Autoridades detectan presunto enriquecimiento ilícito de Duarte y Karime Macías por 20 mdp
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Cuartoscuro Archivo

Autoridades detectan presunto enriquecimiento ilícito de Duarte y Karime Macías por 20 mdp

Por este caso, cuya investigación inició desde hace casi tres años, la FGR (antes PGR) solicitará en las próximas semanas nuevas órdenes de aprehensión a jueces federales.
Cuartoscuro Archivo
9 de abril, 2019
Comparte

La Fiscalía General de la República (FGR) detectó a través de una serie de peritajes especializados un posible enriquecimiento ilícito y fraude fiscal por al menos 20 millones de pesos del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, de su esposa Karime Macías, y de otras personas y familiares cercanos a la pareja.

Por este caso, cuya investigación inició desde hace casi tres años, la FGR (antes PGR) solicitará nuevas órdenes de aprehensión a jueces federales en las próximas semanas. Una de ellas ya se dio a conocer el pasado fin de semana en contra de Mónica Tubilla Macías, prima de Karime Macías.

Autoridades federales informaron que el 11 de julio de 2016 la entonces PGR inició la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/2016 en contra de Duarte y su primer círculo familiar por la denuncia presentada por Miguel Ángel Yunes Linares. A ellas se integró el acta circunstanciada AC/UEIDFF/010/2016 abierta un mes antes, por una denuncia anónima interpuesta en contra del exgobernador de Veracruz por enriquecimiento ilícito.

Ese fue el punto de partida de las investigaciones que permitieron corroborar  presuntas irregularidades entre los recursos económicos detectados en las cuentas bancarias de Duarte y su esposa, respecto a los ingresos de los mismos. En síntesis fueron 20 millones de pesos que supuestamente transitaron por las cuentas sin actividades (legales) que las amparen. Dinero que incluso pudo llegar al extranjero.

Para verificar lo anterior la Subprocuraduría de Delitos Federales de la entonces PGR obtuvo información de distintas instituciones federales, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancara de Valores, y la Procuraduría Fiscal de la Federación. Incluso se solicitaron asistencias internacionales a Estados Unidos, España y Costa Rica.

Además se solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) un dictamen técnico contable en materia de evolución patrimonial tanto de Duarte de Ochoa así como de sus dependientes económicos.

Por su parte la PGR llevó a cabo diversos peritajes en materia de contabilidad y evolución patrimonial. Uno de ellos concluyó que en el periodo del 1 de diciembre de 2010 al 31 de diciembre de 2015 existe un aumento patrimonial de Javier Duarte sin justificación. Dicho periodo coincide con los cinco primeros años de su administración.

Desde octubre de 2016 y previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Ministerio Público Federal consiguió el aseguramiento de múltiples cuentas bancarias relacionadas con Duarte, su primer círculo familiar y  posibles prestanombres.

Los delitos y el retraso en la denuncia

De acuerdo con lo explicado por autoridades que participaron en la investigación, los nuevos delitos que estarían configurando en contra de Macías, Duarte y otros involucrados, son defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito equiparados.

Lo anterior ya que se detectaron recursos económicos que no están amparados ante ninguna actividad comprobable y que, por ende, tampoco fueron reportados a Hacienda ni se cumplieron las obligaciones fiscales correspondientes. La confirmación de la defraudación fiscal permite a su vez corroborar la existencia de recursos no justificados, que en el caso de Duarte y sus familiares directos es equiparable a enriquecimiento ilícito.

El progreso de este caso se vio detenido al menos año y medio debido a la falta de denuncia formal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), hecho confirmado por el subprocurador Felipe Muñoz en una conferencia de prensa en octubre de 2018.

Y es que acuerdo con el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, para que pueda procederse penalmente en un caso de defraudación fiscal es indispensable que la Secretaría de Hacienda presente ante el Ministerio Público la querella correspondiente.

Fue hasta diciembre de 2018 cuando se dio a conocer públicamente que la SHCP había formalizado la denuncia por defraudación fiscal en contra de Karime Macías por las irregularidades detectadas en sus movimientos bancarios.

