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Cuartoscuro Archivo

Guardia Nacional ya opera con militares, pero con una regulación incompleta

La nueva fuerza carece de elementos propios, pues no tiene aún una ley que la forme y regule. El gobierno no ha detallado el cumplimiento de requisitos para la transferencia de soldados.
Cuartoscuro Archivo
29 de abril, 2019
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La Guardia Nacional aprobada constitucionalmente en marzo pasado ya puede operar en el país, aunque de forma incompleta. Al carecer de una ley propia, de requisitos definidos de reclutamiento y, por ende, de elementos propios formados y capacitados, su despliegue solo puede llevarse a cabo con militares transferidos, formados por el Ejército y la Marina, bajo algunas condiciones.

La reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación, dice que esta nueva fuerza necesita tres leyes complementarias, ninguna de las cuales ha sido expedida.

Una de ellas es la Ley de la Guardia Nacional que, según la reforma constitucional, debe resolver al menos ocho aspectos, desde la conformación y regulación, hasta la colaboración con los estados.

El artículo Segundo Transitorio de la misma reforma también indica que la Guardia Nacional puede conformarse inicialmente con policías militares y navales, y que mientras carezca de una ley propia puede funcionar, temporalmente, al amparo de la Ley de la Policía Federal.

No obstante y para que ello se lleve a cabo, el mismo artículo indica que el Presidente debe emitir acuerdos de carácter general, en los que ordene la transferencia de dichos militares.

Hasta ahora no se han anunciado oficialmente ni publicitado la emisión de dichos acuerdos, pese a que el viernes pasado ya se anunció el despliegue de militares convertidos en Guardia Nacional, y a que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, justificó en un tuit este despliegue.

El gobierno federal tampoco ha detallado qué capacitación habría impartido a los militares transferidos a la Guardia Nacional, para que cumplan con el perfil de policía civil que establece el artículo 21 constitucional.

Alfonso Durazo declaró que no sería necesario aplicar controles de confianza policial a los militares transferidos a la Guardia. De acuerdo con expertos y legisladores que aprobaron la reforma, esto contradice lo estipulado en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se advierte que todo elemento abocado a esta tarea debe someterse a control de confianza.

La reforma constitucional autoriza solo la transferencia de policías militares y navales a la nueva fuerza, pero no de elementos de batallones convencionales. No obstante, el periódico Reforma publicó en su edición del 27 de abril que los efectivos con brazalete de Guardia Nacional distribuidos en Minatitlán eran soldados de la 29 Zona Militar, y que uno de ellos dijo que “les pusieron el brazalete y ya”, sin referir una transferencia formal o capacitación.

El dictamen de reforma constitucional aprobado por el Senado también señalaba en el apartado de consideraciones que los militares transferidos a la Guardia deberían pedir licencia al cargo, una situación que tampoco se ha dado. Durazo declaró incluso que – bajo consideración del gobierno – no sería necesaria esta licencia.

Cabe recordar que apenas hace un mes el secretario de Seguridad había señalado, en una conferencia de prensa junto al Presidente desde Tijuana, que el despliegue de los primeros efectivos de la Guardia Nacional tomaría unos tres meses, plazo que se cumpliría hasta finales de junio. En tanto, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, dijo que la capacitación en temas de seguridad pública conlleva un periodo de cinco meses.

Lo que falta, a detalle

El dictamen constitucional aprobado en materia de Guardia Nacional plantea tres leyes complementarias a la misma. Una es la Ley de Guardia Nacional que debe aprobarse en un plazo de 60 días posteriores al decreto aprobado (y que se cumplen el 26 de mayo), y las otras dos son las leyes de Uso de la Fuerza y de Registro de Detenciones.

La Ley de la Guardia Nacional es la norma que le dará validez legal a esta nueva fuerza, y regirá su formación y colaboración. La reforma constitucional plantea 8 temas que debe abordar esta ley, entre ellos: los requisitos que deben cumplir sus integrantes, los criterios de evaluación de los mismos, su estructura jerárquica, orgánica y régimen de disciplina, las condiciones de colaboración con entidades y municipios etcétera.

El pasado 11 de abril el gobierno entregó una propuesta de iniciativa de esta ley al Senado, en la que se contempla, entre otras cosas, que los elementos de la Guardia deben ser sometidos a pruebas de control de confianza. En el caso de los militares transferidos, se señala que estos deben cumplir con una capacitación policial.

Senadores consultados por Animal Político han señalado que este es un documento de trabajo que será debatido y puede sufrir modificaciones, e indicaron que con el fin de cumplir el plazo legal de 60 días que marca la constitución, se podría convocar a un periodo extraordinario en mayo.

