Pedro Simón León Mojarro, excoordinador de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la administración de Rosario Robles, no fue vinculado a proceso por uno de los convenios que firmó como parte del esquema conocido como La Estafa Maestra.
A través de dicho convenio realizado con la Universidad Intercultural del Estado de México en 2015, la Sedesol entregó 124 millones de pesos para realizar levantamiento de cuestionarios para la Cruzada Nacional contra el Hambre en un millón de hogares.
La Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República (FGR) determinaron sobrecosto en los servicios y acusaron a León Mojarro de uso indebido de la función pública debido a que dicho convenio incumplió con la Ley de Adquisiciones.
Sin embargo, el juez Fernando Payá aceptó los argumentos de la defensa respecto a que el exfuncionario cumplió con los requerimientos previstos en la excepción a la Ley de Adquisiciones que prevé la contratación entre dos entidades de la administración pública, en este caso, la Sedesol y la universidad.
El juez Payá determinó que León Mojarro cumplió con la normatividad correspondiente a su función y si hubo una contratación indebida, la responsabilidad era de la universidad.
En el convenio, la institución de educación se comprometió a cumplir con los servicios y no subcontratar más de 49%, como prevé la ley. Aunque finalmente subcontrató con diferentes empresas más de 90%.
La Fiscalía se inconformará
Tras la resolución, la Fiscalía General de la República anunció que apelerá la decisión del juez al considerar que la investigación prueba que el exservidor público imputado autorizó indebidamente la contratación entre las dos entidades involucradas.
La Fiscalía “hizo saber al juez, con toda claridad, que la operación efectuada entre la SEDESOL y la Universidad Intercultural del Estado de México, fue utilizada para otorgar un contrato por 124 millones 100 mil pesos, para la elaboración de un padrón de beneficiarios sociales, a través de una herramienta denominada Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS)”, expuso en una tarjeta informativa.
También dijo haber acreditado que la herramienta no fue realizada de manera directa por la Universidad por no contar con capacidad técnica, material y humana, por lo que la institución subcontrató a dos empresas, a las que dio 61 millones 222 mil 808 pesos, “sin acreditar el destino del monto restante, equivalente a 62 millones 877 mil 192 pesos”.
