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Cuartoscuro Archivo

Durante sexenio de Peña, México se volvió el país más peligroso para ejercer el periodismo en AL: Artículo 19

En 2018, nueve comunicadores fueron asesinados en diversas partes del país. Veracruz, Puebla y Oaxaca son las entidades en donde más agresiones se presentaron.
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2 de abril, 2019
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Durante el sexenio pasado, de Enrique Peña Nieto, 47 periodistas fueron asesinados y cuatro aún permanecen desaparecidos, por lo que México se volvió el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, denunció Artículo 19 durante la presentación este martes de su informe anual de ataques a la prensa.

Además de los homicidios, la organización civil defensora de la libertad de expresión también documentó que durante el gobierno pasado se registraron 2 mil 502 agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación, hasta un 129% al alza en comparación con el sexenio de Felipe Calderón, cuando documentaron mil 092 ataques.

Lee: Desde ciberacoso, hasta feminicidios: CIDH alerta aumento de violencia contra mujeres periodistas

Dentro de ese repunte de ataques, Artículo 19 puso énfasis en un dato: en la administración anterior, las agresiones contra mujeres periodistas aumentaron 512%.

Tan solo en 2018, nueve comunicadores fueron asesinados en diversas partes del país, y se registraron 544 agresiones contra la prensa, hasta 65% más que al inicio del sexenio.

La Ciudad de México, con 383 agresiones, ocupó el primer ranking de ataques a la prensa desde 2013 a 2017 de manera consecutiva. En 2018, la entidad con más ataques fue Veracruz, con 57; le siguió Coahuila, con 47; y Puebla, con 45.

Otras de las entidades máss peligrosas para el ejercicio del periodismo en México, son Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, y Guerrero, las cuales registraron cientos de denuncias por ataques en el sexenio pasado.

9 de cada 10 periodistas se han sentido alguna vez amenazados o en riesgo: estudio

Los tipos de agresiones más frecuentes en los últimos seis años fueron la intimidación y el hostigamiento, la amenaza, el bloqueo o remoción de información, el ataque físico o material, y la privación de la libertad del comunicador.

Mientras que los principales agresores fueron funcionarios públicos. Solo en 2018, 230 agresiones fueron cometidas por servidores públicos, concentrando el 42% del total de los ataques, o 4 de cada 10.

La organización ha contabilizado que desde el año 2000, en el país se han asesinado a 124 periodistas.

Te puede interesar: Termina 2018 y México se mantiene como uno de los países más peligrosos para periodistas

El fracaso de la protección a periodistas

Otro de los puntos críticos del informe de Artículo 19, es el “fracaso” de los diferentes mecanismos gubernamentales para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos.

De acuerdo con datos de la organización civil, desde el 2012 el Mecanismo de Protección a Periodistas, de la Secretaría de Gobierno, recibió 747 solicitudes de incorporación, pero dicho Mecanismo no ha ayudado a prevenir las agresiones.

De hecho, apenas el pasado 21 de enero de este año, fue asesinado el periodista Rafael Murúa Manríquez, de la radio comunitaria Radiokashana, quien estaba incorporado al Mecanismo de Protección desde junio de 2017 por presuntas amenazas del alcalde del municipio de Mulegé, en Baja California Sur.

Por otra parte, Artículo 19 destacó la nula efectividad de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometido contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

“La efectividad de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) es de 0.87%. El 99.13% de las agresiones denunciadas por periodistas ante esta fiscalía quedan impunes”, subrayó Ana Ruelas, directora de Artículo 19.

“Y para ilustrar el fracaso -añadió Ruelas-, es importante señalar que, en seis años, la FEADLE ha obtenido solo 10 sentencias condenatorias en delito cometidos contra periodistas derivados de investigaciones iniciadas desde 2012. Un récord muy deficiente que consiste en lograr poco más que una sentencia por año en un pais en el que, en ese mismo tiempo (2012-2018), se registraron 2 mil 530 agresiones contra periodistas en probable vínculo con su labor”.

De las 10 sentencias, Artículo 19 destaca el dato de que, al menos en seis de ellas, se puede inferir que en la comisión del crimen está relacionado con algún funcionario público.

Publicidad oficial

En la administración de Peña Nieto se gastaron 60,237 millones de pesos en publicidad oficial, y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que se reducirá el gasto de publicidad un 50%, Artículo 19 refirió que se necesita una política pública clara y transparente sobre  cómo se distribuye el gasto y la publicidad institucional.