En dicho periodo extraordinario también se prevé la discusión y aprobación de las otras dos leyes complementarias, de las cuales ya se han presentado iniciativas. Los detalles de la iniciativa de Uso de la Fuerza pueden consultarse en esta nota, y de registro de detenciones en esta nota.

Con independencia del apartado legal, la Guardia Nacional requiere de otros elementos como, por ejemplo, infraestructura. El secretario de la Defensa ha señalado que contará con cuarteles propios en diversas regiones del país, sin embargo, hasta ahora no existen dichas instalaciones por lo que se prevé ocupar temporalmente las que tienen las fuerzas armadas.

La Secretaría de la Defensa Nacional indicó en respuesta a una solicitud de transparencia que fabricó un lote de prueba, con 900 uniformes de Guardia Nacional. Esto es una fracción de los 80 mil que se requieren para este año, según la meta fijada por el propio gobierno. En cuanto a armamento se había anunciado ya que los militares transferidos mantendrán su armamento y utensilios, por lo que se requerirá fabricar solo para los nuevos reclutas.

El secretario Alfonso Durazo ha estimado la inversión para este año en la Guardia Nacional de 15 a 20 mil millones de pesos; hasta ahora no se ha confirmado, por parte de las instancias que manejan el presupuesto, si son recursos aprobados.

¿Y la preparación y evaluación?

El gobierno ha repetido en reiteradas ocasiones que este año prevé contar con más de 80 mil elementos integrados a la Guardia Nacional. De ellos poco más de 40 mil provendrán de las fuerzas armadas, y el resto serán nuevos integrantes.

De lo que no se han dado detalles oficiales es de los programas de capacitación y evaluación que deben cumplir tanto los nuevos reclutas, así como los elementos transferidos de las fuerzas armadas.

En una respuesta oficial a una solicitud de transparencia fechada en marzo pasado, la Sedena dijo a Animal Político que si bien se haría cargo del reclutamiento de los elementos, los requisitos y preparación de los mismos aún se estaban definiendo.

Un documento de la Defensa Nacional al que este medio tuvo acceso evidencia que en diciembre pasado se proporcionó a comandantes de la Policía Militar un manual de Policía de Proximidad elaborado por la Secretaria de Gobernación, con el objeto de que fuera estudiado y difundido entre sus elementos.

Fuentes militares confirmaron además extraoficialmente que en Nuevo León se puso en marcha un programa de capacitación policial a efectivos de la Defensa Nacional.

En tanto, senadores que participaron en el proceso de aprobación de la reforma como Miguel Ángel Mancera y Julen Rementería, han subrayado que la Ley de Guardia Nacional y su posterior reglamento son las normas que deberán establecer con precisión la formación y evaluación que deben cumplir los elementos. Como ya se dijo, se trata de leyes aun aprobadas.

El titular de Sedena, Luis Cresencio Sandoval, ha repetido que los elementos de la Guardia recibirán formación policial y en derechos humanos y que la preparación en el caso de nuevos reclutas tomaría ocho meses, de los cuales cinco corresponden en preparación de seguridad pública (de la cual también carecen los militares).

Durazo había señalado apenas el 27 de marzo, en una conferencia de prensa en Tijuana, que los primeros efectivos de la Guardia Nacional podrían desplegarse en tres meses, sin embargo el gobierno anunció desde el viernes pasado el despliegue de algunos elementos.

Y cuestionado el pasado 11 de abril sobre el control de confianza para los elementos de la Guardia, el secretario de Seguridad dijo que se aplicaría para los elementos de Policía Federal que sean transferidos así como para los nuevos reclutas, pero desestimó que se fuera a aplicar para policías militares y navales transferidos a la nueva fuerza.

Expertos de organizaciones como el colectivo #SeguridadSinGuerra y legisladores de oposición han señalado que la falta de control de confianza en los militares transferidos a la Guardia, así como el hecho de que no pidan licencia en las fuerzas armadas, viola condiciones estipuladas en la reforma constitucional y podría dar paso a acciones legales en contra de estas decisiones ante el Poder Judicial.

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El precio de comprar ropa barata: ¿quién paga realmente la cuenta?

Una investigación de la BBC siguió el recorrido de algunas prendas de vestir para analizar cuáles son los verdaderos costos ambientales y sociales que hay detrás de una oferta de ropa tan barata en los mercado mundiales.
8 de agosto, 2019
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Atrás quedó la época en que la gente se compraba ropa cuando recibía el salario una vez al mes o solamente para ocasiones especiales.

La tendencia actual para muchos es comprarse ropa por internet en cualquier momento o “salir de compras” los fines de semana, dado que algunos precios han llegado a niveles increíblemente bajos.

