La Estafa Maestra: Dos derrotas para la Fiscalía en una semana; juez argumenta falta de pruebas contra implicados
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La Estafa Maestra: Dos derrotas para la Fiscalía en una semana; juez argumenta falta de pruebas contra implicados

Un juez federal determinó que no hay pruebas suficientes para llevar a juicio al excoordinador de delegaciones de la Sedesol, ni al exdirector de presupuesto de Sedatu, por presuntas irregularidades.
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Por Nayeli Roldán y Manuel Ureste
4 de abril, 2019
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En tan solo siete días, un juez federal archivó por falta de pruebas dos de las denuncias que presentó la Fiscalía General de la República (PGR) por el presunto desvío de más de 300 millones de pesos en la Sedesol y en Sedatu, a través del esquema de corrupción conocido como La Estafa Maestra.

El juez federal Fernando Payá desestimó el miércoles vincular a proceso a Pedro Simón León Mojarro, excoordinador de delegaciones de la Sedesol durante la administración de Rosario Robles. Mientras que, el miércoles pasado, determinó lo mismo en el caso de Francisco Báez Álvarez, exdirector de presupuesto de la Sedatu, también cuando Robles estuvo al frente de esta dependencia.

Leer: Otro funcionario de Sedesol implicado en La Estafa Maestra libra juicio; Fiscalía apelará

En ambos casos, el juez dictaminó que el Ministerio Público federal no comprobó la responsabilidad de estos funcionarios en irregularidades en los convenios con universidades públicas, para hacer supuestos servicios.

De momento, estos exfuncionarios ya no serán sometidos a juicio, aunque la Fiscalía señaló que apelará la decisión del juez en el caso de León Mojarro, al considerar que la investigación prueba que el exservidor público imputado autorizó indebidamente una contratación.

Sobrecosto millonario en Cruzada contra el Hambre

El último caso que se le cayó a la FGR fue el de Pedrón Simón León Mojarro, quien compareció el miércoles en la Sala 1 del Tribunal Federal Electoral, con sede en Reclusorio Norte de la Ciudad de México, acusado del delito de ejercicio indebido de la función pública.

León Mojarro firmó en 2015 un convenio por 124 millones de pesos con la Universidad Intercultural del Estado de México, para que ésta realizara en las 32 entidades del país el levantamiento de cuestionarios en un millón de hogares, y así se detectaran posibles beneficiarios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

El convenio fue firmado al amparo de una exención que prevé el Artículo 1 de la Ley Federal de Adquisiciones, el cual establece que dos dependencias públicas de gobierno, como en este caso la Sedesol y la Universidad, pueden firmar convenios de manera directa y sin pasar por el filtro de una licitación pública.

Sin embargo, tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como la Fiscalía, detectaron que esta Universidad pública, a pesar de haber declarado por escrito previo a la firma del convenio que contaba con la capacidad y la infraestructura necesaria, subcontrató a empresas privadas para, supuestamente, realizar dichos cuestionarios.

A partir de lo anterior, los agentes de la Fiscalía expusieron ante el juez cinco argumentos para que vincularan a proceso a Pedro Simón León Mojarro, por el presunto delito de ejercicio indebido de la función pública.

El primero, que hubo un sobrecosto de los servicios: la Universidad cobró 124 millones de pesos de Sedesol para hacer los cuestionarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, pero ésta entregó 61 millones a empresas privadas para que ellas hicieran los servicios, quedándose con los 63 millones restantes por no hacer nada.

El segundo, que hubo una violación al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, puesto que la Universidad subcontrató con empresas más del 49% del dinero que le entregó Sedesol, lo cual está prohibido por dicha Ley.

El tercer argumento es que debido a que la Universidad subcontrató más del 49% permitido, la exención del Artículo 1 de la Ley ya no era aplicable al convenio, por lo que “hubo una contratación indebida” en la que participó el hoy exfuncionario de Sedesol.

El cuarto punto es que Pedro Simón León Mojarro no verificó que, en efecto, la Universidad tuviera la capacidad para dar los servicios contratados.  

La Fiscalía señaló que, a pesar de que en el convenio entre Sedesol y la Universidad quedó constatado que la Universidad declaraba en un oficio, bajo protesta de decir verdad, que sí contaba con la suficiente capacidad y que, además, no subcontrataría ningún servicio, León Mojarro era el responsable directo de verificarlo y no lo hizo, lo que derivó en un presunto daño a las arcas públicas.

“El oficio de la Universidad diciendo que tenía la capacidad no basta. El proveedor debía entregar el oficio y además toda la documentación que así lo pruebe. Y esa documentación, simplemente, no existe en el expediente”, subrayó uno de los cuatro agentes de la Fiscalía que participó el miércoles en la audiencia.

