Autoridades detectan presunto enriquecimiento ilícito de Duarte y Karime Macías por 20 mdp
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Cuartoscuro Archivo

Autoridades detectan presunto enriquecimiento ilícito de Duarte y Karime Macías por 20 mdp

Por este caso, cuya investigación inició desde hace casi tres años, la FGR (antes PGR) solicitará en las próximas semanas nuevas órdenes de aprehensión a jueces federales.
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9 de abril, 2019
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La Fiscalía General de la República (FGR) detectó a través de una serie de peritajes especializados un posible enriquecimiento ilícito y fraude fiscal por al menos 20 millones de pesos del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, de su esposa Karime Macías, y de otras personas y familiares cercanos a la pareja.

Por este caso, cuya investigación inició desde hace casi tres años, la FGR (antes PGR) solicitará nuevas órdenes de aprehensión a jueces federales en las próximas semanas. Una de ellas ya se dio a conocer el pasado fin de semana en contra de Mónica Tubilla Macías, prima de Karime Macías.

Autoridades federales informaron que el 11 de julio de 2016 la entonces PGR inició la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/2016 en contra de Duarte y su primer círculo familiar por la denuncia presentada por Miguel Ángel Yunes Linares. A ellas se integró el acta circunstanciada AC/UEIDFF/010/2016 abierta un mes antes, por una denuncia anónima interpuesta en contra del exgobernador de Veracruz por enriquecimiento ilícito.

Ese fue el punto de partida de las investigaciones que permitieron corroborar  presuntas irregularidades entre los recursos económicos detectados en las cuentas bancarias de Duarte y su esposa, respecto a los ingresos de los mismos. En síntesis fueron 20 millones de pesos que supuestamente transitaron por las cuentas sin actividades (legales) que las amparen. Dinero que incluso pudo llegar al extranjero.

Para verificar lo anterior la Subprocuraduría de Delitos Federales de la entonces PGR obtuvo información de distintas instituciones federales, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancara de Valores, y la Procuraduría Fiscal de la Federación. Incluso se solicitaron asistencias internacionales a Estados Unidos, España y Costa Rica.

Además se solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) un dictamen técnico contable en materia de evolución patrimonial tanto de Duarte de Ochoa así como de sus dependientes económicos.

Por su parte la PGR llevó a cabo diversos peritajes en materia de contabilidad y evolución patrimonial. Uno de ellos concluyó que en el periodo del 1 de diciembre de 2010 al 31 de diciembre de 2015 existe un aumento patrimonial de Javier Duarte sin justificación. Dicho periodo coincide con los cinco primeros años de su administración.

Desde octubre de 2016 y previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Ministerio Público Federal consiguió el aseguramiento de múltiples cuentas bancarias relacionadas con Duarte, su primer círculo familiar y  posibles prestanombres.

Los delitos y el retraso en la denuncia

De acuerdo con lo explicado por autoridades que participaron en la investigación, los nuevos delitos que estarían configurando en contra de Macías, Duarte y otros involucrados, son defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito equiparados.

Lo anterior ya que se detectaron recursos económicos que no están amparados ante ninguna actividad comprobable y que, por ende, tampoco fueron reportados a Hacienda ni se cumplieron las obligaciones fiscales correspondientes. La confirmación de la defraudación fiscal permite a su vez corroborar la existencia de recursos no justificados, que en el caso de Duarte y sus familiares directos es equiparable a enriquecimiento ilícito.

El progreso de este caso se vio detenido al menos año y medio debido a la falta de denuncia formal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), hecho confirmado por el subprocurador Felipe Muñoz en una conferencia de prensa en octubre de 2018.

Y es que acuerdo con el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, para que pueda procederse penalmente en un caso de defraudación fiscal es indispensable que la Secretaría de Hacienda presente ante el Ministerio Público la querella correspondiente.

Fue hasta diciembre de 2018 cuando se dio a conocer públicamente que la SHCP había formalizado la denuncia por defraudación fiscal en contra de Karime Macías por las irregularidades detectadas en sus movimientos bancarios.

