Sin discriminación: La ruta legislativa para que Yucatán pueda tener matrimonio igualitario
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Sin discriminación: La ruta legislativa para que Yucatán pueda tener matrimonio igualitario

El Congreso de Yucatán debatirá la reforma de las leyes que impiden en la entidad el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo.
Cuartoscuro Archivo
Por Luis R. Castrillón
8 de abril, 2019
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Luego de una década de ignorar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dos iniciativas de ley, así como el contexto de resoluciones jurídicas nacionales e internacionales, el Congreso de Yucatán debatirá la reforma de las leyes que impiden el matrimonio civil a las parejas no heterosexuales en esa entidad.

Leer: Congreso de Yucatán relega aprobación del matrimonio igualitario; Conapred le exige respetar derechos

El 2 de abril pasado la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Legislativo local comenzó el proceso para analizar otra iniciativa que modifique los artículos 94 del Código Civil, y 49 y 201 del Código de Familia estatales, que establecen el matrimonio y concubinato en la entidad como la unión jurídica “entre un hombre y una mujer”.

Los integrantes de esa comisión esperan emitir el dictamen de la iniciativa a más tardar el día 15 de abril próximo, para turnar la discusión al pleno de la cámara de diputados local y definir si se continuará negando o se aprobará el derecho de cualquier persona a contraer matrimonio ante la ley, sin distingo de sexo u orientación de género.

Hasta el momento, la postura de los partidos políticos representados en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación es ambigua, respecto a la iniciativa, aunque algunos de sus integrantes se han manifestado abiertamente al respecto:

La panista Rosa Adriana Díaz Lizama ha señalado estar en contra. Incluso ha asegurado (sin demostrarlo hasta ahora) tener información según la cual el 99 por ciento de los yucatecos rechazan el matrimonio igualitario.

Las diputadas por el Partido Convergencia, Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea, han expuesto estar a favor. En el caso de la segunda es una posición que mantiene desde que formó parte del Consejo Contra la Discriminación de la Diversidad Sexual, en el ayuntamiento de Mérida de 2015 a 2018.

Alejandro Cuevas Mena, del Partido de la Revolución Democrática, solo ha expresado que se debe tomar en cuenta la resolución al respecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a respetar el derecho a la no discriminación en el caso de los matrimonios en Yucatán.

Miguel Candila Noh, diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional, ha expuesto que la iniciativa podría someterse a una consulta ciudadana y que sean los yucatecos “quienes decidan”.

Entre el resto de los integrantes de esa comisión, Karla Franco Blanco, Enrique Castillo Ruz, Luis Borjas Romero, Felipe Cervera Hernández, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como el panista Miguel Rodríguez Baqueiro, la posición sigue indefinida.

A 10 años del candado legal

Fue el 15 de julio de 2009 cuando el Congreso de Yucatán aprobó por mayoría reformas a los artículos 94 del Código Civil y 49 y 201 del Código de Familia del estado. En ambos se estableció que el matrimonio civil, así como el concubinato son “una institución por medio de la cual se establece la unión voluntaria y jurídica de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, con la posibilidad de generar la reproducción humana de manera libre, responsable e informada”.

La reforma fue resultado de una iniciativa ciudadana encabezada por la Red Pro Yucatán, integrante del Frente Nacional por la Familia, que conjuntó 9 mil 700 firmas a favor de poner candados legales al matrimonio civil y al concubinato, para que solo puedan concurrir entre un hombre y una mujer.

La propuesta fue llevada por las bancadas del PRI y el PAN a comisiones y al pleno, donde fue aprobada por mayoría y cerró toda posibilidad en ese entonces a integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, que intentaban promover una iniciativa de matrimonio igualitario.

La primera iniciativa y el primer amparo

Tres años después, el 27 de noviembre de 2012, la bancada del Partido de la Revolución Democrática abanderó la propuesta de un grupo de organizaciones civiles en Yucatán, conformada en el colectivo Matrimonio para Todos en Yucatán, y presentó una iniciativa para modificar los artículos señalados de los Códigos Civil y de Familia, entre otros, que permitieran regular el matrimonio igualitario.

El documento se quedó sin discutir siquiera en comisiones pese a la solicitud reiterada del entonces diputado perredista Bayardo Ojeda Marrufo, y de las organizaciones que integraban Matrimonio para Todos en Yucatán.

El argumento para desatender la iniciativa, de parte del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso yucateco, el priista Luis Hevia Jiménez, así como la líder del Partido Acción Nacional, Sofía Castro Romero, fue que sería revisada después de discutir y resolver asuntos más relevantes para la sociedad yucateca.

Poco menos de un año después, el 2 de julio de 2013, el Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Yucatán, otorgó el amparo a una pareja de hombres homosexuales que solicitó la intervención de la justicia federal, ante la imposibilidad de casarse debido a lo establecido en las leyes estatales.

