Sin discriminación: La ruta legislativa para que Yucatán pueda tener matrimonio igualitario
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Sin discriminación: La ruta legislativa para que Yucatán pueda tener matrimonio igualitario

El Congreso de Yucatán debatirá la reforma de las leyes que impiden en la entidad el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo.
Cuartoscuro Archivo
Por Luis R. Castrillón
8 de abril, 2019
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Luego de una década de ignorar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dos iniciativas de ley, así como el contexto de resoluciones jurídicas nacionales e internacionales, el Congreso de Yucatán debatirá la reforma de las leyes que impiden el matrimonio civil a las parejas no heterosexuales en esa entidad.

Leer: Congreso de Yucatán relega aprobación del matrimonio igualitario; Conapred le exige respetar derechos

El 2 de abril pasado la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Legislativo local comenzó el proceso para analizar otra iniciativa que modifique los artículos 94 del Código Civil, y 49 y 201 del Código de Familia estatales, que establecen el matrimonio y concubinato en la entidad como la unión jurídica “entre un hombre y una mujer”.

Los integrantes de esa comisión esperan emitir el dictamen de la iniciativa a más tardar el día 15 de abril próximo, para turnar la discusión al pleno de la cámara de diputados local y definir si se continuará negando o se aprobará el derecho de cualquier persona a contraer matrimonio ante la ley, sin distingo de sexo u orientación de género.

Hasta el momento, la postura de los partidos políticos representados en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación es ambigua, respecto a la iniciativa, aunque algunos de sus integrantes se han manifestado abiertamente al respecto:

La panista Rosa Adriana Díaz Lizama ha señalado estar en contra. Incluso ha asegurado (sin demostrarlo hasta ahora) tener información según la cual el 99 por ciento de los yucatecos rechazan el matrimonio igualitario.

Las diputadas por el Partido Convergencia, Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea, han expuesto estar a favor. En el caso de la segunda es una posición que mantiene desde que formó parte del Consejo Contra la Discriminación de la Diversidad Sexual, en el ayuntamiento de Mérida de 2015 a 2018.

Alejandro Cuevas Mena, del Partido de la Revolución Democrática, solo ha expresado que se debe tomar en cuenta la resolución al respecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a respetar el derecho a la no discriminación en el caso de los matrimonios en Yucatán.

Miguel Candila Noh, diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional, ha expuesto que la iniciativa podría someterse a una consulta ciudadana y que sean los yucatecos “quienes decidan”.

Entre el resto de los integrantes de esa comisión, Karla Franco Blanco, Enrique Castillo Ruz, Luis Borjas Romero, Felipe Cervera Hernández, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como el panista Miguel Rodríguez Baqueiro, la posición sigue indefinida.

A 10 años del candado legal

Fue el 15 de julio de 2009 cuando el Congreso de Yucatán aprobó por mayoría reformas a los artículos 94 del Código Civil y 49 y 201 del Código de Familia del estado. En ambos se estableció que el matrimonio civil, así como el concubinato son “una institución por medio de la cual se establece la unión voluntaria y jurídica de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, con la posibilidad de generar la reproducción humana de manera libre, responsable e informada”.

La reforma fue resultado de una iniciativa ciudadana encabezada por la Red Pro Yucatán, integrante del Frente Nacional por la Familia, que conjuntó 9 mil 700 firmas a favor de poner candados legales al matrimonio civil y al concubinato, para que solo puedan concurrir entre un hombre y una mujer.

La propuesta fue llevada por las bancadas del PRI y el PAN a comisiones y al pleno, donde fue aprobada por mayoría y cerró toda posibilidad en ese entonces a integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, que intentaban promover una iniciativa de matrimonio igualitario.

La primera iniciativa y el primer amparo

Tres años después, el 27 de noviembre de 2012, la bancada del Partido de la Revolución Democrática abanderó la propuesta de un grupo de organizaciones civiles en Yucatán, conformada en el colectivo Matrimonio para Todos en Yucatán, y presentó una iniciativa para modificar los artículos señalados de los Códigos Civil y de Familia, entre otros, que permitieran regular el matrimonio igualitario.

