel, no había día que no soñara con vivir este momento. Esto es algo histórico para nosotros”, dice Pedro, luego de que terminara la conferencia de prensa de ayer, en la que el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que con el caso de los seis activistas de Tlanixco suman ya 25 presos políticos liberados desde que entró el nuevo Gobierno. Y que otros 583 casos ya están siendo analizados, también por posibles irregularidades en los procesos penales.

Ahora, añade Pedro, está saboreando la libertad. Disfrutando, por ejemplo, de lo que es tumbarse de nuevo sobre su propia cama. Y poniéndose al día con las nuevas tecnologías y los smartphones que no existían cuando fue encarcelado en 2003.

“Aún me cuesta asimilar que soy libre -comenta mientras sus compañeros se toman fotos junto al atril de la Segob-. Porque 16 años en una cárcel es mucho tiempo. Por ejemplo, niños que tenían cuatro años cuando yo entré en prisión, ahora tienen 20. Es toda una vida la que pasamos ahí adentro injustamente, porque no cometimos ningún delito, somos inocentes”.

En la lucha por demostrar su inocencia, Pedro explica que tuvieron como aliados incodicionales a sus familiares, al Centro Zeferino Ladrillero, que acompañó legalmente su caso, así como otras organizaciones como Front Line Defenders.

Incluso, hasta la ONU, la cual recriminó al estado mexicano que violentó el derecho al debido proceso de los seis indígenas, y que cometió graves irregularidades durante la investigación del caso, como basarse en testigos que no estuvieron en el lugar de los hechos para encarcelar a los activistas.

“No solo estuvimos presos nosotros seis durante 16 años. También lo estuvieron nuestras parejas, nuestros hijos, y nuestras familias. El daño fue para todos”, lamenta Teófilo Pérez.

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“Peña Nieto nos abandonó”

Mientras que, en el otro lado de la moneda, ninguno de los seis activistas liberados, ni sus familias, pueden olvidarse de un político en particular.

“Enrique Peña Nieto nos abandonó”, sentencia Dominga González, activista que hoy tiene 60 años de edad, y que en sus primeros años en la cárcel su familia tenía que pagarle protección, puesto que su compañera de celda era muy agresiva y la golpeaba.

Marisela Domínguez, esposa de Pedro, contextualiza la frase de Dominga.

Corría el año 2005, y el priista Enrique Peña Nieto se encontraba en ese entonces en plena campaña política para el cargo de gobernador del Estado de México, y visitó el municipio de Tlanixco como parte de su gira por el voto.

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“Los familiares nos acercamos a Peña Nieto por la necesidad extrema que teníamos -explica Marisela-. Él vino con nosotros y nos prometió que nos iba a ayudar a conseguir la libertad de nuestros presos políticos”.

Al principio, todo marchaba bien. Antes de ser electo como gobernador mexiquense, Peña Nieto cumplió y les ayudó, aunque, según puntualizan los familiares, había una condición que debían cumplir.

“La condición era que teníamos que dejar a nuestros abogados, porque él nos iba a dar uno mejor para nuestra defensa. Y así lo hicimos. Confiamos en él y despedimos a nuestros abogados”, cuenta Pedro Sánchez.

Pero, poco después, ya con Peña Nieto como mandatario mexiquense, Marisela asegura que la puerta del gobierno se cerró, y que el flamante abogado, “así nomás”, dejó de asistir a las audiencias y los abandonó a su suerte.

“La supuesta ayuda de Peña Nieto fue peor para nosotros -remata Pedro-. Porque nos quedamos más desamparados, sin recursos, y sin abogado para defendernos”.

“Exigimos que no haya represalias”

Ahora, los seis activistas indígenas coinciden en señalar que es tiempo de regresar a casa, a Tlanixco. A descansar, a poner en orden sus vidas, o a intentar reiniciarlas con 16 años más de edad.

Aunque todos también coinciden en algo: temen que las autoridades mexiquenses no se queden conformes con su liberación.

“Lo que pedimos ahora es que no haya ninguna represalia contra nosotros, ni en contra de Tlanixco”, plantea Dominga González.

“Para el gobierno del Estado de México, tal vez, no se hizo justicia. Quizá piensen que burlamos a la justicia. Pero nosotros no la burlamos, sino que realmente se hizo justicia”, apunta Pedro, que hace una reflexión acerca del empresario fallecido en la disputa por el agua del río Texcaltenco, Alejandro Isaak Basso.

“Es cierto, hubo una persona muerta. Y seguro que su familia, me pongo en su lugar, querrá que se haga justicia y se aclare lo sucedido. Pero esa familia, si se pone en nuestro lugar, también querría que se hiciera justicia y no se encarcelara a nadie injustamente. Aquí no fallamos nosotros. El que falló fue el poder judicial del Estado de México, en contubernio con el Legislativo y el Ejecutivo”, argumenta el activista. “Porque nos condenaron a la pena máxima, 50 años, solo por ser indígenas y de bajos recursos”, agrega.

Por eso, concluye Teófilo Pérez, esperan que su liberación sirva ahora de ejemplo, para que el nuevo Gobierno “siga volteando a ver a la gente más pobre, que es inocente y no tiene posiblidad de defenderse, y que está injustamente encarcelada”.

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