El gobierno persigue migrantes y deja en promesa el discurso sobre derechos humanos
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Cuartoscuro

El gobierno persigue migrantes y deja en promesa el discurso sobre derechos humanos

En tan solo tres semanas de este mes abril, México detuvo a 11 mil 800 migrantes; 125% más que hace dos años.
Cuartoscuro
24 de abril, 2019
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Desde el arranque del nuevo gobierno, incluso desde la campaña electoral, el Ejecutivo lo ha repetido en múltiples ocasiones y a través de múltiples actores: en México, la nueva política migratoria se rige por el respeto a los derechos humanos, por atender las causas que originan la migración forzada, como la pobreza y la violencia en Centroamérica, y por dejar atrás el enfoque de la migración como un problema de seguridad nacional, que debe ser atendido con policías y soldados.

Sin embargo, cuatro meses después, el discurso de la nueva política migratoria contrasta con las estadísticas de detención, especialmente con la de abril, que se disparó más de un 100% en comparación con la de años anteriores.

Lo anterior con el recorte al presupuesto destinado a atender a los solicitantes de refugio, y, sobre todo, con la vuelta de operativos para detener a cientos de migrantes, como el del lunes pasado en Pijijiapan, Chiapas.

Ahí, a unos 150 kilómetros de la frontera con Guatemala, elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), escoltados por agentes de la Policía Federal, realizaron una redada masiva entre los 3 mil integrantes de una caravana migrante que, según alegó la autoridad, respondieron de manera agresiva ante un operativo de control.

El resultado fue una escena idéntica a las registradas especialmente en 2014 y 2015, en plena efervescencia del Plan Frontera Sur de Peña Nieto: niños, niñas, adolescentes, mujeres, y hombres migrantes corriendo en estampida por el monte para evitar ser uno de los 371 migrantes que, finalmente, fueron detenidos por el INM con la ayuda de la policía, y que, probablemente, serán deportados del país como los 204 migrantes que hace tan solo diez días, el 13 de abril, ya fueron expulsados a bordo de un avión gubernamental.

El impacto de las fotografías, de los videos y de los cables publicados por periodistas locales y por agencias internacionales de noticias, en los que se ven patrullas y camionetas de la Policía persiguiendo a migrantes con carriolas y bebés, fue tan fuerte que ayer martes buena parte de la plana mayor del gobierno federal salió a dar explicaciones en una conferencia conjunta entre Segob, Cancillería y el INM.

El comisionado del INM, Tonatiuh Guillén, subrayó que antes de la redada masiva el propio Instituto ofreció a muchos de los integrantes de la caravana detenidos la posibilidad de regularizar su estancia en México a través de las Tarjetas de Visitante Regional, que permite su estancia legal en el país, aunque la restringe exclusivamente a los estados del sur.

Pero estos la rechazaron y posteriormente, en el control migratorio, fueron detenidos, reaccionando algunos de manera violenta, por lo que se pidió la intervención de la Policía Federal.

“Sé que el escenario que se dio ayer fue complejo”, dijo el comisionado, quien lamentó la presencia de niños y adolescentes durante el operativo. “Pero todo se dio dentro de la norma y sin que hubiera ningún herido”.

En 22 días, casi 12 mil capturas

Por su parte, la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como el subsecretario de Migración, Alejandro Encinas, reiteraron que la política migratoria mexicana, basada en el respeto a los derechos humanos, no se ha movido ni una coma. Mientras que el canciller Marcelo Ebrard negó cualquier injerencia del gobierno de Estados Unidos en la política migratoria mexicana.

“En México tomamos nuestras propias decisiones”, subrayó Ebrard, cuando se le preguntó si es una “coincidencia” que el presidente Donald Trump felicitara a México vía Twitter por hacer más detenciones, pocos días después de que el 23 de marzo México detuviera a 107 migrantes en otro operativo, esta vez en la frontera de Tamaulipas, y luego de que las estadísticas de capturas repuntaran de manera especial este mes de abril.

Sobre este punto, el comisionado del INM informó ayer que entre el 1 y el 22 de abril suman ya 11 mil 800 detenciones de migrantes indocumentados.

Es decir, que a falta todavía de una semana para terminar el mes, las detenciones aumentaron un 40% en comparación con enero, cuando el INM detuvo a 8 mil 556; de hecho, esa cifra en el arranque del nuevo gobierno fue la más baja en cinco años, desde 2014.

