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Odebrecht

Pese a que Lozoya buscó el cierre del expediente en caso Odebrecht, Tribunal ordena publicarlo

La entonces PGR frenó con suspensiones la apertura del caso. Incluso, ya como Fiscalía General, tramitó nuevo amparo en contra de una solicitud realizada por Animal Político.
Odebrecht
Por Arturo Angel y Arturo Daen
18 de abril, 2019
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El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austín buscó frenar a través de una demanda de amparo la elaboración de versiones públicas de las averiguaciones previas iniciadas por el caso Odebrecht. Es decir, que se clasificara como reservado todo el caso, y no solo sus datos personales y los de su familia como se conocía hasta ahora.

Pero un Tribunal Federal encargado de revisar el caso resolvió en definitiva y por unanimidad negarle a Lozoya dicha solicitud, al considerar que el caso Odebrecht es un asunto de corrupción a gran escala, y que por encima de sus intereses particulares debe privar el interés público y general. Por ende, la PGR (hoy Fiscalía General de la Repúbloca) tiene que elaborar versiones públicas del caso.

Esto no ha ocurrido dado que la Fiscalía también ha promovido demandas de amparo en las que sí ha conseguido suspensiones temporales para no abrir los expedientes.

Incluso, este año, ya como Fiscalía General, la dependencia presentó una nueva demanda de amparo y obtuvo una suspensión para no dar a conocer la lista de personas vinculadas con el caso.

Este nuevo caso corresponde a una solicitud presentada por Animal Político, en donde la respuesta inicial fue negar toda la información. En consecuencia se presentó una queja ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), cuyo Pleno resolvió que el caso sí se tiene que dar a conocer.

Mientras eso ocurre, las investigaciones que desde hace casi cuatro años lleva a cabo la Fiscalía General sigue sin derivar en procesos penales y órdenes de aprehensión en contra de algún probable responsable.

Ello contrasta con el avance en otros países donde los actos de corrupción promovidos por Odebrecht ya han derivado en detenciones de alto nivel y hasta en procesos judiciales contra expresidentes.

Exdirectivos de Odebrecht aseguran que Emilio Lozoya recibió 10 mdd en sobornos; él lo niega

Lozoya vs la transparencia

En 2018, Emilio Ricardo Lozoya Austin interpuso, a través de sus abogados, una demanda de amparo en contra de una resolución del INAI que ordenaba la elaboración de versiones públicas de las investigaciones del caso Odebrecht.

Aunque la orden era para PGR, Lozoya interpuso la queja aludiendo que no se le había dado derecho de audiencia en la toma de decisión de esta resolución, la cual pondría en riesgo datos personales, así como su derecho a la presunción de inocencia.

El juez a cargo del caso le concedió a Lozoya una suspensión para que sus datos y los de su familia no fueran revelados, pero aun así el exfuncionario interpuso una queja contra dicha suspensión. También interpusieron recursos contra la misma el INAI y la propia PGR.

La suspensión recayó en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa quien, de forma unánime, resolvió en marzo pasado ratificar la suspensión a Lozoya, pero a su vez negarle otra. La sentencia de 80 páginas fue transparentada por el Consejo de la Judicatura, lo que permite conocer detalles inéditos de la misma.

Lo que el exdirector de Pemex buscó inicialmente ante el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa y luego ante el referido tribunal era, además de proteger sus datos, prohibir judicialmente a la PGR entregar versiones públicas de dos carpetas de investigación del caso.

Al analizar el fondo del asunto, los magistrados del tribunal señalaron que si bien, las averiguaciones previas y las carpetas de investigación son datos confidenciales por regla general, el numeral 110, fracción VII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública indica que hay dos excepciones: cuando se trate de casos de graves violaciones a derechos humanos, y cuando se trate de asuntos de corrupción.

“De esta forma, como sostuvo el Juez de Distrito, a pesar de la reserva de información que se previó en el caso, tal carácter se ve superado por el interés de la sociedad de conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación de hechos que implican información relativa a hechos que implican actos de corrupción”, señala la resolución.

El fallo insiste en que transparentar versiones públicas del caso no vulnera los derechos de Lozoya toda vez que “la información que se ordenó proporcionar, atiende al interés de la sociedad respecto de las investigaciones relacionadas con actos de corrupción, y ésta deberá entregarse con supresión de datos personales y/o confidenciales del quejoso y su familia”.

Este criterio coincide con el del primer juez que revisó el caso y que concluyó que la solicitud de Lozoya de suspender la apertura de todo el expediente (y no solo sus datos) implicaría “el incumplimiento de ordenamientos legales de orden público e interés general cuyo objetivo es satisfacer necesidades colectivas, lo cual se sobrepone a intereses particulares.

Cabe señalar que a esta demanda de amparo también se sumó la PGR quien consideró que la orden de abrir el expediente no era posible pues no estaba en sus funciones “elaborar versiones públicas”, argumento que los magistrados desecharon por ser improcedente.

