Poder judicial evade pronunciarse sobre inconstitucionalidad de Ley Minera
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Poder judicial evade pronunciarse sobre inconstitucionalidad de Ley Minera

La comunidad de Tecoltemi interpuso un juicio de amparo en contra de la Secretaría de Economía por haber entregado dos concesiones a Minera Gorrión, filial en México de la empresa canadiense Almaden Minerals.
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23 de abril, 2019
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Un juzgado federal tuvo la oportunidad de resolver sobre la inconstitucionalidad de la Ley Minera, luego de que la comunidad nahua de Tecoltemi, en la Sierra Norte de Puebla, pidiera la revisión de las concesiones otorgadas sobre su territorio a la empresa canadiense Almaden Minerals, pero también el análisis a fondo de varios artículos de esa legislación, alegando que son contrarios a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Tecoltemi, acompañada por Fundar Centro de Análisis e Investigación y el Consejo Tiyat Tlali, interpuso un juicio de amparo en contra de la Secretaría de Economía por haber entregado dos concesiones a Minera Gorrión, filial en México de la empresa canadiense Almaden Minerals, sobre el territorio de la comunidad, sin consulta ni consentimiento previo.

La demanda fue también contra el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República por haber emitido diversos artículos de la Ley Minera, cuyo contenido es contrario a los derechos de los pueblos indígenas y ejidos, reconocidos estos en tratados internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en los artículos 27 y 2 de la Constitución.

El 22 de abril, la comunidad nahua de Tecoltemi, que pertenece al municipio de Ixtacamaxtitlán, en Puebla, fue notificada sobre la sentencia del juzgado, dictada el 11 de este mes, como parte del juicio de amparo 445/2015.

Para emitirla, la jueza Yolanda Velázquez Rebollo debía revisar varios artículos de la legislación minera –entre ellos el sexto que establece a la minería como preferente por encima de cualquier otro uso en el terreno– y definir si son contrarios a la Constitución, “pero solo hizo la revisión a medias”, afirma Itzel Silva, abogada de Fundar. La defensora asegura que la jueza buscó una salida legal para no pronunciarse sobre los artículos que se le solicitaron.

“No hace el análisis de fondo alegando suplencia de la queja; es decir, argumenta que el problema es que hay una omisión en la ley minera, al no estar armonizada ésta para incorporar la consulta a las comunidades indígenas y su consentimiento previo antes de otorgar una concesión a una empresa, entonces decide ordenarle al Congreso de la Unión hacer esa armonización, pero eso puede resultar innecesario y hasta confuso”, sostiene Silva.

La abogada explica que la obligación de consultar a las comunidades en estos casos está considerada ya en la Constitución y en tratados internacionales que México debe cumplir, “cuando resuelve esto de armonizar la ley parece incluso que las autoridades no hubiera tenido la obligación legal de hacer la consulta y tener el consentimiento previo, porque la legislación minera no lo pide, y eso es falso”.

Al resolver de esa manera la jueza confunde y se queda corta, agrega Silva, “para no entrar a la revisión de fondo del artículos como el sexto de la Ley Minera que, al dar preferencia a la minería sobre cualquier otra actividad, faculta a las autoridades a entregar a empresas las tierras y territorios de los pueblos indígenas y de los ejidos”. Ante esto la defensa legal de la comunidad de Tecoltemi está evaluando si impugna la sentencia de Velázquez Rebollo.

Lo bueno

Pese a todo, la sentencia resultó favorable a la comunidad nahua. La jueza concedió a Tecoltemi el amparo y protección de la justicia, al reconocer no sólo la violación al derecho a la consulta, sino también al consentimiento previo, libre e informado y al determinar que las concesiones mineras otorgadas a Almaden Minerals son ilegales.

Debido a esa ilegalidad, el juzgado ordena a la Secretaría de Economía declararlas insubsistentes y dar una nueva respuesta a la empresa respecto de su solicitud original de concesiones, pero esta vez considerando que están en el territorio de una comunidad indígena

La autoridad judicial reconoce en su resolución que Tecoltemi cuenta con una protección jurídica específica, con base en lo establecido por la Constitución y el Convenio 169 de la OIT. También reconoce que basta que la comunidad se auto adscriba al pueblo nahua para que se le deba reconocer como tal.

