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La Policía Federal está en “quiebra”: debe casi 2 mil 500 millones y no tiene para pagar

A meses de su desaparición, no hay datos que prueben su efectividad para prevenir delitos. Su división de Gendarmería termina con menos del 10% de elementos que se pretendía reclutar.
Cuartoscuscuro
15 de abril, 2019
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A 18 meses de su potencial desaparición, la Policía Federal está, coloquialmente hablando, en quiebra.

La corporación federal – que será gradualmente desplazada por la nueva Guardia Nacional- tiene un adeudo reconocido de casi 2 mil 500 millones de pesos por pagos pendientes en múltiples conceptos, desde gasolina para sus coches, pasando por viáticos y hospedajes, hasta indemnizaciones para sus elementos.

Y lo que es peor: la dependencia reconoce que no cuenta con dinero suficiente para pagar dichos adeudos que van en ascenso. Sus recursos apenas le alcanzan para mantener su operación.

El Sabueso: Morena dice que Fuerzas Armadas violan menos derechos que la Policía Federal, ¿es cierto?

Esta es la realidad económica que enfrenta hoy la Policía Federal, una corporación  que además ha sido cuestionada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debido a la falta de resultados que prueben su eficacia en prevenir el delito, y al fracaso en el reclutamiento de su división de Gendarmería, que no logró contar ni con el 10% de la meta de elementos.

Animal Político obtuvo vía transparencia datos oficiales que evidencian el tamaño de la crisis económica que tiene la corporación.

En el oficio número PF/OCG/DGE/1309/2019, la Policía Federal detalla que tiene un adeudo total, con corte a febrero pasado, de 2 mil 460 millones 248 mil 776 pesos con 24 centavos. Dicha cantidad es resultado de la falta de pago por bienes y servicios en 14 rubros distintos.

El adeudo más elevado es del orden de 1 mil 308 millones de pesos y corresponde a servicios de traslado y viáticos no cubiertos. En diversas ocasiones en los últimos años este problema ha quedado al descubierto con el reclamo de hoteleros que han hospedado a elementos de la corporación sin recibir el pago pactado, lo que a su vez ha provocado que la Policía Federal tenga incluso que dejar a sus efectivos en campamentos improvisados.

El segundo adeudo más alto es de casi 533 millones de pesos por  servicios básicos no cubiertos, entre ellos pagos de agua y de luz. Le sigue una deuda de 234 millones 283 mil pesos por concepto de vestuario, blancos y prendas de protección; y otra de 92 millones 635 mil pesos por pagos adeudados a personas que prestaron diversos servicios profesionales, técnicos, entre otros.

Lee: Policía Federal gasta 23 mil mdp para prevención del delito, pero no disminuye la violencia

Le siguen adeudos de 64 millones 645 mil pesos en alimentos y utensilios; de 28 millones 667 mil pesos en medicamentos y productos químicos; de 24 millones 982 mil pesos en servicios financieros, bancarios y comerciales; de 23 millones 400 mil pesos en diversos materiales de administración; y de más de 13 millones 724 mil pesos en pago de diversos arrendamientos.

La Policía Federal también registra un adeudo de 4 millones 861 mil pesos en la partida destinada al pago de combustibles, lubricantes y aditivos.

Incluso tiene registrado un adeudo de más de 450 mil pesos por servicios de publicidad y comunicación social; y de 409 mil pesos en herramientas y refacciones menores.

Finalmente registra una deuda de casi 200 mil pesos, derivado de resoluciones judiciales adversas, pago de indemnizaciones y liquidaciones, así como pérdidas en el erario.

Y no tiene con qué pagar

En el referido oficio la Policía Federal reconoció que no cuenta con los recursos suficientes para cubrir el pago de los adeudos, por lo que la única alternativa será buscar una ampliación al presupuesto que les fue autorizado para este año.

“La estrategia (para cubrir los adeudos) es la absorción de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como ampliación al presupuesto del ejercicio actual, a fin de cubrir dichos compromisos”, indica el documento.

Hasta el momento, de acuerdo con fuentes consultadas, dicha ampliación del presupuesto para la Policía Federal no ha sido autorizada por lo que tampoco hay recursos para cubrir las deudas.

Cabe señalar que para 2019 el Congreso autorizó un presupuesto para la Policía Federal por un monto de 26 mil 233 millones de pesos, cifra que representa un recorte de poco más de mil millones de pesos en comparación con el año pasado.

De las dudas en su eficacia a las acusaciones de corrupción

La Policía Federal creció de forma significativa en los últimos tres sexenios, tanto en infraestructura humana y material, así como en responsabilidades. Pasó de ser una fuerza destinada exclusivamente a la contención en el sexenio de Vicente Fox (denominada Policía Federal Preventiva), con menos de 10 mil elementos, a convertirse en la corporación abocada fuertemente a la investigación, con seis divisiones, y casi 40 mil efectivos.

Incluso en el sexenio de Felipe Calderón, la Policía Federal fue la corporación a la que se apostó el desarrollo de equipos científicos, de inteligencia y de combate a las drogas, en detrimento de la Policía Ministerial de la PGR.

