Guardia Nacional ya opera con militares, pero con una regulación incompleta
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Cuartoscuro Archivo

Guardia Nacional ya opera con militares, pero con una regulación incompleta

La nueva fuerza carece de elementos propios, pues no tiene aún una ley que la forme y regule. El gobierno no ha detallado el cumplimiento de requisitos para la transferencia de soldados.
Cuartoscuro Archivo
29 de abril, 2019
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La Guardia Nacional aprobada constitucionalmente en marzo pasado ya puede operar en el país, aunque de forma incompleta. Al carecer de una ley propia, de requisitos definidos de reclutamiento y, por ende, de elementos propios formados y capacitados, su despliegue solo puede llevarse a cabo con militares transferidos, formados por el Ejército y la Marina, bajo algunas condiciones.

La reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación, dice que esta nueva fuerza necesita tres leyes complementarias, ninguna de las cuales ha sido expedida.

Una de ellas es la Ley de la Guardia Nacional que, según la reforma constitucional, debe resolver al menos ocho aspectos, desde la conformación y regulación, hasta la colaboración con los estados.

El artículo Segundo Transitorio de la misma reforma también indica que la Guardia Nacional puede conformarse inicialmente con policías militares y navales, y que mientras carezca de una ley propia puede funcionar, temporalmente, al amparo de la Ley de la Policía Federal.

No obstante y para que ello se lleve a cabo, el mismo artículo indica que el Presidente debe emitir acuerdos de carácter general, en los que ordene la transferencia de dichos militares.

Hasta ahora no se han anunciado oficialmente ni publicitado la emisión de dichos acuerdos, pese a que el viernes pasado ya se anunció el despliegue de militares convertidos en Guardia Nacional, y a que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, justificó en un tuit este despliegue.

El gobierno federal tampoco ha detallado qué capacitación habría impartido a los militares transferidos a la Guardia Nacional, para que cumplan con el perfil de policía civil que establece el artículo 21 constitucional.

Alfonso Durazo declaró que no sería necesario aplicar controles de confianza policial a los militares transferidos a la Guardia. De acuerdo con expertos y legisladores que aprobaron la reforma, esto contradice lo estipulado en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se advierte que todo elemento abocado a esta tarea debe someterse a control de confianza.

La reforma constitucional autoriza solo la transferencia de policías militares y navales a la nueva fuerza, pero no de elementos de batallones convencionales. No obstante, el periódico Reforma publicó en su edición del 27 de abril que los efectivos con brazalete de Guardia Nacional distribuidos en Minatitlán eran soldados de la 29 Zona Militar, y que uno de ellos dijo que “les pusieron el brazalete y ya”, sin referir una transferencia formal o capacitación.

El dictamen de reforma constitucional aprobado por el Senado también señalaba en el apartado de consideraciones que los militares transferidos a la Guardia deberían pedir licencia al cargo, una situación que tampoco se ha dado. Durazo declaró incluso que – bajo consideración del gobierno – no sería necesaria esta licencia.

Cabe recordar que apenas hace un mes el secretario de Seguridad había señalado, en una conferencia de prensa junto al Presidente desde Tijuana, que el despliegue de los primeros efectivos de la Guardia Nacional tomaría unos tres meses, plazo que se cumpliría hasta finales de junio. En tanto, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, dijo que la capacitación en temas de seguridad pública conlleva un periodo de cinco meses.

Lo que falta, a detalle

El dictamen constitucional aprobado en materia de Guardia Nacional plantea tres leyes complementarias a la misma. Una es la Ley de Guardia Nacional que debe aprobarse en un plazo de 60 días posteriores al decreto aprobado (y que se cumplen el 26 de mayo), y las otras dos son las leyes de Uso de la Fuerza y de Registro de Detenciones.

La Ley de la Guardia Nacional es la norma que le dará validez legal a esta nueva fuerza, y regirá su formación y colaboración. La reforma constitucional plantea 8 temas que debe abordar esta ley, entre ellos: los requisitos que deben cumplir sus integrantes, los criterios de evaluación de los mismos, su estructura jerárquica, orgánica y régimen de disciplina, las condiciones de colaboración con entidades y municipios etcétera.

El pasado 11 de abril el gobierno entregó una propuesta de iniciativa de esta ley al Senado, en la que se contempla, entre otras cosas, que los elementos de la Guardia deben ser sometidos a pruebas de control de confianza. En el caso de los militares transferidos, se señala que estos deben cumplir con una capacitación policial.