Cabe señalar que la investigación federal por estos delitos no solo se extendió al círculo familiar del exgobernador de Veracruz y su esposa sino a varios colaboradores.

Las autoridades consultadas informaron que el delito de defraudación fiscal equiparada se confirmó en al menos dos casos más: el del abogado fiscalista José Juan Rodríguez Janeiro por irregularidades en el ejercicio fiscal de 2012, y en el del empresario Moisés Mansur Cysneiros por irregularidades en los ejercicios fiscales 2012 y 2014.

Hasta ahora no se ha precisado públicamente si las órdenes de aprehensión en contra de ellos dos fueron solicitadas a os jueces correspondientes o aún no.

Este sería el segundo caso penal en contra de Janeiro y Mansur luego de que ambos fueron acusados, junto con Javier Duarte y otras personas más, de lavado de dinero y delincuencia organizada, caso por el cual el exgobernador de Veracruz fue sentenciado a 9 años de prisión.

Janeiro logró ser absuelto en dicho proceso a cambio de colaborar con las autoridades federales confesando los actos ilegales. Por su parte Mansur huyó a Canadá donde aún permanece junto con su familia, sin que a la fecha el gobierno de México haya conseguido extraditarlo.

Opacidad en casos Duarte y Macías

Desde el año pasado Javier Duarte y Karime Macías enfrentan procedimientos de carácter internacional promovidos por México, derivados de órdenes de aprehensión giradas en contra de ambos por jueces de Veracruz.

En el caso de Javier Duarte pesa en su contra una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada. Para que la misma pueda ser cumplimentada, se necesita que Guatemala (país que lo extraditó en 2017) autorice su ejecución como una excepción al tratado que solo permite procesar a una persona por los delitos originales por los cuales fue entregada.

En el caso de Karime Macías, la Fiscalía de Veracruz obtuvo una orden en su contra por posibles hechos de corrupción, la cual no ha podido ser cumplimentada pues, desde 2016, ella y sus hijos viven en Londres donde solicitaron refugio. Por ello se giró una ficha roja de Interpol en contra de Macías, y se puso en marcha la solicitud formal de extradición.

En ambos casos los procedimientos están a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la cual no ha informado de avance alguno. En ese contexto Animal Político solicitó vía transparencia a la dependencia conocer el estatus de estos procedimientos que públicamente han sido confirmados, sin embargo, la SRE se negó a informar argumentando que son datos “confidenciales”.

En el caso de Karime Macías la SRE argumentó al dar respuesta a la solicitud folio 0000500236618 que “el dar a conocer si una persona cuenta o no con una petición de extradición en su contra afectaría el derecho a la presunción de inocencia y a salvaguardar su honor”.

Y respecto a la solicitud de Javier Duarte folio 0000500236518, la dependencia federal respondió con una negativa casi idéntica a la anterior. Señaló que “dar a conocer si una persona cuenta o no en su contra con una petición de excepción al Principio de Especialidad (…) afectaría el derecho a la presunción de inocencia y a salvaguardar su honor”.

En este contexto Animal Político ya promovió ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) recursos en contra de esta negativa de proporcionar la información.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

Rusia y Ucrania: qué se considera un crimen de guerra y puede ser Putin procesado por sus acciones

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de atacar civiles y cometer "crímenes de guerra", algo que está investigando la Corte Penal Internacional.
11 de marzo, 2022
Comparte

Ciudades ucranianas como Kiev, Járkiv, Jersón y Mariúpol han sido objeto de intensos ataques por parte de las fuerzas rusas en los últimos días.

En la última de ellas se produjo el bombardeo de una maternidad y hospital infantil este miércoles, algo que fue calificado por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, como un “crimen de guerra”.

No fue la primera vez que Zelensky lanzó esa acusación contra Rusia. También lo hizo después de los ataques aéreos en Járkiv, que causaron la muerte de civiles.

Rusia ha negado que su ejército ataque civiles e instituciones de salud.

