Estudiantes de Escuela Normal de Morena rechazan integrarse a Universidades de AMLO
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Estudiantes de Escuela Normal de Morena rechazan integrarse a Universidades de AMLO

Si la Normal se integra al Programa de Universidades Benito Juárez tendrían que iniciar de cero sus estudios. El gobierno solo les ha dado la opción de entregarles su historial académico.
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10 de abril, 2019
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Los estudios de una centena de alumnos de la Escuela de Educación Normal José Santos Valdés, creada por Morena en 2016, están en vilo. Sin explicación alguna, no iniciaron el semestre previsto para febrero, y el 14 de marzo simplemente no les permitieron la entrada al plantel.

Días después, Raquel Sosa, coordinadora del Programa de Universidades Benito Juárez García del gobierno federal, informó a la comunidad que la escuela sería uno de los 100 planteles de dicho programa, pero debido a que el plan de estudios cambiaría, debían empezar de cero, aún cuando había alumnos en sexto, cuarto y segundo semestre.

La Normal llevaba el mismo plan de estudios emitido por la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los egresados serían licenciados en Educación Preescolar o Educación Primaria, Raquel Sosa advirtió que ya no sería así.

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“Esos planes (de estudio) eran neoliberales”, por eso serían sustituidos por unos con “verdadero enfoque sociocultural”, dijo Sosa en una reunión con la comunidad de la Normal. Por tanto, la licenciatura cambiaría el nombre a “Educación Básica”, aunque no hay ninguna licenciatura con ese nombre reconocida ante la Dirección de la SEP.

“No queremos pertenecer al Programa de Universidades Benito Juárez. A nosotros nos prometieron una educación de Normal, reconocida por la SEP”, dice Marisol Martínez, representante estudiantil en entrevista con Animal Político.

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En busca de una solución

Para instalar cualquiera de los planteles del Programa Escuelas Universitarias, financiadas por legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y coordinado también por Raquel Sosa, primero personajes allegados al partido constituían ante notario una Asociación Civil, con el nombre de cada escuela. En este caso el nombre oficial fue Escuela de Educación Normal José Santos Valdés A. C.

La presidenta de la AC era Etelvina Sandoval, la secretaria, Raquel Bárcenas y la tesorera Irma Ballesteros. Ésta estructura era la máxima autoridad de decisión en la escuela, incluso por encima del director, Juan Leove Ortega Pérez.

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Así comenzó a operar desde febrero de 2016 y hasta 2019, sumaban 30 alumnos de sexto semestre, de la primera generación; 36 de cuarto y 45 de segundo. Con una plantilla de 30 docentes.

Aunque la escuela hizo dos trámites para el reconocimiento de validez de estudios ante la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), no lo consiguió debido a que el terreno donde se encuentra el plantel, en Xochimilco, no tiene permiso de uso de suelo para impartir educación. 

Sin embargo, de acuerdo con maestros, los planes de estudios eran tomados de la SEP y regían las labores conforme al calendario oficial también. Confiaban en que una vez que Andrés Manuel López Obrador ganara la elección, podrían regularizar el terreno y conseguirían la validación de la escuela. 

Pero justo después de la elección las cosas empezaron a fallar. Los pagos a maestros se atrasaron desde la campaña electoral a tal grado que algunos de ellos aún tienen adeudos.  

Justo por esta situación, desesperados por la falta de salario, acudieron a la Normal del Mexe en Hidalgo, cuando se enteraron que el presidente López Obrador anunciaría el programa de Universidades en diciembre pasado. Con pancartas reclamando el pago a maestros, intentaron abordarlo sin éxito.

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En enero de este año, a través de una videollamada realizada entre docentes y Raquel Sosa, ésta les reclamó por aquella manifestación. “No son las formas”, dijo, mientras anunciaba que la escuela tendría modificaciones en su administración y planes de estudio porque se incorporaría al Programa de Universidades Benito Juárez.