Ahora bien, si se compara con el sexenio anterior, el dato de abril de 2019 es 3% mayor al del año pasado, y hasta 125% más en comparación con abril de 2017.

No obstante, cabe matizar que estos datos aún está lejos de los 16 mil 700 migrantes que se detuvieron en abril de 2016, y los 17 mil de 2015, los dos años que batieron todos los récords de capturas y de deportaciones de migrantes en México a raíz del Plan Frontera Sur.  

“La política migratoria no ha cambiado”

Ante estas estadísticas, y ante las nuevas redadas masivas para detener y deportar migrantes, ayer martes los medios de comunicación que asistieron a la conferencia cuestionaron a las autoridades cuál ha sido realmente el cambio de política migratoria en relación al gobierno anterior de Peña Nieto.

“Las cosas sí han cambiado profundamente. Y para darse cuenta, simplemente hay que ir ahora a Chiapas y ver toda la asistencia humanitaria que anteriormente no existía, y ver que ahora ya no hay un proceso de persecución (al migrante)”, recalcó el subsecretario Encinas, haciendo alusión, entre otras medidas, a la instalación por parte del INM de un nuevo albergue en Tapachula, Chiapas, para dar atención médica, sanitaria y alimentaria a miles de familias migrantes que están accediendo a México.

“Hay un esfuerzo enorme del gobierno federal, y de los gobiernos estatales, para dar atención médica y de alimentos en las estaciones migratorias y en los albergues”, añadió el comisionado del INM, que, incluso, dio un paso más al asegurar que “el cuidado al migrante desde el inicio de este gobierno ha sido extraordinario”.

No obstante, activistas defensores de migrantes, y organizaciones de la sociedad civil, no coinciden plenamente con este discurso.

Claudia León, coordinadora de incidencia del Servicio Jesuita a Migrantes, servicio que cuenta con una red de albergues para migrantes en todo el país, criticó en entrevista con Animal Político que, a pesar del cambio en el discurso de las autoridades, aún persisten viejas prácticas del pasado.

“En esta nueva administración se mostró una postura y un discurso distinto, más enfocado a derechos humanos, y a dar una imagen de puertas abiertas hasta cierto punto. Pero, en la práctica, estamos viendo que las cosas no han cambiado tanto”, apuntó la activista.

“Por ejemplo, hemos identificado que aún hay persecución y criminalización de migrantes, en concreto de algunas personas que han ejercido roles de liderazgo en las caravanas migrantes”, añadió León, en referencia a las críticas que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha hecho públicamente a la organización civil Pueblos Sin Fronteras, a la que el pasado 28 de febrero responsabilizó de reclutar a través de engaños a migrantes centroamericanos para las caravanas.  

“Y seguimos viendo que, en estados como Chiapas, los agentes de migración continúan coadyuvando con las policías federales, estatales y locales, para realizar detenciones, tal y como se hacía antes”, agregó.

Sobre este punto, Claudia León expuso que muchos migrantes continúan recurriendo a traficantes de personas, y a viajar por rutas peligrosas en autobuses, y en menor medida en el tren conocido como La Bestia, “porque la política migratoria no ha cambiado realmente”.

“La gente sigue recurriendo a transitar clandestinamente por rutas muy peligrosas porque aún no hay un cambio. De hecho, la preocupación que tenemos es no saber por dónde va esta nueva política. Porque, por poner un ejemplo, las tarjetas humanitarias que se proporcionaron en Ciudad Hidalgo, Chiapas, para regularizar la situación de los migrantes, fue una medida sumamente coyuntural, que no ha resuelto ni va a resolver la situación, y que, de hecho, el gobierno ya ha dejado de darlas”.

“Es decir -concluyó-, el gobierno está implementando medidas que desde la sociedad civil no entendemos muy bien cuál es su finalidad”.

“Preocupación y decepción”

Y desde Estados Unidos, la visión tampoco es muy distinta.

Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, una red de organizaciones civiles dirigidas por migrantes latinos en ese país, señaló en entrevista que ven el panorama actual en México “con preocupación y decepción”.

“No dejamos de reconocer que, cuando ganó López Obrador, sí hubo una reacción diferente, un deseo de querer marcar una diferencia en la política migratoria mexicana”, planteó Chacón.

“Pero, en la práctica, nos preocupa mucho que, aunque México enfatiza mucho el discurso de autonomía frente a Estados Unidos, sí pareciera que hay una actitud (de las autoridades mexicanas) de querer congraciarse con la administración Trump”.

