La Estafa Maestra: Dos derrotas para la Fiscalía en una semana; juez argumenta falta de pruebas contra implicados
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La Estafa Maestra: Dos derrotas para la Fiscalía en una semana; juez argumenta falta de pruebas contra implicados

Un juez federal determinó que no hay pruebas suficientes para llevar a juicio al excoordinador de delegaciones de la Sedesol, ni al exdirector de presupuesto de Sedatu, por presuntas irregularidades.
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Por Nayeli Roldán y Manuel Ureste
4 de abril, 2019
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En tan solo siete días, un juez federal archivó por falta de pruebas dos de las denuncias que presentó la Fiscalía General de la República (PGR) por el presunto desvío de más de 300 millones de pesos en la Sedesol y en Sedatu, a través del esquema de corrupción conocido como La Estafa Maestra.

El juez federal Fernando Payá desestimó el miércoles vincular a proceso a Pedro Simón León Mojarro, excoordinador de delegaciones de la Sedesol durante la administración de Rosario Robles. Mientras que, el miércoles pasado, determinó lo mismo en el caso de Francisco Báez Álvarez, exdirector de presupuesto de la Sedatu, también cuando Robles estuvo al frente de esta dependencia.

Leer: Otro funcionario de Sedesol implicado en La Estafa Maestra libra juicio; Fiscalía apelará

En ambos casos, el juez dictaminó que el Ministerio Público federal no comprobó la responsabilidad de estos funcionarios en irregularidades en los convenios con universidades públicas, para hacer supuestos servicios.

De momento, estos exfuncionarios ya no serán sometidos a juicio, aunque la Fiscalía señaló que apelará la decisión del juez en el caso de León Mojarro, al considerar que la investigación prueba que el exservidor público imputado autorizó indebidamente una contratación.

Sobrecosto millonario en Cruzada contra el Hambre

El último caso que se le cayó a la FGR fue el de Pedrón Simón León Mojarro, quien compareció el miércoles en la Sala 1 del Tribunal Federal Electoral, con sede en Reclusorio Norte de la Ciudad de México, acusado del delito de ejercicio indebido de la función pública.

León Mojarro firmó en 2015 un convenio por 124 millones de pesos con la Universidad Intercultural del Estado de México, para que ésta realizara en las 32 entidades del país el levantamiento de cuestionarios en un millón de hogares, y así se detectaran posibles beneficiarios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

El convenio fue firmado al amparo de una exención que prevé el Artículo 1 de la Ley Federal de Adquisiciones, el cual establece que dos dependencias públicas de gobierno, como en este caso la Sedesol y la Universidad, pueden firmar convenios de manera directa y sin pasar por el filtro de una licitación pública.

Sin embargo, tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como la Fiscalía, detectaron que esta Universidad pública, a pesar de haber declarado por escrito previo a la firma del convenio que contaba con la capacidad y la infraestructura necesaria, subcontrató a empresas privadas para, supuestamente, realizar dichos cuestionarios.

A partir de lo anterior, los agentes de la Fiscalía expusieron ante el juez cinco argumentos para que vincularan a proceso a Pedro Simón León Mojarro, por el presunto delito de ejercicio indebido de la función pública.

El primero, que hubo un sobrecosto de los servicios: la Universidad cobró 124 millones de pesos de Sedesol para hacer los cuestionarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, pero ésta entregó 61 millones a empresas privadas para que ellas hicieran los servicios, quedándose con los 63 millones restantes por no hacer nada.

El segundo, que hubo una violación al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, puesto que la Universidad subcontrató con empresas más del 49% del dinero que le entregó Sedesol, lo cual está prohibido por dicha Ley.

El tercer argumento es que debido a que la Universidad subcontrató más del 49% permitido, la exención del Artículo 1 de la Ley ya no era aplicable al convenio, por lo que “hubo una contratación indebida” en la que participó el hoy exfuncionario de Sedesol.

El cuarto punto es que Pedro Simón León Mojarro no verificó que, en efecto, la Universidad tuviera la capacidad para dar los servicios contratados.  

La Fiscalía señaló que, a pesar de que en el convenio entre Sedesol y la Universidad quedó constatado que la Universidad declaraba en un oficio, bajo protesta de decir verdad, que sí contaba con la suficiente capacidad y que, además, no subcontrataría ningún servicio, León Mojarro era el responsable directo de verificarlo y no lo hizo, lo que derivó en un presunto daño a las arcas públicas.

“El oficio de la Universidad diciendo que tenía la capacidad no basta. El proveedor debía entregar el oficio y además toda la documentación que así lo pruebe. Y esa documentación, simplemente, no existe en el expediente”, subrayó uno de los cuatro agentes de la Fiscalía que participó el miércoles en la audiencia.