Esa resolución abrió la puerta para que hasta la fecha sean más de 100 parejas las que han recurrido al amparo legal para poder realizar matrimonios civiles en la entidad. Incluso, en julio de 2017 el Tribunal Colegiado y en Materia Administrativa del XIV Distrito otorgó un amparo colectivo a 80 personas, para que pudieran casarse por la vía civil en el momento en que lo desearan.

La lucha por lograr una modificación a los Códigos Civil y de Familia de Yucatán representa el esfuerzo de diversas organizaciones de la sociedad civil yucateca, encabezadas por Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE), Centro de Estudios Superiores en Sexualidad (Cessex), el albergue Oasis San Juan de Dios y el Colectivo para la Protección de Todas las Familias de Yucatán, entre otros.

El juicio de omisión legislativa y el rechazo de la SCJN

En mayo de 2014, las organizaciones civiles antes mencionadas interpusieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán (TSJY) un recurso de acción constitucional, por omisión en contra del Congreso del Estado.

A través de esa demanda, el TSJY se erigió en Tribunal Constitucional el 2 de marzo de 2015, para revisar y resolver el recurso. El resultado fue negativo para los demandantes, pues el Tribunal Constitucional por mayoría decidió sobreseer la solicitud bajo el argumento de que estaría interviniendo en las decisiones y vulnerando la autonomía del Legislativo yucateco.

Posteriormente, el 13 de junio del mismo 2015, el Tribunal Colegiado en materia civil y administrativa del XIV circuito admitió una demanda de amparo contra esa resolución del Tribunal Constitucional, lo que abrió una nueva puerta ante los retrasos del Congreso yucateco para legislar el matrimonio igualitario.

La demanda llegó hasta la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desechó el recurso luego de posponer en cinco ocasiones su discusión.

Segunda iniciativa y el contexto legal

Si bien la SCJN rechazó el último recurso interpuesto por las OSC yucatecas que promueven el matrimonio civil sin distingo de sexo o género, existen otros recursos que han demostrado la omisión de facto del Congreso de Yucatán en materia del matrimonio civil, sin distingo de sexo u orientación de género.

En 2015 la Comisión de Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación general que dirigió a todos los legislativos estatales, para que adecuaran sus marcos normativos con base en lo establecido en el artículo 1 constitucional, que establece el derecho a la no discriminación, y que es vulnerado por lo establecido en los Códigos Civil y de Familia de Yucatán en materia de la unión jurídica de una pareja.

Después, el 8 de septiembre de 2016 -en la Legislatura anterior- el diputado perredista David Barrera Zavala presentó la segunda iniciativa que ha recibido el Congreso local, para reconocer el matrimonio igualitario en la entidad.

Sin embargo, la propuesta tampoco prosperó, jamás fue discutida y a decir de la entonces presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, la priista Celia Rivas Rodríguez -quien ahora es directora del Registro Civil del estado- no habría habido consenso entre las bancadas para que la iniciativa avanzara siquiera en comisiones.

Por otra parte, en noviembre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una Opinión Consultiva en favor de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual en el Continente Americano, incluido el respectivo al matrimonio civil.

La CIDH es la máxima autoridad encargada de interpretar lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual México es país firmante, por tanto, sus resoluciones, como el caso la mencionada, deben marcar los pasos a seguir en los países firmantes y sus entidades, como Yucatán en este caso.

La tercera iniciativa y el Frente Nacional por la Familia

El tercer y actual intento de legislar esa materia se presentó ante el Congreso de Yucatán en agosto de 2018. La iniciativa fue enviada por el gobierno encabezado por Rolando Zapata Bello, que concluyó el 30 de septiembre de ese mismo año.

Esa es la iniciativa que comenzó a revisarse el día 2 de abril pasado, luego de que el Congreso omitiera y evadiera las dos anteriores, sin menoscabo del contexto jurídico que se generó durante ese periodo.

Mientras la legislatura lleva a cabo ese proceso, el Frente Nacional por la Familia realiza una campaña, iniciada el 22 de febrero pasado, en la cual bajo el mensaje “¡No desnaturalicen la familia: respeten la Constitución de Yucatán!” demanda a diputadas y diputados dejar los artículos 94 del Código Civil y 49 y 201 del Código de Familia como están, para que en Yucatán el matrimonio civil siga restringido solamente a parejas heterosexuales.

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Por qué la reforma exprés de la Ley de Seguridad de México desafía a Estados Unidos

El Congreso mexicano aprobó nuevas regulaciones para la presencia de agentes extranjeros en México. La ley fue criticada por EE.UU., el país que sería más afectado por las nuevas y más estrictas normas.
17 de diciembre, 2020
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Para el gobierno de México, significa la defensa de la “independencia y soberanía” nacional. Para el de Estados Unidos, “solo beneficia a las violentas organizaciones criminales transnacionales”.

