Trece indígenas presos en Chiapas suman 26 días en huelga de hambre
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Trece indígenas presos en Chiapas suman 26 días en huelga de hambre

Exigen su liberación inmediata e incondicional, luego de acumular más de una década encarcelados sin que en su contra existan pruebas de culpabilidad, salvo confesiones extraídas bajo tortura.
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Indígenas presos en tres centros de reclusión del estado de Chiapas cumplen este miércoles, 10 de abril, 26 días en huelga de hambre, con una única demanda: su liberación inmediata e incondicional, luego de acumular más de una década encarcelados, sin que en su contra existan pruebas de culpabilidad, salvo confesiones extraídas bajo tortura.

Agrupados en los colectivos La Voz Verdadera del Amate y Vijiketik en Resistencia, los trece indígenas en huelga de hambre (y otros siete que por su precaria condición de salud no son se sumaron al ayuno, pero sí forman parte de la protesta) realizan esta acción en tres cárceles chiapanecas y, tal como explicaron sus familiares en entrevista, “la lucha no es sólo por ellos, sino por todos los indígenas presos injustamente”.

En total, detallaron representantes de ambos colectivos, son 20 presos por los que se demanda la liberación “inmediata e incondicional”, todos con un común denominador: se trata de indígenas que fueron detenidos sin órdenes de aprehensión, torturados para confesar delitos, y que no contaron con traductores o intérpetes durante sus juicios, para poder defenderse.

“A lo largo de este caminar –explica Juan Pablo Nava Gómez, del Grupo de Trabajo No Están [email protected], que da acompañamiento a las familias de los presos en huelga de hambre– lo que nos hemos encontrado es que el gobierno de Chiapas es muy racista, y en contra de los indígenas usan la tortura como un mecanismo cotidiano para crear chivos expiatorios (personas inocentes, incriminadas para otorgar impunidad a los verdaderos perpetradores)”.

Los casos de los 20 presos en huelga de hambre, detalló, “son casos ejemplificativos, no son excepcionales, sino, por el contrario, son casos que muestran muy claramente este mecanismo, que castiga a indígenas para simular que se hace justicia”.

En los 20 casos, explicó Juan Pablo Nava, “la única prueba que presentaron las autoridades fue la confesión autoincriminatoria de los acusados, no hubo ninguna investigación, y en algunos casos, el Ministerio Público llegó a presentar testigos de los delitos, que terminaron reconociendo que los detenidos no eran los delincuentes verdaderos, y aún así, todos estos indígenas fueron declarados culpables, y han pasado, 10, 12, 15 años en la cárcel, injustamente”.

Alfredo

Alfredo Gómez López tiene en la actualidad 28 años, y aún cuando su edad lo ubica dentro del grupo de población “joven” del país, él se pone fuera de ese grupo. “A mí se me acabó la juventud en la cárcel”, explica.

Hace diez años, Alfredo salió de su casa, en una comunidad tzotzil aledaña a San Cristóbal de las Casas, con la intención de adquirir en dicha cabecera municipal un poco de fertilizante, para la parcela que cultivaba junto con sus padres.

“Somos gente humilde –explica Alfredo–, yo no tenía bronca, iba por mi fertilizando, y venía caminando yo, y entonces me abordan cuatro personas, y me suben a una camioneta, y me tapan mis ojos con una chamarra que traía yo, y me llevan a un lugar donde me dicen que yo me culpara, que haga yo cargo de todos los delitos que ellos me dan”.

En ese momento, explica Alfredo, él era un joven de 18 años que apenas comprendía el español, y entre golpes, detalla “sólo entendía que me decían que había yo matado, (el interrogador) me dio delincuencia organizada, y narcomenudeo, como seis o siete delitos, y me dijo ‘tú tienes que aceptar todo esto, porque tú lo has hecho”.

“Yo no entendía bien el castilla (el español), porque no tengo estudio, pero les dije que no he hecho nada, pero entonces todo fue a base de golpes y tortura, empiezan a golpearme en todo el cuerpo, me dio bolsa de nailon para asfixiarme, hasta dejarme desmayado de tanto golpe… me puso agua con una franela en la nariz… me dio Tehuacán con chile en la nariz igual, pero yo dije que no aceptaba los delitos que me daba, ¿cómo voy a aceptar algo que no hice? Entonces me dijo ‘ah, con esto vas a aceptar’, y fue ahí que me ponen corriente eléctrica en mis partes íntimas, en mis testículos.”

