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En tres meses, 129 dependencias han sido denunciadas por incumplir obligaciones de transparencia
En tres meses, 129 dependencias han sido denunciadas por incumplir obligaciones de transparencia
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En tres meses, 129 dependencias han sido denunciadas por incumplir obligaciones de transparencia
19 de abril, 2019
Por: Nayeli Roldán
@nayaroldan 

A cuatro meses de iniciar la nueva administración del gobierno federal, las dependencias no han actualizado los datos que forman parte de las obligaciones de transparencia, que van desde el directorio, estructura orgánica, hasta contrataciones, padrón de proveedores, manuales de organización, o indicadores de resultados de sus programas. 

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De hecho, entre el 7 de enero y el 8 de abril, ciudadanos han interpuesto 129 denuncias debido a que dependencias como la Secretaría de la Defensa, de Gobernación, Medio Ambiente, o la Cámara de Diputados, han incumplido con sus obligaciones de transparencia, informa Adrián Alcalá, secretario Acceso a la Información en el INAI.

Dichas denuncias deben ser analizadas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y en caso de comprobarse el incumplimiento, puede obligar a las dependencias a actualizar la información.

En caso de que persista el incumplimiento, el INAI puede sancionar a la dependencia o ente, desde una  amonestación, suspensión y hasta una multa que debe ser pagada con patrimonio del servidor público, explica Alcalá en entrevista con Animal Político.

 La Ley General de Transparencia fija un plazo de actualización de tres meses para realizar la actualización de la información, pero hasta el momento, los nuevos funcionarios están incumpliendo con ello porque los datos corresponden hasta 2018 cuando se consulta en la Plataforma Nacional de Transparencia y en las páginas de cada dependencia. 

En la estructura orgánica de la Secretaría del Bienestar, Educación o Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, siguen apareciendo nombres de los secretarios de Estado en la administración de Enrique Peña Nieto. 

El atraso en la actualización “sí es una irregularidad”, afirma Adrián Alcalá, toda vez que “hubo un cambio en toda la estructura” y aunque el sujeto obligado (dependencias y organismos) tienen como plazo hasta el mes de abril para hacer las modificaciones, la ley también advierte que en el caso del directorio, por ejemplo, se debe actualizar en los 15 días siguientes a cuando ocurra un cambio de funcionario.

Como parte de sus facultades, el INAI iniciará una revisión de oficio a todos los sujetos obligados de la administración pública Federal que cumplan con sus obligaciones de transparencia.

Sin embargo, también existe la opción de “denuncia” que cualquier ciudadano puede hacer a través de la página de la Plataforma Nacional de Transparencia para señalar a aquellas dependencias que no tengan la información actualizada y con ello se inicia la intervención del INAI para instar a que cumplan.

En el artículo 24 de la Ley de Transparencia se establece que los sujetos obligados, es decir, todo ente que recibe recursos públicos, desde dependencias de gobierno hasta partidos políticos o sindicatos, deben “publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia”. 

La misma legislación establece como obligación que la información correspondiente a las obligaciones de transparencia “deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un plazo diverso”.

Las obligaciones de transparencia incluyen publicar estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, el marco normativo aplicable como leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos.

También la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración. 

Aunque ésta última ya era una obligación legal que se debía integrar en la página de internet de cada dependencia, la Secretaría de la Función Pública presentó el lunes 15 de abril una herramienta llamada “Nómina Transparente” mediante la cual se puede consultar de manera más accesible el salario y prestaciones que recibe cada funcionario. 

También debería estar actualizado el padrón de proveedores, información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio. 

Sin embargo, cuando se intenta consultar información al respecto en la página de la Plataforma Nacional de Transparencia, los datos solo alcanzan hasta diciembre de 2018 o los vínculos están dañados y no se despliega la información. 

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