Senadores consultados por Animal Político han señalado que este es un documento de trabajo que será debatido y puede sufrir modificaciones, e indicaron que con el fin de cumplir el plazo legal de 60 días que marca la constitución, se podría convocar a un periodo extraordinario en mayo.

En dicho periodo extraordinario también se prevé la discusión y aprobación de las otras dos leyes complementarias, de las cuales ya se han presentado iniciativas. Los detalles de la iniciativa de Uso de la Fuerza pueden consultarse en esta nota, y de registro de detenciones en esta nota.

Con independencia del apartado legal, la Guardia Nacional requiere de otros elementos como, por ejemplo, infraestructura. El secretario de la Defensa ha señalado que contará con cuarteles propios en diversas regiones del país, sin embargo, hasta ahora no existen dichas instalaciones por lo que se prevé ocupar temporalmente las que tienen las fuerzas armadas.

La Secretaría de la Defensa Nacional indicó en respuesta a una solicitud de transparencia que fabricó un lote de prueba, con 900 uniformes de Guardia Nacional. Esto es una fracción de los 80 mil que se requieren para este año, según la meta fijada por el propio gobierno. En cuanto a armamento se había anunciado ya que los militares transferidos mantendrán su armamento y utensilios, por lo que se requerirá fabricar solo para los nuevos reclutas.

El secretario Alfonso Durazo ha estimado la inversión para este año en la Guardia Nacional de 15 a 20 mil millones de pesos; hasta ahora no se ha confirmado, por parte de las instancias que manejan el presupuesto, si son recursos aprobados.

¿Y la preparación y evaluación?

El gobierno ha repetido en reiteradas ocasiones que este año prevé contar con más de 80 mil elementos integrados a la Guardia Nacional. De ellos poco más de 40 mil provendrán de las fuerzas armadas, y el resto serán nuevos integrantes.

De lo que no se han dado detalles oficiales es de los programas de capacitación y evaluación que deben cumplir tanto los nuevos reclutas, así como los elementos transferidos de las fuerzas armadas.

En una respuesta oficial a una solicitud de transparencia fechada en marzo pasado, la Sedena dijo a Animal Político que si bien se haría cargo del reclutamiento de los elementos, los requisitos y preparación de los mismos aún se estaban definiendo.

Un documento de la Defensa Nacional al que este medio tuvo acceso evidencia que en diciembre pasado se proporcionó a comandantes de la Policía Militar un manual de Policía de Proximidad elaborado por la Secretaria de Gobernación, con el objeto de que fuera estudiado y difundido entre sus elementos.

Fuentes militares confirmaron además extraoficialmente que en Nuevo León se puso en marcha un programa de capacitación policial a efectivos de la Defensa Nacional.

En tanto, senadores que participaron en el proceso de aprobación de la reforma como Miguel Ángel Mancera y Julen Rementería, han subrayado que la Ley de Guardia Nacional y su posterior reglamento son las normas que deberán establecer con precisión la formación y evaluación que deben cumplir los elementos. Como ya se dijo, se trata de leyes aun aprobadas.

El titular de Sedena, Luis Cresencio Sandoval, ha repetido que los elementos de la Guardia recibirán formación policial y en derechos humanos y que la preparación en el caso de nuevos reclutas tomaría ocho meses, de los cuales cinco corresponden en preparación de seguridad pública (de la cual también carecen los militares).

Durazo había señalado apenas el 27 de marzo, en una conferencia de prensa en Tijuana, que los primeros efectivos de la Guardia Nacional podrían desplegarse en tres meses, sin embargo el gobierno anunció desde el viernes pasado el despliegue de algunos elementos.

Y cuestionado el pasado 11 de abril sobre el control de confianza para los elementos de la Guardia, el secretario de Seguridad dijo que se aplicaría para los elementos de Policía Federal que sean transferidos así como para los nuevos reclutas, pero desestimó que se fuera a aplicar para policías militares y navales transferidos a la nueva fuerza.

Expertos de organizaciones como el colectivo #SeguridadSinGuerra y legisladores de oposición han señalado que la falta de control de confianza en los militares transferidos a la Guardia, así como el hecho de que no pidan licencia en las fuerzas armadas, viola condiciones estipuladas en la reforma constitucional y podría dar paso a acciones legales en contra de estas decisiones ante el Poder Judicial.

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Tribunal Constitucional de Perú ratifica el indulto a Alberto Fujimori y ordena liberar al expresidente

El exmandatario, de 83 años, cumple condena por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos y pidió su liberación por motivos humanitarios.
17 de marzo, 2022
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El Tribunal Constitucional de Perú acordó restablecer el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori en 2017, por lo que deberá ser puesto en libertad, según informaron medios locales.

