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Foto: Paloma Robles

Jalisco: Desaparecer hasta volverse cenizas

Desaparecer personas se volvió una rutina en el SEMEFO de Jalisco. Datos inéditos obtenidos develan el uso sistemático e ilegal del horno crematorio y las inconsistencias en los registros de mil 559 cuerpos no identificados que fueron convertidos en cenizas.
Foto: Paloma Robles
Por A dónde van los desaparecidos/Quinto Elemento Lab/ZonaDocs
9 de abril, 2019
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De él había sólo cenizas, una bolsa plástica con restos humanos.

Se llamaba Óscar Ramírez Reyes. Tenía 20 años. Su primera desaparición fue el 7 de febrero de 2014 cuando se lo llevaron unos presuntos policías municipales de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Catorce días después, el 21, una noticia estremeció el corazón de sus familiares: la Fiscalía General de Jalisco había localizado una fosa clandestina con cuerpos cerca del lugar donde Óscar había sido visto por última vez.

Lee también: Encuentran 19 cuerpos en un canal de Jalisco; ya hay una persona identificada

Sin embargo, en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) les informaron que ninguno de los cuerpos exhumados en aquel entierro clandestino, 19 en total, correspondía con las características físicas de Óscar: joven alto, delgado, de ojos grandes claros y expansores en ambas orejas que le hicieron ganar un apodo: “El Gato”.

Aunque dudaron de esa versión, decidieron confiar en la autoridad.

20 meses después supieron que el cadáver de Óscar sí había sido exhumado de aquella fosa. Supieron también que aquel día que preguntaron en el SEMEFO, su cuerpo sí estaba ahí. Supieron que los errores en la integración de la carpeta de identificación, así como el mal proceder del Ministerio Público (MP) a cargo de su investigación, ocasionaron que el cuerpo de Óscar hubiera permanecido durante 32 días registrado como persona no identificada. Como NN, lo que es lo mismo: No Nombre.

Y supieron, sobretodo, que el 25 de marzo de 2014, mientras ellos insistían ante las autoridades que lo buscaran, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) solicitaba a la Fiscalía General de Jalisco (FGJ) el permiso para incinerar los restos de ése y otros 20 cuerpos NN.  

El día que Verónica Reyes, la madre de Óscar, decidió que no se movería de ese sitio hasta saber la verdad, una trabajadora social le comentó lo “injusto que era que no le dieran información tan dolorosa”. Así fue como la familia supo que Óscar había muerto. Y que ya no existía su cuerpo.

Lee: Forense de Jalisco incineró desde 2006 más de 1,500 cuerpos sin identificar

Fue hasta el 31 de octubre de 2015 cuando el joven recuperó su identidad, después de que por fin la Fiscalía otorgó al padre de Óscar la autorización para que le practicaran la prueba de ADN y que ésta pudo ser confrontada con el banco genético de IJCF. No sólo fue gracias a la genética, también lo constataron con unas fotografías que la Fiscalía había tomado al cuerpo antes de meterlo al horno; imágenes que había ocultado y negado que existieran.

Hoy esa familia sabe que si las pruebas de ADN se hubiesen hecho en cuanto presentó la denuncia por desaparición, como marca el Protocolo de Atención en Casos de Desaparición de Personas para el Estado de Jalisco; si le hubieran mostrado las fotografías forenses tomadas a los cuerpos exhumados y si hubieran preservado los cuerpos, como obligaba la Ley General de Víctimas, aquel 4 de noviembre de 2015 hubieran recibido la osamenta de Óscar. No una bolsa con unos cuantos kilogramos de cenizas.

Pero no fue así con Óscar ni con los 20 cuerpos con los que fue incinerado, entre ellos el de una mujer.

desaparecidos

La capacidad del anfiteatro del Servicio Médico Forense de Jalisco quedó rebasada. Deshacerse de los muertos se convirtió en rutina cada vez que se requería abrir espacios ante la llegada de nuevos cadáveres.

Según los datos del IJCF obtenidos a través de solicitudes de información pública, sólo uno de estos cuerpos fue entregado a su familia. Debería ser el polvo cenizo que supuestamente pertenecía a Óscar; sin embargo, el registro indica que las cenizas entregadas correspondían al cuerpo de un hombre de 50 años que murió estrangulado, no a las de un veinteañero. Nadie con las características de Óscar aparece como entregado a su familia. ¿Por qué la información no coincide? Es una de las preguntas que IJCF debe responder para garantizar que los registros sean confiables.