Semiconsciente, señala Alfredo, “sólo sentí que me agarraron la mano y me presionaron el pulgar contra unas hojas, estaba vendado yo de la vista, y me dijeron que no opusiera, que estaba firmando los papeles de mi libertad”.

Fue así como Alfredo terminó “confesando” su participación en un homicidio. Nunca hubo una orden de aprehensión en su contra porque, oficialmente, fue detenido in fraganti, luego de ser señalado por supuestos testigos del crimen.

Sin embargo, aclara Alfredo, “esos testigos nunca se presentaron, y los testigos que yo presenté, que vieron que yo estaba en mi casa, que no estaba en donde dicen que maté, a mis testigos no los aceptó el juez”.

Peor aún, lamenta, aún cuando en ese momento no dominaba el español, durante el juicio nunca contó con la asistencia de un intérprete.

El sistema

Las irregularidades jurídicas mediante las cuales se condenó a estos 20 presos indígenas, explicó el representante del Grupo de Trabajo No Están [email protected], no se trata de situaciones aisladas o excepcionales, sino sistemáticas, “y la lucha es por todas las personas indígenas que actualmente saturan las cárceles de Chiapas, y que en su mayoría fueron incriminados sin pruebas, o como resultado de actos de corrupción”, en los cuales están involucrados todos los actores del proceso penal: desde el Ministerio Público hasta los jueces penales, pasando por abogados defensores y peritos.

En el caso de Alfredo, por ejemplo, el amparo mediante el cual finalmente obtuvo un auto de libertad absolutoria, diez años después de haber sido encarcelado, se logró luego de que los siete peritos que firmaron supuestos estudios científicos que comprobaban su culpabilidad terminaron retractándose de sus conclusiones.

La corrupción, sin embargo, tiene distintos rostros.

Eva María, mamá de Juan de la Cruz (preso desde hace 12 años) explica que la historia de su hijo es muy similar a la de Alfredo: fue detenido dentro de su vivienda, sin que se presentara orden de aprehensión, y sin que la autoridad contara con orden de cateo.

Se lo llevaron por la fuerza, por un homicidio cometido días antes, aunque formalmente la autoridad informó haberlo capturado in fraganti.

En contra de Juan también la única prueba aportada por las autoridades chiapanecas fue, igualmente, su confesión incriminatoria, extraída bajo tortura.

“Aquel día yo me encontraba enferma en mi casa –narra Eva María–, estaba yo muy mala de la columna, tenía dolores muy fuertes y no me podía levantar, y así llegó mi nuera, llorando, con mis dos nietecitas, para decirme que se habían metido a la casa para llevarse a Juan.”

La familia de este joven indígena tardó tres días en encontrarlo, aunque no por no buscarlo, sino porque las autoridades se tardaron tres días en presentarlo formalmente ante la agencia del Ministerio Público.

Esos tres días, Juan estuvo desaparecido y, finalmente, fue hallado inconsciente, en los separos del MP de San Cristóbal de las Casas.

“Se buscó abogado –explica Eva María–, y nos asignaron abogado de oficio, pero luego él nos dijo que estaba enfermo, y que el expediente lo iba a llevar otro abogado, pero resultó que ese otro abogado al que le dio nuestro caso era particular, y sólo nos sacó dinero, y nunca hizo nada.”

En total, lamenta Eva María, fueron cuatro los abogados que se fueron pasando el caso, todos extrayéndoles todo el dinero que podían, con engaños de lograr rápidamente la liberación de Juan, aunque ninguno promovió, en realidad, ninguna acción jurídica orientada a exhibir las irregularidades en el proceso.

Racismo

Esta práctica de inculpación de integrantes de comunidades indígenas, explicó Juan Pablo Nava, es resultado de un esquema de corrupción penitenciario permitido y fomentado por el gobierno estatal (entonces encabezado por Manuel Velasco, del Partido Verde), mediante el cual se compran y venden los favores del Sistema de Justicia en beneficio de aquellos que pueden pagar, “y como las poblaciones indígenas enfrentan pobreza extrema, pues son sus integrantes los que terminan colmando las cárceles del estado, no por ser culpables, sino porque no importa que sean inocentes”.

Para las autoridades chiapanecas, denunció, “los indígenas son sacrificables, son los que pueden cargar sentencias en vez de los verdaderos culpables, y esto es una clara forma de racismo”.