El documento se quedó sin discutir siquiera en comisiones pese a la solicitud reiterada del entonces diputado perredista Bayardo Ojeda Marrufo, y de las organizaciones que integraban Matrimonio para Todos en Yucatán.

El argumento para desatender la iniciativa, de parte del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso yucateco, el priista Luis Hevia Jiménez, así como la líder del Partido Acción Nacional, Sofía Castro Romero, fue que sería revisada después de discutir y resolver asuntos más relevantes para la sociedad yucateca.

Poco menos de un año después, el 2 de julio de 2013, el Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Yucatán, otorgó el amparo a una pareja de hombres homosexuales que solicitó la intervención de la justicia federal, ante la imposibilidad de casarse debido a lo establecido en las leyes estatales.

Esa resolución abrió la puerta para que hasta la fecha sean más de 100 parejas las que han recurrido al amparo legal para poder realizar matrimonios civiles en la entidad. Incluso, en julio de 2017 el Tribunal Colegiado y en Materia Administrativa del XIV Distrito otorgó un amparo colectivo a 80 personas, para que pudieran casarse por la vía civil en el momento en que lo desearan.

La lucha por lograr una modificación a los Códigos Civil y de Familia de Yucatán representa el esfuerzo de diversas organizaciones de la sociedad civil yucateca, encabezadas por Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE), Centro de Estudios Superiores en Sexualidad (Cessex), el albergue Oasis San Juan de Dios y el Colectivo para la Protección de Todas las Familias de Yucatán, entre otros.

El juicio de omisión legislativa y el rechazo de la SCJN

En mayo de 2014, las organizaciones civiles antes mencionadas interpusieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán (TSJY) un recurso de acción constitucional, por omisión en contra del Congreso del Estado.

A través de esa demanda, el TSJY se erigió en Tribunal Constitucional el 2 de marzo de 2015, para revisar y resolver el recurso. El resultado fue negativo para los demandantes, pues el Tribunal Constitucional por mayoría decidió sobreseer la solicitud bajo el argumento de que estaría interviniendo en las decisiones y vulnerando la autonomía del Legislativo yucateco.

Posteriormente, el 13 de junio del mismo 2015, el Tribunal Colegiado en materia civil y administrativa del XIV circuito admitió una demanda de amparo contra esa resolución del Tribunal Constitucional, lo que abrió una nueva puerta ante los retrasos del Congreso yucateco para legislar el matrimonio igualitario.

La demanda llegó hasta la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desechó el recurso luego de posponer en cinco ocasiones su discusión.

Segunda iniciativa y el contexto legal

Si bien la SCJN rechazó el último recurso interpuesto por las OSC yucatecas que promueven el matrimonio civil sin distingo de sexo o género, existen otros recursos que han demostrado la omisión de facto del Congreso de Yucatán en materia del matrimonio civil, sin distingo de sexo u orientación de género.

En 2015 la Comisión de Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación general que dirigió a todos los legislativos estatales, para que adecuaran sus marcos normativos con base en lo establecido en el artículo 1 constitucional, que establece el derecho a la no discriminación, y que es vulnerado por lo establecido en los Códigos Civil y de Familia de Yucatán en materia de la unión jurídica de una pareja.

Después, el 8 de septiembre de 2016 -en la Legislatura anterior- el diputado perredista David Barrera Zavala presentó la segunda iniciativa que ha recibido el Congreso local, para reconocer el matrimonio igualitario en la entidad.

Sin embargo, la propuesta tampoco prosperó, jamás fue discutida y a decir de la entonces presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, la priista Celia Rivas Rodríguez -quien ahora es directora del Registro Civil del estado- no habría habido consenso entre las bancadas para que la iniciativa avanzara siquiera en comisiones.

Por otra parte, en noviembre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una Opinión Consultiva en favor de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual en el Continente Americano, incluido el respectivo al matrimonio civil.

La CIDH es la máxima autoridad encargada de interpretar lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual México es país firmante, por tanto, sus resoluciones, como el caso la mencionada, deben marcar los pasos a seguir en los países firmantes y sus entidades, como Yucatán en este caso.