Y el quinto argumento: la Fiscalía expuso que, previo a la firma del convenio, la Sedesol pidió a tres universidades diferentes, de la que resultó más barata la opción de la Intercultural del Edomex, una “cotización de mercado”. Pero esto, subrayó la Fiscalía, es diferente de un estudio de mercado que, tal y como obliga la Ley de Adquisiciones, debió haber hecho un organismo especializado, y que, posteriormente, debió ser publicado en Compranet, el portal oficial de compras de Gobierno. Cosa que no sucedió.

Exfuncionario cumplió con la normativa: juez

A pesar de estos argumentos, el juez federal Fernando Payá determinó que el exfuncionario de Sedesol cumplió con todos los requisitos previstos en la excepción de la Ley de Adquisiciones, por lo que no violó la Ley.

“(La Fiscalía) no aportó datos de prueba suficientes sobre conductas ilícitas en la contratación, ni sobre el uso indebido de la función pública (de Pedro Simón León Mojarro)”, concluyó el juez.

Payá consideró que una de las pruebas más importantes ofrecidas por la defensa fue el Acuerdo del Comité de Adquisiciones de la Sedesol, firmado en 2010 por el entonces titular, Heriberto Félix Guerra. En él se establece que el proveedor debe entregar un escrito, mediante el cual acredite la capacidad para cumplir con los servicios. La Universidad sí entregó dicho documento.

Además, el juez argumentó que, si posteriormente a la firma del convenio, la Universidad subcontrató de manera indebida a empresas privadas, pese a haber declarado por escrito su Rector que tenía la capacidad y que no subcontrataría servicio alguno, esto ya sería materia de otra causa, no imputable al exfuncionario, tal y como expuso también la defensa del acusado.

“El imputado no podía saber, a futuro, que la Universidad subcontrataría”, resaltó el juez. “Y la Fiscalía no acreditó que el imputado sabía, previo a la firma del convenio, que la Universidad iba a subcontratar por arriba del 49% que permite la Ley”.

Sobre si el exfuncionario debía supervisar que la Univesidad tuviera la capacidad suficiente para dar los servicios, el juez también estuvo de acuerdo con el contraargumento de la defensa, la cual señaló que, según la normativa interna de la Sedesol, es prueba suficiente el oficio que le entregó la Universidad.

En cuanto a quién sería el funcionario de Sedesol que debió vigilar entonces que la Universidad no subcontratara de manera indebida, y que los servicios se realizaran sin sobrecosto, la defensa del exfuncionario Pedro Simón Mojarro señaló públicamente a Marcos Salvador Ibarra Infante, exdirector general adjunto en la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol.

Aunque, de nuevo, el juez dijo que si la verificación estaba o no a cargo de un tercero, en este caso Ibarra Infante, eso “ya sería objeto de otros análisis” y no era motivo de la audiencia pública del miércoles.

Analiza interponer demanda en contra de la Auditoría

León Mojarro fue funcionario de la Sedesol hasta 2015, pero en su paso por la dependencia firmó otros dos convenios denunciados penalmente por la Auditoría Superior de la Federación, en 2017, debido a presuntas irregularidades encontradas respecto a la subcontratación de empresas fantasma por parte de instituciones de educación superior.

Se trata de un convenio con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para “el levantamiento de información que permita conocer la opinión de los beneficaciarios con relación a la atención recibida del personal de los programas de los programas sociales”, por 77 millones de pesos.

El otro fue por 52 millones de pesos con la Universidad Autónoma de Zacatecas, para “implementar las acciones para que se realice el ‘Diseño y desarrollo de una metodología de intervención para el fortalecimiento del padrón de beneficiarios de la Sedesol’”.

Posterior a la decisión del juez de no vincularlo a proceso por el convenio con la Universidad Intercultural del Edomex, Pedro Simón Mojarro dijo que “la justicia prevaleció” y criticó directamente a la Auditoría Superior de la Federación por las observaciones que ésta hizo al convenio que llevó a la Fiscalía a imputarlo.  

“El que nada debe, nada teme -recalcó-. Esta imputación de la Auditoría Superior es tirarle a los patos con un rifle para ver cuántos caen. Es irresponsable, arbitraria, y ahora sostengo y compruebo, que fue fuera de la ley”.

El exfuncionario de Sedesol criticó que durante seis años la Auditoría ha señalado posibles actos de corrupción al amparo del Artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, pero ésta no mandó ninguna propuesta a la Cámara de Diputados para suspender ese Artículo.

“La Auditoría se ciñe únicamente a la cuestión punitiva. Es decir, ellos justifican su trabajo imputándote. Mi propuesta sería que, en este nuevo gobierno, se convierta en una Auditoría preventiva, para que no andemos imputando a gente sin ton ni son, y sometiéndonos al escarnio de los medios y de la sociedad”.