Facundo Ruiz, hermano de Marcelino, preso en el Cereso 10 de Comitán de Domínguez, narra lo sucedido hace apenas dos semanas, a finales de marzo, como ejemplo de esta política discriminatoria, aplicada por todas las autoridades.

“Hace un mes –explica Facundo–, cuando los compañeros presos iniciaron su huelga de hambre, la Secretaría de Gobierno (del Ejecutivo estatal) nos citó a una mesa de diálogo a las familias, y ahí los funcionarios nos dijeron que iban a revisar los expedientes de nuestros familiares”.

Una semana después, detalla, todas las familias fueron citadas nuevamente en Tuxtla Gutiérrez (capital de Chiapas) supuestamente para presentarles los primeros resultados de la supuesta revisión de los expedientes.

Sin embargo, al llegar las familias a la capital, luego de trasladarse desde distintos municipios indígenas del estado, se les informó que la reunión se cancelaba, porque todavía no revisaban los expedientes.

Molestos, apesadumbrados, los familiares aceptaron volver a sus localidades, en espera de una nueva convocatoria, que llegó una semana después, y al estar nuevamente (por tercera ocasión) en Tuxtla Gutiérrez, a principios de abril, “nos pasaron a una oficina, con varios funcionarios, y lo que nos dijeron es que no valía la pena explicarnos uno por uno lo que ocurría en cada caso, porque no íbamos a entender nada de lo que nos dijeran… no sijeron ‘ustedes no tienen estudio, no tienen conocimiento de leyes, para qué les expilcamos, no vale la pena’, y nos dijeron que nos fuéramos a nuestras casas”.

Efectivamente, subraya Facundo, “somos gente humilde, somos indígenas, no hablamos bien el español porque nuestra lengua madre es el tzotzil, pero sí entendemos, no somos tontos, y entendemos que la forma en la que nos tratan se llama racismo.”

–Luego de que inició la huelga de hambre de los presos, ¿las autoridades federales han mostrado algún interés en la situación que denuncian? –se pregunta a las familias.

–Hasta el momento no –explica Juan Pablo Nava–, y parte de nuestra exigencia es esa, que si el gobierno estatal de Manuel Velasco nos ignora, por racista, pues que el gobierno de López Obrador haga algo, no sólo por los 20 compañeros que están en protesta, sino por todos los indígenas que están injustamente presos en Chiapas. Pero no, tampoco el gobierno de López Obrador han mostrado ningún interés.

Este miércoles, 10 de abril, al conmemorarse el centenario del asesinato de Emiliano Zapata, líder emblemático de la Revolución Mexicana, que reivindicó los derechos de las comunidades campesinas e indígenas más marginadas de México, y que hoy sigue viéndose como símbolo de la  lucha contra la desigualdad, también se cumplen 26 días de huelga de hambre de presos indígenas en tres penales de Chiapas.

Ellos son: Abraham y Germán López Montejo (privados de la libertad en el Cereso 14, de Cintalapa; Adrián Gómez Jiménez y Juan de la Cruz Ruiz (en el Cereso 5 de San Cristóbal de las Casas) y Marcelino Ruiz, Valdemar Gómez, Hipólito Jiménez Cruz y Juan Pérez Álvarez (en Cereso 10, de Comitán de Domínguez).

 

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El caso que puede cambiar cómo se juzgan las violaciones en EU

Por primera vez en Estados Unidos, un jurado convocado por ciudadanos decidirá si un encuentro sexual violento justifica presentar cargos de violación.
4 de octubre, 2021
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Los delitos sexuales son notoriamente difíciles de procesar en un juicio, pero una mujer en Kansas está usando una ley del siglo XIX para pedir a sus conciudadanos que la ayuden a presentar cargos contra el hombre que dice que la violó.

En 2018, Madison Smith alegó que un compañero de clase la atacó cuando era estudiante universitaria en Bethany College en Kansas. La joven denunció el caso como violación.

Sin embargo, el fiscal del condado se negó a presentar cargos de violación, diciendo que Smith simplemente había experimentado un encuentro sexual “inmaduro”. Su atacante fue condenado por agresión.

La decisión del fiscal del condado llevó a Smith, ahora de 23 años, a utilizar una ley estatal que data de 1887 para convocar a un “gran jurado ciudadano”.

Este jurado se reunió por primera vez el miércoles, en lo que se cree que es el primer caso de este tipo en Estados Unidos.

