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Odebrecht

Pese a que Lozoya buscó el cierre del expediente en caso Odebrecht, Tribunal ordena publicarlo

La entonces PGR frenó con suspensiones la apertura del caso. Incluso, ya como Fiscalía General, tramitó nuevo amparo en contra de una solicitud realizada por Animal Político.
Odebrecht
Por Arturo Angel y Arturo Daen
18 de abril, 2019
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El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austín buscó frenar a través de una demanda de amparo la elaboración de versiones públicas de las averiguaciones previas iniciadas por el caso Odebrecht. Es decir, que se clasificara como reservado todo el caso, y no solo sus datos personales y los de su familia como se conocía hasta ahora.

Pero un Tribunal Federal encargado de revisar el caso resolvió en definitiva y por unanimidad negarle a Lozoya dicha solicitud, al considerar que el caso Odebrecht es un asunto de corrupción a gran escala, y que por encima de sus intereses particulares debe privar el interés público y general. Por ende, la PGR (hoy Fiscalía General de la Repúbloca) tiene que elaborar versiones públicas del caso.

Esto no ha ocurrido dado que la Fiscalía también ha promovido demandas de amparo en las que sí ha conseguido suspensiones temporales para no abrir los expedientes.

Incluso, este año, ya como Fiscalía General, la dependencia presentó una nueva demanda de amparo y obtuvo una suspensión para no dar a conocer la lista de personas vinculadas con el caso.

Este nuevo caso corresponde a una solicitud presentada por Animal Político, en donde la respuesta inicial fue negar toda la información. En consecuencia se presentó una queja ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), cuyo Pleno resolvió que el caso sí se tiene que dar a conocer.

Mientras eso ocurre, las investigaciones que desde hace casi cuatro años lleva a cabo la Fiscalía General sigue sin derivar en procesos penales y órdenes de aprehensión en contra de algún probable responsable.

Ello contrasta con el avance en otros países donde los actos de corrupción promovidos por Odebrecht ya han derivado en detenciones de alto nivel y hasta en procesos judiciales contra expresidentes.

Exdirectivos de Odebrecht aseguran que Emilio Lozoya recibió 10 mdd en sobornos; él lo niega

Lozoya vs la transparencia

En 2018, Emilio Ricardo Lozoya Austin interpuso, a través de sus abogados, una demanda de amparo en contra de una resolución del INAI que ordenaba la elaboración de versiones públicas de las investigaciones del caso Odebrecht.

Aunque la orden era para PGR, Lozoya interpuso la queja aludiendo que no se le había dado derecho de audiencia en la toma de decisión de esta resolución, la cual pondría en riesgo datos personales, así como su derecho a la presunción de inocencia.

El juez a cargo del caso le concedió a Lozoya una suspensión para que sus datos y los de su familia no fueran revelados, pero aun así el exfuncionario interpuso una queja contra dicha suspensión. También interpusieron recursos contra la misma el INAI y la propia PGR.

La suspensión recayó en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa quien, de forma unánime, resolvió en marzo pasado ratificar la suspensión a Lozoya, pero a su vez negarle otra. La sentencia de 80 páginas fue transparentada por el Consejo de la Judicatura, lo que permite conocer detalles inéditos de la misma.

Lo que el exdirector de Pemex buscó inicialmente ante el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa y luego ante el referido tribunal era, además de proteger sus datos, prohibir judicialmente a la PGR entregar versiones públicas de dos carpetas de investigación del caso.

Al analizar el fondo del asunto, los magistrados del tribunal señalaron que si bien, las averiguaciones previas y las carpetas de investigación son datos confidenciales por regla general, el numeral 110, fracción VII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública indica que hay dos excepciones: cuando se trate de casos de graves violaciones a derechos humanos, y cuando se trate de asuntos de corrupción.

“De esta forma, como sostuvo el Juez de Distrito, a pesar de la reserva de información que se previó en el caso, tal carácter se ve superado por el interés de la sociedad de conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación de hechos que implican información relativa a hechos que implican actos de corrupción”, señala la resolución.

El fallo insiste en que transparentar versiones públicas del caso no vulnera los derechos de Lozoya toda vez que “la información que se ordenó proporcionar, atiende al interés de la sociedad respecto de las investigaciones relacionadas con actos de corrupción, y ésta deberá entregarse con supresión de datos personales y/o confidenciales del quejoso y su familia”.

