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Cuartoscuro Archivo

Sin discriminación: La ruta legislativa para que Yucatán pueda tener matrimonio igualitario

El Congreso de Yucatán debatirá la reforma de las leyes que impiden en la entidad el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo.
Cuartoscuro Archivo
Por Luis R. Castrillón
8 de abril, 2019
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Luego de una década de ignorar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dos iniciativas de ley, así como el contexto de resoluciones jurídicas nacionales e internacionales, el Congreso de Yucatán debatirá la reforma de las leyes que impiden el matrimonio civil a las parejas no heterosexuales en esa entidad.

Leer: Congreso de Yucatán relega aprobación del matrimonio igualitario; Conapred le exige respetar derechos

El 2 de abril pasado la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Legislativo local comenzó el proceso para analizar otra iniciativa que modifique los artículos 94 del Código Civil, y 49 y 201 del Código de Familia estatales, que establecen el matrimonio y concubinato en la entidad como la unión jurídica “entre un hombre y una mujer”.

Los integrantes de esa comisión esperan emitir el dictamen de la iniciativa a más tardar el día 15 de abril próximo, para turnar la discusión al pleno de la cámara de diputados local y definir si se continuará negando o se aprobará el derecho de cualquier persona a contraer matrimonio ante la ley, sin distingo de sexo u orientación de género.

Hasta el momento, la postura de los partidos políticos representados en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación es ambigua, respecto a la iniciativa, aunque algunos de sus integrantes se han manifestado abiertamente al respecto:

La panista Rosa Adriana Díaz Lizama ha señalado estar en contra. Incluso ha asegurado (sin demostrarlo hasta ahora) tener información según la cual el 99 por ciento de los yucatecos rechazan el matrimonio igualitario.

Las diputadas por el Partido Convergencia, Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea, han expuesto estar a favor. En el caso de la segunda es una posición que mantiene desde que formó parte del Consejo Contra la Discriminación de la Diversidad Sexual, en el ayuntamiento de Mérida de 2015 a 2018.

Alejandro Cuevas Mena, del Partido de la Revolución Democrática, solo ha expresado que se debe tomar en cuenta la resolución al respecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a respetar el derecho a la no discriminación en el caso de los matrimonios en Yucatán.

Miguel Candila Noh, diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional, ha expuesto que la iniciativa podría someterse a una consulta ciudadana y que sean los yucatecos “quienes decidan”.

Entre el resto de los integrantes de esa comisión, Karla Franco Blanco, Enrique Castillo Ruz, Luis Borjas Romero, Felipe Cervera Hernández, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como el panista Miguel Rodríguez Baqueiro, la posición sigue indefinida.

A 10 años del candado legal

Fue el 15 de julio de 2009 cuando el Congreso de Yucatán aprobó por mayoría reformas a los artículos 94 del Código Civil y 49 y 201 del Código de Familia del estado. En ambos se estableció que el matrimonio civil, así como el concubinato son “una institución por medio de la cual se establece la unión voluntaria y jurídica de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, con la posibilidad de generar la reproducción humana de manera libre, responsable e informada”.

La reforma fue resultado de una iniciativa ciudadana encabezada por la Red Pro Yucatán, integrante del Frente Nacional por la Familia, que conjuntó 9 mil 700 firmas a favor de poner candados legales al matrimonio civil y al concubinato, para que solo puedan concurrir entre un hombre y una mujer.

La propuesta fue llevada por las bancadas del PRI y el PAN a comisiones y al pleno, donde fue aprobada por mayoría y cerró toda posibilidad en ese entonces a integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, que intentaban promover una iniciativa de matrimonio igualitario.

La primera iniciativa y el primer amparo

Tres años después, el 27 de noviembre de 2012, la bancada del Partido de la Revolución Democrática abanderó la propuesta de un grupo de organizaciones civiles en Yucatán, conformada en el colectivo Matrimonio para Todos en Yucatán, y presentó una iniciativa para modificar los artículos señalados de los Códigos Civil y de Familia, entre otros, que permitieran regular el matrimonio igualitario.

El documento se quedó sin discutir siquiera en comisiones pese a la solicitud reiterada del entonces diputado perredista Bayardo Ojeda Marrufo, y de las organizaciones que integraban Matrimonio para Todos en Yucatán.

El argumento para desatender la iniciativa, de parte del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso yucateco, el priista Luis Hevia Jiménez, así como la líder del Partido Acción Nacional, Sofía Castro Romero, fue que sería revisada después de discutir y resolver asuntos más relevantes para la sociedad yucateca.

Poco menos de un año después, el 2 de julio de 2013, el Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Yucatán, otorgó el amparo a una pareja de hombres homosexuales que solicitó la intervención de la justicia federal, ante la imposibilidad de casarse debido a lo establecido en las leyes estatales.

Esa resolución abrió la puerta para que hasta la fecha sean más de 100 parejas las que han recurrido al amparo legal para poder realizar matrimonios civiles en la entidad. Incluso, en julio de 2017 el Tribunal Colegiado y en Materia Administrativa del XIV Distrito otorgó un amparo colectivo a 80 personas, para que pudieran casarse por la vía civil en el momento en que lo desearan.