Y los maestros, si querían incorporarse al nuevo proyecto, debían inscribirse en la página de internet como el resto para ser seleccionados. Incluso, en el listado de escuelas, ya no aparece con el mismo nombre sino como Normal de Educación Básica.

Las semanas siguientes todo fue caos, relata una de las maestras entrevistadas que prefiere el anonimato por temor a represalias

El 25 de febrero Raquel Bárcenas y Gabriela Vázquez, directora académica del Programa de Universidades, acudió a las instalaciones de la escuela para informar que el director quedaba destituido y el 19 de marzo entregarían el nuevo plan de estudios.

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Pero antes de que llegara esa fecha, el 14 de marzo, “la escuela fue sellada y no nos dejaron entrar”, comenta otro profesor en entrevista, y “nadie les explicó nada”.

A partir de entonces, maestros y estudiantes se han manifestado afuera de Palacio Nacional con la esperanza de que el Presidente los escuche. También entregaron cartas a Atención Ciudadana de la Presidencia y a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sin que hubiera alguna respuesta.

Quienes sí los recibieron fue el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, y el titular de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, Mario Chávez, quienes se comprometieron a ayudarlos.

La propuesta es que la Normal José Santos sea reconocida por la SEP y su funcionamiento financiero dependa de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, pero primero debían “negociarlo” con Raquel Sosa. Animal Político solicitó la versión oficial de la SEP respecto al tema, pero no hubo respuesta.  

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Este martes, Raquel Sosa y representantes de estudiantes y maestros se reunieron en Palacio Nacional para encontrar una solución. Por primera vez les dio una razón de haber decidido cerrar la escuela: supuestas irregularidades cometidas por el director Leove y presunta utilización de la escuela para movilización electoral, por lo que advirtió que iniciaría una auditoría sobre las finanzas.

La comunidad universitaria asegura que la gestión del director Leove fue correcta y nada se decidía sin el aval de los integrantes de la Asociación Civil, de hecho las facturas de honorarios de los maestros salían a nombre ésta.

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La única opción que Sosa ofreció a los estudiantes fue entregar su historial académico, la principal demanda de los alumnos puesto que toda la documentación se encuentra al interior del inmueble, y que si optaban por no reiniciar la carrera, podrían ser transferidos a la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, ubicada en Calzada México-Tacuba.

Sin embargo, para muchos de los estudiantes no es opción debido a la falta de recursos. “Somos de bajos recursos y algunos no podríamos pagar ni los pasajes desde la demarcación hasta la Benemérita”, dice Marisol. Por eso es que la Normal en Xochimilco significaba una oportunidad educativa y de superación para los jóvenes de esa alcaldía y los alrededores y lo que piden es que permanezca ahí.  

Después de la reunión de este martes, aún está pendiente la decisión de los estudiantes y, sobre todo, la respuesta de la SEP. 

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Marisol García Alcántara, la mexicana que sobrevivió a un disparo de la Patrulla Fronteriza (y ahora va a demandar a EU)

El balazo lo recibió el 16 de junio, en Nogales, Arizona, a bordo de una camioneta mientras trataba de entrar indocumentada a Estados Unidos. Del incidente le quedan restos del proyectil en la cabeza y unas secuelas permanentes que le impiden trabajar.
12 de mayo, 2022
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“Sentí un golpe en mi cabeza. Me imaginé que me habían pegado con un bate o con la cacha (culata) de una pistola. Yo iba del lado del piloto, en la parte trasera, pegada a la ventana. Fue ahí cuando se me nubló la visión”.

Lo que Marisol García Alcántara recibió fue un balazo.

Le ocurrió hacia las 5 de la tarde del 16 de junio en Nogales, Arizona, cuando iba a bordo de una camioneta Kia blanca, según recoge el reporte policial, junto a otros que trataban de entrar a Estados Unidos indocumentados desde el estado mexicano de Sonora.