Esta demanda sigue abierta ya que la referida revisión que llegó a un tribunal colegiado corresponde solo al tema de la suspensión definitiva que buscaba Lozoya. El fondo del asunto, en el que se determinará si se concede o no el amparo, se tiene que llevar a cabo en una audiencia constitucional que ya ha sido diferida hasta en cuatro ocasiones.

Juez pospone decisión sobre apertura en caso Odebrecht; Lozoya también busca cerrar datos

FGR interpone amparos para no informar

Pese a que el pleno del INAI ha ordenado en varias ocasiones a la Fiscalía General de la República que transparente datos y versiones públicas de las carpetas de investigación del caso Odebrecht, y a que incluso ya hay una resolución de un Tribunal Federal (por el caso Lozoya) que confirma que debe informarse, esto sigue sin materializarle.

El motivo son las suspensiones judiciales que la propia PGR (ahora Fiscalía) ha promovido para no transparentar el expediente, con el argumento de que se pondría en riesgo la investigación y que se vulnera el principio de presunción de inocencia de los implicados.

La primera demanda de amparo fue presentada en octubre de 2018, durante la recta final de la administración de Enrique Peña Nieto. Inicialmente el juez responsable desechó la petición pero gracias a un recurso de revisión, la entonces PGR consiguió que el caso fuera retomado y ganó una suspensión definitiva para frenar el cumplimiento ordenado por el INAI.

En el actual sexenio, pese a la transformación de la PGR en una entidad autónoma (Fiscalía General) que la desliga del gobierno federal implicado en estos hechos, se ha mantenido la misma línea de opacidad.

Prueba de ello es que el pasado 8 de febrero (ya bajo la gestión del fiscal Alejandro Gertz Manero) la Fiscalía promovió una nueva demanda de amparo, esta vez para frenar el cumplimiento del recurso de revisión 6694/18 en el que el INAI le ordena a la dependencia dar a conocer la lista de funcionarios bajo investigación por el caso Odebrecht.

El origen de este caso fue la solicitud presentada por Animal Político desde el 29 de agosto del año pasado. La respuesta inicial de la PGR fue negar la información, por lo que se interpuso un recurso de revisión ante el INAI el cual, al igual que en otros casos, determinó que la información sí tiene que ser transparentada pues se trata de un caso de corrupción de escala continental.

Animal Político recibió una nueva respuesta oficial de la Fiscalía en la que señala que no puede proporcionar la información ya que interpuso una demanda de amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa, y obtuvo del mismo una suspensión definitiva.

La información fue verificada por Animal Político y, en efecto, fue el pasado 19 de febrero cuando se dictó la suspensión definitiva. Ante ello, el INAI ha interpuesto (al igual que en el caso de Lozoya) una queja para que se revise dicha suspensión.

En ninguno de estos dos amparos promovidos por la autoridad se ha tomado una decisión de fondo, pues las audiencias constitucionales en las que se tienen que determinar si se concede o no el amparo han sido diferidas.

Mientras tanto, las carpetas de investigación del caso Odebrecht se mantienen clasificadas y cerradas, sin que se conozca el nivel de avance en el caso. Esto pese a que el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, había prometido en diciembre pasado que se terminaría con la opacidad en este caso de corrupción.

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Acuerdo entre los gobiernos de Trump y AMLO: ¿una victoria o traición a México?

México destacó su acuerdo migratorio con EE.UU. como un gran logro por haber evitado los aranceles anunciados por Trump, pero algunos creen que hubo demasiadas concesiones.
14 de junio, 2019
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El gobierno de México lo vendió como una victoria ante la amenaza arancelaria de Trump, pero muchos consideran que fue una concesión a todas y cada una de las exigencias estadounidenses.

El acuerdo migratorio alcanzado la semana pasada por ambos países, que contempla entre otras medidas el despliegue de 6.000 miembros de la Guardia Nacional de México en su frontera con Guatemala, no dejó a nadie indiferente.

El canciller de México, Marcelo Ebrard, reconoció este lunes que la negociación fue el momento “más difícil” de las relaciones con Washington, pero que el acuerdo evitó la imposición de aranceles de un 5% a todos los productos mexicanos importados por EE.UU. tal y como había anunciado el presidente Trump si no se detenía “el flujo de inmigrantes indocumentados”.

En sus conversaciones, EE.UU. puso sobre la mesa la cifra de 140.000 migrantes llegados en mayo al país vía México antes de darle “un ultimatum”, dijo Ebrard.

Pero pese a esquivar la amenaza arancelaria -al menos de momento-, muchas voces criticaron la postura del gobierno mexicano al considerar que se había concedido demasiado al dejar todo el poder de la negociación en manos de EE.UU. y contradiciendo en parte algunas de las políticas de migración defendidas por el presidente López Obrador.

Ebrard y AMLO

AFP
El canciller de México, Marcelo Ebrard, ofreció detalles sobre el acuerdo migratorio alcanzado con EE.UU. en presencia del presidente López Obrador.

Los ataques llegaron incluso de las filas del propio partido de AMLO, Morena.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, afirmó que aceptar las medidas de EE.UU. “es una traición a la historia de México” y precisó que la Guardia Nacional es una solución contra el crimen organizado y no contra los migrantes.