Este criterio coincide con el del primer juez que revisó el caso y que concluyó que la solicitud de Lozoya de suspender la apertura de todo el expediente (y no solo sus datos) implicaría “el incumplimiento de ordenamientos legales de orden público e interés general cuyo objetivo es satisfacer necesidades colectivas, lo cual se sobrepone a intereses particulares.

Cabe señalar que a esta demanda de amparo también se sumó la PGR quien consideró que la orden de abrir el expediente no era posible pues no estaba en sus funciones “elaborar versiones públicas”, argumento que los magistrados desecharon por ser improcedente.

Esta demanda sigue abierta ya que la referida revisión que llegó a un tribunal colegiado corresponde solo al tema de la suspensión definitiva que buscaba Lozoya. El fondo del asunto, en el que se determinará si se concede o no el amparo, se tiene que llevar a cabo en una audiencia constitucional que ya ha sido diferida hasta en cuatro ocasiones.

Juez pospone decisión sobre apertura en caso Odebrecht; Lozoya también busca cerrar datos

FGR interpone amparos para no informar

Pese a que el pleno del INAI ha ordenado en varias ocasiones a la Fiscalía General de la República que transparente datos y versiones públicas de las carpetas de investigación del caso Odebrecht, y a que incluso ya hay una resolución de un Tribunal Federal (por el caso Lozoya) que confirma que debe informarse, esto sigue sin materializarle.

El motivo son las suspensiones judiciales que la propia PGR (ahora Fiscalía) ha promovido para no transparentar el expediente, con el argumento de que se pondría en riesgo la investigación y que se vulnera el principio de presunción de inocencia de los implicados.

La primera demanda de amparo fue presentada en octubre de 2018, durante la recta final de la administración de Enrique Peña Nieto. Inicialmente el juez responsable desechó la petición pero gracias a un recurso de revisión, la entonces PGR consiguió que el caso fuera retomado y ganó una suspensión definitiva para frenar el cumplimiento ordenado por el INAI.

En el actual sexenio, pese a la transformación de la PGR en una entidad autónoma (Fiscalía General) que la desliga del gobierno federal implicado en estos hechos, se ha mantenido la misma línea de opacidad.

Prueba de ello es que el pasado 8 de febrero (ya bajo la gestión del fiscal Alejandro Gertz Manero) la Fiscalía promovió una nueva demanda de amparo, esta vez para frenar el cumplimiento del recurso de revisión 6694/18 en el que el INAI le ordena a la dependencia dar a conocer la lista de funcionarios bajo investigación por el caso Odebrecht.

El origen de este caso fue la solicitud presentada por Animal Político desde el 29 de agosto del año pasado. La respuesta inicial de la PGR fue negar la información, por lo que se interpuso un recurso de revisión ante el INAI el cual, al igual que en otros casos, determinó que la información sí tiene que ser transparentada pues se trata de un caso de corrupción de escala continental.

Animal Político recibió una nueva respuesta oficial de la Fiscalía en la que señala que no puede proporcionar la información ya que interpuso una demanda de amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa, y obtuvo del mismo una suspensión definitiva.

La información fue verificada por Animal Político y, en efecto, fue el pasado 19 de febrero cuando se dictó la suspensión definitiva. Ante ello, el INAI ha interpuesto (al igual que en el caso de Lozoya) una queja para que se revise dicha suspensión.

En ninguno de estos dos amparos promovidos por la autoridad se ha tomado una decisión de fondo, pues las audiencias constitucionales en las que se tienen que determinar si se concede o no el amparo han sido diferidas.

Mientras tanto, las carpetas de investigación del caso Odebrecht se mantienen clasificadas y cerradas, sin que se conozca el nivel de avance en el caso. Esto pese a que el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, había prometido en diciembre pasado que se terminaría con la opacidad en este caso de corrupción.

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Juicio político a Trump: qué es un 'impeachment' y qué otros presidentes de EU han sido sometidos a uno

La Cámara de Representantes de EE.UU. votó a favor de hacer un juicio político en el Senado al presidente Donald Trump. Solo otros dos mandatarios han sido sometidos a este procedimiento en la historia de EE.UU. ¿Sabes quiénes son?
18 de diciembre, 2019
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Donlad Trump

Getty Images
La Cámara de Representantes votó este miércoles a favor de someter a Donald Trump a un impeachment.

Donald Trump se convirtió este miércoles en el tercer presidente de Estados Unidos que será sometido a un impeachment.