La tercera iniciativa y el Frente Nacional por la Familia

El tercer y actual intento de legislar esa materia se presentó ante el Congreso de Yucatán en agosto de 2018. La iniciativa fue enviada por el gobierno encabezado por Rolando Zapata Bello, que concluyó el 30 de septiembre de ese mismo año.

Esa es la iniciativa que comenzó a revisarse el día 2 de abril pasado, luego de que el Congreso omitiera y evadiera las dos anteriores, sin menoscabo del contexto jurídico que se generó durante ese periodo.

Mientras la legislatura lleva a cabo ese proceso, el Frente Nacional por la Familia realiza una campaña, iniciada el 22 de febrero pasado, en la cual bajo el mensaje “¡No desnaturalicen la familia: respeten la Constitución de Yucatán!” demanda a diputadas y diputados dejar los artículos 94 del Código Civil y 49 y 201 del Código de Familia como están, para que en Yucatán el matrimonio civil siga restringido solamente a parejas heterosexuales.

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3 razones por las que el "capitalismo responsable" es todavía una ilusión

Multimillonarios y grandes corporaciones están utilizando en su discurso la idea de que las empresas deben ser más responsables con el medioambiente y las personas. Pero al confrontar las palabras con la realidad... la historia no es tan simple.
23 de febrero, 2020
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Con una nueva oleada de consumidores en países desarrollados que prefieren productos menos contaminantes y cuyo proceso de producción respete los derechos humanos y laborales, las grandes corporaciones han comenzado a reaccionar.

La organización Business Roundatable, que reúne a unas 200 de las mayores compañías estadounidenses, lanzó en agosto del año pasado una declaración en la que insta a las empresas a dejar atrás la “primacía de los accionistas” y reemplazarla por el llamado “stake holder capitalism”, o capitalismo que considera a todos los afectados por el negocio.

El concepto, que básicamente se refiere a un “capitalismo responsable” con el medioambiente, los accionistas, los trabajadores, las comunidades donde opera y los proveedores, ha ganado fuerza en el discurso de las corporaciones.

Incluidos los directores ejecutivos de Amazon, Apple, Walmart o General Motors, los firmantes de la declaración aseguran que las empresas no deberían servir exclusivamente a los intereses de sus dueños.

“El sueño americano está vivo pero se está deshilachando. Los grandes empleadores están invirtiendo en sus trabajadores y en sus comunidades porque saben que esa es la única vía para ser exitoso en el largo plazo”, dijo Jamie Dimon, presidente ejecutivo del banco JP Morgan Chase y jefe de la organización Business Roundatable.

Jamie Dimon, JP Morgan

Getty Images
“El sueño americano está vivo pero se está deshilachando”, dijo Jamie Dimon, presidente del banco JPMorgan y jefe de Business Roundtable.

El tema fue discutido en el Foro de Davos, que reúne cada año a la élite empresarial y política del mundo. Existe incluso un “Manifiesto de Davos 2020”, que llama a las empresas a trabajar en favor de la sociedad y no solo en favor de los accionistas.

Las protestas de los activistas climáticos

Todas estas declaraciones han generado críticas de los escépticos, particularmente los activistas contra el cambio climático.

Hace unos días, por ejemplo, un grupo de manifestantes en París entró a las oficinas de BlackRock -el administrador de fondos más grande del mundo- para protestar contra sus inversiones en empresas que destruyen el medioambiente.

Y no es la primera vez que la firma es señalada por manifestantes.

Manifestante arrestado en Davos

Getty Images
Manifestantes protestaron en las oficinas de BlackRock en París.

Lo que llama la atención es que justamente el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, anunció a mediados de enero que solo haría negocios con empresas que beneficiaran a la sociedad de alguna manera.

“Sin un sentido de propósito, ninguna compañía, ya sea pública o privada, puede alcanzar su máximo potencial”, escribió Fink en su carta anual dirigida a los accionistas.

Pero los activistas no le creen.

“Es fácil de decir pero muy difícil de hacer”

En medio de las protestas y “declaraciones de buenas intenciones”, los académicos Vijay Govindarajan y Anup Srivastava publicaron un artículo en la revista Harvard Business Review en el que analizan qué está ocurriendo en la práctica con esta idea del “capitalismo responsable”.