“Ya, en Zacatecas (de donde es originario) todo el mundo me vincula a La Estafa Maestra. Y, lamentablemente, ese es el daño que me han hecho. Por eso, me reservo el derecho de poner una demanda por daño moral en contra de la Auditoría, por su imputación irresponsable, arbitraria y fuera de la legalidad”.

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Rusia y Ucrania: las imágenes satelitales que desmienten la versión rusa sobre la "masacre" en Bucha

Fotos satelitales de ese suburbio de la capital ucraniana parecen mostrar a los cuerpos encontrados en las calles de Bucha antes de que las tropas rusas se retiraran de la zona. Moscú dice que todo es una "puesta en escena" posterior a su repliegue.
5 de abril, 2022
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Imágenes satelitales de Bucha parecen mostrar que los cuerpos que yacían en las calles estaban ahí casi dos semanas antes de que las tropas rusas dejaran este lugar cercano a Kiev.

Una imagen del 19 de marzo, primero publicada por The New York Times y luego confirmada por la BBC, contradice las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, de que las imágenes de los cuerpos que se han difundido en los últimos días son “una puesta en escena” posterior al retiro de las tropas rusas.

La imagen muestra lo que parecen ser cuerpos en la misma ubicación en la que fueron luego encontrados por las fuerzas ucranianas cuando recuperaron el control de este lugar al norte de Kiev.

Rusia ha dicho que las fotos y los videos tomados en Kiev son falsos, pero Ucrania ha lanzado una investigación en lo que considera crímenes por parte del ejército ruso.

Este domingo, la fiscal general ucraniana, Irina Venediktova, dijo que hasta el momento se habían encontrado 410 civiles muertos en Bucha, pero enfatizó que ésa no sería la cifra final ya que la búsqueda y el análisis de los cuerpos llevaría más tiempo.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han registrado numerosos casos de asesinato, violación y otros serios crímenes en los territorios ocupados por las fuerzas rusas.

Pocos días después del inicio de la invasión rusa a Ucrania, un convoy de tanques y vehículos blindados rusos fue atacado por los ucranianos en Bucha y no pudo continuar con su avance.

Esto obligó a las tropas rusas a permanecer en este suburbio de la capital ucraniana hasta, al menos, fines de marzo.

Muchos civiles abandonaron el área, pero otros permanecieron en sus hogares.

Testigos dijeron que los soldados rusos no dejaron que los hombres pudieran salir de la ciudad a través de corredores humanitarios, y aquellos que intentaron escapar fueron baleados.

Periodistas y funcionarios que llegaron a la ciudad después del retiro del ejército ruso encontraron al menos 20 hombres muertos en las calles. Algunos tenían múltiples heridas, otros habían sido ejecutados a quemarropa. Muchos cuerpos habían sido claramente arrollados por tanques.

Este lunes la corresponsal de la BBC Yogita Limaye encontró otros cinco cadáveres de hombres en el sótano de una casa en Bucha, que habrían sido ejecutados con sus manos atadas a su espalda.

Fosa

Imágenes de satélites tomadas por la empresa Maxar el 31 de marzo revelan una fosa común de 14 metros cerca de la iglesia Apóstol San Andrés.

Maxar destaca que imágenes del 10 de marzo ya muestran movimiento de tierra en el lugar.

Habitantes de Bucha han dicho que los primeros cuerpos fueron enterrados ahí en las etapas iniciales de la guerra, cuando se disparaba a mansalva sobre todo aquello que se movía.

Se estima que el número de cuerpos enterrados ahí varía entre los 150 y 300.

El ministerio de Defensa ruso ha respondido sobre Bucha que “ningún habitante sufrió ninguna acción violenta”.

Rusia dice que sus tropas se retiraron el 30 de marzo, mientras que Ucrania dice que lo hicieron en las primeras horas del día 31.

El 1 de abril, un video fue publicado desde un auto que recorre la ciudad y que muestra cuerpos a los dos lados de la carretera.

Rusia afirma que son “falsos cuerpos muertos”.

Sobre esto: Rusia acusa a Ucrania de preparar ‘montajes’ de civiles muertos

En BBC comparamos la grabación del auto con imágenes de satélite de Bucha del 19 de marzo, cuando Rusia aún tenía el control.

Video a la izquierda e imágenes de satélite a la derecha.

BBC. Imágenes de Maxar.

Tanto a la izquierda (el video tomado tras la retirada rusa) como a la derecha (cuando los rusos aún ocupaban el lugar) se ven cuerpos en las mismas zonas de la carretera (en rojo en la imagen) y vehículos cercanos (en amarillo).

Este martes el representante de Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Vasily Nebenzya, rechazó las acusaciones de crímenes de guerra y dijo que existen “flagrantes inconsistencias en los sucesos mostrados por los medios ucranianos y occidentales”.


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