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Foto: Paloma Robles

Jalisco: Desaparecer hasta volverse cenizas

Desaparecer personas se volvió una rutina en el SEMEFO de Jalisco. Datos inéditos obtenidos develan el uso sistemático e ilegal del horno crematorio y las inconsistencias en los registros de mil 559 cuerpos no identificados que fueron convertidos en cenizas.
Foto: Paloma Robles
Por A dónde van los desaparecidos/Quinto Elemento Lab/ZonaDocs
9 de abril, 2019
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De él había sólo cenizas, una bolsa plástica con restos humanos.

Se llamaba Óscar Ramírez Reyes. Tenía 20 años. Su primera desaparición fue el 7 de febrero de 2014 cuando se lo llevaron unos presuntos policías municipales de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Catorce días después, el 21, una noticia estremeció el corazón de sus familiares: la Fiscalía General de Jalisco había localizado una fosa clandestina con cuerpos cerca del lugar donde Óscar había sido visto por última vez.

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Sin embargo, en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) les informaron que ninguno de los cuerpos exhumados en aquel entierro clandestino, 19 en total, correspondía con las características físicas de Óscar: joven alto, delgado, de ojos grandes claros y expansores en ambas orejas que le hicieron ganar un apodo: “El Gato”.

Aunque dudaron de esa versión, decidieron confiar en la autoridad.

20 meses después supieron que el cadáver de Óscar sí había sido exhumado de aquella fosa. Supieron también que aquel día que preguntaron en el SEMEFO, su cuerpo sí estaba ahí. Supieron que los errores en la integración de la carpeta de identificación, así como el mal proceder del Ministerio Público (MP) a cargo de su investigación, ocasionaron que el cuerpo de Óscar hubiera permanecido durante 32 días registrado como persona no identificada. Como NN, lo que es lo mismo: No Nombre.

Y supieron, sobretodo, que el 25 de marzo de 2014, mientras ellos insistían ante las autoridades que lo buscaran, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) solicitaba a la Fiscalía General de Jalisco (FGJ) el permiso para incinerar los restos de ése y otros 20 cuerpos NN.  

El día que Verónica Reyes, la madre de Óscar, decidió que no se movería de ese sitio hasta saber la verdad, una trabajadora social le comentó lo “injusto que era que no le dieran información tan dolorosa”. Así fue como la familia supo que Óscar había muerto. Y que ya no existía su cuerpo.

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Fue hasta el 31 de octubre de 2015 cuando el joven recuperó su identidad, después de que por fin la Fiscalía otorgó al padre de Óscar la autorización para que le practicaran la prueba de ADN y que ésta pudo ser confrontada con el banco genético de IJCF. No sólo fue gracias a la genética, también lo constataron con unas fotografías que la Fiscalía había tomado al cuerpo antes de meterlo al horno; imágenes que había ocultado y negado que existieran.

Hoy esa familia sabe que si las pruebas de ADN se hubiesen hecho en cuanto presentó la denuncia por desaparición, como marca el Protocolo de Atención en Casos de Desaparición de Personas para el Estado de Jalisco; si le hubieran mostrado las fotografías forenses tomadas a los cuerpos exhumados y si hubieran preservado los cuerpos, como obligaba la Ley General de Víctimas, aquel 4 de noviembre de 2015 hubieran recibido la osamenta de Óscar. No una bolsa con unos cuantos kilogramos de cenizas.

Pero no fue así con Óscar ni con los 20 cuerpos con los que fue incinerado, entre ellos el de una mujer.

desaparecidos

La capacidad del anfiteatro del Servicio Médico Forense de Jalisco quedó rebasada. Deshacerse de los muertos se convirtió en rutina cada vez que se requería abrir espacios ante la llegada de nuevos cadáveres.

Según los datos del IJCF obtenidos a través de solicitudes de información pública, sólo uno de estos cuerpos fue entregado a su familia. Debería ser el polvo cenizo que supuestamente pertenecía a Óscar; sin embargo, el registro indica que las cenizas entregadas correspondían al cuerpo de un hombre de 50 años que murió estrangulado, no a las de un veinteañero. Nadie con las características de Óscar aparece como entregado a su familia. ¿Por qué la información no coincide? Es una de las preguntas que IJCF debe responder para garantizar que los registros sean confiables.

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Esos cadáveres corrieron la misma suerte que otros cientos que, entre 2006 y 2015, ingresaron a las morgues de Jalisco donde no había voluntad para identificarlos: ésos que el instituto forense, con el aval de la Fiscalía del estado, cremó sistemáticamente.  

¿Cuántos? En total fueron mil 559. Todos reducidos a polvo.

