Habitantes de Xochimilco denuncian omisión del gobierno de CDMX ante despojo violento
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Habitantes de Xochimilco denuncian omisión del gobierno de CDMX ante despojo violento

Los pueblos originarios de esa alcaldía se han visto obligados a defenderse de invasores que ocupan terrenos de zonas protegidas a punta de pistola. Las autoridades argumentan que son personas "necesitadas de una vivienda".
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Los 14 pueblos originarios de la alcaldía Xochimilco mantienen una pelea desde hace más de 20 años contra invasores que se han apropiado de sus tierras con armas y amenazas. La batalla ha sido judicial, ante Derechos Humanos y en diversas instancias de gobierno, donde incluso han obtenido fallos a su favor. Sin embargo, ninguna resolución se ha ejecutado, por lo que los habitantes de esa demarcación del sur de la Ciudad de México recurren a lo único que tienen: la unión vecinal.

Uno de los más recientes intentos de estos pobladores por rescatar su territorio -considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987- fue acercarse a la nueva jefa de Gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum, después de que ganó la elección en julio de 2018. Según los representantes de dichos pueblos, ella los visitó y les explicó por qué más de cinco mil familias se han apropiado con violencia de terrenos que, además de no ser suyos, no deben tener uso habitacional. “Lo hacen porque tienen necesidad de vivienda”, aseguran que les dijo Sheinbaum en su visita.

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El abogado de los pueblos, Miguel Ángel Elizalde, asegura que más de mil viviendas han sido construidas sobre suelo de conservación en los últimos dos años, “y no se puede alegar pobreza porque ya están terminadas, construir no es barato”, replicó.

Tras una conferencia en la que expusieron su caso, los representantes de Xochimilco relataron a Animal Político la desgracia que cayó sobre su demarcación en las últimas seis administraciones, durante las cuales la lucha por el poder político ha despojado a decenas de familias de su patrimonio y ha estropeado el ecosistema.

“En esta zona se han venido a asentar grupos muy violentos de fraccionadores clandestinos aliados con el poder público y todos cuentan con armamento: Antorcha Popular, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata. Estos grupos han contado con protección total de los gobiernos de Juan González Romero, Faustino Soto Ramos, Uriel González Monzón, Manuel González, Avelino Méndez Rangel y al actual alcalde, Juan Carlos Acosta”, puntualizó el representante legal.

De acuerdo con el relato conjunto de siete habitantes que expusieron su caso, estos grupos son pagados por la misma delegación para instalarse en terrenos “de labor”, es decir, que no están habitados sino que se usan para siembra, principalmente. Si encuentran resistencia, amenazan con armas y con golpeadores que se enfrentan hasta con personas mayores.

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Si logran asustar al dueño y se va, simplemente se quedan con el terreno, y aunque él regrese con documentos a intentar reclamar su tierra, los invasores muestran otros apócrifos y empieza un litigio que puede llevar años para comprobar la propiedad del predio. Todo esto lo promueven las autoridades, según los pobladores originarios, a cambio de apoyo político para mantenerse en el poder.

“Los originarios vivimos en el Casco del pueblo y las tierras de labor están en la periferia. Llegan con un montón de tiliches, con personas de la tercera edad y niños para que llegue derechos humanos e impida tocarlos. Se instalan casuchas, el cabecilla les da 10 mil pesos y ahí te quedas. Te avisan que están invadiendo tu terreno, te encañonan y te vas. Levantas un acta pero los dos tienen papeles, ¿cuál servirá? Te vas a procesos muy largos, donde tú que eres pobre, no tienes para pagar un abogado. Las personas se mueren y no recuperan su terreno”, relata Elvia Solares, integrante del Colectivo Santa María Nativitas Zacapan.

Según el abogado Elizalde, por lo menos el 60% de las 12 mil 500 hectáreas que comprende el territorio de la demarcación ha sufrido daños por invasiones. Asegura que en 1997 había 179 asentamientos irregulares en toda la demarcación, actualmente esa cifra ya creció a 700 y hay más de tres mil 660 hectáreas en litigio ante las procuradurías Ambiental, General de Justicia y ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

En todos los casos hay elementos para ganar -algunos ya los han ganado- pero no se pueden ejecutar las sentencias porque la autoridad alega que existe “una imposibilidad de carácter material” para darles cumplimiento. En muchos otros casos, el propietario es un habitante originario cuyo predio fue heredado por sus ancestros a través de un documento emitido bajo los usos y costumbres del pueblo, que acredita la propiedad pero no está a nombre del heredero, lo que causa que los judiciales que acuden al domicilio no lo reconozcan como propietario.