Y el quinto argumento: la Fiscalía expuso que, previo a la firma del convenio, la Sedesol pidió a tres universidades diferentes, de la que resultó más barata la opción de la Intercultural del Edomex, una “cotización de mercado”. Pero esto, subrayó la Fiscalía, es diferente de un estudio de mercado que, tal y como obliga la Ley de Adquisiciones, debió haber hecho un organismo especializado, y que, posteriormente, debió ser publicado en Compranet, el portal oficial de compras de Gobierno. Cosa que no sucedió.

Exfuncionario cumplió con la normativa: juez

A pesar de estos argumentos, el juez federal Fernando Payá determinó que el exfuncionario de Sedesol cumplió con todos los requisitos previstos en la excepción de la Ley de Adquisiciones, por lo que no violó la Ley.

“(La Fiscalía) no aportó datos de prueba suficientes sobre conductas ilícitas en la contratación, ni sobre el uso indebido de la función pública (de Pedro Simón León Mojarro)”, concluyó el juez.

Payá consideró que una de las pruebas más importantes ofrecidas por la defensa fue el Acuerdo del Comité de Adquisiciones de la Sedesol, firmado en 2010 por el entonces titular, Heriberto Félix Guerra. En él se establece que el proveedor debe entregar un escrito, mediante el cual acredite la capacidad para cumplir con los servicios. La Universidad sí entregó dicho documento.

Además, el juez argumentó que, si posteriormente a la firma del convenio, la Universidad subcontrató de manera indebida a empresas privadas, pese a haber declarado por escrito su Rector que tenía la capacidad y que no subcontrataría servicio alguno, esto ya sería materia de otra causa, no imputable al exfuncionario, tal y como expuso también la defensa del acusado.

“El imputado no podía saber, a futuro, que la Universidad subcontrataría”, resaltó el juez. “Y la Fiscalía no acreditó que el imputado sabía, previo a la firma del convenio, que la Universidad iba a subcontratar por arriba del 49% que permite la Ley”.

Sobre si el exfuncionario debía supervisar que la Univesidad tuviera la capacidad suficiente para dar los servicios, el juez también estuvo de acuerdo con el contraargumento de la defensa, la cual señaló que, según la normativa interna de la Sedesol, es prueba suficiente el oficio que le entregó la Universidad.

En cuanto a quién sería el funcionario de Sedesol que debió vigilar entonces que la Universidad no subcontratara de manera indebida, y que los servicios se realizaran sin sobrecosto, la defensa del exfuncionario Pedro Simón Mojarro señaló públicamente a Marcos Salvador Ibarra Infante, exdirector general adjunto en la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol.

Aunque, de nuevo, el juez dijo que si la verificación estaba o no a cargo de un tercero, en este caso Ibarra Infante, eso “ya sería objeto de otros análisis” y no era motivo de la audiencia pública del miércoles.

Analiza interponer demanda en contra de la Auditoría

León Mojarro fue funcionario de la Sedesol hasta 2015, pero en su paso por la dependencia firmó otros dos convenios denunciados penalmente por la Auditoría Superior de la Federación, en 2017, debido a presuntas irregularidades encontradas respecto a la subcontratación de empresas fantasma por parte de instituciones de educación superior.

Se trata de un convenio con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para “el levantamiento de información que permita conocer la opinión de los beneficaciarios con relación a la atención recibida del personal de los programas de los programas sociales”, por 77 millones de pesos.

El otro fue por 52 millones de pesos con la Universidad Autónoma de Zacatecas, para “implementar las acciones para que se realice el ‘Diseño y desarrollo de una metodología de intervención para el fortalecimiento del padrón de beneficiarios de la Sedesol’”.

Posterior a la decisión del juez de no vincularlo a proceso por el convenio con la Universidad Intercultural del Edomex, Pedro Simón Mojarro dijo que “la justicia prevaleció” y criticó directamente a la Auditoría Superior de la Federación por las observaciones que ésta hizo al convenio que llevó a la Fiscalía a imputarlo.  

“El que nada debe, nada teme -recalcó-. Esta imputación de la Auditoría Superior es tirarle a los patos con un rifle para ver cuántos caen. Es irresponsable, arbitraria, y ahora sostengo y compruebo, que fue fuera de la ley”.

El exfuncionario de Sedesol criticó que durante seis años la Auditoría ha señalado posibles actos de corrupción al amparo del Artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, pero ésta no mandó ninguna propuesta a la Cámara de Diputados para suspender ese Artículo.

“La Auditoría se ciñe únicamente a la cuestión punitiva. Es decir, ellos justifican su trabajo imputándote. Mi propuesta sería que, en este nuevo gobierno, se convierta en una Auditoría preventiva, para que no andemos imputando a gente sin ton ni son, y sometiéndonos al escarnio de los medios y de la sociedad”.