Los británicos, por ejemplo, compran cinco veces más prendas de las que adquirían en la década de los 80, dice Dharshini David, reportera de economía de la BBC.

“Está lleno de vestidos por US$10 o bikinis a poco más de US$1”, dijo de lo que puede encontrarse en tiendas locales.

La globalización permite que la ropa sea producida a bajo costo en zonas remotas, lo que trae como resultado precios más bajos y mayor variedad.

Pero ¿cómo es posible? ¿Y cuál es el costo ambiental de nuestros hábitos de consumo?

Una investigación de BBC Radio 4 hizo un recorrido desde España a Etiopía para examinar cómo el planeta y las personas con escasos recursos económicos terminan pagando la cuenta de nuestra imparable sed por la moda, y cómo podríamos evitarlo.

¿Cómo lo hacen?

La presión sobre las marcas para llevar las tendencias de moda desde las pasarelas hasta los clientes comunes y, al mismo tiempo, repartir ganancias entre los inversores, puede llevar a una guerra comercial para conseguir la fuente más barata.

Es un fenómeno que los críticos califican como “perseguir la aguja”.

La difícil situación de algunos trabajadores que fabrican nuestra ropa se hizo aún más evidente en 2014, cuando 1.138 trabajadores de la confección perdieron la vida en el colapso del complejo textil Rana Plaza, en Bangladesh.

La presión para mejorar las condiciones laborales de estas personas fue inmensa, y arrojó resultados.

Algunos grandes minoristas, como H&M y Converse, comenzaron a publicar listas de sus proveedores y, a veces, de subcontratistas (que pueden llegar a miles) en respuesta a las peticiones globales de mayor transparencia.

¿Son cosa del pasado las fábricas de explotación?

Pero también hubo consecuencias imprevistas a partir de los últimos cambios. Como los salarios aumentaron en Bangladesh, muchas compañías se fueron a otros lugares para mantener bajos los costos.

En Etiopía, por ejemplo, los salarios son en promedio un tercio de los que se pagan en Bangladesh. Los salarios de menos de US$7 por semana son muy habituales.

Hablando bajo condición de anonimato, los trabajadores de una fábrica cerca de la ciudad de Adís Abeba dijeron que ese salario era insuficiente para vivir.

También dijeron que las condiciones laborales -desde baños insalubres hasta el abuso verbal- son intolerables.

Esta situación fue denunciada por el grupo activista del Consorcio de Derechos de los Trabajadores. Penélope Kyritsis, quien escribió el informe, dice que a muchas trabajadoras no les pagaban las horas extra y que hay casos de empleadores que le tocan la barriga a las mujeres para saber si están embarazadas.

Kyritsis asegura que ha habido muy poco avance desde que salió el informe hace unos meses.

Para hacer frente a la competencia, el gobierno de Etiopía destaca los bajos costos laborales como si se tratara de una virtud.

Trabajadoras en fábrica de Etiopía

Getty Images
Un gran número de mujeres se dedica a fabricar ropa en Adís Abeba, Etiopía.

Pero Kyritsis argumenta que la industria de la confección de ese país no puede usar la excusa de que, al menos, está proporcionando un medio de vida donde nadie más podría hacerlo.

“Hay una rotación extremadamente alta, con empleados que dejan los trabajos en el gobierno por otros empleos en sectores informales o en la agricultura”, apunta.

Orsola de Castro cofundó el grupo activista Fashion Revolution a raíz del desastre de Rana Plaza. Su organización está alentando a los clientes a hacer preguntas sobre sus marcas favoritas a través de una campaña de tarjetas postales.

“Hay dos grandes conceptos erróneos sobre la sostenibilidad y la ética: uno es que la culpa la tiene la moda rápida, y esto permite que el sector del lujo quede libre cuando en realidad es toda la industria de la moda etíope la que debe ser cuestionada”, le dice la BBC.

“Y el otro es que la ropa fabricada localmente es ética y sustentable. No lo es”.

¿Qué pasa con el costo ambiental?

Se afirma que la producción textil contribuye más al cambio climático que la aviación y el transporte marítimo juntos.

Y lo cierto es que hay consecuencias en cada etapa del ciclo de vida de una prenda de vestir: abastecimiento, producción, transporte, venta minorista, uso y eliminación.

Para comenzar con los tejidos básicos que se utilizan en la fabricación de una prenda de vestir, no es tan simple como pensar que el problema es el uso del algodón frente a la tela sintética.

El algodón es un cultivo extraordinariamente necesitado de agua.

Como destacó el Comité de Auditoría Ambiental de la Cámara de los Comunes del Reino Unido en un informe reciente, la fabricación de una sola camisa y un par de jeans puede requerir hasta 20.000 litros de agua.