Sobre lo anterior, Óscar Chacón planteó que Estados Unidos ha sido muy claro con los gobiernos de Centroamérica, a los que ha pedido que, a cambio de programas de ayuda y cooperación para el desarrollo, “busquen todas las formas posibles” para que la gente no migre hacia su país.

“Y a México también le ha pedido que haga lo suyo. Y lo suyo quiere decir que pare a los migrantes. Que no les permita transitar de manera libre hasta su frontera. Y más allá de lo que digan los funcionarios mexicanos, creo que en la práctica sí se aprecia claramente que hay una intención de estar en buenos términos con el gobierno de Estados Unidos”, finalizó.

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Bukele contra las maras: policías denuncian que los obligan a cumplir cuotas de detenciones en la guerra contra las pandillas

Representantes del gremio policial advierten que la detención masiva de pandilleros es una “bomba de tiempo” para un sistema carcelario que ya está sobrepoblado.
19 de abril, 2022
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Los policías capturaron a dos mujeres sospechosas de colaborar con las pandillas en El Salvador. Cuando las trasladaban en una patrulla, el inspector dijo a los agentes que incluyeran en su reporte a tres personas arrestadas en otros operativos como parte del régimen de excepción que aprobó el Congreso a finales de marzo para combatir a las maras.

Los agentes se negaron. El inspector advirtió que si no acataban la orden de presentar a los cinco detenidos dentro de un mismo procedimiento, serían enviados al otro extremo de El Salvador.

Finalmente fueron trasladados y los agentes lo denunciaron en un informe enviado a Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía, y al que tuvo acceso BBC Mundo.

Reyes explica a BBC Mundo que ese incidente fue el detonante que llevó al sindicato de la policía salvadoreña a denunciar que los jefes policiales exigen cuotas diarias de arrestos a sus agentes en un momento en el que el gobierno del presidente Nayib Bukele se propone capturar a 20.000 miembros de pandillas.

Bukele reclamó al Congreso que aprobara un régimen de excepción, que entra en su cuarta semana, y a modificar el código penal tras el aumento de homicidios el último fin de semana de marzo.

Esas medidas forman parte de lo que Bukele llama “guerra contra las pandillas” y por la que asegura que ya han sido detenidas 10.000 personas.

El sindicato policial asegura haber recibido 15 denuncias de imposición de cuotas de detención en seis de los 14 departamentos que conforman el país.

En BBC Mundo hablamos con Marvin Reyes, que denuncia las presiones pero comparte las medidas impulsadas por Bukele y el Congreso, de mayoría oficialista, contra las maras.

BBC Mundo solicitó al gobierno de Bukele y al comisionado de la Policía, Mauricio Arreaza Chicas, un comentario sobre la denuncia pero hasta el momento de la publicación no obtuvo respuesta.


Marvin Reyes

Marvin Reyes
Marvin Reyes es el secretario general del movimiento de trabajadores de la Policía Nacional Civil de El Salvador.

¿Qué está pasando con las detenciones de los pandilleros durante el régimen de excepción?

Algunos oficiales que dirigen unidades policiales en diferentes partes del país están imponiendo cuotas de detenidos por día. Por ejemplo, en el municipio de Ciudad Delgado, en San Salvador, le están imponiendo a cada patrulla seis detenidos por día. Los compañeros que están en esa zona dicen que no pueden llegar a veces a ese número porque ya no hay pandilleros allí, han huido a otros sectores para esconderse.

No estamos en una competencia para ver qué unidad policial captura más pandilleros. El objetivo de esto es sacar de circulación a aquellos delincuentes que están vinculados a las pandillas. Para eso hay mecanismos, los aparatos de inteligencia ya tienen identificadas las estructuras de las pandillas, los que colaboran con ellos.

Los esfuerzos de los agentes de la policía están enfocados hacia esta gente, pero no para generar un aspecto de presión para que lleguen a un determinado número. En eso no estamos de acuerdo, porque se está empujando al policía a que capture incluso a alguien que no tenga que ver con pandillas, y para llenar ese cupo, meterlo ahí junto con los demás.

¿Qué dicen los jefes policiales? ¿Qué han respondido después de estas denuncias?