Inclusive a algunos de los que han interpuesto recursos legales, les ha salido el tiro por la culata. La familia de Jorge Corrales, también integrante del Colectivo Santa María Nativitas, ha sufrido invasiones violentas en las que los golpeadores han llegado a pedirle a su hijo “calma a tu papá o yo sí me lo chingo”, cuando el señor intentó defender sus terrenos. La invasión acabó en litigio y, aunque el fallo le favoreció, él otorgó el perdón a los invasores, quienes después interpusieron otra demanda contra él.

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Existen dos sentencias que obligan a los gobiernos de la Ciudad y de Xochimilco a resolver esta problemática: una del Juzgado Primero de Distrito con fecha 28 de abril de 2014, que ordena la reubicación de 137 asentamientos humanos irregulares fuera de la demarcación, así como la demolición de 23 mil viviendas y la restauración ambiental de suelos. La segunda fue dictada en el Juzgado Décimocuarto de Distrito de octubre 2017, que ordena la restauración integral de suelos.

“Entre estas dos sentencias no se ha dado una sola acción de gobierno tendiente a ejecutar los procedimientos”, lamenta el abogado Elizalde. Además, la Comisión de Derechos Humanos del -entonces- Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 19/2012 por violaciones al derecho a un medio ambiente sano, derivadas del establecimiento de asentamientos humanos irregulares en el Área Natural Protegida ‘Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco’.

Las recomendaciones han sido ignoradas por las autoridades hasta ahora, advierten los xochimilquenses, igual que las 31 resoluciones que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad publicó de 2003 a 2010. Una de ellas fue admitida por la doctora Claudia Sheinbaum en 2003, siendo entonces Secretaria de Medio Ambiente capitalina. La resolución le ordenaba retirar los asentamientos humanos irregulares de la zona chinampera frente al barrio 18, así como sanear el suelo.

El área conocida como Ciénaga Chica, reza la resolución de la PAOT, está considerada por la Ley de Desarrollo Urbano como parte del suelo de conservación; por el Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación Xochimilco con uso de Preservación Ecológica y por el Programa de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal con uso Agroecológico Especial, “por lo que los asentamientos humanos irregulares ahí instalados contravienen dichos ordenamientos jurídicos”.

Además, la procuraduría acreditó que los asentamientos humanos irregulares que se han ido estableciendo en la zona obtienen servicios de energía eléctrica y agua potable mediante tomas clandestinas, contraviniendo lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Urbano.

“Sheinbaum la aceptó pero no la ejecutó, la dejaron crecer. De 100 familias que tenían que sacar en ese momento ya son más de cinco mil y sigue entrando gente”, indicó Elizalde. Por ello, hoy que la funcionaria es jefa de Gobierno, los pobladores originarios de Xochimilco exigen que las sentencias, recomendaciones y ordenamientos ya existentes, simplemente se cumplan. Mientras tanto, defienden sus propias tierras y las de sus vecinos cuando algún extraño llega a invadirlas, pues saben que la policía no va a defenderlos.

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Shibu Philip

Trabajo en casa y COVID-19: 'Vigilo a mis empleados con un programa que toma fotos de sus pantallas'

Muchas personas se encuentran con dificultades para trabajar desde casa, pero ¿ayudaría a mejorar su productividad la tecnología de vigilancia?
Shibu Philip
29 de septiembre, 2020
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Shibu Philip

Shibu Philip
La firma de Shibu Philip ha utilizado el software de vigilancia Hubstaff durante el último año y medio.

Shibu Philip dice que sabe lo que es “perder un poco de tiempo en el trabajo”.

Es el fundador de Transcend, una pequeña empresa con sede en Londres que compra productos de belleza al por mayor y los revende online.

Durante el último año y medio, ha utilizado el software Hubstaff para realizar un seguimiento pormenorizado de las horas de trabajo de sus trabajadores, para saber qué teclean, cuáles son los movimientos de su ratón y los sitios web que visitan.

Con siete empleados en la India, dice que el software le garantiza que tienen “cierto nivel de responsabilidad” y ayuda a cubrir la diferencia horaria.

“Yo mismo me conozco. La gente puede tomarse un descanso extra de 10 minutos aquí o allá. Es bueno tener una forma automática de monitorear lo que están haciendo”, dice Shibu.

“Al mirar las capturas de pantalla y el tiempo que todos dedican a determinadas tareas, sé si siguen los procedimientos o no”.

“Y, si lo están haciendo mejor de lo que esperaba, también estudio el material recopilado y les pido que compartan ese conocimiento con el resto del equipo para que todos podamos mejorar”, dice.

Los empleados son plenamente conscientes de que el software está activo.

Además, pueden eliminar el tiempo dedicado a visitar sitios web que podrían haber sido registrados por accidente durante su descanso, por ejemplo, agrega Shibu.

