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Cuartoscuro Archivo

Trece indígenas presos en Chiapas suman 26 días en huelga de hambre

Exigen su liberación inmediata e incondicional, luego de acumular más de una década encarcelados sin que en su contra existan pruebas de culpabilidad, salvo confesiones extraídas bajo tortura.
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Indígenas presos en tres centros de reclusión del estado de Chiapas cumplen este miércoles, 10 de abril, 26 días en huelga de hambre, con una única demanda: su liberación inmediata e incondicional, luego de acumular más de una década encarcelados, sin que en su contra existan pruebas de culpabilidad, salvo confesiones extraídas bajo tortura.

Agrupados en los colectivos La Voz Verdadera del Amate y Vijiketik en Resistencia, los trece indígenas en huelga de hambre (y otros siete que por su precaria condición de salud no son se sumaron al ayuno, pero sí forman parte de la protesta) realizan esta acción en tres cárceles chiapanecas y, tal como explicaron sus familiares en entrevista, “la lucha no es sólo por ellos, sino por todos los indígenas presos injustamente”.

En total, detallaron representantes de ambos colectivos, son 20 presos por los que se demanda la liberación “inmediata e incondicional”, todos con un común denominador: se trata de indígenas que fueron detenidos sin órdenes de aprehensión, torturados para confesar delitos, y que no contaron con traductores o intérpetes durante sus juicios, para poder defenderse.

“A lo largo de este caminar –explica Juan Pablo Nava Gómez, del Grupo de Trabajo No Están [email protected], que da acompañamiento a las familias de los presos en huelga de hambre– lo que nos hemos encontrado es que el gobierno de Chiapas es muy racista, y en contra de los indígenas usan la tortura como un mecanismo cotidiano para crear chivos expiatorios (personas inocentes, incriminadas para otorgar impunidad a los verdaderos perpetradores)”.

Los casos de los 20 presos en huelga de hambre, detalló, “son casos ejemplificativos, no son excepcionales, sino, por el contrario, son casos que muestran muy claramente este mecanismo, que castiga a indígenas para simular que se hace justicia”.

En los 20 casos, explicó Juan Pablo Nava, “la única prueba que presentaron las autoridades fue la confesión autoincriminatoria de los acusados, no hubo ninguna investigación, y en algunos casos, el Ministerio Público llegó a presentar testigos de los delitos, que terminaron reconociendo que los detenidos no eran los delincuentes verdaderos, y aún así, todos estos indígenas fueron declarados culpables, y han pasado, 10, 12, 15 años en la cárcel, injustamente”.

Alfredo

Alfredo Gómez López tiene en la actualidad 28 años, y aún cuando su edad lo ubica dentro del grupo de población “joven” del país, él se pone fuera de ese grupo. “A mí se me acabó la juventud en la cárcel”, explica.

Hace diez años, Alfredo salió de su casa, en una comunidad tzotzil aledaña a San Cristóbal de las Casas, con la intención de adquirir en dicha cabecera municipal un poco de fertilizante, para la parcela que cultivaba junto con sus padres.

“Somos gente humilde –explica Alfredo–, yo no tenía bronca, iba por mi fertilizando, y venía caminando yo, y entonces me abordan cuatro personas, y me suben a una camioneta, y me tapan mis ojos con una chamarra que traía yo, y me llevan a un lugar donde me dicen que yo me culpara, que haga yo cargo de todos los delitos que ellos me dan”.

En ese momento, explica Alfredo, él era un joven de 18 años que apenas comprendía el español, y entre golpes, detalla “sólo entendía que me decían que había yo matado, (el interrogador) me dio delincuencia organizada, y narcomenudeo, como seis o siete delitos, y me dijo ‘tú tienes que aceptar todo esto, porque tú lo has hecho”.