La lucha por lograr una modificación a los Códigos Civil y de Familia de Yucatán representa el esfuerzo de diversas organizaciones de la sociedad civil yucateca, encabezadas por Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE), Centro de Estudios Superiores en Sexualidad (Cessex), el albergue Oasis San Juan de Dios y el Colectivo para la Protección de Todas las Familias de Yucatán, entre otros.

El juicio de omisión legislativa y el rechazo de la SCJN

En mayo de 2014, las organizaciones civiles antes mencionadas interpusieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán (TSJY) un recurso de acción constitucional, por omisión en contra del Congreso del Estado.

A través de esa demanda, el TSJY se erigió en Tribunal Constitucional el 2 de marzo de 2015, para revisar y resolver el recurso. El resultado fue negativo para los demandantes, pues el Tribunal Constitucional por mayoría decidió sobreseer la solicitud bajo el argumento de que estaría interviniendo en las decisiones y vulnerando la autonomía del Legislativo yucateco.

Posteriormente, el 13 de junio del mismo 2015, el Tribunal Colegiado en materia civil y administrativa del XIV circuito admitió una demanda de amparo contra esa resolución del Tribunal Constitucional, lo que abrió una nueva puerta ante los retrasos del Congreso yucateco para legislar el matrimonio igualitario.

La demanda llegó hasta la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desechó el recurso luego de posponer en cinco ocasiones su discusión.

Segunda iniciativa y el contexto legal

Si bien la SCJN rechazó el último recurso interpuesto por las OSC yucatecas que promueven el matrimonio civil sin distingo de sexo o género, existen otros recursos que han demostrado la omisión de facto del Congreso de Yucatán en materia del matrimonio civil, sin distingo de sexo u orientación de género.

En 2015 la Comisión de Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación general que dirigió a todos los legislativos estatales, para que adecuaran sus marcos normativos con base en lo establecido en el artículo 1 constitucional, que establece el derecho a la no discriminación, y que es vulnerado por lo establecido en los Códigos Civil y de Familia de Yucatán en materia de la unión jurídica de una pareja.

Después, el 8 de septiembre de 2016 -en la Legislatura anterior- el diputado perredista David Barrera Zavala presentó la segunda iniciativa que ha recibido el Congreso local, para reconocer el matrimonio igualitario en la entidad.

Sin embargo, la propuesta tampoco prosperó, jamás fue discutida y a decir de la entonces presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, la priista Celia Rivas Rodríguez -quien ahora es directora del Registro Civil del estado- no habría habido consenso entre las bancadas para que la iniciativa avanzara siquiera en comisiones.

Por otra parte, en noviembre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una Opinión Consultiva en favor de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual en el Continente Americano, incluido el respectivo al matrimonio civil.

La CIDH es la máxima autoridad encargada de interpretar lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual México es país firmante, por tanto, sus resoluciones, como el caso la mencionada, deben marcar los pasos a seguir en los países firmantes y sus entidades, como Yucatán en este caso.

La tercera iniciativa y el Frente Nacional por la Familia

El tercer y actual intento de legislar esa materia se presentó ante el Congreso de Yucatán en agosto de 2018. La iniciativa fue enviada por el gobierno encabezado por Rolando Zapata Bello, que concluyó el 30 de septiembre de ese mismo año.

Esa es la iniciativa que comenzó a revisarse el día 2 de abril pasado, luego de que el Congreso omitiera y evadiera las dos anteriores, sin menoscabo del contexto jurídico que se generó durante ese periodo.

Mientras la legislatura lleva a cabo ese proceso, el Frente Nacional por la Familia realiza una campaña, iniciada el 22 de febrero pasado, en la cual bajo el mensaje “¡No desnaturalicen la familia: respeten la Constitución de Yucatán!” demanda a diputadas y diputados dejar los artículos 94 del Código Civil y 49 y 201 del Código de Familia como están, para que en Yucatán el matrimonio civil siga restringido solamente a parejas heterosexuales.

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Qué es el “Big One”, el devastador terremoto que espera California en la falla de San Andrés

Los terremotos de mayor magnitud en 20 años que sacudieron el sur de California la semana pasada dejaron a más de uno en estado de alerta ante el llamado "Big One", un terremoto que, según los científicos, puede ocurrir en cualquier momento.
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10 de julio, 2019
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Los terremotos de la semana pasada volvieron a recordarles a los habitantes de California que en algún momento va a llegar el temido “big one”.

Así es como conocen al hipotético gran terremoto de efectos catastrófico que los científicos esperan sacuda la costa oeste de Estados Unidos, específicamente California.

No se trata de si habrá un gran terremoto sino de cuándo ocurrirá“, es lo que dicen los geólogos que han estudiado la zona.

Los sismos de días recientes, los más potentes en 20 años, se hicieron sentir con más fuerza en la ciudad de Ridgecrest, a unos 250 kilómetros al norte de Los Ángeles.