No obstante, tras la petición de 39 naciones, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dijo hace unos días que se están recopilando pruebas sobre presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por fuerzas rusas en Ucrania.

Aquí te contamos qué son los crímenes de guerra y de qué se acusa a Rusia.

¿Qué es un crimen de guerra?

Las reglas que definen un crimen de guerra figuran en el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra, un conjunto de leyes más amplias relativas a las normas y costumbres de la guerra terrestre.

En algunos casos, también se utilizan los estatutos de órganos como las cortes penales internacionales que juzgaron crímenes en la antigua Yugoslavia y Ruanda.

Los Convenios de Ginebra son varios tratados que establecen estándares legales internacionales para el trato humano durante la guerra.

Las primeras tres convenciones protegen a los combatientes y prisioneros de guerra, mientras que la cuarta, adoptada después de la Segunda Guerra Mundial, protege a los civiles en las zonas de conflicto.

Los Convenios de Ginebra de 1949 han sido ratificados por todos los estados miembros de Naciones Unidas, incluida Rusia.

Firma de los Convenios de Ginebra

Getty Images
Los Convenios de Ginebra fueron firmados en 1949.

La definición de crímenes de guerra de la Cuarta Convención de Ginebra incluye:

  • El homicidio intencional.
  • La tortura o tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos.
  • Causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud.
  • La destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente.
  • Forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una potencia enemiga.
  • Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente.
  • La deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal.
  • La toma de rehenes.

El Estatuto de Roma de 1998, otro importante tratado internacional relacionado con los conflictos armados, también incluye como crímenes de guerra:

  • Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades.
  • Lanzar intencionalmente un ataque a sabiendas de que causará incidentalmente la muerte o lesiones a civiles.
  • Atacar o bombardear, por cualquier medio, pueblos, aldeas, viviendas o edificios indefensos.

Además, establece que ciertos tipos de edificios, como hospitales o aquellos dedicados a la religión o la educación, no pueden ser atacados intencionalmente.

También prohíbe el uso de ciertos tipos de armas, así como gases venenosos.

¿Qué es la CPI y cómo se procesan los crímenes de guerra?

La CPI se creó en 1998 bajo el Estatuto de Roma. Es una institución independiente que procesa a las personas acusadas de los crímenes más graves contra la comunidad internacional.

Investiga crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.

Los Estados pueden procesar a los presuntos delincuentes en sus propios tribunales. La CPI solo puede ejercer jurisdicción donde los Estados no pueden o no quieren hacerlo. Por ello, es un “tribunal de último recurso”.

El tribunal no tiene su propia fuerza policial y depende de la cooperación estatal para arrestar a los sospechosos. Las sanciones impuestas por la CPI pueden incluir penas de prisión y multas.

Rusia y Ucrania no se encuentran entre los 123 estados miembros de la corte, pero Ucrania ha aceptado su jurisdicción, lo que significa que la CPI puede investigar ciertos presuntos delitos.

Otros países destacados que no son miembros incluyen Estados Unidos, China e India.

Sala de la Corte Penal Internacional

Getty Images
La Corte Penal Internacional decidió investigar si ha habido crímenes de guerra en Ucrania.

¿Ha habido enjuiciamientos por crímenes de guerra antes?

Durante la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de varios millones de personas, principalmente judíos, a manos de la Alemania nazi y el maltrato tanto de civiles como de prisioneros de guerra, llevaron a las potencias aliadas a procesar a las personas responsables.

Los Juicios de Núremberg entre 1945 y 1946 llevaron a la condena a muerte de diez líderes nazis. Un proceso similar comenzó en Tokio en 1948, donde siete comandantes japoneses fueron ahorcados.

Estos juicios sentaron precedente para procesamientos posteriores.

En 2012, el señor de la guerra congoleño Thomas Lubanga fue la primera persona condenada por la CPI cuando fue declarado culpable de reclutar y utilizar a niños soldados en su ejército rebelde entre 2002 y 2003. Fue condenado a 14 años.