“Se habla mucho sobre el capitalismo responsable, pero no estamos viendo tanto progreso”, le dice a BBC Mundo Vijay Govindarajan, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Dartmouth, New Hampshire, Estados Unidos.

Vijay Govindarajan

Getty Images
Vijay Govindarajan explica que el capitalismo responsable “es fácil de decir pero muy difícil de hacer”.

La razón, explica, es que no existen muchos ejemplos documentados de empresas que busquen maximizar su rentabilidad y que al mismo tengan prácticas de capitalismo responsable.

“Optimizar las ganancias y hacer el bien al mismo tiempo… es fácil de decir pero muy difícil de hacer”, apunta el experto.

Sin embargo, Govindarajan dice que de acuerdo a sus estudios no todo el panorama es sombrío.

Cita como ejemplo a la empresa Pepsi, que “transformó su filosofía operativa para servir a todas las partes interesadas” (y no solo a los accionistas), y que al mismo tiempo tuvo un desempeño financiero sobresaliente entre 2006 y 2018.

Pero más allá de lo que han hecho determinadas empresas, ¿por qué el capitalismo responsable es todavía una ilusión?

Según el análisis de Govindarajan y Srivastava, hay varios obstáculos que impiden llevar el discurso a la práctica.

1. La medida del éxito

Una de las razones que muestran por qué el capitalismo responsable es todavía una ilusión tiene que ver con la manera en que se mide el éxito de una empresa.

El objetivo principal en la mayor parte de las grandes firmas sigue siendo crear riqueza para los accionistas.

Gráfico

Getty Images
El éxito de una empresa se sigue midiendo en función de las ganancias para sus accionistas.

Por lo pronto, no hay un marco consensuado que defina el éxito combinando medidas financieras y no financieras.

Casi cada movimiento se evalúa en función de su impacto en los ingresos, utilizando métricas como la eficiencia, el retorno del capital y las ganancias.

Mientras no existan otros parámetros que incluyan una evaluación del desempeño ambiental y social de una empresa, dicen los autores, será muy difícil que se produzca un cambio.

2. Directivos despedidos

Vinculado a lo anterior, los directivos de las grandes corporaciones siguen siendo contratados, despedidos o recompensados según las metas financieras.

Así, factores como las ganancias y el precio de las acciones definen la carrera de una persona.

Ejecutivo sendado en una banca.

Getty Images
Los directivos de las grandes corporaciones siguen siendo contratados, despedidos o recompensados según las metas financieras.

Para avanzar hacia un capitalismo responsable, los directivos deberían ser evaluados por sus logros financieros en un marco de respeto a los valores que la compañía dice respetar.

Por otro lado, el directorio de una empresa sigue siendo elegido por los accionistas, quienes están preocupados de maximizar sus ganancias y no por promover la responsabilidad empresarial.

Y los grandes inversionistas que administran fondos para entregar dividendos a muchos clientes dispersos siguen siendo evaluados por el rendimiento de su inversión y no precisamente por el tipo de empresa donde esa inversión generó riqueza.

3. El financiamiento y la presión social

Otra razón que impide que el capitalismo responsable se lleve a la práctica es la manera en que se financian las empresas.

Los emprendedores requieren inversionistas para echar a andar su proyecto. Cuando la firma comienza a desarrollarse, aparecen los inversores de segunda etapa, que quieren ver sus retornos financieros lo antes posible y, sin duda, los bancos están a la espera de recibir el pago de su capital y los intereses de los préstamos.

El engranaje de financiamiento se puede tornar complejo y suele ocurrir que las firmas privilegien el rendimiento para satisfacer a quienes aportaron capital -a través de distintos mecanismos- antes que apegarse a los valores de una empresa responsable social y ambientalmente.

Por último, hay una fuerte presión social que le asigna valor a la gente según su riqueza acumulada.

Entonces, destacan aquellas personas que crean grandes fortunas, pero muchas veces la gente no se pregunta cómo lograron esa riqueza y qué valores pudieron haber sido sacrificados en el camino.


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