Lee: Gobierno de Jalisco construirá cámara frigorífica para más de 300 cadáveres tras hallazgo en tráileres

Esos cadáveres corrieron la misma suerte que otros cientos que, entre 2006 y 2015, ingresaron a las morgues de Jalisco donde no había voluntad para identificarlos: ésos que el instituto forense, con el aval de la Fiscalía del estado, cremó sistemáticamente.  

¿Cuántos? En total fueron mil 559. Todos reducidos a polvo.

Con la incineración se consumó su segunda desaparición.

La sistemática incineración de cuerpos

El horno crematorio del instituto forense fue acondicionado en las instalaciones del SEMEFO, ubicadas entre el Panteón de Belén y el viejo Hospital Civil de Guadalajara, construidos a fines del siglo XVIII en pleno centro histórico de Guadalajara. La estructura añeja del edificio daba al anfiteatro un ambiente lúgubre por sus techos altos, la humedad en sus paredes y la escasa iluminación.

Construido en 1997, el horno contaba con dos bandejas individuales para incineración y tenía capacidad para cremar hasta 20 cuerpos por día, según el archivo de adquisiciones del propio IJCF.

Los crímenes que ahí se cometieron desde su inauguración hasta el año 2015, cuando fue clausurado, resultan más escalofriantes que las leyendas de terror que en las noches se contaban dentro del cementerio. En los nueve años que abarca esta investigación (2006-2015), en ese sitio redujeron a polvo los restos no identificados de mil 559 personas, el equivalente a una quinta parte de las 7 mil 695 personas reportadas como desaparecidas en Jalisco.

Lee: Forense de Jalisco pide apoyo federal y a víctimas para identificar 380 cuerpos almacenados

Eso lo confirma no sólo el oficio IJCF/UT/641/2018 entregado a este reportero, que permite conocer el origen, destino y características –edad, sexo y causa de muerte– de la mayoría de los cuerpos NN ingresado al SEMEFO; también los expedientes a los cuales se logró acceder tras el acompañamiento a tres familias víctimas de estas políticas de incineración.

Tres administraciones estatales en Jalisco fueron las responsables de esas más de mil 500 cremaciones de cuerpos de personas de identidad desconocida: el gobierno del panista Francisco Ramírez Acuña (2001-2007), que aprobó el uso de los hornos para 190 restos. Emilio González Márquez (2007-2013), también panista, con quien fueron cremados otros mil 75. Finalmente, en la administración de Aristóteles Sandoval (2013-2018), priista, se redujeron a cenizas 294 cuerpos.

Según una solicitud de información obtenida por El Universal, las incineraciones ocurrieron de 1997 a 2015, lapso en el que fueron incinerados 2 mil 755 cuerpos. Sin embargo, las autoridades insisten en que fue solo hasta 2006 que comenzaron a registrar las características de cada cuerpo cremado. Esos datos son los que sirven como base para esta investigación.

Las instalaciones del SEMEFO, que ofrecían un ambiente más que fúnebre, dejaron de usarse en 2014 cuando se mudó a su sede actual en el municipio de Tlaquepaque. Pero el uso del horno siguió aunque, para entonces, la incineración dentro de los anfiteatros ya estaba prohibida en el país.

En Jalisco el engranaje de la maquinaria estatal incineradora, en vez de reducirse, se incrementó al ritmo que los homicidios aumentaron. Del 2006 al 2018, la numeralia del crimen en Jalisco es brutal: se cometieron 13 mil 578 homicidios dolosos, se registraron 7 mil 695 desapariciones y se localizaron 179 fosas clandestinas de las cuales exhumaron 355 cuerpos, de acuerdo a la Dirección de Política Criminal y Estadística de la Fiscalía.

desaparecidos

En los nueve años que abarca esta investigación (2006-2015), en el horno crematorio del Servicio Médico Forense se redujeron a polvo los restos no identificados de mil 559 personas.

El horror se refleja en el uso del horno. En 2006 éste se encendió nueve veces al año, casi una vez cada mes –con excepción de enero, junio y noviembre– y cremó un total de 84 personas. Para el año 2015 el horno se encendió 38 ocasiones para volver cenizas a 110 cuerpos.

Los días más utilizados fueron el 1 de junio de 2012 y el 6 de junio de 2013. En ambos se destruyeron 38 cuerpos.