Así lo decidió una mayoría de congresistas en la Cámara de Representantes de EE.UU,, dominada por el Partido Demócrata.

El impeachment -que se puede traducir como “acusación”, “proceso de destitución” o “juicio político”- se celebrará ahora en el Senado, donde los legisladores decidirán si destituyen al presidente, acusado de abuso de poder y obstrucción a la justicia.

Dado que el Partido Republicano tiene mayoría en esa cámara, es muy poco probable que la destitución se produzca, pero en cualquier caso, Trump entró este miércoles en un selecto club en el que hasta ahora solo había otros dos miembros.

¿Cómo funciona el proceso? ¿Y qué otros presidentes estadounidenses se han enfrentado al mismo? La respuesta a esta última pregunta puede que te sorprenda…

¿Qué es un “impeachment”?

En este contexto, el impeachment es el juicio político que tiene lugar en el Congreso de EE.UU. con vistas a una posible destitución del presidente.

La Constitución estadounidense establece que el presidente “debe ser destituido de su cargo si es acusado de y condenado por traición, soborno, u otros crímenes o delitos graves“.

Gráfico impeachment

BBC

El proceso debe ser iniciado por la Cámara de Representantes y solo necesita una mayoría simple para ser activado.

Este paso es el que dieron los legisladores este miércoles.

El juicio, sin embargo, tiene lugar en el Senado. Y ahí se necesitan dos tercios de los votos para destituir al presidente.

Esto nunca ha pasado en la historia de Estados Unidos.

¿Qué presidentes de EE.UU. han sido sometidos a juicios políticos?

A pesar de que la amenaza ha pendido sobre la cabeza de numerosos mandatarios estadounidenses, solamente dos han sido llevados a juicio político.

El más reciente fue Bill Clinton, el 42º presidente de EE.UU., quien fue procesado tras ser acusado de perjurio en frente de un gran jurado y de obstrucción a la justicia, después de que mintiera sobre la naturaleza de su relación con la pasante Mónica Lewinsky y supuestamente también le pidiera a esta que mintiera.

Impeachment a Bill Clinton

AFP
La última vez que la Cámara le abrió un juicio político a un presidente fue a Bill Clinton, en 1998.

En diciembre de 1998, la Cámara de Representantes votó 228 a 206 a favor de enjuiciar a Clinton por la primera acusación, y 221 a 212 por la segunda.

Para esa época, sin embargo, el nivel de aprobación popular de Clinton como presidente era del 72%.

Y cuando el caso llegó al Senado, en 1999, la acusación estuvo lejos de conseguir los dos tercios de votos que necesitaba para prosperar.

“En su prisa por destituir al presidente, (los congresistas republicanos) nunca se detuvieron a pensar si las acusaciones podían ser probadas más allá de cualquier duda razonable“, se lee en un análisis publicado por la BBC en aquel momento.

¿Y el segundo presidente? Te damos una pista: no fue Richard Nixon.

Bill y Hillary Clinton en diciembre de 1998 con el para en ese entonces líder de la Cámara de Representantes, el republicano Dick Gephardt.

AFP
A diferencia de lo que pasa con Trump, los niveles de aprobación de Clinton eran súper altos.

Efectivamente, el único otro presidente de EE.UU. llevado a juicio político fue el número 17, Andrew Johnson, quien ocupó el cargo por dos períodos a partir de 1865.

Fue procesado por la Cámara de Representantes en 1868, solo 11 días después de que destituyera a Edwin Stanton, su “ministro de Guerra”, quien no estaba de acuerdo con sus políticas.

Y las similitudes entre la destitución de Stanton y la del director del FBI James Comey —un hombre que aparentemente tampoco estaba de acuerdo con las políticas de Trump— han sido destacadas por la prensa de EE.UU.

A diferencia de Clinton, Johnson se salvó por los pelos: los dos tercios en el Senado no se alcanzaron por un único voto, gracias al número de republicanos que había en la Cámara Alta.

Ilustración del juicio político del presidente Andrew Johnson

Getty Images
El resultado del juicio político del presidente Andrew Johnson fue más ajustado que el de Bill Clinton.

No todos apreciaban a Johnson, pero el senador por Iowa James Grimes justificó su apoyo diciendo: “No puedo aceptar destruir el funcionamiento armonioso de la Constitución solamente para que nos podamos deshacer de un presidente inaceptable”.

¿Y cómo hizo Nixon para evitar un impeachment?

Renunció.


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