“Yo no entendía bien el castilla (el español), porque no tengo estudio, pero les dije que no he hecho nada, pero entonces todo fue a base de golpes y tortura, empiezan a golpearme en todo el cuerpo, me dio bolsa de nailon para asfixiarme, hasta dejarme desmayado de tanto golpe… me puso agua con una franela en la nariz… me dio Tehuacán con chile en la nariz igual, pero yo dije que no aceptaba los delitos que me daba, ¿cómo voy a aceptar algo que no hice? Entonces me dijo ‘ah, con esto vas a aceptar’, y fue ahí que me ponen corriente eléctrica en mis partes íntimas, en mis testículos.”

Semiconsciente, señala Alfredo, “sólo sentí que me agarraron la mano y me presionaron el pulgar contra unas hojas, estaba vendado yo de la vista, y me dijeron que no opusiera, que estaba firmando los papeles de mi libertad”.

Fue así como Alfredo terminó “confesando” su participación en un homicidio. Nunca hubo una orden de aprehensión en su contra porque, oficialmente, fue detenido in fraganti, luego de ser señalado por supuestos testigos del crimen.

Sin embargo, aclara Alfredo, “esos testigos nunca se presentaron, y los testigos que yo presenté, que vieron que yo estaba en mi casa, que no estaba en donde dicen que maté, a mis testigos no los aceptó el juez”.

Peor aún, lamenta, aún cuando en ese momento no dominaba el español, durante el juicio nunca contó con la asistencia de un intérprete.

El sistema

Las irregularidades jurídicas mediante las cuales se condenó a estos 20 presos indígenas, explicó el representante del Grupo de Trabajo No Están [email protected], no se trata de situaciones aisladas o excepcionales, sino sistemáticas, “y la lucha es por todas las personas indígenas que actualmente saturan las cárceles de Chiapas, y que en su mayoría fueron incriminados sin pruebas, o como resultado de actos de corrupción”, en los cuales están involucrados todos los actores del proceso penal: desde el Ministerio Público hasta los jueces penales, pasando por abogados defensores y peritos.

En el caso de Alfredo, por ejemplo, el amparo mediante el cual finalmente obtuvo un auto de libertad absolutoria, diez años después de haber sido encarcelado, se logró luego de que los siete peritos que firmaron supuestos estudios científicos que comprobaban su culpabilidad terminaron retractándose de sus conclusiones.

La corrupción, sin embargo, tiene distintos rostros.

Eva María, mamá de Juan de la Cruz (preso desde hace 12 años) explica que la historia de su hijo es muy similar a la de Alfredo: fue detenido dentro de su vivienda, sin que se presentara orden de aprehensión, y sin que la autoridad contara con orden de cateo.

Se lo llevaron por la fuerza, por un homicidio cometido días antes, aunque formalmente la autoridad informó haberlo capturado in fraganti.

En contra de Juan también la única prueba aportada por las autoridades chiapanecas fue, igualmente, su confesión incriminatoria, extraída bajo tortura.

“Aquel día yo me encontraba enferma en mi casa –narra Eva María–, estaba yo muy mala de la columna, tenía dolores muy fuertes y no me podía levantar, y así llegó mi nuera, llorando, con mis dos nietecitas, para decirme que se habían metido a la casa para llevarse a Juan.”

La familia de este joven indígena tardó tres días en encontrarlo, aunque no por no buscarlo, sino porque las autoridades se tardaron tres días en presentarlo formalmente ante la agencia del Ministerio Público.

Esos tres días, Juan estuvo desaparecido y, finalmente, fue hallado inconsciente, en los separos del MP de San Cristóbal de las Casas.

“Se buscó abogado –explica Eva María–, y nos asignaron abogado de oficio, pero luego él nos dijo que estaba enfermo, y que el expediente lo iba a llevar otro abogado, pero resultó que ese otro abogado al que le dio nuestro caso era particular, y sólo nos sacó dinero, y nunca hizo nada.”

En total, lamenta Eva María, fueron cuatro los abogados que se fueron pasando el caso, todos extrayéndoles todo el dinero que podían, con engaños de lograr rápidamente la liberación de Juan, aunque ninguno promovió, en realidad, ninguna acción jurídica orientada a exhibir las irregularidades en el proceso.