El Tribunal votó a favor del recurso de hábeas corpus presentado por el exmandatario para que el indulto recobrara vigencia y fuera puesto en libertad por motivos humanitarios, lo que podría suceder en las próximas horas.

Su abogado, César Nakazaki, informó en su cuenta de Twitter que se dirige al penal de El Barbadillo, donde Fujimori está encarcelado, para comunicarle la decisión del Tribunal.

https://twitter.com/CesarNakazaki/status/1504531283241807872

Los delitos por los que se condenó a Fujimori

Alberto Fujimori, de 83 años, cumple condena por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, en los que grupos parapoliciales dirigidos desde el gobierno acabaron con la vida de 25 personas.

Fujimori fue acusado de ordenar que un escuadrón de la muerte conocido como el Grupo Colina cometiera las dos masacres.

La primera tuvo lugar en 1991 en el vecindario de Barrios Altos, en Lima, y la segunda en 1992 en la Universidad de la Cantuta, también en la capital.

También se le condenó por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.

Fue la primera vez que un exmandatario constitucional de América Latina era juzgado y sentenciado en su propio país por crímenes de lesa humanidad.

Su familia solicitó en repetidas ocasiones su puesta en libertad por motivos de salud, a lo que se oponen sus víctimas, que denuncian que nunca se arrepintió de sus delitos ni abonó las compensaciones establecidas.

Manifestante contra el indulto (foto de archivo)-

AFP
El indulto a Fujimori es motivo de gran polémica en Perú (foto de archivo).

En 2017, en mitad de la crisis política que acabó costándole la presidencia, Pedro Pablo Kuczynski concedió el indulto a Fujimori, en lo que fue interpretado como un intento de ganarse el apoyo del fujimorismo en el trámite de la moción de vacancia que se había presentado en su contra en el Congreso.

Pero la Corte Suprema anuló más tarde ese indulto porque consideró que no cabía la concesión de la medida de gracia en casos de crímenes de lesa humanidad, y Fujimori tuvo que regresar a la cárcel de la que había salido temporalmente.

El Tribunal Constitucional anula ahora esa anulación y restablece la concesión del indulto.

Lo ha hecho en una votación dividida en la que, según los medios locales, tres de sus magistrados votaron a favor y tres lo hicieron en contra, dirimiéndose finalmente el asunto por el voto de calidad del presidente.


Otro capítulo polémico en una polémica biografía

Por Guillermo D. Olmo, corresponsal de BBC News Mundo

Si nada inesperado lo impide, Fujimori saldrá de la cárcel.

La decisión del Tribunal Constitucional ha provocado gran indignación entre las víctimas de los crímenes de Fujimori y entre sus detractores.

El expresidente sigue siendo una de las figuras que más divide a los peruanos y la noticia del restablecimiento de su indulto ha vuelto a ponerlo de manifiesto. Los partidarios de su puesta en libertad subrayan su edad, sus problemas de salud y no son pocos quienes todavía le agradecen por el papel clave que le atribuyen en el saneamiento de la economía peruana y en la desarticulación del movimiento armado Sendero Luminoso.

Quienes se oponen a la liberación recuerdan la gravedad de los crímenes por los que fue condenado y los escándalos de corrupción que han salpicado a su familia, y dirigen ahora su mirada hacia Pedro Castillo.

Fue elegido presidente frente a la hija de Fujimori, según los analistas, sobre todo por el rechazon que el fujimorismo ha provocado en gran parte de la sociedad peruana.

Ya hay manifestaciones de protesta convocadas en Lima. Si son masivas, a Castillo le resultará difícil no tomar cartas en el asunto ante una liberación que para muchos es una afrenta.


Las reacciones a la noticia no se han hecho esperar.

En distintos foros digitales ya se ha convocado a una manifestación de protesta esta tarde en Lima, y en otros puntos del país. Las protestas cuentan con el apoyo de varias bancadas del Congreso.

El primer ministro, Aníbal Torres, dijo en la cadena RPP que con esta decisión el tribunal “garantiza la impunidad, no de cualquier delincuente, sino de los que tienen cierto poder, como es el caso del señor Fujimori”.

Mirtha Vásquez, ex primera ministra, aseguró que el fallo “atropella la memoria y el derecho a la justicia de las víctimas de la dictadura de los años 90”.

Eduardo Castillo, uno de los voceros de la bancada fujimorista en el Congreso peruano, consideró en cambio que “al fin se hace justicia con el hombre que le devolvió la esperanza al país”.


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