Luego de una década de ignorar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dos iniciativas de ley, así como el contexto de resoluciones jurídicas nacionales e internacionales, el Congreso de Yucatán debatirá la reforma de las leyes que impiden el matrimonio civil a las parejas no heterosexuales en esa entidad.
El 2 de abril pasado la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Legislativo local comenzó el proceso para analizar otra iniciativa que modifique los artículos 94 del Código Civil, y 49 y 201 del Código de Familia estatales, que establecen el matrimonio y concubinato en la entidad como la unión jurídica “entre un hombre y una mujer”.
Los integrantes de esa comisión esperan emitir el dictamen de la iniciativa a más tardar el día 15 de abril próximo, para turnar la discusión al pleno de la cámara de diputados local y definir si se continuará negando o se aprobará el derecho de cualquier persona a contraer matrimonio ante la ley, sin distingo de sexo u orientación de género.
Hasta el momento, la postura de los partidos políticos representados en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación es ambigua, respecto a la iniciativa, aunque algunos de sus integrantes se han manifestado abiertamente al respecto:
La panista Rosa Adriana Díaz Lizama ha señalado estar en contra. Incluso ha asegurado (sin demostrarlo hasta ahora) tener información según la cual el 99 por ciento de los yucatecos rechazan el matrimonio igualitario.
Las diputadas por el Partido Convergencia, Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea, han expuesto estar a favor. En el caso de la segunda es una posición que mantiene desde que formó parte del Consejo Contra la Discriminación de la Diversidad Sexual, en el ayuntamiento de Mérida de 2015 a 2018.
Alejandro Cuevas Mena, del Partido de la Revolución Democrática, solo ha expresado que se debe tomar en cuenta la resolución al respecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a respetar el derecho a la no discriminación en el caso de los matrimonios en Yucatán.
Miguel Candila Noh, diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional, ha expuesto que la iniciativa podría someterse a una consulta ciudadana y que sean los yucatecos “quienes decidan”.
Entre el resto de los integrantes de esa comisión, Karla Franco Blanco, Enrique Castillo Ruz, Luis Borjas Romero, Felipe Cervera Hernández, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como el panista Miguel Rodríguez Baqueiro, la posición sigue indefinida.
A 10 años del candado legal
Fue el 15 de julio de 2009 cuando el Congreso de Yucatán aprobó por mayoría reformas a los artículos 94 del Código Civil y 49 y 201 del Código de Familia del estado. En ambos se estableció que el matrimonio civil, así como el concubinato son “una institución por medio de la cual se establece la unión voluntaria y jurídica de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, con la posibilidad de generar la reproducción humana de manera libre, responsable e informada”.
La reforma fue resultado de una iniciativa ciudadana encabezada por la Red Pro Yucatán, integrante del Frente Nacional por la Familia, que conjuntó 9 mil 700 firmas a favor de poner candados legales al matrimonio civil y al concubinato, para que solo puedan concurrir entre un hombre y una mujer.
La propuesta fue llevada por las bancadas del PRI y el PAN a comisiones y al pleno, donde fue aprobada por mayoría y cerró toda posibilidad en ese entonces a integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, que intentaban promover una iniciativa de matrimonio igualitario.
La primera iniciativa y el primer amparo
Tres años después, el 27 de noviembre de 2012, la bancada del Partido de la Revolución Democrática abanderó la propuesta de un grupo de organizaciones civiles en Yucatán, conformada en el colectivo Matrimonio para Todos en Yucatán, y presentó una iniciativa para modificar los artículos señalados de los Códigos Civil y de Familia, entre otros, que permitieran regular el matrimonio igualitario.
El documento se quedó sin discutir siquiera en comisiones pese a la solicitud reiterada del entonces diputado perredista Bayardo Ojeda Marrufo, y de las organizaciones que integraban Matrimonio para Todos en Yucatán.
El argumento para desatender la iniciativa, de parte del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso yucateco, el priista Luis Hevia Jiménez, así como la líder del Partido Acción Nacional, Sofía Castro Romero, fue que sería revisada después de discutir y resolver asuntos más relevantes para la sociedad yucateca.
Poco menos de un año después, el 2 de julio de 2013, el Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Yucatán, otorgó el amparo a una pareja de hombres homosexuales que solicitó la intervención de la justicia federal, ante la imposibilidad de casarse debido a lo establecido en las leyes estatales.
