Leopoldo Arellano y Felipa Sánchez tienen dos tinacos en su banqueta, en San Miguel Xaltocan, Estado de México, para que se los llenen las pipas que ha estado mandando la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El pozo que abastecía al pueblo dejó de funcionar, pero como parte de las negociaciones para que acepten la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, el gobierno ha prometido a este pueblo, ubicado junto a la base aérea de Santa Lucía, solucionar definitivamente su problema del agua, según cuentan pobladores.
Esa no fue la única promesa. De hecho, se formaron cuatro mesas de trabajo con el gobierno, sobre agua, tierras, infraestructura, y desarrollo social y económico, como parte del acuerdo alcanzado en una asamblea realizada el 10 de marzo pasado en el auditorio ejidal que duró más de seis horas. Esa reunión sirvió como consulta a los pueblos indígenas cercanos al proyecto, según reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador el lunes pasado, mientras que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) confirmó que sólo se le preguntó a esa comunidad, de menos de cuatro mil habitantes.
Animal Político habló con varios habitantes de San Miguel Xaltocan, municipio de Nextlalpan, que confirmaron que prácticamente todos los asistentes a la reunión votaron a mano alzada a favor del aeropuerto, porque el gobierno ofreció muchas ayudas para el pueblo, y porque consideraron que, de todos modos, el proyecto ya está en marcha.
La propiedad de la tierra, una vieja disputa
Desde la última calle de San Miguel Xaltocan al noreste, se alcanza a ver la torre de control de la Base Aérea de Santa Lucía. La pista de aterrizaje está a 2.5 kilómetros. Pero también se ve una amplia extensión de terreno que es necesario para el proyecto de construcción de dos pistas más.
Ahí se siembra maíz, avena, cebada, alfalfa, trigo, calabaza, y en época de lluvias, rábano y betabel, según explican algunos campesinos. Aseguran que son el pueblo más productivo de la región, ya que otros no tienen tierras fértiles o no las trabajan como ellos, y que esa es una de las razones por las que el gobierno tenía que consultar a Xaltocan, más que a otras comunidades.
El problema es que esas tierras son tanto ejidales, compartidas entre alrededor de 150 ejidatarios que tienen cuatro hectáreas (40 mil metros cuadrados) cada uno, como comunales, es decir, parcelas individuales y que no tienen títulos de propiedad. Por lo tanto, el gobierno ha ofrecido repartir otros terrenos y regularizar los que existen al sur del pueblo, a cambio de la venta de los que necesita.
En la papelería que está frente a la escuela primaria, unas cartulinas alertan a los vecinos de que comprueben si están en el “censo”. El dueño del negocio, Leopoldo Arellano, explica que desde los años 70 se ha pedido al gobierno que les reconozca la propiedad de esas tierras que los pobladores han trabajado, pero nunca ha ocurrido, por lo que ahora que tienen la posibilidad de negociar, es importante que todos salgan beneficiados. Pero no está claro cuántos son: muestra un documento de un censo levantado en 2001, en donde hay 349 inscritos, pero dice que ahora quien se ostenta como líder comunal tiene otro con más de 700 personas.
“En la asamblea vinieron a plantearnos el proyecto, con un mapa que, bueno, era una fotografía aérea de mala calidad, pero nosotros tenemos idea bien de cómo está la cosa, dónde están los límites actuales y lo que quieren. Y nos dijeron que a cambio de eso, de esa expropiación, a cambio de esos terrenos que vamos a ceder, ellos nos podían dar escrituras de los terrenos que siempre hemos peleado. Y ahí es donde está la manzana de la discordia, porque los que han hecho los censos, ya van como tres censos, y cada uno que hacen eliminan a unos y meten a sus favoritos. Entonces ahora nos prometen darnos la titulación de los terrenos que están ahí, para toda la comunidad indígena de Xaltocan”, relata.
Por ello, una de las mesas de trabajo que se formó el día de la consulta, con 17 personas involucradas, es la que va a negociar cuánto se paga por los terrenos y cómo se reparten otros nuevos.
Una ejidataria que prefiere no dar su nombre, se queja de que los comuneros son los que más están exigiendo en la negociación, mientras que ellos no tienen la certeza de que les vayan a dar tierras que sí sean fértiles, y a estas alturas ni siquiera les han dicho cuánto les van a pagar.
“¿No decía López Obrador que no quiere campesinos pobres?, y nos quitan nuestras parcelas… ¿Qué vamos a hacer después, si nosotros de esto vivimos?”, se pregunta.
Rodeados de pozos, pero sin agua
Xaltocan fue fundado por otomíes en una isla que estaba en un lago del mismo nombre, y del que ya no queda más rastro que el agua que permanece bajo la tierra. En la carretera que pasa junto al pueblo se pueden ver constantemente pozos de la cuenca Pachuca-Cuautitlán, que sirven para abastecer a la Ciudad de México. Sin embargo, esta comunidad tiene que abrir sus propios pozos y constantemente sufre desabasto.
“Es que somos independientes y la misma población mantiene los pozos, o sea, si se descompone la bomba, el pueblo paga la reparación. El que teníamos ya dejó de producir, se secó, tiene como dos meses, por eso ahorita están mandando pipas. Hay un segundo pozo que no estaba sacando agua y ya nos lo van a habilitar”, cuenta la encargada de un negocio de tacos, que no quiere ser mencionada con su nombre.