Qué hace este gran jurado

Por lo general, las autoridades que investigan los casos forman un gran jurado para determinar si hay pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial.

Este jurado, que se reune en secreto, no decidirá si el imputado es culpable o inocente, solo si se deben presentar cargos.

En entrevista con la BBC, Smith dijo que espera que el resultado anime a otras personas que creen que han sido víctimas de delitos sexuales y quieren presentar cargos. “Las víctimas tienen derechos”, dijo.

La mayoría de las mujeres no denuncian este tipo de delitos y, cuando se denuncian, el proceso no suele seguir adelante.

Madison Smith y su madre, Mandy.

Getty Images
Madison Smith y su madre, Mandy.

Según una investigación realizada en la Universidad de Massachusetts en Lowell, menos del 20% de las violaciones que se denuncian conducen a un arresto.

“Tenemos que cambiar la cultura ”, agregó Mandy, la madre de Madison.

Defensa del acusado

Sin embargo, el excompañero de clase acusado, Jared Stolzenburg, ahora también de 23 años, negó que la hubiera violado.

El joven fue acusado de agresión, de lo que se declaró culpable.

Le dijo a la BBC que lamentaba aquel encuentro, admitió que había sido duro y que erróneamente creyó que estaba todo bien. Pero, insistió, fue consensuado.

Lo que decida el gran jurado en ese condado del estado de Kansas tendrá consecuencias de gran alcance para ambos, tanto para el acusado como para la supuesta víctima, y quizás para el resto del país.

Los expertos dicen que el proceso iniciado por Smith podría sentar un precedente y que otras personas podrían querer convocar un gran jurado en casos relacionados con delitos sexuales.

Pero aquellos que no enfrentaron cargos pueden encontrarse, como Stolzenburg, en un purgatorio legal, esperando a ver si todavía podrían ser acusados.

Un encuentro que se convirtió en ataque

Smith estaba en su primer año en Bethany College, una pequeña escuela luterana a un par de cuadras de su casa, y solía pasar el rato con Stolzenburg y jugar juegos de mesa.

Una noche, en febrero de 2018, acabaron en el dormitorio de Stolzenburg. Se besaron y comenzaron a tener relaciones sexuales, le dijo Smith a la BBC. De repente, él la abofeteó, dice ella, luego la agarró por el cuello y, según ella, comenzó a violarla.

“Estaba tratando de quitar sus manos de mi cuello, y lo miré a los ojos, y tenía una mirada que nunca había visto antes”, dice. “No era la persona que yo pensaba que era mi amigo. Era una persona peligrosa”.

Smith cree que Stolzenburg intentó asesinarla.

Tenía tanto miedo, dijo, que pensó que lo mejor era dejar de luchar.

“Te quedas ahí y simplemente dejas que pase”, dice.

“Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir”.

Al describir lo sucedido esa noche, su voz era firme, como si estuviera contando cosas que le habían pasado a otra persona. Miraba a lo lejos mientras hablaba.

Protesta de mujeres en M'exico

Getty Images
Un estudio encontró que pelear o suplicar durante un episodio de agresión sexual puede, en algunas circunstancias, aumentar el riego de sufrir heridas físicas durante el abuso.

Smith acudió a la policía poco después, y luego de varias semanas la llamaron para ver a un fiscal del condado, Greg Benefiel.

Dejó en claro que quería presentar cargos, dice, pero Benefiel veía las cosas de forma diferente.

Benefiel dijo que no presentaría una acusación sexual contra Stolzenburg, y en su lugar pesentó cargos de agresión agravada. Benefiel no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

En 2020, Stolzenburg fue sentenciado a dos años de libertad condicional y tuvo que pagar US$790 en concepto de restitución, una suma que fue destinada a una junta de compensación de víctimas.

Un nuevo camino legal

Después de que el fiscal se negase a presentar cargos por violación, Smith decidió utilizar la antigua ley que le permitía convocar a un gran jurado. Su madre se había enterado de esta fórmula mientras escuchaba un podcast.

En la mayor parte de EE.UU., solo un juez o un fiscal tiene el poder de convocar a un jurado, pero Kansas, junto con Oklahoma, Nebraska y otros tres estados, permiten que los propios ciudadanos convoquen a uno.

Para hacerlo en Kansas, un residente del estado debe hacer circular una petición y recolectar cierta cantidad de firmas. El número varía de un condado a otro, pero se calcula en función del número de personas que votaron en las últimas elecciones a gobernador.