Solo en 2018, diez medios de comunicación se beneficiaron del 48.3% de los 7 mil 849 millones de pesos que gastó el gobierno federal en publicidad. Entre estos medios, los más beneficiados fueron Televisa (mil 258 millones de pesos), Estudios Azteca (808 millones), El Universal (313 millones), Grupo Imagen (297 millones) y Grupo Fórmula (240 millones).

“La publicidad oficial es el pretexto para esperar que la prensa mexicana ofrezca una cobertura favorable al gobierno en turno”, señaló Artículo 19, haciendo referencia una declaración de relatores de la ONU.

Sobre este punto, Ana Ruelas dijo que la libertad de expresión y el derecho a la información son derechos “que no se han garantizado con éxito” en un contexto “plagado de información sesgada, incompleta, dictada y pactada”.

“El Estado mexicano está obligado a evitar que la publicidad oficial se utilice como mecanismo de censura indirecta, así como a impedir que los montos asignados a publicidad oficial se traduzcan en el control de líneas editoriales”, recalcó.

En cuanto a los pendientes del actual gobierno, señaló Artículo 19, está el de crear una política integral de protección a la prensa, pues desde que inicio el actual sexenio van cuatro periodistas asesinados: Santiago Barroso, Reynaldo López , Rafael Murúa y Jesús Ramos Rodríguez.

La organización pidió reconocer que los ataques a la presa derivan de la impunidad y exigió poner fin a ésta, por lo que demandó una Fiscalía “verdaderamente autónoma” y que el gobierno reconozca que el acceso a la información y la transparencia es un logro de la sociedad civil mexicana.

Lee el informe completo:

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'Me apuntó directamente y me disparó en el ojo': las denuncias de violaciones a derechos humanos en Chile

Amnistía Internacional publicó un informe que asegura que, desde el comienzo de las manifestaciones en Chile, ha existido una "política deliberada" para "dañar a los manifestantes".
21 de noviembre, 2019
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“(Un) Carabinero de las fuerzas especiales me apuntó directo a la cara, a 8 metros mío, quedé mirándolo fijamente y me disparó en el ojo”.

Las palabras son de Diego Foppiano, un estudiante de ingeniería de la Universidad Diego Portales que resultó herido mientras participaba de una de las manifestaciones que se han llevado a cabo en Chile desde el 18 de octubre.

Tras el incidente, el joven se dirigió rápidamente al hospital pero, a pesar de los esfuerzos médicos, terminó perdiendo completamente la vista de su ojo izquierdo.

Hoy todavía tiene el perdigón —el proyectil con el que Carabineros le disparó— inserto en su ojo y está recibiendo atención psicológica debido al trauma.

El caso de Diego no es aislado. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, 2.300 personas han resultado lesionadas por el uso de la fuerza de las policías en las marchas y, de ellas, 220 tienen un trauma ocular severo.

protestas chile

Diego Foppiano
Diego Foppiano perdió su ojo izquierdo tras recibir un perdigón por parte de la policía chilena. De acuerdo con el Colegio Médico, 140 personas quedarán con ceguera de un ojo producto de las lesiones.

En conversación con BBC Mundo, Rosa Balcells, médico de la unidad de trauma ocular del hospital El Salvador, asegura que “las lesiones que nos ha tocado ver en el contexto de estas manifestaciones son muy graves, con daños severos del ojo y en un número altísimo de pacientes”.

Y así es como hoy, en muchas de las protestas, se ven a los manifestantes sosteniendo carteles que dicen cosas como “los ojos perdidos no serán en vano” y “aunque nos saquen los ojos, ya vimos”.

BBC Mundo ya había constatado esta “epidemia” de lesiones oculares que desde principios de noviembre tiene en alerta a las autoridades chilenas y que no tiene precedentes en el mundo de acuerdo con el presidente de la sociedad de oftalmología de Chile, Dennis Cortés.

Ahora, la organización Amnistía Internacional publicó un crudo informe sobre la situación en el país sudamericano luego de enviar una misión especial que documentó los sucesos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre.

El informe asegura que, desde que comenzaron las protestas, ha existido una “política deliberada” para “dañar a los manifestantes”.

“Castigo” a la población: el duro informe de Amnistía Internacional

En el documento emitido por Amnistía Internacional —una organización global con representación en más de 150 países—, se afirma que las fuerzas de seguridad, bajo el mando del presidente Sebastián Piñera, “están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta”.

Estos ataques —se agrega— han dejado un saldo de cinco muertos y “miles de personas torturadas, maltratadas o gravemente lesionadas”.

protestas chile

Getty Images
“La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes”, dijo Erika Guevara Rosas.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, afirmó que la responsabilidad de estos hechos ocurridos en Chile no se agota con la persona que “apretó el gatillo”.

“Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”, dijo.

Por otra parte, el informe explica que las violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad “no son hechos aislados o esporádicos” sino que responden a un “patrón consistente” y a un “modus operandi” por parte de Carabineros.

Dentro de este patrón, está el de los daños oculares y la pérdida irreversible de la visión de un centenar de personas.

“La organización ha documentado 14 casos de daños a la integridad física, siete de ellos por lesiones oculares irreparables, y ha corroborado casi 20 operaciones policiales de este tipo a través de la verificación de imágenes”, dice.

“Este análisis demuestra que carabineros (y en menor medida el ejército) ha usado escopetas tipo Benelli M3 y Escorts Aimguard con munición potencialmente letal de forma injustificada, generalizada, indiscriminada y en muchos casos apuntando a la cabeza”, agrega.

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Getty Images
Según el informe de Amnistía Internacional, Carabineros ha utilizado escopetas de forme “injustificada, indiscriminada y en muchos casos apuntando a la cabeza”.

Un caso emblemático que expone el documento es el de una niña de 15 años que recibió “múltiples perdigones de un policía que disparó desde un coche oficial en movimiento”.

“Los perdigones le impactaron el ojo izquierdo, la parte frontal de la cabeza, el hombro y el cuello”, dice.

“Tortura y malos tratos”

Hasta el momento, Amnistía Internacional ha documentado 23 casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre, además de 5 muertes por agentes de seguridad durante el estado de emergencia impuesto por el gobierno en los primeros días de la crisis.

En el documento, se hace referencia a tres tipo de abuso policial.

El primero, es el “uso letal de la fuerza”, donde se afirma que el ejército “usó armamento letal de forma indiscriminada contra manifestantes desarmados en al menos cuatro eventos”.

Uno de los casos que se cita es el de Romario Veloz, un ecuatoriano de 26 años que murió después de que un “militar le disparara en el cuello”.

El segundo, es el referente a “tortura y malos tratos”.

“Además de un caso de muerte por maltrato policial, Amnistía Internacional ha documentado por ahora tres casos de tortura, incluyendo tortura sexual”, se señala.

En este punto, se expone el caso de Josué Maureira quien, de acuerdo con la institución, fue “violado con un bastón cuando se encontraba en custodia policial”.

“Adicionalmente, varios carabineros lo lesionaron con un objeto corto punzante en los glúteos, lo golpearon, patearon e insultaron por su orientación sexual”, se agrega.

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Durante más de un mes se han producido diversas manifestaciones en las principales ciudades de Chile donde se exige mayor igualdad y terminar con los “abusos”.

También se afirma que la organización documentó la práctica de las fuerzas de seguridad de “atropellar o intentar atropellar” a los manifestantes.

Por último, el informe habla sobre “lesiones graves y armas potencialmente letales”, afirmando que ha habido un uso “constante e inadecuado” de escopetas en las protestas. En este punto, se aborda los impactos de perdigones en los ojos.

También se hace referencia al uso “inadecuado y en cantidades alarmantes” de gases lacrimógeno, así como también al uso de granadas de humo con “posible contenido de hexacloroetano, un agente extremadamente tóxico”.

Finalmente, Amnistía Internacional advierte que “en varias ocasiones las autoridades han obstaculizado la labor de abogados, defensores de los derechos humanos y personal médico”, y entrega algunas recomendaciones.

Entre ellos, el cese de la “represión de manera urgente”, la investigación de la responsabilidad del mando en las violaciones a los derechos humanos, la atención de las demandas de los ciudadanos y, por último, una reforma “seria y profunda” de la policía.

¿Qué dice Carabineros?

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Carabineros asegura que hay más de 1.900 oficiales lesionados.

Consultado por BBC Mundo, el portavoz de Carabineros, coronel Julio Santelices, aseguró que todos los casos deben investigarse.

“No corresponde calificar anticipadamente antes de investigar. Nosotros pedimos que se investigue y se establezca una verdad jurídica”, dijo.

Además, Carabineros asegura que hay más de 1.900 policías lesionados de distintas consideraciones y reclaman que han recibido impactos de bombas molotov y objetos contundentes.

Con todo, el mes de movilizaciones en Chile ha traído consecuencias. Para algunos, como Diego Foppiano, serán heridas que quedarán para siempre.

Pero él parece estar tranquilo y dice que espera que todo esto haya valido la pena.

“Ojalá que mi ojo perdido sirva para que cambien las cosas en este país”, concluye.


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