Alejandro Encinas, subsecretario de Migración y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó la mañana de este 11 de abril que suman 25 presos políticos liberados, desde la entrada del nuevo Ejecutivo federal.
En conferencia de prensa con motivo de la liberación de seis activistas indígenas defensores del agua, quienes estuvieron encarcelados 16 años a pesar de que en sus procesos legales se cometieron graves irregularidades y violaciones a derechos humanos, el funcionario de la Segob también detalló que, a la fecha, están revisando otros 583 casos de presos políticos en el país.
“La gran mayoría de estos casos, de personas que se consideran presos políticos, se concentren en estados y en comunidades indígenas donde hay fuertes disputas por recursos naturales, como el agua”, puntualizó Encinas.
Durante su intervención, el subsecretario señaló que cinco estados concentran la mayor parte de las peticiones de presos para revisar sus casos, porque argumentan que también fueron detenidos bajo condiciones de tortura, o que se cometieron arbirtrariedades e irregularidades en sus procesos.
Guerrero, con 140 casos, es el estado con más solicitudes de presos a la Segbo. Le sigue Puebla, con 71; el Estado de México, con 65; la Ciudad de México, con 52; y Oaxaca, con 51.
“Estos estados concentran la mayoría de presos que se consideran políticos y que pidió a Segob que revisáramos sus casos. Y eso es lo que ya estamos haciendo”, remarcó Encinas.
Sobre el caso de los activistas defensores del agua de la comunidad de Tlanixco, Teófilo Pérez, Pedro Sánchez, Rómulo Arias, Marco Antonio Pérez, Lorenzo Sánchez, y Dominga González, el subsecretario de Gobernación recalcó que “estuvieron 16 años presos, aunque nunca se les probó el delito del que se les acusaba”.
Cabe recordar que los seis activistas fueron aprehendidos y encarcelados, acusado del homicidio del empresario floricultor Alejandro Isaak Basso, con quien la comunidad de Tlanixco, en el Estado de México, mantenía una disputa por el agua del río Texcaltenco. Los acusados eran representantes del Comité del Agua de Tlanixco y líderes del movimiento para evitar que los empresarios del municipio vecino, Villa Guerrero, se quedaran con las concesiones del río para sus negocios de flores.
En febrero de este año, más de una década después, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se desistió de la acción penal en contra de los seis defensores del agua, por falta de pruebas.
Este caso, además, llegó a la ONU, a través del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que llevó la defensa legal. Tras el análisis del expediente judicial, la ONU-DH consideró que la justicia mexicana no había observado el derecho al debido proceso, y que la secuencia de violaciones durante la investigación ministerial, como basarse en testigos que no estuvieron en el lugar de los hechos, y no considerar la condición de indígenas de los acusado, podía entenderse como una criminalización de los defensores.
La pena máxima
“Nos condenaron a la pena máxima, 50 años de cárcel, por ser indígenas y de bajos recursos”, criticó durante su intervención el activista liberado Pedro Sánchez Berriozábal.
“No podemos regresarles el tiempo perdido, pero vamos a velar por su seguridad y a reparar el daño de la autoridad que actuó indebidamente. Y buscaremos la forma para que estos actos no vuelvan a repetirse”, subrayó por su parte Encinas.
En cuanto a la situación migratoria, la noche de ayer se registraron nuevos altercados y actos vandálicos en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula, en la frontera sur de Chiapas y Guatemala.
Encinas advirtió que, aunque no se va reprimir a los migrantes mediante el uso de la fuerza policiaca, si un migrante comete un delito en suelo mexicano, o agreda a la autoridad migratoria, será detenido para su posterior deportación a su país de origen.