Racismo

Esta práctica de inculpación de integrantes de comunidades indígenas, explicó Juan Pablo Nava, es resultado de un esquema de corrupción penitenciario permitido y fomentado por el gobierno estatal (entonces encabezado por Manuel Velasco, del Partido Verde), mediante el cual se compran y venden los favores del Sistema de Justicia en beneficio de aquellos que pueden pagar, “y como las poblaciones indígenas enfrentan pobreza extrema, pues son sus integrantes los que terminan colmando las cárceles del estado, no por ser culpables, sino porque no importa que sean inocentes”.

Para las autoridades chiapanecas, denunció, “los indígenas son sacrificables, son los que pueden cargar sentencias en vez de los verdaderos culpables, y esto es una clara forma de racismo”.

Facundo Ruiz, hermano de Marcelino, preso en el Cereso 10 de Comitán de Domínguez, narra lo sucedido hace apenas dos semanas, a finales de marzo, como ejemplo de esta política discriminatoria, aplicada por todas las autoridades.

“Hace un mes –explica Facundo–, cuando los compañeros presos iniciaron su huelga de hambre, la Secretaría de Gobierno (del Ejecutivo estatal) nos citó a una mesa de diálogo a las familias, y ahí los funcionarios nos dijeron que iban a revisar los expedientes de nuestros familiares”.

Una semana después, detalla, todas las familias fueron citadas nuevamente en Tuxtla Gutiérrez (capital de Chiapas) supuestamente para presentarles los primeros resultados de la supuesta revisión de los expedientes.

Sin embargo, al llegar las familias a la capital, luego de trasladarse desde distintos municipios indígenas del estado, se les informó que la reunión se cancelaba, porque todavía no revisaban los expedientes.

Molestos, apesadumbrados, los familiares aceptaron volver a sus localidades, en espera de una nueva convocatoria, que llegó una semana después, y al estar nuevamente (por tercera ocasión) en Tuxtla Gutiérrez, a principios de abril, “nos pasaron a una oficina, con varios funcionarios, y lo que nos dijeron es que no valía la pena explicarnos uno por uno lo que ocurría en cada caso, porque no íbamos a entender nada de lo que nos dijeran… no sijeron ‘ustedes no tienen estudio, no tienen conocimiento de leyes, para qué les expilcamos, no vale la pena’, y nos dijeron que nos fuéramos a nuestras casas”.

Efectivamente, subraya Facundo, “somos gente humilde, somos indígenas, no hablamos bien el español porque nuestra lengua madre es el tzotzil, pero sí entendemos, no somos tontos, y entendemos que la forma en la que nos tratan se llama racismo.”

–Luego de que inició la huelga de hambre de los presos, ¿las autoridades federales han mostrado algún interés en la situación que denuncian? –se pregunta a las familias.

–Hasta el momento no –explica Juan Pablo Nava–, y parte de nuestra exigencia es esa, que si el gobierno estatal de Manuel Velasco nos ignora, por racista, pues que el gobierno de López Obrador haga algo, no sólo por los 20 compañeros que están en protesta, sino por todos los indígenas que están injustamente presos en Chiapas. Pero no, tampoco el gobierno de López Obrador han mostrado ningún interés.

Este miércoles, 10 de abril, al conmemorarse el centenario del asesinato de Emiliano Zapata, líder emblemático de la Revolución Mexicana, que reivindicó los derechos de las comunidades campesinas e indígenas más marginadas de México, y que hoy sigue viéndose como símbolo de la  lucha contra la desigualdad, también se cumplen 26 días de huelga de hambre de presos indígenas en tres penales de Chiapas.