“Ya, en Zacatecas (de donde es originario) todo el mundo me vincula a La Estafa Maestra. Y, lamentablemente, ese es el daño que me han hecho. Por eso, me reservo el derecho de poner una demanda por daño moral en contra de la Auditoría, por su imputación irresponsable, arbitraria y fuera de la legalidad”.

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Vanessa Guillén: el misterio que rodea la desaparición de la soldado de origen mexicano

La soldado de origen mexicano fue vista con vida por última vez el 22 de abril en una base militar. Su familia asegura que la joven sufría acoso sexual por parte de un superior, lo que ha generado protestas y motivado a otras mujeres a compartir sus historias.
2 de julio, 2020
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Vanessa Guillen

Ejército de EE.UU.
Vanessa Guillen tiene el rango de soldado de primera clase de las fuerzas armadas de EE.UU. en Texas.

“Por favor, no se olviden de mí”, dice la última línea que describe lo que vivía Vanessa Guillén antes de desaparecer, según su familia.

La soldado estadounidense de 20 años y origen mexicano no ha sido vista desde el pasado 22 de abril, cuando estaba en la base militar de Fort Hood, Texas, a la que estaba adscrita.

Más de dos meses después, las autoridades informaron el miércoles del hallazgo de restos humanos que podrían corresponder con la soldado, a falta de un examen forense que lo confirme.

Sin embargo, detrás de su desaparición han surgido señalamientos de acoso sexual por parte de un sargento en la base militar donde servía en el Escuadrón de Ingenieros Regionales.

“Le dije a mi madre que uno de mis sargentos me estaba acosando sexualmente en Fort Hood. Mi madre intentó convencerme de que le diera el nombre de la persona que me estaba acosando, pero no quería meterme en problemas”, dice la página que creó la familia para buscarla (Find Vanessa Guillén) con base en la información que tenían.

Vanessa Guillen

Ejército de EE.UU.
Guillén había contado a su familia que estaba sufriendo acoso en la base militar donde servía.

“Mi madre me dijo que lo denunciaría por mi seguridad, pero le dije que conocía a otras mujeres soldados que habían denunciado acoso sexual y que el ejército de los Estados Unidos no les creía”, añade.

Un sospechoso, también miembro de las fuerzas armadas, se suicidó justo antes de que autoridades lo detuvieran el miércoles, pero los investigadores dicen que “no está involucrado con las acusaciones de acoso sexual”.

Otra persona fue arrestada en relación con este caso. Sin embargo, las autoridades dicen que están reservándose la información que tienen porque la investigación está en curso.

“Seguimos tomando muy en serio las acusaciones de que Vanessa Guillén fue agredida sexualmente. Cuando escuchamos esto fue por parte de la familia”, dijo este jueves el agente Damon Phelps, del equipo de investigación.

Un mural para Vanessa Guillen

FindVanessaGuillen
Varios murales en honor a Vanessa Guillén han sido pintados en Texas.

Su desaparición y la infructuosa búsqueda durante 70 días ha llevado a muchos en la comunidad latina de Texas a exigir su localización y atención a las denuncias de la soldado.

También otras mujeres han dado testimonios de acoso en las fuerzas armadas a través de la etiqueta en redes sociales #IAMVanessaGuillen (Yo Soy Vanessa Guillen).

¿Qué se sabe de su desaparición?

Guillen pertenecía a una unidad militar que reparaba armas en el Tercer Regimiento de Caballería en Fort Hood, en el centro del estado de Texas (suroeste de EE.UU.).

Desapareció al mediodía del 22 de abril pasado. Había visto por última vez en el estacionamiento de esa base militar, según la investigación de las autoridades.

Su auto y sus llaves, su tarjeta de identificación y su cartera fueron encontrados en la sala de armas donde había estado ese día.

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La madre y las hermanas de la soldado señalan negligencias de las autoridades militares, pues aseguran que no les reportaron la desaparición de Guillén de inmediato y solo ofrecieron información hasta que se conoció el caso en los medios.

“En dos meses no nos dieron respuestas. Tomaron a mi hermana como si fuera un chiste. Mi hermana era un ser humano. Puso su vida por el país, por nosotros, y miren cómo la trataron”, dijo Guadalupe Guillén, una hermana, este miércoles.

Sin embargo, el agente Damon aseguró este jueves que su búsqueda se inició al día siguiente de la desaparición.

La búsqueda

El Comando de Investigación Criminal del Ejército inició la búsqueda en mayo, a la que luego se sumaron los Rangers de Texas (policía estatal), el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la policía local.

Ofrecían una recompensa de US$25.000 por información de su paradero desde principios de junio.

Cártel de búsqueda

Ejército de EE.UU.