Con la incineración se consumó su segunda desaparición.

La sistemática incineración de cuerpos

El horno crematorio del instituto forense fue acondicionado en las instalaciones del SEMEFO, ubicadas entre el Panteón de Belén y el viejo Hospital Civil de Guadalajara, construidos a fines del siglo XVIII en pleno centro histórico de Guadalajara. La estructura añeja del edificio daba al anfiteatro un ambiente lúgubre por sus techos altos, la humedad en sus paredes y la escasa iluminación.

Construido en 1997, el horno contaba con dos bandejas individuales para incineración y tenía capacidad para cremar hasta 20 cuerpos por día, según el archivo de adquisiciones del propio IJCF.

Los crímenes que ahí se cometieron desde su inauguración hasta el año 2015, cuando fue clausurado, resultan más escalofriantes que las leyendas de terror que en las noches se contaban dentro del cementerio. En los nueve años que abarca esta investigación (2006-2015), en ese sitio redujeron a polvo los restos no identificados de mil 559 personas, el equivalente a una quinta parte de las 7 mil 695 personas reportadas como desaparecidas en Jalisco.

Lee: Forense de Jalisco pide apoyo federal y a víctimas para identificar 380 cuerpos almacenados

Eso lo confirma no sólo el oficio IJCF/UT/641/2018 entregado a este reportero, que permite conocer el origen, destino y características –edad, sexo y causa de muerte– de la mayoría de los cuerpos NN ingresado al SEMEFO; también los expedientes a los cuales se logró acceder tras el acompañamiento a tres familias víctimas de estas políticas de incineración.

Tres administraciones estatales en Jalisco fueron las responsables de esas más de mil 500 cremaciones de cuerpos de personas de identidad desconocida: el gobierno del panista Francisco Ramírez Acuña (2001-2007), que aprobó el uso de los hornos para 190 restos. Emilio González Márquez (2007-2013), también panista, con quien fueron cremados otros mil 75. Finalmente, en la administración de Aristóteles Sandoval (2013-2018), priista, se redujeron a cenizas 294 cuerpos.

Según una solicitud de información obtenida por El Universal, las incineraciones ocurrieron de 1997 a 2015, lapso en el que fueron incinerados 2 mil 755 cuerpos. Sin embargo, las autoridades insisten en que fue solo hasta 2006 que comenzaron a registrar las características de cada cuerpo cremado. Esos datos son los que sirven como base para esta investigación.

Las instalaciones del SEMEFO, que ofrecían un ambiente más que fúnebre, dejaron de usarse en 2014 cuando se mudó a su sede actual en el municipio de Tlaquepaque. Pero el uso del horno siguió aunque, para entonces, la incineración dentro de los anfiteatros ya estaba prohibida en el país.

En Jalisco el engranaje de la maquinaria estatal incineradora, en vez de reducirse, se incrementó al ritmo que los homicidios aumentaron. Del 2006 al 2018, la numeralia del crimen en Jalisco es brutal: se cometieron 13 mil 578 homicidios dolosos, se registraron 7 mil 695 desapariciones y se localizaron 179 fosas clandestinas de las cuales exhumaron 355 cuerpos, de acuerdo a la Dirección de Política Criminal y Estadística de la Fiscalía.

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En los nueve años que abarca esta investigación (2006-2015), en el horno crematorio del Servicio Médico Forense se redujeron a polvo los restos no identificados de mil 559 personas.

El horror se refleja en el uso del horno. En 2006 éste se encendió nueve veces al año, casi una vez cada mes –con excepción de enero, junio y noviembre– y cremó un total de 84 personas. Para el año 2015 el horno se encendió 38 ocasiones para volver cenizas a 110 cuerpos.

Los días más utilizados fueron el 1 de junio de 2012 y el 6 de junio de 2013. En ambos se destruyeron 38 cuerpos.

En esos años, la capacidad del SEMEFO era para 72 cuerpos pero cotidianamente se sumaban más a la morgue, disparando el sobrecupo que ya existía. Deshacerse de los muertos se convirtió en rutina cada vez que se requería abrir espacios ante la llegada de nuevos cadáveres.

Mario Rivas Souza, pionero de la medicina legal y forense en Jalisco que se desempeñó como director del SEMEFO de 1998 a 2017, no era escuchado cuando pedía mayor presupuesto para ampliar la capacidad de los anfiteatros, por lo que encontró que la solución para evitar la acumulación y un consiguiente problema para la salud, era la incineración. Además consideraba que al cremar cuerpos daba más “dignidad” a las personas fallecidas que enviándolas a la fosa común.