“Estamos con una mentalidad de país colonizado”, dijo este jueves en una entrevista con la periodista Carmen Arístegui.

“Sí, con esto México está doblando las manos (cediendo, dando el brazo a torcer) ante EE.UU. con este acuerdo”, coincide Alejandro Hope, analista de seguridad y quien ejerció diversos cargos directivos en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el pasado.

“Una tregua” temporal

Una de las críticas al acuerdo migratorio se centra en la “incertidumbre” que supone el no saber cómo se evaluarán sus resultados tras los 45 días iniciales fijados como plazo.

“A los 45 días, nos tendremos que sentar las partes y ver si tuvo éxito o no tuvo éxito (…). Y si no logramos resultados, tendríamos que participar en discusiones para un acuerdo que incluye el retorno de solicitantes de asilo bajo una perspectiva regional”, anunció el canciller.

Pero ¿cómo se medirá ese “éxito” para que EE.UU. no retome de nuevo la amenaza de los aranceles?

Donald Trump

Reuters
Aunque Trump se negó este martes a hablar sobre el acuerdo alcanzado con México, la hoja sostenida en sus manos reveló algunos detalles.

“No hay parámetros oficiales”, responde Hope. “Lo que hizo México fue someterse a un proceso de revisión continua en el cual la métrica de éxito-fracaso la imponen de manera unilateral los estadounidenses”, le dice Hope a BBC Mundo.

“Desde luego, no parece un acuerdo especialmente satisfactorio para México”, opina.

El analista cree que conseguir que se retirara “temporalmente” la amenaza de aranceles fue más bien “una tregua, un cese al fuego, más que un arreglo ejecutivo”.

Otro de los logros que México expuso tras su negociación fue haber evitado convertirse en “primer país de asilo” o “tercer país seguro” para las miles de personas, sobre todo centroamericanas, que tratan de buscar asilo en EE.UU.

Sin embargo, sí que aceptó recibir a un número indeterminado de migrantes en esta situación hasta que se resuelvan sus casos, que hasta el momento asciende a 10.000. Según dijo este miércoles el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Migración de México, Alejandro Encinas, la cifra podría ascender a 50.000.

Por esto, muchas personas se preguntan si, en la práctica, México ya está actuando en cierto modo como “tercer país”, algo que Hope descarta ya que para ello, “México tendría que iniciar procesos de asilo en su país”, algo que no está ocurriendo.

“Muro militar”

La medida acordada que más polémica despertó fue el despliegue de la Guardia Nacional mexicana en la frontera para tratar de frenar a los migrantes.

“La extensa y espantosa historia de abusos vinculados con la militarización de la seguridad pública en México hacen que sea fácil prever que esta medida podría resultar en un desastre”, dijo este miércoles el director ejecutivo adjunto de Human Rights Watch, Daniel Wilkinson.

Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano, coincide en que este “muro militar” en la frontera sur podría “incrementar las violaciones a los derechos humanos” de los migrantes mediante operativos y retenes que acaben en detenciones.

Soldados mexicanos en la frontera

AFP
Organizaciones humanitarias vaticinan que el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera para frenar el flujo migratorio podría resultar en “un desastre”.

El canciller mexicano Ebrard negó en su conferencia del lunes que se busque criminalizar al migrante, pero sí dijo que será necesario registrarse para cruzar territorio mexicano.

“Se dice que se va a criminalizar a los migrantes, México nunca haría eso, ni menos este gobierno. Es decir, porque alguien se quiera mover, eso no lo convierte en criminal”, dijo.

“Por parte del gobierno, todo han sido discursos falsos con respecto a lo que prometió respecto a la migración. Lo que se siente y se ve en la frontera es totalmente lo contrario, esa supuesta ayuda a migrantes ha sido nula, sobre todo respecto a la migración pobre y forzada”, le dice Figueroa a BBC Mundo desde el estado de Tabasco, en la frontera con Guatemala.

Además, Figueroa alerta que la presencia de la Guardia Nacional en la frontera podría tener como consecuencia el aumento de tráfico de personas.

“Para los migrantes que van solos sería mucho más difícil cruzar territorio mexicano y optarían por buscar traficantes de personas que podrían tienen convenio o complicidad con autoridades corruptas”, alerta.

Migrantes detenidos

Getty Images
EE.UU. aseguró que 140.000 migrantes llegarón en mayo al país vía México antes de darle “un ultimatum” para llegar a un acuerdo.

A la espera de conocer los resultados de este acuerdo migratorio tras los anunciados 45 días, Hope alerta del daño que su aceptación ya habría causado sobre la figura de AMLO.

“Ahorita medio salvaron la crisis, pero esto le va a perseguir el resto de su mandato”, asegura, pronosticando que si la amenaza de los aranceles de Trump acaba por regresar, al presidente mexicano no le quedaría margen de maniobra.

“Hacerle una concesión adicional a EE.UU. sería políticamente muy costoso. Ahorita medio lo pudieron vender como victoria, pero ¿una más? No lo creo”, concluye.


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