Cabe señalar que la investigación federal por estos delitos no solo se extendió al círculo familiar del exgobernador de Veracruz y su esposa sino a varios colaboradores.

Las autoridades consultadas informaron que el delito de defraudación fiscal equiparada se confirmó en al menos dos casos más: el del abogado fiscalista José Juan Rodríguez Janeiro por irregularidades en el ejercicio fiscal de 2012, y en el del empresario Moisés Mansur Cysneiros por irregularidades en los ejercicios fiscales 2012 y 2014.

Hasta ahora no se ha precisado públicamente si las órdenes de aprehensión en contra de ellos dos fueron solicitadas a os jueces correspondientes o aún no.

Este sería el segundo caso penal en contra de Janeiro y Mansur luego de que ambos fueron acusados, junto con Javier Duarte y otras personas más, de lavado de dinero y delincuencia organizada, caso por el cual el exgobernador de Veracruz fue sentenciado a 9 años de prisión.

Janeiro logró ser absuelto en dicho proceso a cambio de colaborar con las autoridades federales confesando los actos ilegales. Por su parte Mansur huyó a Canadá donde aún permanece junto con su familia, sin que a la fecha el gobierno de México haya conseguido extraditarlo.

Opacidad en casos Duarte y Macías

Desde el año pasado Javier Duarte y Karime Macías enfrentan procedimientos de carácter internacional promovidos por México, derivados de órdenes de aprehensión giradas en contra de ambos por jueces de Veracruz.

En el caso de Javier Duarte pesa en su contra una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada. Para que la misma pueda ser cumplimentada, se necesita que Guatemala (país que lo extraditó en 2017) autorice su ejecución como una excepción al tratado que solo permite procesar a una persona por los delitos originales por los cuales fue entregada.

En el caso de Karime Macías, la Fiscalía de Veracruz obtuvo una orden en su contra por posibles hechos de corrupción, la cual no ha podido ser cumplimentada pues, desde 2016, ella y sus hijos viven en Londres donde solicitaron refugio. Por ello se giró una ficha roja de Interpol en contra de Macías, y se puso en marcha la solicitud formal de extradición.

En ambos casos los procedimientos están a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la cual no ha informado de avance alguno. En ese contexto Animal Político solicitó vía transparencia a la dependencia conocer el estatus de estos procedimientos que públicamente han sido confirmados, sin embargo, la SRE se negó a informar argumentando que son datos “confidenciales”.

En el caso de Karime Macías la SRE argumentó al dar respuesta a la solicitud folio 0000500236618 que “el dar a conocer si una persona cuenta o no con una petición de extradición en su contra afectaría el derecho a la presunción de inocencia y a salvaguardar su honor”.

Y respecto a la solicitud de Javier Duarte folio 0000500236518, la dependencia federal respondió con una negativa casi idéntica a la anterior. Señaló que “dar a conocer si una persona cuenta o no en su contra con una petición de excepción al Principio de Especialidad (…) afectaría el derecho a la presunción de inocencia y a salvaguardar su honor”.

En este contexto Animal Político ya promovió ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) recursos en contra de esta negativa de proporcionar la información.

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Birmania: decenas de miles se manifiestan contra el golpe de Estado en las mayores protestas en décadas

Este sábado la ciudad más grande del país asiático vivió las protestas más multitudinarias hasta la fecha contra el nuevo régimen militar, que se impuso en el poder con un golpe el pasado 1 de febrero.
Por BBC News Mundo
7 de febrero, 2021
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Birmania vive días convulsos.

Los gobernantes militares, que tomaron el poder el lunes con un golpe de Estado que atajó abruptamente la frágil democracia birmana, han bloqueado la internet en el país mientras miles de personas salen a la calle a protestar.

A la multitudinaria manifestación del sábado en Yangón, la antigua capital, le siguió otra este domingo que no solo es la más grande hasta la fecha contra el nuevo régimen militar, sino la mayor en décadas.

“No queremos una dictadura militar. Queremos democracia “, coreó la multitud, ataviada con camisas rojas y sostenía globos del mismo color, que es el del partido de la depuesta Aung Suu Kyi.