Ellos son: Abraham y Germán López Montejo (privados de la libertad en el Cereso 14, de Cintalapa; Adrián Gómez Jiménez y Juan de la Cruz Ruiz (en el Cereso 5 de San Cristóbal de las Casas) y Marcelino Ruiz, Valdemar Gómez, Hipólito Jiménez Cruz y Juan Pérez Álvarez (en Cereso 10, de Comitán de Domínguez).

 

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Crisis en Venezuela: La desesperada búsqueda de hormonas de los transexuales

Las personas que quieren cambiar su sexo biológico necesitan un tratamiento hormonal de por vida para mantener los cambios en su cuerpo. En Venezuela son hoy imposibles de encontrar, lo que acarrea graves riesgos para ellas.
27 de junio, 2019
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“Si volviera a parecer una mujer, no me atrevería a salir a la calle”.

A André le llevó mucho tiempo y esfuerzo construir la apariencia del hombre que siempre sintió ser.

Transformar el cuerpo de Bolivia Andreína Bellorín, la mujer cuyo nombre figura en su cédula de identidad pero en la que nunca se reconoció, le costó dos intervenciones quirúrgicas, meses de un caro tratamiento hormonal y un doloroso desencuentro con una madre ya fallecida que nunca terminó de aceptarlo.

Ahora, al encontrarlo en la cafetería de un centro comercial de Caracas, nadie diría que el cuerpo de este empleado en una empresa agrícola fue un día de mujer.

Pero él siente que algo está cambiando, que lo que tanto le costó podría, poco a poco, malograrse.

“Ya no me sale barba en muchas partes de la cara y me estoy poniendo más caderón”, cuenta preocupado. “Pero lo peor es mi voz, no soportaría que mi voz fuera otra vez la de antes“.

Como todos los transexuales que inician lo que los especialistas denominan “transición” para adecuar su sexo biológico a su personalidad, André Bellorín necesita un tratamiento hormonal de por vida para mantener los cambios alcanzados.

Su cuerpo se está feminizando de nuevo porque en 2014 lo interrumpió.

¿La razón? La misma que la de muchos otros problemas en Venezuela: la escasez.

De acuerdo con el Informe sobre la Situación del Derecho a la Salud elaborado el año pasado por varias ONG locales, Venezuela vive “un agotamiento extremo de los inventarios de medicinas, vacunas e insumos básicos” que se traduce en que muchos pacientes tienen graves dificultades para encontrar los medicamentos que necesitan.

Los trans y sus hormonas no se libran del problema.

“Cada vez se hizo más difícil encontrar la testosterona. Recorría una farmacia tras otra; a veces tenía suerte, otras no”, recuerda André, que cuenta incluso que hubo un año en que sus amigos le regalaron unos inyectables de testosterona por su cumpleaños.

Habían unido esfuerzos para traerlos desde Colombia.

Fue algo excepcional.

André Bellorín.

G. D. Olmo
A André le ha dejado de salir barba en la mayor parte de la cara y teme que la feminización de su cuerpo no se detenga.

“Yo no tengo dinero para comprar la hormona en Colombia y que me la manden todos los meses”, cuenta André, que como muchos en Venezuela estira su modesto sueldo al máximo para hacer frente a la hiperinflación.

Parte de los migrantes venezolanos

El cirujano Edward Romero, responsable de la Unidad Transgénero en la clínica Uciep de Caracas, ha notado en su consulta los efectos de la escasez de hormonas.

“La mitad de mis pacientes se ha marchado a países en los que pueden conseguir el tratamiento, sobre todo Colombia, Ecuador y Perú, donde es más económico”, afirma.

Es una cara menos conocida de la diáspora de más de cuatro millones de personas que, según Naciones Unidas, ha dejado Venezuela desde que comenzó la crisis económica que sufre.

Médico y usuario transexual.

G. D. Olmo
El doctor Edward Romero dice que la mitad de sus pacientes se han marchado a países donde podían encontrar las hormonas.

Suspender el tratamiento hormonal, como muchos se han visto obligados a hacer, no solo pone en peligro los cambios logrados sino que puede tener otras graves consecuencias.