En esos años, la capacidad del SEMEFO era para 72 cuerpos pero cotidianamente se sumaban más a la morgue, disparando el sobrecupo que ya existía. Deshacerse de los muertos se convirtió en rutina cada vez que se requería abrir espacios ante la llegada de nuevos cadáveres.

Mario Rivas Souza, pionero de la medicina legal y forense en Jalisco que se desempeñó como director del SEMEFO de 1998 a 2017, no era escuchado cuando pedía mayor presupuesto para ampliar la capacidad de los anfiteatros, por lo que encontró que la solución para evitar la acumulación y un consiguiente problema para la salud, era la incineración. Además consideraba que al cremar cuerpos daba más “dignidad” a las personas fallecidas que enviándolas a la fosa común.

Su “higiénica” decisión cumplía todas las normas: estuvo avalada por la Secretaría de Salud estatal y la Ley General de Salud que permitía prender el horno en caso de riesgo sanitario. El Registro Civil de Guadalajara expidió los certificados médicos y las actas de defunción a los cientos de cuerpos que corrieron esa suerte, bastaba con que cada uno cumpliera los requisitos mínimos de identificación, como edad, género y causa de muerte, para que el Ayuntamiento de Guadalajara le asegurara una incineración expedita y cupo en el panteón.

Esos nueve años el horno fue encendido 153 veces. En promedio, diez cuerpos fueron incinerados en cada ocasión.

Las bolsas con cenizas tuvieron como destino el Panteón Jardín, en 496 casos; las instalaciones del IJCF en Belén, en 947 casos; y 116 fueron entregados a familiares en bolsas negras de polietileno. Dentro del SEMEFO eran colocados en cajas de cartón.

Lee: Forense de Jalisco pide apoyo federal y a víctimas para identificar 380 cuerpos almacenados

Esa solución administrativa ideal para los burócratas originó la dolorosa incertidumbre que hoy padecen cientos de familias de víctimas, pues los registros a los que se tuvo acceso para esta investigación dan cuenta de que algunos cadáveres fueron cremados sin contar con datos básicos. En 270 casos, por ejemplo, las cenizas que permanecen no cuentan con el registro de edad; en 302 falta la causa de muerte, en estos casos se les registró únicamente con la palabra “resguardo”, y el sexo. A pesar de que está prohibido emitir certificados de muerte y actas de defunción sin estos datos – que son indispensables para autorizar la incineración – los cuerpos pasaron por el fuego.

El incinerador no dejó de usarse ni siquiera en 2013, cuando entró en vigor de la Ley General de Víctimas que prohíbe la quema de cuerpos NN a los que no se les ha concluido la investigación judicial:  “(ninguna autoridad puede) cremar los cuerpos de ninguna persona no identificada hasta en tanto no haya o exista una sentencia ejecutoria”, indica en su artículo 21. Pero Jalisco se rigió bajo sus propias leyes: de 2013 a 2015, la Fiscalías y el IJCF redujeron a cenizas 533 personas NN.

Las causas de muerte mencionadas en la información obtenida para este reportaje permiten saber que entre las personas desconocidas incineradas hubo quienes murieron por enfermedades como cirroris o edemas pulmonares, otras por accidentes como electrocutaciones, pero en varios casos la causa de muerte podría deberse a homicidios causados por golpes (486), proyectiles (108) y armas punzocortantes (48). Al menos en estos casos, la incineración obstruyó el derecho a la justicia a posibles víctimas de homicidio, las autoridades hicieron cenizas los cuerpos del delito.

“La autoridad los trató como objetos potencialmente infecciosos y no como sujetos de derecho (…) al imponer una lógica sanitaria por encima de un tema de procuración de justicia, la autoridad impuso un criterio burocrático cuando lo lógico era actuar como lo que es el instituto forense, un auxiliar en materia de justicia para la Fiscalía”, dijo en entrevista el defensor de derechos humanos Francisco Macías.

 

* Este es un reportaje de Adondevanlosdesaparecidos/Quinto Elemento Lab y Zonadocs. La nota completa se encuentra disponible en el portal 5° Elemento.