Sin embargo, no existe hasta ahora evidencia verificable que permita concluir que la Policía Federal ha contribuido de forma realmente efectiva a mejorar las condiciones de seguridad en el país, función primaria de esta corporación, pues a ella se le destina más del 90% del presupuesto que, año con año, se autoriza a nivel federal para la prevención del delito.

Así lo ha concluido en múltiples ocasiones la Auditoría Superior de la Federación. Por ejemplo, apenas en su informe general, presentado en febrero pasado, relativo a la cuenta pública 2017, los auditores encontraron que, en efecto, la Policía Federal realizó más de 7 mil 400 operativos y 481 operaciones basadas en indicios científicos, superando las metas planteadas.

“Sin embargo no se acreditó que los operativos se orientaran a prevenir el delito y a combatir las causas de la delincuencia (…) la corporación desconoció su contribución a la mejora de las condiciones de seguridad en el país”, señala la conclusión de los auditores.

Los datos de incidencia delictiva tampoco son favorables para la Policía Federal. Basta recordar que la tasa de homicidios de 2018 en el país fue de 23.12 casos por cien mil habitantes, la más alta de la que se tenga registro en las últimas dos décadas.

Cuando en noviembre pasado el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció su estrategia de seguridad, el hoy secretario de Seguridad Ciudadana Alfonso Durazo sostuvo que la Policía Federal era un cuerpo de seguridad que además de ser ineficaz estaba perpetrado por hechos de corrupción significativo que hacían inviable su continuidad.

El fracaso de la Gendarmería

En el arranque de su sexenio el entonces presidente Enrique Peña Nieto planteó la posibilidad de contar con una nueva fuerza de seguridad federal llamada Gendarmería Nacional, la cual debería contar con, al menos, un estado de fuerza de 50 mil elementos.

Originalmente se pensó como una corporación independiente formada y capacitada por las fuerzas armadas, sin embargo, luego de falta de acuerdos en el propio gabinete de seguridad, se determinó que se incorporara a la Policía Federal como una séptima división denominada: División de Gendarmería.

Animal Político solicitó a la Policía Federal el estado de fuerza actual de cada división. La corporación respondió que en el caso de la de Gendarmería esta cuenta actualmente con 4 mil 710 elementos. Esa cantidad de efectivos es casi la misma que la de su primer año de funcionamiento (2014) y no es ni la décima parte del total de elementos que se buscaban.

En noviembre de 2017 este portal publicó los resultados de una auditoría de desempeño que la ASF realizó sobre la Gendarmería. El informe advertía, además de la ineficacia de la nueva división,  que el 80% de los aspirantes habían reprobado el proceso de control de confianza, motivo por el cual su estado de fuerza estaba muy lejos de la meta planteada.

En un intento desesperado por conjuntar más elementos la Policía Federal intentó incluso sumar elementos de otras divisiones y, de acuerdo con expolicías consultados, hubo hasta amenazas a varios elementos y mandos para que aceptaran la transferencia a la misma a cambio de que no se iniciarán procesos de sanción en su contra.

Se prevé que la División de Gendarmería sea una de las primeras que desaparezca con el nacimiento de la Guardia Nacional.

En vías de extinción

El proyecto de la Ley de la Guardia Nacional (ya aprobada constitucionalmente), que el gobierno entregó al Senado la semana pasada,  establece que esta asumirá el 100% de las funciones de la Policía Federal, corporación que deberá transferir a la misma todos sus recursos humanos, materiales y económicos.

De acuerdo con el documento, que aún está sujeto a revisión y aprobación del Senado, se prevé que dentro de los primeros 30 días posteriores a la entrada en vigor de la ley las divisiones de Fuerzas Federales y Gendarmería sean transferidas a la Guardia Nacional. Se trata de poco más de 18 mil efectivos en total.

Posteriormente, en un plazo no mayor a 18 meses, las divisiones restantes (Antidrogas, Científica, Inteligencia, Investigación y Seguridad Regional) también deberán ser transferidas, con lo cual quedará oficialmente finiquitada la Policía Federal.

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Getty Images

Familia LeBarón: qué se sabe de la comunidad mormona que perdió a 9 de sus integrantes en un ataque

Se establecieron en México en los 1920 después de separarse de la iglesia mormona en EU y prosperaron con la producción de nueces en una zona que ahora es controlada por grupos afiliados a carteles de la droga.
Getty Images
5 de noviembre, 2019
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Coche calcinado

Reuters
La familia dijo que fue “una masacre”.

“Esta es una zona de guerra y desde hace tiempo estamos pidiendo ayuda”.

Así lo dijo este martes Julián LeBarón al informar a los medios sobre la emboscada que mató a al menos nueve miembros de su familia, la mayoría niños.

Los hechos ocurrieron en el límite de los estados de Chihuahua y Sonora, en el norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos.

La “masacre”, como la describió Julián LeBarón a los medios, ocurrió cuando tres mujeres que viajaban en tres vehículos con 14 niños fueron emboscadas por un comando armado. Al menos nueve personas murieron, entre ellos seis niños, y ocho menores lograron escapar.