Los automóviles y autobuses reducían la velocidad para hacer sonar sus bocinas en apoyo, con muchos haciendo el saludo de tres dedos, un símbolo de desafío contra el autoritarismo en la región.

También se re realizaron manifestaciones en más de una docena de otras ciudades.

“Tenemos que acabar con esto ahora”

Los manifestantes son trabajadores de fábricas y estudiantes, pidieron la liberación de los detenidos por el ejército, incluida la líder electa Aung San Suu Kyi.

“Estamos aquí para luchar por nuestra próxima generación, para liberarlos de una dictadura militar“, dijo una manifestante a la agencia AFP. “Tenemos que acabar con esto ahora”.

Hasta ahora Birmania, se había mantenido mayoritariamente en calma después del golpe, aunque se produjeron algunas manifestaciones en diferentes partes del país.

Las autoridades militares están atrincheradas en la capital, Naypyidaw, y hasta ahora han evitado entablar contacto directo con los manifestantes.

Policía bloqueando las calles en Yangón.

EPA
La policía bloqueó las calles en Yangón, la ciudad más grande del país.

Nyein Chan, corresponsal de la BBC en Yangon, dice que los birmanos conocen muy bien la violencia de las que son capaces los militares, pero ahora que la gente tuvo tiempo de digerir lo que está sucediendo están encontrando diferentes formas de hacer oír su voz.

El país fue gobernado por un gobierno militar opresivo desde 1962 hasta 2011.

Pero según Chan, aunque la atmósfera estaba cargada, los manifestantes se mostraron desafiantes.

“Están enojados pero también silenciosamente asustados. Saben que los militares son capaces de utilizar la violencia para reprimir la disidencia, pero sienten que no tienen otra opción”, explicó.

“Cuando un grupo de manifestantes se encontró con una fila de soldados, les gritaron: ‘Están entrenados para ser soldados profesionales, no maten a civiles‘”, relató.

Regresó internet

Por lo demás, el servicio de internet, que había sido interrumpido, ya fue restablecido.

El apagón de internet hizo que la conectividad cayera a un 16% de los niveles normales, dijo NetBlocks Internet Observatory, un organismo que monitorea las redes.

Pero el tráfico ya había aumentado a un 50% a las 14:00 hora local (07:30 GMT) de este domingo, aunque el acceso a las redes sociales, incluídas Facebook y Twitter, permanecía bloqueado.

Muchos usuarios evadieron las restricciones en las redes sociales mediante el uso de redes privadas virtuales (VPN), pero el apagón más general interrumpió gravemente su actividad.

mujer protestando en Yangón

AFP
El miércoles hubo protestas, pero no fueron tan multitudianrias como las de este sábado.

El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional calificó el cierre como “atroz e irresponsable.

Organizaciones de la sociedad civil instaron a los proveedores de internet y redes móviles a desafiar la orden del apagón.

Mientras tanto, Suu Kyi está bajo arresto domiciliario, según su abogado. Documentos policiales muestran que está acusada de importar y utilizar ilegalmente equipos de comunicaciones (walkie-talkies) en su casa de la capital.

Además, Sean Turnell, un académico australiano exasesor económico de Suu Kyi, fue detenido en Yangón.

Turnell le dijo a la BBC que lo han confinado en su hotel y que no sabe de qué pueden acusarlo.

El golpe tuvo lugar cuando se inauguró una nueva sesión del parlamento, tras la aplastante victoria electoral de noviembre del partido Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi.

Aung San Suu Kyi en 2020.

Getty Images
Aung San Suu Kyi en 2020.

Muchos birmanos vieron cómo se desarrollaban los eventos a través de Facebook, la principal fuente de información y noticias en el país.

Tres días después, se ordenó el bloqueo de plataforma por “razones de estabilidad”.

Una vocera de Twitter dijo que la prohibición socava “la conversación pública y los derechos de las personas a hacer oír su voz”. Facebook, propietaria de Instagram, pidió a las autoridades que “restablezcan la conectividad”.

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