Se lo cuenta a BBC Mundo desde su casa en México, a donde fue deportada tras ser sometida a una cirugía y pasar 22 días en un centro de detención, en una conversación por Zoom en presencia de su equipo legal.

El suyo es un relato detallado, pero con pausas. Y es que por momentos le cuesta recordar nombres, busca palabras en su cabeza durante segundos, hace gestos de esfuerzo. A veces lo logra. Otras no.

La pérdida de memoria es una de las “consecuencias de por vida” que asegura le dejó el impacto de la bala y el fragmento que aún alberga su cerebro.

Fotos de migrantes que murieron a manos de la Patrulla Fronteriza, junto a un cartel que exige el fin de los abusos.

Getty Images
Fotos de migrantes que murieron a manos de la Patrulla Fronteriza, junto a un cartel que exige el fin de los abusos.

En diciembre presentó una reclamación civil por daños y prejuicios contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), agencia que supervisa a la Patrulla y que depende del Departamento de Seguridad Nacional, exigiendo una indemnización.

Es un paso previo obligatorio antes de entablar una demanda federal contra el gobierno de Estados Unidos, algo que pretenden hacer tan pronto como los plazos legales se lo permitan —no antes del próximo 20 de junio—, tal como le explica a BBC Mundo su abogado Eugene Iredale.

Pero volvamos a la escena inicial, al relato de Marisol.

“Un ángel muy grande”

“Íbamos en la camioneta. Al dar la segunda vuelta, como a media calle, se escucharon las sirenas. Entonces le dijimos al conductor que se parara por favor, porque ya nos habían agarrado“.

Era la Patrulla Fronteriza siguiéndolos, ordenándole al vehículo que se detuviera.

Un supervisor de la Patrulla les diría después a los agentes del Departamento de Policía de Nogales que llegaron a la escena que la camioneta había hecho caso omiso, tal como se recoge en el informe policial, pero García Alcántara insiste en que estaban aminorando la marcha para parar.

El muro fronterizo en Nogales, Arizona, Estados Unidos, el 6 de febrero de 2019.

Getty Images
El incidente ocurrió en la localidad fronteriza de Nogales, en Arizona.

En eso estaban, cuenta, cuando uno de los agentes de la Patrulla —cuyo nombre no se ha hecho público ni se recoge en el informe policial ni en la reclamación civil— le disparó. Ella inmediatamente perdió la visión.

“Yo nomás escuchaba a mis compañeras que estaban pidiendo ayuda. Escuchaba que ellas decían que me ayudaran a mí, que alguien las ayudara.

“Los policías me preguntaban cómo me llamaba, cuántos años tenía, de dónde era y cuántas hijas tenía. Y (me decían) que no me durmiera, que ya iba a llegar la ambulancia por mí”.

Para cuando recuperó la vista ya iba en la ambulancia de camino al centro de salud local, donde una doctora le diría que “tenía un ángel muy grande en el cielo porque estaba viva después de recibir un balazo”.

El disparo le provocó una hemorragia intracraneal, fractura de cráneo y de órbita (uno o más huesos que rodean el ojo) y la bala y algunos fragmentos de hueso se le quedaron incrustados en el lóbulo frontal izquierdo, según se lee en la demanda civil.

La cirugía para extraerle el proyectil se la realizaron en el Hospital St Joseph, en Phoenix, a donde la trasladaron en helicóptero.

De la intervención le queda la marca de 36 grapas, un poco más arriba de la cicatriz que le dejó la bala. “Aquí, arriba de la ceja está la cicatriz, y la de los puntos aquí. Tengo todo esto, hasta acá”, dice mientras mueve el cabello de la frente para mostrarla a cámara.

“Desperté el día viernes (18 de junio). Fue cuando me llevaron a otro cuarto. Y de ahí el sábado me llevaron a Migración y el domingo a Florence”.

— ¿Qué es Florence?

— Florence es la cárcel.