Una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que aprobó de forma exprés el Congreso mexicano este martes establece nuevos controles para la presencia de agentes extranjeros en el país.

Pese a que no está dirigida a ningún país en específico, diversos analistas coincidieron al señalar que está claramente enfocada hacia las agencias de inteligencia y combate al narcotráfico de Estados Unidos como consecuencia del reciente caso del general Salvador Cienfuegos.

El exsecretario de la Defensa Nacional fue detenido en octubre en Los Ángeles por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), acusado de vínculos con el narcotráfico, cargos que el general negó. El arresto tuvo lugar luego de una investigación de más de un año de la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que nunca había sido informado.

“Esta iniciativa de ley fue una especie de desagravio para el ejército mexicano, porque siempre han tenido una muy mala relación con la DEA desde el caso del agente Enrique Camarena (agente de la DEA asesinado en México en 1985). Hay una desconfianza mutua”, le dice a BBC Mundo el analista en seguridad Salvador García Soto.

Tras la detención de Cienfuegos “vino una reacción muy fuerte de las Fuerzas Armadas, que le dijeron al presidente López Obrador que tomara cartas en el asunto, que no permitiera que un extitular de la Defensa fuera tratado de esa manera, de la forma en que lo detuvieron, el trato y las acusaciones”, opina.

El general Salvador Cienfuegos durante un evento militar en Ciudad de México en septiembre de 2016.

Reuters
El exsecretario de la Defensa mexicano fue arrestado en Los Ángeles por agentes de la DEA.

Estados Unidos, por su parte, criticó que esta reforma a la ley implica un retroceso en la cooperación entre ambos países en el combate a los grupos criminales y el narcotráfico, tal y como dijo la semana pasada el fiscal general estadounidense William Barr (quien anunció que dejará su cargo antes de fin de año).

“La aprobación de esta legislación solo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales y otros criminales que estamos combatiendo conjuntamente”, dijo Barr en un comunicado cuando el Senado mexicano aprobaba de manera urgente la reforma promovida por el presidente López Obrador.

En respuesta, el líder de la mayoría del partido Morena, de López Obrador, consideró infundados los temores expresados por Barr.

“Al contrario, contar con protocolos claros de intercambio de información hará posible que ahora ambos países puedan tener mayor cantidad de insumos para desarrollar estrategias conjuntas que permitan fortalecer la seguridad nacional en ambos lados de la frontera”, dijo al diario El Sol de México.

Una vista del Senado mexicano

EPA
El Congreso mexicano aprobó en menos de 10 días la reforma propuesta por el Ejecutivo.

Tras recibir luz verde en el Congreso, la ley deberá ahora ser promulgada por el Ejecutivo para que entre en vigor, pero analistas como García Soto advierten desde ya que su formulación podría afectar a los acuerdos de cooperación de México y EU en materia de combate al narcotráfico.

¿Qué cambia en la ley?

La Ley de Seguridad Nacional es la norma que, entre otros aspectos, regula la presencia de los agentes extranjeros que tienen actividades en México.

Durante décadas, agencias estadounidenses como la DEA, el FBI, la ATF o la CIA han operado en México a través de agentes que realizan labores de inteligencia e investigación sobre grupos delictivos.

Pero el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985 a manos del cartel de Guadalajara, aumentó de manera notable la presencia de estos agentes en México. Y su poder se incrementó más en años recientes, explica García Soto.

“En los gobiernos anteriores, principalmente el de Felipe Calderón (2006-2012), hubo una apertura muy amplia a la participación de este tipo de agentes en el país. Se sabía que la DEA coordinaba operativos en México, tenía asignadas unidades de la Secretaría de Marina para detener a narcotraficantes. Prácticamente ellos controlaban una parte de la lucha contra la delincuencia bajo el gobierno de Calderón”, señala el experto.

Un agente de la DEA

Getty Images
La presencia de agentes extranjeros está regulada por la Ley de Seguridad Nacional.

Pero el caso de Cienfuegos, del que el gobierno de México asegura que no supo nada hasta que prácticamente fue detenido, sacudió de nuevo la relación de los dos países.

Ahora, la reformada Ley de Seguridad Nacional obligará a los agentes de otros países desplegados en México a compartir información sobre sus investigaciones con las autoridades mexicanas.

Les prohíbe hacer detenciones, les exige solicitar una autorización para portar armas y establece que no tienen inmunidad judicial en caso de verse involucrados en la comisión de delitos o infracciones, lo cual fue señalado como una de las modificaciones más controvertidas.