Quien encabeza la petición debe recolectar firmas que equivalgan al menos al 2% del número de votos, y 100 adicionales.

La petición de Smith fue publicada en bares y cafés de la ciudad y, después de varios meses, consiguió el número suficiente de ciudadanos que apoyaban su petición.

Grandes jurados anteriores

Los miembros de los grandes jurados se eligen entre personas que tienen licencia de conducir o están registradas para votar.

Los miembros actúan como agentes de policía, examinando pruebas. A veces, citan documentos del acusado. Otras veces, solo miran las pruebas que han reunido los agentes de policía.

Pancarta en protesta por los abusos sexuales

Getty Images
Hacer la denuncia inmediatamente y someterse a un examen médico no significa necesariamente que el agresor sea identificado y menos condenado.

Por eso, no llaman ni al acusador, ni al acusado ante ellos.

La ley de Kansas se remonta a 1887 y fue diseñada para garantizar que las personas que no tienen dinero o poder tengan la oportunidad de responsabilizar a alguien por sus acciones.

“Es una forma de asegurarse de que todos los ciudadanos tienen acceso al sistema legal”, dice John Mullen, profesor asociado de filosofía en Bethany College.

Los grandes jurados de ciudadanos en Kansas se han convocado anteriormente por el descontento con obras de arte expuestas en público, porque alguien consideraba que una escultura era indecente, o para exigir investigaciones sobre los médicos que realizan abortos.

Pero no parece que ningún gran jurado haya sido llamado alguna vez para decidir si presentar cargos por un delito sexual.

El jurado tiene 60 días para llevar a cabo su investigación en procedimientos cerrados y confidenciales.

Si se presentan cargos, el caso se manejaría como un asunto penal estándar.

El acusado se declara culpable o no culpable en un juicio con jurado tradicional.

Un debate sobre el consentimiento

Smith está ahora casada y trabaja como asistente médica en un centro de atención familiar. Se ha convertido en una figura reconocible en Lindsborg, su ciudad natal, un lugar apartado y rodeado de campos de trigo.

Sentada en un bar de Main Street unas noches antes de que se reuniera el gran jurado, reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos tres años.

“Intentó hacerme mucho daño, y de alguna manera lo hizo”, dice sobre Stolzenburg. “Pero también volví para pelear, y no creo que él lo viera venir”.

Mujer atemorizada

Getty

Algunos han aplaudido los esfuerzos de Smith para presionar por la convocatoria de un gran jurado ciudadano y creen que ayudará a fortalecer la determinación de otras mujeres que acudieron a la policía, tras sentirse violadas o agredidas sexualmente.

Caroline De Filippis, activista de Lindsborg, dice que las mujeres necesitan más protección. “Muchos casos de falta de consentimiento aún son desestimados, o ni siquiera llevados ante la justicia, porque no tienen ‘suficientes’ ”.

“La definición de consentimiento es todavía muy amplia”, agregó, “y no muestra una comprensión de lo que significa ser agredido sexualmente”.

Otros, sin embargo, advierten que se podría abusar fácilmente de este procedimiento. Laura Kipnis, autora de Unwanted Advances: Sexual Paranoia Comes to Campus (Avances no deseados: la paranoia sexual llega al campus), dijo que las investigaciones sobre delitos sexuales en el campus plantean una serie de problemas.

Los incidentes tienen lugar en privado y puede ser extremadamente difícil para los miembros de un gran jurado llegar a una conclusión. “Es casi imposible”, dice. “Están adivinando”.

Las investigaciones también pueden ser devastadoras para los hombres acusados, dice, incluso cuando son exonerados: “Sus vidas quedan destrozadas”.

La vida de Stolzenburg ciertamente ha cambiado.

Su voz en el teléfono es tensa y se nota que luchaba por contener las lágrimas.

Fue suspendido de Bethany después del ataque por violar el código estudiantil de la universidad y perdió su trabajo en una compañía discográfica.

“En ese entonces, tenía 19 años y era nuevo en el sexo y las relaciones sexuales”, dice. Sostiene que su agresión contra Smith fue un intento de representar una “escena sexual” que había visto en internet.

“Pensé que sería algo que podía intentar, y fui estúpido al hacerlo”, dice.


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https://www.youtube.com/watch?v=cqiupsqBZik

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