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Cómo es el “tráfico hormiga” de armas de Estados Unidos a México

Cada día, en promedio, más de 500 armas cruzan ilegalmente desde EU hacia México según datos oficiales. El tráfico está detrás de la inédita ola de violencia en territorio mexicano, que ha causado la muerte a más de 200 mil personas en los últimos años.
20 de agosto, 2019
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Todos los días, en compartimentos secretos de automóviles o escondidas dentro de camiones de carga, cientos de pistolas, fusiles de asalto o ametralladoras cruzan ilegalmente desde Estados Unidos a México.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) afirma que cada año ingresan al país más de 200.000 armas de todo tipo.

Es un promedio de 567 al día, unas 22 cada hora. El 70% de ellas provienen de armerías estadounidenses y entran al territorio mexicano por su frontera norte.

El tráfico es parte de la inédita ola de violencia en el país. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cerca del 70% de los asesinatos en México se cometen con armas de fuego. Y de éstas, la mayoría son estadounidenses.

Por ejemplo, en el primer semestre de 2019 se registraron 10.274 homicidios y lesiones graves a 5.633 personas, casos en los que se utilizaron pistolas o fusiles de asalto.

Los datos corresponden al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Según la cancillería “las víctimas de arma de fuego traficadas desde Estados Unidos se cuentan por miles”.

Hasta el momento las autoridades mexicanas no han logrado contener este problema y por el contrario, está en crecimiento según las cifras oficiales.

Policías en México

AFP
En México las corporaciones policíacas utilizan armas estadounidenses.

En 1997 sólo 15 de cada 100 homicidios se cometían con armas de fuego. Ahora la cifra es de 70 por cada 100.

“El problema es el número de armas que entran ilegalmente al país y la incapacidad del Estado para frenar el ingreso”, le dice a BBC Mundo Francisco Rivas, director de la organización civil Observatorio Nacional Ciudadano.

“Aunado a eso está la dificultad del Estado para evitar que las armas se comercialicen ilegalmente en las grandes ciudades o centros rurales, donde se venden impunemente”.

Millones de armas

No está claro cuántas armas ilegales hay en México. Organismos como el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, estiman que son más de 15 millones.

Pero recientemente el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dijo que en la última década entraron ilegalmente a México dos millones. En este lapso las autoridades han confiscado más de 193.000 armas.

La mayoría se compró en negocios ubicados en California, Arizona, Nuevo México y Texas según la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

En esos estados fronterizos con México existen 22.689 armerías y establecimientos autorizados para la venta. Parte del problema empieza en esos lugares, según han documentado autoridades de ambos países.

Armas confiscadas

Gobierno de México
El gobierno de México ha confiscado más de 193.000 armas.

La forma más común de operación es el llamado “tráfico hormiga”, donde cientos de personas compran por separado una o varias armas que después entregan a grupos que las envían a México.

Se trata de ciudadanos estadounidenses sin antecedentes judiciales, como haber sido acusados de cometer delitos o sin problemas de estabilidad mental, por ejemplo.

A ellos se les conoce como “compradores paja”. En esta modalidad del tráfico deben superar una revisión de su historia judicial, que se realiza en las armerías registradas ante el gobierno federal.

Pero hay otros lugares donde no se aplica este proceso, e inclusive personas que legalmente tienen prohibido tener armas las consiguen, dicen especialistas como Eugenio Weigend Vargas, director asociado de la organización civil Centro para el Progreso Americano.

“Compradores paja”

Es el caso de las “ferias de armas”, eventos que se realizan en salones de hoteles o centros de exposiciones, e inclusive en estacionamientos de centros comerciales.

También son frecuentes las compras en portales de internet. En esos espacios difícilmente se aplica la revisión de antecedentes a los compradores, dice Weigend Vargas a BBC Mundo.

“Eso provoca que adquirir un arma sea relativamente fácil, que cualquier persona aunque tenga prohibido legalmente comprarla lo puede hacer sin que se le haga ningún tipo de pregunta”.

Armas confiscadas

AFP
Hay más de dos millones de armas ilegales en México, dicen autoridades.

En muchos casos, los fusiles, balas o pistolas cruzan en pocas cantidades la frontera cada vez, aunque suceden miles de operaciones similares cada año.

Pero hay otros donde las bandas reúnen arsenales en territorio estadounidense y después los envían a México en compartimentos secretos dentro de camiones de carga.

Los vehículos cruzan las aduanas mexicanas sin problemas, dice Francisco Rivas, en parte por la corrupción de funcionarios pero también por amenazas de bandas de delincuencia organizada.

Las armas también se envían por túneles construidos en ciudades fronterizas.