Además, garantiza el soporte legal para la expulsión de las agencias que no cumplan con la ley en México.

“Aunque engloba a cualquier otro gobierno que tenga agentes en México, parece que va dedicada especialmente a los agentes de la DEA. Ni siquiera a los de la CIA u otras agencias. Es una dedicatoria expresa para tratar de controlarlos, de regularlos y de tener control de las investigaciones que están realizando”, considera García Soto.

El factor Cienfuegos

Al ser cuestionado sobre el motivo de la reforma, López Obrador dijo que se trataba de una iniciativa para la defensa de la soberanía nacional, pues en el caso del general Cienfuegos “existen acuerdos que no se cumplieron”, señaló.

“Antes, los agentes del gobierno de Estados Unidos entraban, salían y hacían lo que querían y se les permitía todo porque no se defendía el principio de independencia y soberanía de nuestra nación”, apuntó la semana pasada.

López Obrador

EPA
López Obrador dice que esta ley finalmente regulará las actividades de agentes de otros países en México.

Este lunes, la embajadora de México en EU, Martha Bárcena, dijo que “hubo un abuso de confianza” de los estadounidenses al investigar y detener al general sin informar primero a su gobierno.

Para García Soto, es claro que se cometieron excesos en el pasado reciente.

“Tuvieron una especie de manga ancha estas agencias, por encima de la Constitución y de la soberanía. Y ese es el argumento del presidente y de Morena (su partido) para regularlos. Pero también tiene motivaciones políticas”, explica.

“ tiene que ver con una especie de revancha sobre cómo la DEA hizo esto de detener al general y tratarlo como lo trataron, incluida a su familia en la detención. Para poner límites a estas agencias para que no cometan este tipo de actos, lo cual va a ser muy polémico”, pronostica.

Pese a que el caso del Departamento de Justica de EU contra Cienfuegos por presunto narcotráfico estaba listo y en la antesala de un juicio en Nueva York, el mes pasado fue entregado a México tras una negociación con las autoridades estadounidenses.

Cuando pidieron a un juez federal en Nueva York que desestimara los cargos contra el general Cienfuegos, los fiscales estadounidenses citaron “consideraciones sensibles e importantes de política exterior” que, según dijeron, “superaron” el interés del gobierno en continuar con la acusación.

“Si se cometieron crímenes, ahora está en las manos de la fiscalía general (mexicana) investigar, substanciar y sostenerlos”, dijo entonces el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Salvador Cienfuegos en un dibujo de la corte

Reuters
El exgeneral Salvador Cienfuegos negó todos los graves cargos en su contra.

“Cuando se negoció la entrega, arguyó razones de seguridad nacional de México”, explica García Soto.

Y esas razones, opina el analista, “eran la rebelión en las Fuerzas Armadas: los mandos militares plantearon que si no había una explicación de EU, o si no se presentaban pruebas contra el general Cienfuegos, o en su defecto lo regresaran, el ejército se saldría de la operación de seguridad del país en el tema del narcotráfico”, añade.

El presidente López Obrador negó haber recibido presiones de las Fuerzas Armadas.

¿Qué consecuencias puede tener la nueva ley?

El fiscal Barr fue enfático al rechazar la reforma de ley mexicana. “Tendría el efecto de dificultar la cooperación entre nuestros países. Haría menos seguros a los ciudadanos de México y EU”, aseguró.

Ante los señalamientos de México sobre cómo se trató el caso de Cienfuegos, el fiscal general dijo que su entrega a la Justicia mexicana demuestra cómo se colabora “dentro del marco de larga data diseñado para abordar de manera conjunta nuestros desafíos compartidos”.

Un agente de la DEA

Getty Images
Los agentes de la DEA han estado en México durante décadas.

Por su parte, el exagente de la DEA Mike Vigil dijo a la emisora Milenio que pese a que hay “muy buenos elementos” mexicanos en materia de combate al narcotráfico, las agencias de EU se reservan información sobre sus operaciones por cuestiones de confianza.

“Hay algunos que son corruptos y entonces es muy difícil compartir toda la información, porque nunca se sabe si va a haber un flujo de información a los narcotraficantes que va a comprometer a agentes de EU, informantes, operativos e investigaciones”, declaró.

Por su parte, el analista en seguridad e inteligencia Ramón Celaya dijo a la agencia EFE que “si no fuera por la información de las agencias americanas en México, no se hubiera logrado la detención del 80% de los capos en los últimos 20 años“.

Para García Soto, esta reforma podría incluso “trastocar convenios internacionales” sobre protección a agentes extranjeros, en particular por el hecho de que pierden la inmunidad de la que han gozado y pueden enfrentar acusaciones en tribunales.

Todo esto entra en juego con la nueva ley.


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