Esa resolución abrió la puerta para que hasta la fecha sean más de 100 parejas las que han recurrido al amparo legal para poder realizar matrimonios civiles en la entidad. Incluso, en julio de 2017 el Tribunal Colegiado y en Materia Administrativa del XIV Distrito otorgó un amparo colectivo a 80 personas, para que pudieran casarse por la vía civil en el momento en que lo desearan.
La lucha por lograr una modificación a los Códigos Civil y de Familia de Yucatán representa el esfuerzo de diversas organizaciones de la sociedad civil yucateca, encabezadas por Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE), Centro de Estudios Superiores en Sexualidad (Cessex), el albergue Oasis San Juan de Dios y el Colectivo para la Protección de Todas las Familias de Yucatán, entre otros.
El juicio de omisión legislativa y el rechazo de la SCJN
En mayo de 2014, las organizaciones civiles antes mencionadas interpusieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán (TSJY) un recurso de acción constitucional, por omisión en contra del Congreso del Estado.
A través de esa demanda, el TSJY se erigió en Tribunal Constitucional el 2 de marzo de 2015, para revisar y resolver el recurso. El resultado fue negativo para los demandantes, pues el Tribunal Constitucional por mayoría decidió sobreseer la solicitud bajo el argumento de que estaría interviniendo en las decisiones y vulnerando la autonomía del Legislativo yucateco.
Posteriormente, el 13 de junio del mismo 2015, el Tribunal Colegiado en materia civil y administrativa del XIV circuito admitió una demanda de amparo contra esa resolución del Tribunal Constitucional, lo que abrió una nueva puerta ante los retrasos del Congreso yucateco para legislar el matrimonio igualitario.
La demanda llegó hasta la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desechó el recurso luego de posponer en cinco ocasiones su discusión.
Segunda iniciativa y el contexto legal
Si bien la SCJN rechazó el último recurso interpuesto por las OSC yucatecas que promueven el matrimonio civil sin distingo de sexo o género, existen otros recursos que han demostrado la omisión de facto del Congreso de Yucatán en materia del matrimonio civil, sin distingo de sexo u orientación de género.
En 2015 la Comisión de Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación general que dirigió a todos los legislativos estatales, para que adecuaran sus marcos normativos con base en lo establecido en el artículo 1 constitucional, que establece el derecho a la no discriminación, y que es vulnerado por lo establecido en los Códigos Civil y de Familia de Yucatán en materia de la unión jurídica de una pareja.
Después, el 8 de septiembre de 2016 -en la Legislatura anterior- el diputado perredista David Barrera Zavala presentó la segunda iniciativa que ha recibido el Congreso local, para reconocer el matrimonio igualitario en la entidad.
Sin embargo, la propuesta tampoco prosperó, jamás fue discutida y a decir de la entonces presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, la priista Celia Rivas Rodríguez -quien ahora es directora del Registro Civil del estado- no habría habido consenso entre las bancadas para que la iniciativa avanzara siquiera en comisiones.
Por otra parte, en noviembre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una Opinión Consultiva en favor de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual en el Continente Americano, incluido el respectivo al matrimonio civil.
La CIDH es la máxima autoridad encargada de interpretar lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual México es país firmante, por tanto, sus resoluciones, como el caso la mencionada, deben marcar los pasos a seguir en los países firmantes y sus entidades, como Yucatán en este caso.
La tercera iniciativa y el Frente Nacional por la Familia
El tercer y actual intento de legislar esa materia se presentó ante el Congreso de Yucatán en agosto de 2018. La iniciativa fue enviada por el gobierno encabezado por Rolando Zapata Bello, que concluyó el 30 de septiembre de ese mismo año.
Esa es la iniciativa que comenzó a revisarse el día 2 de abril pasado, luego de que el Congreso omitiera y evadiera las dos anteriores, sin menoscabo del contexto jurídico que se generó durante ese periodo.
Mientras la legislatura lleva a cabo ese proceso, el Frente Nacional por la Familia realiza una campaña, iniciada el 22 de febrero pasado, en la cual bajo el mensaje “¡No desnaturalicen la familia: respeten la Constitución de Yucatán!” demanda a diputadas y diputados dejar los artículos 94 del Código Civil y 49 y 201 del Código de Familia como están, para que en Yucatán el matrimonio civil siga restringido solamente a parejas heterosexuales.