Thomas Lubanga

Getty Images
Thomas Lubanga fue condenado por reclutar a niños soldados en la guerra del Congo

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) fue un organismo de Naciones Unidas que funcionó desde 1993 hasta 2017, creado para enjuiciar los crímenes cometidos durante las guerras de Yugoslavia.

El tribunal encontró a Radovan Karadzic, un exlíder serbobosnio, culpable en 2016 de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad por su papel en el conflicto. Ratko Mladic, el comandante militar de las fuerzas serbias de Bosnia, también fue condenado en 2017 por los mismos delitos.

Otros tribunales ad hoc también han procesado a personas por genocidio y crímenes de lesa humanidad en Ruanda y Camboya. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue la primera institución en reconocer la violación como un medio para perpetrar el genocidio.

¿De qué se ha acusado a Rusia?

El bombardeo del miércoles sobre una maternidad y un hospital infantil en Mariúpol causó indignación internacional.

“¿Qué tipo de país es este, la Federación Rusa, que tiene miedo de los hospitales y las maternidades y los destruye?”, cuestionó Zelensky en un discurso grabado desde Kiev.

Médicos Sin Fronteras, que tiene personal destacado en Ucrania, comentó que su equipo está “horrorizado” ante el ataque.

“En una ciudad en la que el sistema sanitario está al borde del colapso, privar a la gente de la tan necesaria asistencia sanitaria es una violación de las leyes de la guerra”, agregó la organización.

Moscú también está acusada de utilizar bombas de racimo en otros ataques. Las bombas de racimo son armas que, una vez que se lanzan, dispersan municiones más pequeñas.

Están prohibidas por muchos países en virtud de la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008, pero no en Rusia o Ucrania, que no firmaron el acuerdo.

Los grupos de derechos humanos y el embajador de Ucrania ante la ONU también acusaron a Rusia de usar bombas de vacío en un ataque contra la ciudad nororiental de Ojtirka.

Las bombas de vacío son un arma termobárica que puede causar gran destrucción al encender una nube de combustible vaporizado.

No existen leyes internacionales que prohíban específicamente su uso, pero si un país los usa para atacar a poblaciones civiles en áreas urbanizadas, escuelas u hospitales, entonces podría ser condenado por un crimen de guerra según las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907.

Un comercio en la ciudad ucraniana de Járkiv

Getty Images
La ciudad ucraniana de Járkiv ha sido atacada por las fuerzas militares rusas

El Kremlin ha negado haber cometido crímenes de guerra o haber usado bombas de racimo y de vacío. Ha descartado las acusaciones como “noticias falsas”.

El ministro de Defensa ruso, Sergey Shoigu, dijo: “Los ataques se llevan a cabo solo contra objetivos militares y exclusivamente con armas de alta precisión”.

¿Puede Putin ser procesado?

Es mucho más fácil responsabilizar de un crimen de guerra a un soldado que lo ha cometido que a los líderes que le ordenaron disparar.

Pero la CPI también puede iniciar un proceso por la ofensa de “librar una guerra agresiva”.

Ese es un crimen por invasión o conflicto injustificado, que va más allá de una justificable acción militar en defensa propia.

Un cartel con la cara de Vladimir Putin y la palabra "Asesino" pegado en la entrada de la embajada de Rusia, en Santiago Chile

EPA
Este cartel colgado en la entrada de la embajada de Rusia, en Santiago, Chile, deja claro lo que algunos piensan sobre Vladimir Putin.

Curiosamente, esa tipificación se originó en Núremberg, después de que el juez enviado por Moscú convenció a los aliados de que los líderes nazis deberían enfrentar la justicia por “crímenes contra la paz”.

Pero este es el problema: el profesor y magistrado británico Philippe Sands, un experto en ley internacional de University College London, dice que la CPI no podría procesar a los líderes rusos por esa ofensa porque dicho país no es signatario del tribunal.

En teoría, el Consejo de Seguridad de la ONU podría pedirle a la CPI que investigue esa ofensa. Pero, una vez más, Rusia podría usar su veto como uno de los cinco miembros permanentes del consejo.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=lmqtZZzgAP8

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.