Llegó a la conclusión de que “sin saberlo, estamos usando el suministro de agua dulce de Asia Central”.

Fábrica de vaqueros

Getty Images
La industria textil contamina más que la aviación y el transporte.

Sin embargo, una camisa de poliéster hecha de plástico virgen tiene una huella de carbono mucho mayor. El transporte de los productos aumenta aún más esa huella y la coloración de las telas puede introducir más contaminantes.

El desprendimiento de fibras microplásticas en las vías fluviales se está convirtiendo en un problema creciente: una sola carga de la lavadora puede liberar cientos de miles de fibras.

Además, un millón de toneladas de ropa se eliminan cada año en Reino Unido, y el 20% de eso termina en un vertedero.

Pero ¿de quién es la responsabilidad de abordar este problema?

¿Qué están haciendo las autoridades?

En Reino Unido, el Comité de Auditoría Ambiental de la Cámara de los Comunes ha hecho 18 recomendaciones sobre el tema: desde gravar con un centavo el precio de un producto para financiar centros de reciclaje, o reducir la tasa de Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los servicios de reparación de ropa, hasta dar más lecciones de costura en las escuelas.

Hasta el momento, ninguna de estas medidas ha sido puesta en marcha.

Los críticos dicen que si nos tomamos en serio la moda sostenible, el objetivo de la política debería ser persuadirnos de comprar menos. Eso podría necesitar una acción más drástica, tal vez con un impuesto ambiental sobre la ropa.

Pero dado el frágil estado del retail y la importancia del gasto del consumidor para la economía, es difícil imaginar a un político haciendo esa propuesta.

¿Cuánto está ganando realmente la industria?

A medida que aumenta la presión de los consumidores, algunos minoristas están tratando de hacer frente a este desafío.

Zara

LightRocket / Getty Images
Zara se ha comprometido a usar telas 100% sustentables para el año 2025.

Justo en las afueras de la ciudad costera española de A Coruña se encuentra la sede mundial de Inditex. No es un nombre familiar para todos, pero seguro que su principal marca de moda, Zara, lo es.

Lo que comenzó como un pequeño negocio de fabricación textil, es ahora uno de los minoristas más grandes del planeta. Además, Zara cambió la forma en que compramos, al llevar la moda de la pasarela a la calle en solo tres semanas y a precios asequibles.

La cadena se comprometió recientemente a usar telas 100% sostenibles para el año 2025. Por supuesto, no es solo Inditex: son muchas otras las empresas que buscan mejorar sus procesos de fabricación y la forma en que se abastecen.

¿Una técnica de lavado de imagen? Bueno, algunos grandes minoristas al menos parecen estar involucrados en el tema y tomando medidas. Pero en el corazón de su modelo de negocio está la novedad, la idea de convencernos de seguir comprando.

¿Es responsabilidad de las empresas convencernos de comprar menos?

Pablo Isla, de Zara, argumenta que no, que el minorista simplemente responde a los deseos de los consumidores y que esos clientes deben tener la libertad de elección.

¿Qué pasa con los clientes?

Con las protestas contra el cambio climático que ocurren fuera de sus ventanas, los diseñadores emergentes de la universidad London College of Fashion dicen que ellos se suman a las “huelgas de la moda”, prometiendo no gastar dinero durante varios meses o incluso un año.

Dicha acción está creciendo en popularidad, y hay un enfoque cada vez mayor centrado en comprar mejor ropa y en arreglar las prendas rotas.

Uno de los diseñadores, por ejemplo, está haciendo ropa con la multitud de carpas que se usan en tantos festivales de música.

Livia Firth

Getty Images
Livia Firth creó una consultora para ayudar a las empresas de la moda a volverse más sustentables.

Pero puede que no sea suficiente. A medida que la popularidad de las personas influyentes en las redes sociales se ha disparado, también lo han hecho las preocupaciones sobre el impacto que pueden tener en nuestra actitud hacia las compras.

Uno de cada seis influencers admite no volver a usar una prenda de vestir después de mostrarla una vez en redes sociales.

La activista y ecologista Livia Firth ha estado haciendo apariciones en alfombras rojas junto a su esposo Colin para exhibir telas sostenibles, incluyendo bolsos de cuero de piel de pescado.

Incluso lo persuadió para que usara un esmoquin hecho con botellas recicladas. Ella dice que los influencers necesitan cambiar su enfoque, diciendo que “si Kim Kardashian fuera a promover la moda sostenible, yo podría jubilarme”.

Ella compara nuestra relación con la moda con una adicción. Y dado que se pronostica un aumento de la demanda de ropa equivalente a 500.000 millones de camisetas en la próxima década, ella podría tener razón.

Pero lo cierto es que aún nadie ha encontrado la solución.


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