El Centro Penitenciario Florence alberga un centro de detención gestionado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Marisol pasó allá 22 días antes de ser deportada.

“Si me la saca, me muero”

De regreso en su país volvió a ir al médico, ya que en EE.UU., asegura, no le habían dado “ninguna explicación”, ni el informe del alta hospitalaria ni ningún otro documento que informara sobre su estado de salud.

En México “me hicieron estudios y me dijeron que traía un pedazo de bala en la cabeza, que me está cubriendo un pedazo de mi cerebro”.

“No pueden hacer nada más que tratarme con medicamentos. Eso sí, me dijo el doctor que el medicamento es de por vida. Porque sacarme la bala no se va a poder, porque si me la saca, me muero”.

Los fármacos que debe tomar incluyen uno para prevenir ataques epilépticos, además de antidepresivos.

A 10 meses del incidente, “tengo consecuencias como parálisis facial, pérdida de memoria, los dolores de cabeza que no se me van a quitar, me mareo”, cuenta.

“Justamente ayer me mareé y se me fue la visión por segundos”.

Eso le impide seguir trabajando como seguridad privada, a lo que se dedicaba antes de decidir emigrar y buscar en EE.UU. una manera de ayudar a que sus tres hijas sigan estudiando.

Hoy por hoy subsiste con la ayuda que le da su madre y una asociación cuando se siente “más apretada”.

Las demandas

Por ello presentó en diciembre la reclamación civil por daños y perjuicios. Pero no busca solo que la indemnicen con dinero.

“Justicia, pedimos justicia. Que la persona que me disparó me pida una disculpa personalmente y que se haga justicia para que él no siga haciendo más daño a más personas”.

BBC Mundo le consultó a la CBP sobre el incidente y la demanda presentada por Marisol, pero todo lo que obtuvo por respuesta es que no hace comentarios sobre litigaciones en curso. No hay más información pública acerca del caso.

Según el abogado Iredale, recibieron una carta de la CBP fechada el 23 de diciembre solicitando una serie de documentos, incluidos los relativos a los tratamientos médicos, e informando que tenían hasta seis meses para llevar a cabo una investigación y responder a la demanda civil.

La reclamación civil es una etapa obligatoria para poder entablar una demanda en un tribunal federal contra el gobierno de Estados Unidos, aclara el letrado.

Si a los seis meses de presentar la reclamación civil —se cumplen el 20 de junio— la CBP no ha respondido, Iredale confirma que presentarán la demanda federal. Si hay respuesta, tendrán que esperar otros seis meses para hacerlo.

“Queremos una investigación completa”, le dice a BBC Mundo. “Pero creemos que no es solamente una cuestión de culpabilidad civil, sino también criminal, porque este es un asalto con fuerza letal contra una mujer que es inocente de cualquier forma de provocación o asalto”.

“Ella no representó un peligro de ninguna forma para a este agente”, subraya.

“Y va contra las reglas de la Patrulla Fronteriza el utilizar balas, disparar, para tratar de parar un vehículo. Y según entiendo a este punto en nuestra investigación es que el vehículo estaba parado o estaba en el proceso de hacerlo cuando el tiroteo sucede. No hay justificación posible para este uso de fuerza brutal“.

Migrantes tomados en custodia por la Patrulla Fronteriza en Yuma, Arizona, junto al muro que separa Estados Unidos de México, el 7 de diciembre de 2021.

Getty Images
Migrantes tomados en custodia por la Patrulla Fronteriza en Yuma, Arizona, junto al muro que separa Estados Unidos de México, el 7 de diciembre de 2021.

La cantidad de migrantes que tratan de llegar ilegalmente a EE.UU. por la frontera que comparte con México se ha disparado en los últimos años.

El pasado año fiscal —que empezó en octubre de 2020 y terminó el 30 de septiembre de 2021— la Patrulla Fronteriza registró la mayor cantidad de “encuentros” con migrantes indocumentados de las últimas seis décadas.