En la mayoría de los casos, el origen de los cargamentos es el “tráfico hormiga”, y generalmente participan ciudadanos estadounidenses.

Luis Astorga, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sostiene que las rutas de tráfico de armas suelen ser las mismas para el trasiego de drogas y dinero.

El mapa del tráfico

¿Por dónde cruzan las armas? De acuerdo con la Secretaría de la Defensa la mayor parte del tráfico ocurre en la frontera entre Tamaulipas y Texas.

En la región existe una cruenta disputa entre los carteles del Noroeste y El Golfo por controlar las rutas de tráfico de dinero, armas, personas y droga.

Violencia México

Getty Images
El tráfico de armas desde EE.UU. explica la ola de violencia en México.

Las zonas de mayor trasiego son las ciudades de Laredo, Texas y Nuevo Laredo; Mc Allen y Reynosa así como Brownsville y Matamoros.

También hay registros de tráfico de arsenales en las fronteras entre Chihuahua y Nuevo México, especialmente entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

Otro lugar es Sonora y Arizona donde la mayor parte del tráfico es por sitios clandestinos en el desierto de Altar, así como California y Baja California.

En esta zona los envíos de armas son, en muchos casos, por las aduanas entre San Diego y Tijuana.

Según la ATF y la Sedena la mayor parte de los cargamentos ilegales son fusiles semiautomáticos, pistolas y balas.

Pero el tráfico incluye armas de guerra. Las autoridades mexicanas han confiscado, en distintos momentos, cohetes antitanque M72 y AT-4.

Armas confiscadas

AFP
Cada año ingresan ilegalmente a México más de 200.000 armas.

También lanzacohetes RPG-7, lanzagranadas MGL, fusiles Barret calibre .50 así como subametralladoras y pistolas “de nueva generación” equipadas con balas trazadoras y con capacidad de traspasar blindajes de tipo medio.

En México a estas armas se les conoce como “matapolicías”, porque atraviesan los chalecos antibalas que portan los agentes.

Además se han asegurado bazucas, misiles tierra-aire para derribar aeronaves y miles de balas y granadas de alto calibre.

Los datos corresponden a la FGR. Las organizaciones a las que se confiscó este tipo de armas son, por ejemplo, los carteles de Sinaloa, Los Zetas, Jalisco Nueva Generación, Juárez y Los Caballeros Templarios, entre otros.

La política

Más allá de los números, el tráfico de armas es uno de los temas más complicados en la relación entre México y Estados Unidos.

El problema se agravó a partir de 2004, cuando el gobierno del entonces presidente George Bush eliminó la prohibición para vender fusiles de asalto y armas semiautomáticas.

A partir de ese momento empezó una relación entre el incremento de homicidios y violencia en suelo mexicano, con la venta de armamento en suelo estadounidense dice el especialista Weigend Vargas.

El experto recuerda, por ejemplo, algunos estudios que mostraron un incremento en el número de homicidios cometidos con fusiles de asalto en municipios mexicanos vecinos de Arizona y Texas.

Algo que no sucedió en ciudades fronterizas con California. La diferencia: en los primeros estados las regulaciones para comprar armamento de alto calibre son “muy permisivas”, dice el especialista.

California mantiene la prohibición de venderlo. Pero la facilidad para los estadounidenses de reunir arsenales es una parte de la historia.

Donald Trump

Getty Images
El gobierno de Donald Trump se resiste a prohibir la venta libre armas en EE.UU.

La otra es que la guerra contra y entre carteles de narcotráfico en México incrementó la demanda de armas.

A esto se suman los problemas de corrupción y la poca capacidad de las autoridades para vigilar su frontera.

“Las aduanas en México son absolutamente permeables, no tenemos elementos suficientes de control”, dice Francisco Rivas.

Los distintos gobiernos mexicanos han solicitado a su contraparte un mayor esfuerzo para controlar el tráfico de armas.

Pero en Estados Unidos hay resistencias aunque a partir del tiroteo en El Paso, Texas el pasado 3 de agosto regresó el tema a la discusión pública dice Weigend Vargas.

Actualmente muchos están en favor de que se prohíba de nuevo la venta libre de armas de asalto. Otros demandan revisiones más estrictas de antecedentes a los posibles compradores.

“Hay muchas conexiones allí”, insiste el especialista. “Las mismas regulaciones que reducirían la violencia en Estados Unidos ayudarían a bajar el tráfico hacia México“.


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