Según el doctor Romero, “los usuarios con frecuencia caen en la depresión y en la ansiedad”.

Los jóvenes son los más vulnerables. “En los adolescentes que están atravesando el conflicto de la transgeneridad vuelve a haber ideas suicidas y explosiones violentas en el ámbito familiar“.

El problema se agudiza en el caso de los trans masculinos, en los que las hormonas provocan cambios más rápidos, pero que también desaparecen rápido.

La vuelta de la menstruación, que puede producirse ya a los tres meses de la interrupción del tratamiento, supone una experiencia traumática para muchos de ellos.

Transexuales en Caracas.

Getty Images
Las hormonas provocan cambios más rápidos en los transexuales masculinos, pero también desaparecen rápido.

Toni del Vecchio es uno de los trans a los que trató el doctor Romero. Asegura que “lamentablemente, hoy en Venezuela empezar un tratamiento hormonal es una cuestión de dinero”.

Él, un diseñador gráfico al que le va bien, se sabe miembro de una minoría de privilegiados. Puede pagar el coste de su medicación en Ecuador y el envío desde allí.

Para la mayoría de los que resisten en Venezuela y no se resignan a que su cuerpo se convierta en aquello de lo que escaparon, conseguir las hormonas se ha convertido en una especie de odisea.

Venezolano rumbo a Colombia

Karl Rodríguez consume ahora lo que le queda de Nebido, un inyectable en ampollas que debe suministrarse cada tres meses para mantener los niveles de testosterona.

“Viajé hasta Colombia en la camioneta de un amigo para comprarlas a US$80 cada una”.

Ahora, cuenta, está ahorrando lo que puede de su sueldo de cocinero en el Banco Central para repetir el viaje y renovar sus existencias.

Sabe que no será fácil. Viajar por carretera en Venezuela se ha convertido en misión de alto riesgo. A la inseguridad se suma últimamente el problema de la dificultad para encontrar combustible en la mayor parte del país.

Karl dice que nada de eso lo detendrá. “De una manera o de otra conseguiré mis hormonas”.

Karl Rodríguez

G. D. Olmo
Karl Rodríguez tuvo que viajar por carretera hasta Colombia para conseguir las hormonas que necesitaba.

La desesperación por conseguirlas llevó a algunos a buscar en internet lo que no podían encontrar en las farmacias.

“En Venezuela lo único que puedes encontrar son páginas web que ofrecen las hormonas, nunca por debajo de US$300“, explica Del Vecchio.

Más alto que el coste son los riesgos para la salud de adquirir uno de estos productos sin certificación y consumirlo sin supervisión médica, como algunos hicieron.

El doctor Romero cuenta que trató a personas que recurrieron a hormonas animales, lo que puede provocar crisis hipertensivas y otros trastornos.

Un transexual que prefirió no dar su nombre refirió a BBC Mundo que compró por internet lo que creyó era testosterona y luego resultó ser resina vegetal.

Ahora tiene unos bultos en los glúteos, no sabe cuándo desaparecerán y ha renunciado definitivamente a hormonarse.

Situación de los LGBT en Venezuela

Para activistas y organizaciones de defensa de los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales (LGBT) en Venezuela, los problemas de los transgénero para conseguir su medicación son un reflejo más del marco de precariedad y falta de derechos que sufre este colectivo.

Para Quiteria Franco, de la ONG Unión Afirmativa, “el país siempre estuvo mal en este campo, pero ahora estamos a la cola en la región“.

Venezuela no reconoce el derecho al cambio de identidad de los transgénero. Es además uno de los pocos de Sudamérica que no admite el matrimonio y ni siquiera contempla la unión civil entre personas del mismo sexo.

BBC Mundo intentó obtener información sobre la situación del colectivo LGBT en el país, pero el Ministerio de Comunicación no respondió a la petición.

Quiteria Franco resume la situación. “Somos un problema que nunca le ha importado a nadie”.


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