Las mujeres se estaban trasladando desde un asentamiento en la localidad de Bavispe, en el estado de Sonora, hasta otro en La Mora, en Chihuahua.

Era un viaje que realizaban rutinariamente, según LeBarón, porque en ambas localidades están establecidos miembros de la familia que forman parte de la Colonia LeBarón, una rama fundamentalista de mormones que se estableció en la zona en los 1920.

También es una región de las sierras de Sonora y Chihuahua donde operan carteles de narcotraficantes.

Y en años recientes algunos miembros de la familia LeBarón se han visto enfrentados con habitantes de comunidades locales por el uso del agua en la región.

funeral de Le Barón

Getty Images
La familia LeBarón fue víctima de la violencia del crimen organizado en 2009 con el secuestro y asesinato de Benjamín LeBarón.

Tal como le dijo Julián LeBarón a Radio Fórmula, hasta ahora no se sabe quiénes eran los hombres armados que perpetraron el ataque.

“No sabemos, aquí operan los carteles y todo tipo de matones”, declaró.

Quiénes son los LeBarón

La comunidad fue establecida en la zona alrededor de 1924 por Alma Dayer LeBarón con varios miembros de su familia.

LeBarón se separó de la organización en Estados Unidos y emigró a México.

Dos de sus hijos, Joes y Ervil LeBarón fundaron en 1955 la Iglesia del Primogénito de la Plenitud de los Tiempos y la comunidad, que prosperó en la región principalmente con la producción de nueces, vivió de forma aislada en la zona manteniendo el inglés como principal idioma.

Fue en 2009 cuando el nombre LeBarón llegó a los titulares de los medios mexicanos junto con los graves problemas de inseguridad por el crimen organizado en la zona.

Primero fue el secuestro de Erick LeBarón, de 17 años, por cuya liberación se exigió un millón de dólares.

La comunidad de los LeBarón anunció públicamente su decisión de no pagar el rescate y se manifestó tanto en medios nacionales como internacionales contra la creciente inseguridad de la región durante la llamada “guerra contra las drogas” que declaró el entonces presidente Felipe Calderón.

Así lograron que el joven fuera liberado. Pero meses después Benjamín, el hermano de Erick, y Luis Widmar Stubbs, otro miembro de la comunidad, fueron secuestrados y posteriormente asesinados.

Los responsables colocaron una manta frente a sus casas en la que indicaban que el asesinato era en respuesta al activismo de la familia contra la inseguridad.

Desde entonces los habitantes de la colonia LeBarón pidieron la creación de una policía civil para protegerse de los grupos criminales.

La medida fue apoyada inicialmente por algunos funcionarios públicos pero posteriormente fue rechazada.

Investigación

Tal como le dijo Julián LeBarón a Radio Fórmula, antes de los hechos de este lunes la familia había tenido amenazas.

“Se denuncio que hubo amenazas y le informamos a las autoridades (federales). Hubo la denuncia y estas son las consecuencias”, declaró LeBarón.

No se sabe, sin embargo, quiénes pueden ser los responsables.

Momentos después de los enfrentamientos entre el cartel de Sinaloa y la policía.

AFP
México ha vivido hechos particularmente violentos en las últimas semanas.

Una teoría es que las mujeres y los niños, que viajaban en vehículos SUV similares a los que usan los grupos de crimen organizado, fueron confundidos con grupos rivales.

La zona en el norte de México es disputada por dos grupos rivales, La Línea, que tiene vínculos con el cartel de Juárez, y “Los Chapos” que son parte del cartel de Sinaloa.

Ambos grupos se disputan la ruta de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Pero los miembros de la familia LeBarón también se han visto involucrados en enfrentamientos con agricultores locales.

En 2018 algunos miembros de la familia tuvieron una fuerte confrontación con ejidatarios que protestaron por lo que dijeron era el uso excesivo de agua de la comunidad LeBarón que estaba plantando cada vez más árboles de nogal que requieren una gran cantidad de agua para su producción.

Los reclamos de los ejidatarios, que comenzaron desde 2013, indicaron que esa “sobrexplotación del agua” había dejado sin el líquido a las comunidades aledañas.

Según informó entonces la revista Proceso, “los encargados y empleados del rancho (de los LeBarón) recibieron a los inconformes con disparos de arma de fuego e hirieron a un hombre en la rodilla”.

Los gobiernos de Chihuahua y Sonora emitieron una declaración conjunta indicando que se lanzó una investigación para esclarecer los hechos y que se enviaron fuerzas de seguridad adicionales a la zona.

Los violentos hechos del lunes han provocado una fuerte respuesta en redes sociales tanto en México como Estados Unidos ante lo que muchos ven como la creciente violencia en el país.

“El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que ha adoptado una política de no violencia y no confrontación con los poderosos carteles del país, pero sus críticos lo acusan de carecer de una estrategia de seguridad coherente”, señala Will Grant, corresponsal de la BBC en México.

“La presión sobre el gobierno está creciendo después de un episodio vergonzoso el mes pasado, cuando la policía en Sinaloa liberó al Ovidio Guzmán López, ‘El Ratón’, hijo del narcotraficante preso Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, luego de que sus hombres los superaran”, añadió.


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