Luego de semanas sin indicios de su paradero, un portavoz militar, Chris Grey, informó el miércoles que recibieron un aviso de la posible ubicación, cerca del río León, a unos 48 km de Fort Hood.

“Después de recibir información adicional, los agentes descubrieron lo que se ha descrito como restos humanos parciales después del análisis de un antropólogo forense”, explicó.

Los restos fueron encontrados en una fosa poco profunda. Un análisis forense determinará si se trata de la soldado.

Una vista de Fort Hood

Getty Images
Fort Hood es una importante base militar de Estados Unidos.

Por su parte, el Departamento de Policía de Killeen informó que un sospechoso se suicidó cuando las autoridades se le acercaban.

Fue identificado por el agente Damon como Aaron David Robinson, pero indicó que no hay información que lo relacione con las acusaciones de acoso.

Al ser cuestionado insistentemente por reporteros sobre las líneas de investigación o los sospechosos, Damon dijo insistentemente que no podía compartir más detalles por estar en marcha la pesquisa.

Una mujer detenida es “la esposa separada de un exsoldado de Fort Hood y actualmente está bajo custodia en la cárcel del condado de Bell a la espera de cargos por parte de las autoridades civiles”, dijo Grey el miércoles sin detallar cuál es su vínculo con el caso.

Acusaciones

La abogada Khawam dijo que Guillén le había dicho a su familia y a otros compañeros en la base que estaba siendo acosada, pero no llegó a presentar una denuncia formal.

“Ella temía hacerlo, porque el acoso sexual venía de sus superiores”, dijo Khawam.

La madre de Vanessa Guillén

FindVanessaGuillen
Gloria Guillén asegura que su hija le contó sobre el acoso del que era víctima en Fort Hood.

“Le dije a mi madre que el mismo sargento que me acosaba sexualmente me seguía cada vez que corría y hacía ejercicio, y lo incómodo que me hacía sentir. Mi mamá me dijo que lo detendría, pero yo le dije que yo me ocuparía de eso, sentí que podía detenerlo yo misma”, relató la familia a nombre de la soldado.

Nunca llegó a darle el nombre del presunto responsable, solo que era un “sargento”.

El agente Damon dijo que no tenían información sobre el acoso que denuncia la familia y la abogada: “Queremos información acerca de eso, queremos investigarlo”.

El portavoz Grey dijo el día previo que recibieron las denuncias de parte de la familia sobre “agresión sexual”, pero dijo que la investigación habrá de emitir sus conclusiones a su debido tiempo.

“Una vez que se complete la investigación, el IO (autoridad investigadora) presentará los hallazgos y las recomendaciones al comando de la unidad para su revisión”, señaló.

Demanda de justicia

La desaparición ha llevado a la familia Guillén a exigir justicia y una investigación independiente del Congreso de EE.UU.

“Mi hermana fue víctima de acoso sexual, pero no se hizo nada al respecto. Fort Hood no ofreció seguridad ni respeto. No garantizaron la seguridad de mi hermana”, dijo el miércoles entre lágrimas Guadalupe Guillen.

Una ilustración de Vanessa Guillén de shopcherine

BBC
El caso de Guillén ha llevado a muchos en la comunidad latina a demandar justicia. (Ilustración cortesía de shopcherine.com)

“No entiendo cómo fueron capaces de mentir desde el primer día. Por qué, no lo sé. No sé quién está encubriendo a quién. Por eso necesitamos una investigación del Congreso”, expresó Mayra Guillen, otra de las hermanas.

La familia y activistas han encabezado vigilias y manifestaciones que han congregado a decenas de personas en Houston, la ciudad natal de la soldado.

También han denunciado casos de otras presuntas víctimas de agresiones o desaparecieron en Fort Hood.

Dos mujeres con un cartel

FindVanessaGuillen
En las protestas se han denunciado las desapariciones de otros soldados de Fort Hood.

La abogada Natalie Khawam, acompañada por la congresista Tulsi Gabbard, dijo que están promoviendo que haya una ley que se llame “Vanessa Guillén” para investigar el acoso sexual en las fuerzas armadas de manera independiente.

“Las mujeres no deben tener miedo de denunciar el acoso sexual. Estamos en 2020. Esto es inaceptable”, añadió.

Y a través de la etiqueta #IAMVanessaGuillen, mujeres han compartido testimonios en redes sociales sobre lo frustrante que es exigir justicia en casos de agresión sexual en el ejército.

“Acabo de cumplir 20 años. Ni siquiera había terminado el entrenamiento cuando fui agredida sexualmente. Lo reporté. Él confesó y otras cuatro mujeres se presentaron. Fue absuelto. Dos miembros del jurado del E8 se rieron en mi cara después de dar el veredicto de ‘no culpable’. Él obtuvo un ascenso. Tengo trastorno por estrés postraumático”, decía un testimonio en Twitter.


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