En este sentido, el Juzgado rechaza las afirmaciones de la empresa minera, quien de manera reiterada aseveró durante el juicio que en el municipio de Ixtacamaxtitlán, afectado por las dos concesiones, no existe población indígena. De hecho, el Juzgado advierte que el territorio de Ixtacamaxtitlán “es el que legítimamente corresponde a los pueblos originarios de la zona”.

“La declaración de que son ilegales esas concesiones y la resolución de que se declaren inválidas son relevantes no solo para Tecoltemi, sino para que otras comunidades puedan impugnar estos permisos otorgados de forma ilegal en sus territorios”, subraya Silva.

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Sentencian a pena de muerte a hombre que prendió fuego a bloguera en 'live' en redes

La popular creadora de videos Lamu murió en 2020 luego de haber sufrido un ataque calificado como "extremadamente cruel" por el tribunal que ordenó la pena de muerte para su exmarido.
14 de octubre, 2021
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La manera en que la videobloguera china Lamu fue asesinada fue calificada por un tribunal como “extremadamente cruel”.

La mujer tibetana tenía cientos de miles de seguidores en Douyin, la versión china de TikTok, por sus populares videos sobre la vida rural.

Mientras estaba transmitiendo en vivo, su exesposo, Tang Lu, le roció gasolina y le prendió fuego. Murió el 30 de septiembre de 2020, luego de pasar semanas hospitalizada por las quemaduras en el 90% de su cuerpo.

Por este crimen, un tribunal emitió una sentencia de muerte contra Tang y calificó el crimen como “extremadamente cruel y con impacto social extremadamente malo”.

El caso causó indignación en China y desató un renovado debate sobre la violencia que sufren muchas mujeres en sus matrimonios.

¿Quién era Lamu?

Conocida solo como Lamu, la mujer falleció a los 30 años.

Atrajo a casi 800.000 seguidores por sus publicaciones optimistas sobre el estilo simple de la vida rural que compartía en la plataforma Douyin.

Sus videos la mostraban buscando comida en las montañas, cocinando y haciendo divertidas parodias de canciones vestida con ropa tradicional tibetana.

Sus publicaciones llegaron a acumular más de 6,3 millones de “me gusta”.

Video de Lamu en Douyin

Douyin/Lamu

Estaba casada con Tang, quien según el tribunal tenía un historial de violencia contra ella.

El ataque

Varios reportes indican que Lamu se acercó a la policía en repetidas ocasiones para denunciar la violencia que sufría por parte de su esposo, pero los agentes le decían que la violencia era un “asunto familiar”.

La pareja se divorció en junio de 2020.

Sin embargo, la joven regresó con él después de que Tang amenazara con matar a uno de sus hijos. La violencia no paró, así que se separó por segunda vez y obtuvo la custodia de ambos niños.

Luego de casi tres meses desde la separación, ocurrió el ataque con gasolina y fuego mientras la joven hacía una transmisión en la casa de su padre.

Las demandas de justicia

Después de su muerte, decenas de miles de sus seguidores dejaron mensajes en su página de Douyin, mientras que millones de usuarios de la plataforma Weibo pidieron justicia utilizando hashtags que luego fueron censurados.

El tribunal de la prefectura de Aba, una zona rural remota en el suroeste de la provincia de Sichuan donde vive un gran número de tibetanos, dijo que Tang merecía un “castigo severo” de acuerdo con la ley.

El hombre fue detenido, juzgado y sentenciado a la pena capital.

Un cartel sobre violencia doméstica en Pekín

Getty Images
La violencia doméstica ha sido un tema de debate en años recientes en China.

China tipificó como delito la violencia doméstica en 2016, pero es una problemática que sigue estando muy extendida, sobre todo en las zonas rurales.

Aproximadamente una cuarta parte de las mujeres casadas han sufrido abuso doméstico, según un estudio de 2013 de la Federación de Mujeres de China.

Algunos activistas temen que un período de “reflexión” obligatorio de 30 días recientemente introducido para las parejas que desean divorciarse pueda dificultar que las mujeres abandonen las relaciones abusivas.


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