Trabajando desde la cama

Getty Images
Si eres de los que ha tenido que colocar la laptop sobre una pila de libros de cocina durante la pandemia o te ha tocado quejarte de la velocidad del internet de tu casa, no estás solo.

¿Vagos en casa?

Dado que muchas personas alrededor del mundo trabajan ahora desde casa debido a la pandemia, la demanda de software que monitorea la actividad de los empleados ha registrado un repunte.

Hubstaff, con sede en Estados Unidos, dice que su número de clientes en Reino Unido se ha multiplicado por cuatro desde febrero.

Otra empresa llamada Sneek ofrece tecnología que toma fotos de los trabajadores a través de la cámara del laptop y las comparte para que las vean el resto de sus colegas.

Aunque se describe a sí misma como una plataforma de comunicación, su programa permite tomar una foto cada minuto.

Su cofundador, Del Currie, le dijo a la BBC que sus usuarios habían aumentado cinco veces durante el confinamiento, sumando casi 20.000 clientes en total.

Un estudio reciente realizado por académicos de la Universidad de Cardiff y la Universidad de Southampton, ambos en Reino Unido, descubrió que un temor común entre los jefes es que los trabajadores que no están a la vista “holgazanearán”, aunque los periodos de cuarentena tampoco parecen haber afectado mucho a la producción.

La encuesta también sugirió que un tercio de los que trabajan desde casa sentían que su productividad también había disminuido.

Pero ¿es la tecnología la respuesta para identificar a aquellos que podrían estar holgazaneando o para ayudar a aquellos que luchan por adaptarse a trabajar desde la mesa de la cocina a tiempo completo?


Me hubiera sentido mal de haber sabido que me vigilaban”

Josh

BBC
El fotógrafo Josh dice que tuvo problemas tanto con la logística como con la motivación

Josh, un fotógrafo de 26 años que vive en Londres, admite que lo que más le costó de trabajar desde casa fue la caída de su productividad.

Establecer un estudio improvisado en la cocina de su piso compartido de tres habitaciones fue un desafío logístico, pero también de motivación.

“Algunos días lo lograba, pero otros me sentaba y me quedaba mirando mis sandalias un buen rato, pensando: ‘No puedo hacer esto’. Es muy fácil hacer la colada o prepararte una taza de té. En casa encuentras formas de distraerte con bastante facilidad“.

Está agradecido de que su jefe no utilice ningún software de seguimiento con él.

“En aquellos días en los que era un poco más difícil estar motivado, me habría sentido mal si hubiera sabido que alguien estaba controlando mi productividad”, dice.

Josh sospecha desde hace mucho tiempo que tiene un trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH), lo que puede dificultar la concentración y la gestión del tiempo. Su médico está de acuerdo, aunque todavía está en lista de espera para una prueba.

Ha vuelto a la oficina recientemente y valora mucho tener más interacción cara a cara.

“Allí me encuentro una rutina, una estructura que realmente me ancla y me ayuda a superarlo todo”.


Trabajador en casa

Getty Images
Desde que se impusieron las restricciones para evitar la propagación del covid-19, las compañías han tenido que diseñar soluciones de emergencia para que sus empleados puedan trabajar desde casa.

Con cautela y políticas escritas

Aunque algunos jefes que usan software de seguimiento argumentan que es una herramienta válida para mantener la productividad, una investigación del Instituto de Colegiados en Personal y Desarrollo (CIPD), una asociación de profesionales del sector de recursos humanos con sede en Londres, sugiere que la vigilancia en un entorno laboral puede dañar la confianza.

“Monitorear el comportamiento de los empleados puede ser una forma justificable de reducir la mala conducta y potencialmente ayudar a gestionar el tiempo”, dice Jonny Gifford, asesor de investigación de comportamiento organizacional en el CIPD.

“Sin embargo, los empleadores deben tener políticas claras para que los trabajadores sepan cómo pueden ser monitoreados y, lo que es más importante, el sistema debe ser proporcionado”.

Los empleadores obtendrán “resultados mucho mejores” si apoyan a sus trabajadores, añade, “en lugar de centrarse en medidas de entrada potencialmente irrelevantes, como el número de pulsaciones en el teclado”.

Jonathan Rennie, socio del bufete de abogados británico TLT, también insta a las empresas que estén considerando la posibilidad de introducir dicho software con cautela.

“Los empleadores tienen la obligación legal implícita de mantener la confianza de sus trabajadores y deben ser conscientes de cómo podrían reaccionar ante la implementación masiva de software de monitoreo”, dice.

Sugiere que cualquier empresa que utilice software de monitoreo debería tener políticas escritas que expliquen cómo y por qué se está utilizando.

También debería haber una guía clara para los administradores y salvaguardas para prevenir el uso indebido o el “monitoreo excesivo”, dice.


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