Y en ese mismo periodo la CBP contabilizó en la frontera sur 628 incidentes en los que agentes de la Patrulla Fronteriza hicieron “uso de la fuerza”, según se recoge en las estadísticas disponibles en su página web, sin especificar de qué tipo ni con qué consecuencias. En lo que va de año fiscal llevan ya 360.

De acuerdo a la Southern Border Communities Coalition (SBCC), una coalición de más de 100 agrupaciones que trabajan en la frontera, desde enero de 2010 al menos 100 personas han muerto a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza. En su página web recogen los datos con detalle, en ocasiones con nombres y apellidos de las víctimas.

Agente de la Patrulla Fronteriza anota información sobre los migrantes tomados en custodian en Yuma, Arizona, en la frontera de Estados Unidos con México, el 7 de diciembre de 2021.

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Los “encuentros” de los agentes de la Patrulla Fronteriza con migrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México en el último año fiscal se han disparado.

Mientras “los agentes de la CBP y los oficiales arriesgan sus vidas todos los días para mantener seguras a nuestras comunidades”, el Departamento de Seguridad Nacional “le debe al público la investigación justa, objetiva y transparente de los incidentes de uso de fuerza para que se mantengan y cumplan nuestros más altos estándares”, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro N. Mayorkas en unas declaraciones recogidas en enero por el diario The New York Times.

La utilización de la fuerza por parte de la Patrulla con consecuencias nefastas no es nueva.

Una de las más sonadas fue la muerte en 2010 de Anastasio Hernández Rojas, un mexicano padre de cinco hijos que llevaba 25 años residiendo y trabajando en construcción en EE.UU. sin los debidos documentos migratorios.

Falleció tras ser detenido en la localidad californiana de San Ysidro y recibir descargas eléctricas de la Patrulla Fronteriza. El informe forense lo catalogó como “homicidio”. El Departamento de Justicia se negó a presentar cargos contra los agentes involucrados y hoy el caso está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La madre de Anastasio Hernández Rojas sujeta un cartel con el nombre de su hijo durante una protesta para denunciar el uso de fuerza excesiva por parte de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, en la frontera de Estados Unidos con México, el 23 de febrero de 2013.

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La madre de Anastasio Hernández Rojas sujeta un cartel con el nombre de su hijo durante una protesta para denunciar el uso de fuerza excesiva por parte de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, en la frontera de Estados Unidos con México, el 23 de febrero de 2013.

“Desde el caso de Anastasio hasta el de Marisol, existe una gran problema de impunidad con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)”, dice Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alliance San Diego, que forma parte de la Southern Border Communities Coalition.

“La CBP es relativamente nueva. Se formó después del 11-S, rápido, sin mucha supervisión y sin un sistema para responsabilizar a los agentes que cometen abusos”, explica.

Guerrero apunta al Equipo de Incidentes Críticos como el centro del problema.

El rol de dicho equipo no está definido públicamente y no tiene autorización del Congreso para llevar a cabo investigaciones ni recopilar evidencias, pero suele involucrarse cuando agentes de la Patrulla se ven envueltos en incidentes con heridos o muertos, apunta.

En el caso de Marisol, el reporte del Departamento de Policía de Nogales hace constar que el Equipo de Incidentes Críticos estuvo en la escena además del FBI.

Guerrero, que lleva años indagando sobre el equipo, lo describe como “unidad encubridora en la sombra”. Por ello, la Southern Border Communities Coalition ha pedido al Congreso que lo investigue y presentó una denuncia ante el Departamento de Seguridad Nacional.

Dos comités del Congreso iniciaron en enero una investigación propia, solicitando a la CBP información sobre la unidad en cuestión.

“Creamos la CBP, la agencia policial más grande de EE.UU., y funciona con mucha impunidad. Y es algo que tiene que acabar”, zanja Guerrero.


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