Absolutamente nada. No responden, ignoran las denuncias que se están haciendo. Y el director de la policía, el comisionado Mauricio Arreaza Chicas, tampoco responde. Él no está intercediendo por la gente, simplemente está ignorando las acciones que están cometiendo jefes territoriales. El director debería interceder y evitar que se generen estos traslados.

Nayib Bukele

Getty Images
El presidente Nayib Bukele pidió al Congreso aprobar la medida del régimen de excepción.

¿Es verdad que recibieron la orden de detener a los pandilleros de la MS-13 y no a los de Barrio 18?

Es verdad. Hemos recibido muchas denuncias de varios departamentos del país donde los oficiales le han dicho al personal que tienen bajo su mando que no detengan a pandilleros de Barrio 18, no importa si es la facción sureña o revolucionaria. Que se enfoquen en los de la pandilla MS.

No sabemos cuál es el motivo. Los oficiales dicen al personal que son órdenes superiores. Eso es lo único que hasta el momento hemos podido recabar porque no hemos encontrado una razón.

¿Es factible detener a más de 10.000 personas en dos semanas, como ha informado el gobierno?

Sí, porque la policía lleva sus registros de personas detenidas con lujo de detalles.

Manos esposadas.

Getty Images
Los hombres que llevan tatuadas marcas de las pandillas son detenidos en El Salvador.

¿Qué diferencia hay entre el régimen de estado de excepción y otros operativos de seguridad anteriores que se han aplicado para combatir a las pandillas?

El código penal ha sido modificado para que la sola pertenencia a las pandillas sea motivo de delito. Para un miembro de pandillas son 30 años de cárcel. Para un colaborador son 15. Eso no existía antes. Era muy difícil establecer que un sujeto pertenecía a una pandilla, había que reunir alrededor de 12 requisitos por cada pandillero. Ahora es más rápido.

Sabemos que un tipo que anda tatuado claramente pertenece a la pandilla y va preso. Mediante los aparatos de inteligencia de la policía, entrevistas y otros parámetros, se tienen que establecer indicios para determinar la pertenencia a la pandilla de quienes no están tatuados y aplicar la ley.

Aquí hay mucha gente que ha estado colaborando con las pandillas.

Mucha gente ha vivido a expensas de estas colaboraciones y tienen carros y casas lujosas. No se tatúan y pasan como personas normales, pero están colaborando directamente con las pandillas. Esta gente también va presa y lleva 15 años de cárcel.

¿Existe el riesgo de que por ser ahora un proceso más expedito metan presa gente inocente?

Eso es lo que no se debe hacer. En la policía no debe existir el margen de error porque no podemos estar metiendo gente inocente a la cárcel. Es el cuidado que se tiene que tener para establecer plenamente aquellos que no están vinculados a la pandilla.

El Salvador

Getty Images

¿En cuánto se estima la población pandillera de El Salvador?

Estimamos que son alrededor de 70.000 pandilleros solo de la MS a nivel nacional. Hay que multiplicar los colaboradores por cinco o seis. Sobre la 18 hablamos de unos 20.000 a nivel nacional. Hablamos aproximadamente de unos 100.000 pandilleros diseminados por todo el territorio de El Salvador.

¿Qué impacto pueden tener estas detenciones masivas en la población carcelaria?

Esto es una bomba de tiempo. Ya había una sobrepoblación, quizás del 200% o 300% en casi todas las cárceles del país. Y meter a esta gran cantidad de detenidos va a generar más problemas de los que ya tiene el régimen carcelario. Las cárceles no tienen la capacidad ni están diseñadas para albergar a esa gran cantidad de población. Se va a sobresaturar el sistema.

Las autoridades de centros penales tendrán que buscar un mecanismo para contener a toda esta gente. Buscar algún edificio temporal que puedan adecuar rápidamente para mover a tanta gente. Las bartolinas de la policía, las cárceles pequeñas preventivas dentro de cada base policial, son limitadas. Las más grandes pueden contener 125 personas máximo.

Hombre detenidos en una prisión en El Salvador

Getty Images
Marvin Reyes asegura que las detenciones agravarán el hacinamiento carcelario en El Salvador.

¿Es posible que las pandillas aprovechen las cárceles como un espacio para encontrarse y reorganizarse?

Podría ser. Es una gran posibilidad porque el delincuente siempre está buscando la manera de contrarrestar o superar las acciones de las autoridades, sobre todo los planes de seguridad y los métodos carcelarios. Lógicamente ellos van a tratar de causar inestabilidad dentro del sistema penitenciario.


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