Su “higiénica” decisión cumplía todas las normas: estuvo avalada por la Secretaría de Salud estatal y la Ley General de Salud que permitía prender el horno en caso de riesgo sanitario. El Registro Civil de Guadalajara expidió los certificados médicos y las actas de defunción a los cientos de cuerpos que corrieron esa suerte, bastaba con que cada uno cumpliera los requisitos mínimos de identificación, como edad, género y causa de muerte, para que el Ayuntamiento de Guadalajara le asegurara una incineración expedita y cupo en el panteón.

Esos nueve años el horno fue encendido 153 veces. En promedio, diez cuerpos fueron incinerados en cada ocasión.

Las bolsas con cenizas tuvieron como destino el Panteón Jardín, en 496 casos; las instalaciones del IJCF en Belén, en 947 casos; y 116 fueron entregados a familiares en bolsas negras de polietileno. Dentro del SEMEFO eran colocados en cajas de cartón.

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Esa solución administrativa ideal para los burócratas originó la dolorosa incertidumbre que hoy padecen cientos de familias de víctimas, pues los registros a los que se tuvo acceso para esta investigación dan cuenta de que algunos cadáveres fueron cremados sin contar con datos básicos. En 270 casos, por ejemplo, las cenizas que permanecen no cuentan con el registro de edad; en 302 falta la causa de muerte, en estos casos se les registró únicamente con la palabra “resguardo”, y el sexo. A pesar de que está prohibido emitir certificados de muerte y actas de defunción sin estos datos – que son indispensables para autorizar la incineración – los cuerpos pasaron por el fuego.

El incinerador no dejó de usarse ni siquiera en 2013, cuando entró en vigor de la Ley General de Víctimas que prohíbe la quema de cuerpos NN a los que no se les ha concluido la investigación judicial:  “(ninguna autoridad puede) cremar los cuerpos de ninguna persona no identificada hasta en tanto no haya o exista una sentencia ejecutoria”, indica en su artículo 21. Pero Jalisco se rigió bajo sus propias leyes: de 2013 a 2015, la Fiscalías y el IJCF redujeron a cenizas 533 personas NN.

Las causas de muerte mencionadas en la información obtenida para este reportaje permiten saber que entre las personas desconocidas incineradas hubo quienes murieron por enfermedades como cirroris o edemas pulmonares, otras por accidentes como electrocutaciones, pero en varios casos la causa de muerte podría deberse a homicidios causados por golpes (486), proyectiles (108) y armas punzocortantes (48). Al menos en estos casos, la incineración obstruyó el derecho a la justicia a posibles víctimas de homicidio, las autoridades hicieron cenizas los cuerpos del delito.

“La autoridad los trató como objetos potencialmente infecciosos y no como sujetos de derecho (…) al imponer una lógica sanitaria por encima de un tema de procuración de justicia, la autoridad impuso un criterio burocrático cuando lo lógico era actuar como lo que es el instituto forense, un auxiliar en materia de justicia para la Fiscalía”, dijo en entrevista el defensor de derechos humanos Francisco Macías.

 

* Este es un reportaje de Adondevanlosdesaparecidos/Quinto Elemento Lab y Zonadocs. La nota completa se encuentra disponible en el portal 5° Elemento.

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El juicio en Nueva York donde afirman que “El Chapo” Guzmán sobornó al presidente de Honduras

La fiscalía de EU aseguró que el líder del cartel de Sinaloa envió un millón de dólares al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, mediante su hermano, cuyo juicio ha comenzado en Manhattan. El mandatario rechaza la alegación.
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3 de octubre, 2019
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El juicio por narcotráfico al hermano del presidente de Honduras arrancó en Manhattan tan explosivo como prometía: la fiscalía afirmó que el propio mandatario, Juan Orlando Hernández, recibió millones para proteger a Joaquín “El Chapo” Guzmán y otros narcos.

“El acusado estaba protegido por y tenía acceso a su hermano, el actual presidente de Honduras, un hombre que ha recibido millones de dólares en sobornos de dinero de la droga (…) de hombres como ‘El Chapo'”, dijo el fiscal Jason Richman en sus alegatos iniciales este miércoles.

No se han presentado cargos hasta ahora contra Juan Orlando Hernández, quien tuiteó que “la alegación en sí es 100% falsa, absurda y ridícula“.

El presidente estuvo en Nueva York la semana pasada para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas y cerró un trato con el gobierno de Donald Trump para aceptar que sean deportados a su país migrantes que soliciten asilo en Estados Unidos y hayan pasado antes por Honduras.

Trump saludó personalmente a Juan Orlando Hernández y dijo a la asamblea de la ONU que Honduras es uno de los “amigos en la región” con los que trabaja estrechamente en temas fronterizos.