No hubo muertes que lamentar, aunque sí se desataron incendios y hubo daños a infraestructuras y vías.

Un panorama que alarmó a residentes en ciudades como Los Ángeles, que vieron cómo las tiendas de artículos para acampar y kits de primeros auxilios agotaron su inventario durante el fin de semana.

El terremoto de magnitud 7,1 del pasado viernes rompió el suelo en varias partes de la ciudad de Ridgecrest.

Getty Images
El terremoto de magnitud 7,1 del pasado viernes rompió el suelo en varias partes de la ciudad de Ridgecrest.

¿Por qué lo llaman “Big One”?

En inglés, “big one” se puede traducir como “el grande”.

“En California, tendemos a utilizar el término Big One para referirnos a un terremoto muy grande en la falla de San Andrés, un evento de magnitud 7,8 u 8″, declaró recientemente a medios locales Lucy Jones, sismóloga de referencia en la región.

Por su parte, el periodista Jacob Margolis, presentador de un podcast llamado The Big One, le aclara a BBC Mundo que “‘Big One’ quiere decir que no solo debemos considerar la magnitud del terremoto sino el nivel de daño“.

Y es que grandes ciudades como Los Ángeles, San Francisco y San Bernardino han sido construidas en las cercanías de la activa e imponente falla de San Andrés, que recorre California de norte a sur a lo largo de 1.300 kilómetros y delimita la placa norteamericana de la placa del Pacífico.

La de San Andrés es una de las fallas más estudiadas del planeta ya que en su práctica totalidad se encuentra sobre la superficie terrestre.

Fue la causante del terremoto de magnitud de 7,8 que destruyó gran parte de San Francisco en 1906, provocando la muerte de más de 3.000 personas.

La falla de San Andrés atraviesa California y se extiende a lo largo de 1.300 kilómetros.

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La falla de San Andrés atraviesa California y se extiende a lo largo de 1.300 kilómetros.

A los científicos les preocupa específicamente la sección sur de la falla pues, según estimaciones, lleva demasiado tiempo sin descargar cantidades grandes de energía.

Estudios geológicos muestran que en los últimos 1.500 a 1.400 años, terremotos grandes han ocurrido con una periodicidad de unos 150 años en la sección sur de la falla.

El sismo más grande ocurrido en esa región fue en 1857, por lo que esa zona se considera un lugar probable para la ocurrencia de un fuerte terremoto en las próximas décadas.

Los sismólogos aclaran, sin embargo, que no tienen manera de anticipar cuándo ocurrirá un terremoto.

Destrucción causada por el terremoto de Northridge

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El terremoto de Northridge en 1994 causó daños graves en Los Ángeles, pese a que registró una magnitud de 6,7.

Los cálculos más conservadores apuntan a que, de producirse un sismo de magnitud 7,8 en esa sección -que tendría un impacto directo en Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de EE.UU.- cerca de 2.000 personas morirían y habría más de 50.000 heridos.

Los daños materiales superarían los US$200.000 millones.

¿El “Big One” solo está asociado con la falla de San Andrés?

Por su extensión y por el hecho de delimitar dos placas tectónicas, un terremoto en la falla de San Andrés es a menudo citado como ese Big One que muchos californianos temen.

Pero el término bien puede utilizarse para hablar de otros sismos que, de ocurrir, también pueden causar graves daños.

El sismo fracturó vías en el sur de California.

Reuters
El sismo de 7,1 del viernes fracturó vías en zonas del sur de California cercanas al epicentro.

Por ejemplo, la falla de Hayward, localizada en el este de la bahía de San Francisco fue calificada como “una suerte de bomba de tiempo tectónica” por el geólogo emérito del USGS David Schwartz.

El USGS consideró en un reporte de 2018 que esta falla “es una de las más activas y peligrosas porque recorre una región densamente urbanizada e interconectada”.

En la zona viven unos siete millones de personas.

“Cada quien, dependiendo de en qué zona de California estés, tiene su propio Big One“, señala Margolis.

El periodista hace referencia a otra falla, la de Puente Hills, ubicada debajo de la ciudad de Los Ángeles.

Un incendio desatado tras el terremoto de 7,1 en Ridgecrest, California.

AFP
Uno de los peligros inmediatos tras un terremoto son los incendios ocasionados por fallas eléctricas.

Científicos del USGS enfatizan que una ruptura de esa falla es un evento inusual, que ocurre “cada 3.000 años”.

“Los científicos se preocupan menos por esta porque no es tan activa como la de San Andrés, pero un sismo allí podría ser muy destructivo en Los Ángeles”, advierte Margolis.

Según estimaciones publicadas por el USGS en 2005, un terremoto de 7,5 en Puente Hills podría resultar en la muerte de 3.000 a 18.000 personas y pérdidas valoradas en US$250.000 millones.

En años recientes y para prevenir peores daños, sin embargo, las autoridades de Los Ángeles han requerido que los dueños de edificios fortalezcan las estructuras consideradas como débiles y vulnerables a colapsar en un terremoto.


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