“Aquí nos dañaron con esa red de pozos que lleva agua a la Ciudad de México. O sea, ya ahorita seríamos dañados como por cuarta vez como pueblo”, agrega su mamá. “Lo que quisiéramos es que nos conecten a esa red, porque cómo puede ser que se llevan el agua a la Ciudad, y aquí luego no tenemos”.
Los pobladores temen, además, que una obra de la magnitud de la que será el aeropuerto vuelva peor el desabasto de agua si no les garantizan la conexión a la red.
Además del agua, lo siguiente que más preocupa a los habitantes de esta comunidad es el ruido. Ya de por sí tienen el paso del tren y sobrevuelos cada tantas horas de pequeños aviones militares, pero saben que un aeropuerto de las magnitudes del que se está planteando, con capacidad inicial para 20 millones de pasajeros anuales, implicará ese sonido mucho más fuerte y constante.
“Pues no va a ser un avión el que pase al día, o cada dos horas, sino que va a ser constante. Pero el pueblo estuvo de acuerdo, siempre y cuando tengamos algún beneficio. Económicos quizá no, pero de progreso del pueblo”, dice otra mujer que es originaria de ahí.
Por ello, en la reunión en la que se hizo la consulta, se hicieron varias propuestas. Entre ellas, referentes a infraestructura, surgió la de construir un hospital, ya que solo hay un pequeño centro de salud. También hubo sugerencias como cambiar de lugar la secundaria, que está en una orilla del pueblo, construir un mercado público, mejorar el sistema de alumbrado o arreglar la plaza central.
Otra oferta del gobierno, según los dueños de la papelería, dentro de la mesa de trabajo sobre desarrollo económico y social, fue ayudarlos a crear pequeñas empresas para dar servicios al aeropuerto, como trabajar en el reciclaje de los desechos que genere, o encargarse del mantenimiento de las instalaciones.
La consulta
Cuando el equipo de transición, en octubre de 2018, realizó la consulta para preguntar en todo el país si se cancelaba el proyecto de Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco y en cambio se construían dos pistas más en la base aérea de Santa Lucía, aquí no hubo casilla para votar. Ni siquiera en la cabecera municipal de Nextlalpan, a donde pertenece este pueblo, sino solo en las de Zumpango y Tecámac, los otros dos municipios que rodean la terminal.
Pero la semana pasada, López Obrador despertó la polémica en el acto de inicio de trabajos del aeropuerto al asegurar que ya se había hecho una consulta con los pueblos aledaños, que no se dio a conocer públicamente. Horas después, la Sedatu precisó en un comunicado que este era el único pueblo consultado “porque dentro del área de ampliación del aeropuerto se ubican las tierras de propiedad colectiva de la comunidad de Xaltocan, cuestión que no ocurre con otras comunidades aledañas”.
De acuerdo con habitantes de San Miguel Xaltocan, a partir de enero empezaron a venir funcionarios del gobierno, sobre todo de la Secretaría de la Defensa, así como de Gobernación (Segob), Sedatu y Conagua.
También llegaron del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), ya que aunque en los alrededores de Santa Lucía no hay pueblos donde más del 40 % de la población hable una lengua originaria, criterio para ser catalogados así, Xaltocan tiene un museo de vestigios arqueológicos teotihuacanos, olmecas y aztecas que fueron recuperados en la zona, y cada año se organiza un concurso latinoamericano de oratoria en lenguas originarias.
“Primero vinieron los de Pueblos Indígenas, fue el primer acercamiento, y nos preguntaron si nos considerábamos como pueblo indígena, como ustedes quieran, nos dijeron, pero como pueblo indígena tienen ciertas ventajas, ciertos beneficios, de instancias internacionales, de un convenio internacional para las decisiones que ustedes quieran tomar. Y todos dijimos que sí. Nos dijeron que después tenían que venir de la Defensa a plantear el proyecto, dijimos sí, pero también queremos que vengan de Conagua y Sedatu”, recuerda Arellano.
El 10 de marzo a las 7 de la tarde fue la cita establecida para la gran asamblea, en el auditorio ejidal, ubicado a unos pasos de la plaza central, y donde se suelen realizar eventos importantes del pueblo. No solo asistieron ejidatarios y comuneros, sino que la convocatoria era para todos los habitantes de Xaltocan. Según Sedatu, llegaron 626 ciudadanos, aunque algunos de los asistentes dijeron a Animal Político que primero eran más de 600 pero al final quedaba la mitad, ya que la reunión se prolongó hasta pasada la 1 de la madrugada.
Por parte del gobierno, llegaron de las dependencias mencionadas, además de otras como Bienestar, Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en calidad de observadores.
No hubo urnas, sino que se terminó con una votación a mano alzada en la que prácticamente por unanimidad, aseguran quienes fueron testigos, se aprobó la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles sobre la ya existente base militar de Santa Lucía. A cambio, se creó una comisión de seguimiento con más de 50 miembros, organizados en mesas de trabajo.
“Ellos se llevaron las propuestas que hicimos, pero no es que ya lo van a hacer; dijeron que iban a estudiar si son viables. Vamos a ver”, expresa aún con dudas una habitante de Xaltocan.