Sin embargo, ya se preveía que los fiscales del juicio al exdiputado hondureño involucrarían a su hermano presidente, como presunta parte de un plan criminal con otros funcionarios para alcanzar la cima del poder en Honduras.

“Auspiciada por el Estado”

Tony Hernández fue detenido en Miami el año pasado y su juicio en una corte federal de Manhattan comenzó este miércoles con la selección del jurado y los primeros alegatos.

Está acusado de conspirar con narcos de distintos países para enviar toneladas de cocaína a EE.UU. desde 2004, por lo que podría recibir una sentencia mínima de cinco años de prisión y un máximo de cadena perpetua.

Juan Orlando Hernández y Donald Trump

Reuters
Los presidentes de Honduras y Estados Unidos dejaron ver su sintonía en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

El exdiputado siguió los alegatos en la corte con una calma que contrasta con la violencia que le atribuye la fiscalía, que lo vincula con al menos dos asesinatos de narcos entre 2011 y 2013, antes de llegar al Congreso.

El fiscal Richman sostuvo que Tony Hernández era parte de una estructura de narcotráfico “auspiciada por el Estado” hondureño y protegida por alcaldes, congresistas, generales de las Fuerzas Armadas y jefes policiales.

Además aseguró que el acusado recibió en persona un soborno de US$1 millón para su hermano presidente, de parte de “El Chapo” Guzmán y su cartel de Sinaloa.

El mexicano Guzmán fue condenado este año en otra corte de Nueva York a cadena perpetua, en lo que es considerado el mayor juicio por narcotráfico en la historia de EE.UU.

El presidente hondureño recibió sobornos “de algunos de los traficantes de cocaína más grandes del mundo”, dijo Richman.

Chapo

AFP
“El Chapo” Guzmán fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos.

La fiscalía procura demostrar que las campañas electorales de Juan Orlando Hernández y su antecesor Porfirio Lobo (2010-2014) fueron financiadas al menos parcialmente con recursos del narcotráfico.

Lobo tampoco enfrenta cargos en EE.UU. y ha rechazado esos señalamientos.

La acusación contaría entre otras cosas con un testigo cooperante que asegura haber entregado al menos US$1,5 millones del narcotráfico para contribuir a que Juan Orlando Hernández ganara las elecciones de 2013.

Entre los testigos que se aguardan para el juicio hay exnarcos presos en EE.UU., como el exalcalde hondureño Amilcar Alexander Ardón y un exlíder de la organización criminal de ese país Los Cachiros.

El fiscal Richman indicó que Tony Hernández llegó a ser “intocable” en Honduras por la protección que recibía de su hermano presidente y la red de corrupción en el poder.

“Alicia en el País de las Maravillas”

El presidente hondureño reaccionó rápido a las noticias sobre los dichos del fiscal y sostuvo en su cuenta de Twitter que “esto es menos serio que Alicia en el País de las Maravillas”.

La semana pasada Hernández le dijo a la asamblea de la ONU que su gobierno luchó contra el crimen organizado y por eso hay una “campaña sucia de desprestigio” contra él por parte de narcos, pandilleros, policías y políticos corruptos.

Una protesta contra el presidente de Honduras

AFP
En la capital de Honduras miles de personas han exigido la renuncia de Juan Orlando Hernández (JOH).

El abogado de Tony Hernández, Omar Malone, indicó en el inicio del juicio este miércoles que hay criminales que desean perjudicar a su cliente después de que su hermano habilitara la extradición de narcos a EE.UU.

Malone señaló además que Juan Orlando Hernández “interactúa con EE.UU. como cualquier otro presidente”.

El mandatario ha enfrentado recientes protestas de opositores que reclaman su renuncia, y este mismo miércoles decenas de hondureños se manifestaron en su contra frente a la corte de Manhattan.

En medio de esta situación, Juan Orlando Hernández alcanzó el acuerdo migratorio con el gobierno de Trump para reducir la cantidad de solicitudes de asilo en EE.UU. de personas que buscan huir de la violencia y pobreza en Centroamérica.

Guatemala y El Salvador han firmado pactos similares con Washington.

Trump y Hernández estrecharon sus manos la semana pasada durante la asamblea de la ONU.

“Nos reunimos con Honduras, como saben, y también tuvimos reuniones previas a esto con Guatemala, reuniones tremendamente exitosas”, dijo Trump junto al presidente salvadoreño Nayib Bukele.

“Firmamos acuerdos con ellos: acuerdos de cooperación”, agregó el presidente estadounidense. “Eso es bueno para todos nosotros”.


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