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Cuartoscuro

En 5 años solo 10% de los asesinatos de personas LGBT se han investigado como crímenes de odio

Veracruz es la entidad con mayor número de asesinatos LGBT en el sexenio de Peña Nieto (43), seguido por Guerrero (39), Quintana Roo (33), Estado de México (30), Chihuahua (28), Puebla (27) y Tamaulipas (25).
Cuartoscuro
15 de mayo, 2019
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Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, al menos 473 personas LGBT fueron asesinadas en México por motivos relacionados a la orientación sexual o la identidad y expresión de género, revela un informe de la organización Letra Ese.

De acuerdo con el reporte “Violencia extrema. Los asesinatos de personas LGBT en México: los saldos del sexenio (2013-2018)”, en promedio fueron asesinadas 79 personas de esta comunidad al año, es decir, 6.5 por mes.

El informe señala que en las líneas de investigación de estos homicidios destacan “la poca relevancia que conceden a la orientación sexual y a la identidad de género de las víctimas en sus pesquisas, y cuando se la otorgan lo hacen de manera perjuiciada”, pues solo en el 10% de los casos se indagan como posibles crímenes de odio, y solo en el 28.8% de ellos se identificó al o los presuntos responsables.

Las víctimas más comunes de estos crímenes fueron las mujeres trans, al registrarse 261 casos, lo que representa el 55% del total de los homicidios cometidos contra personas LGBT.

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El segundo grupo más expuesto a la violencia homicida es el de los hombres homosexuales, con 192 casos (40% del total), seguidos por las mujeres lesbianas, con 9 asesinatos.

También se registraron 5 homicidios de hombres bisexuales y un feminicidio contra una mujer bisexual.

El informe señala que el promedio general de edad de las víctimas fue de 24 años, y que al menos 22 de ellas sufrieron violencia sexual antes o después de ser asesinadas; los cuerpos de 60 de ellas aparecieron “con marcas de tortura o señales claras de ensañamiento”.

Veracruz es la entidad con mayor número de asesinatos LGBT (43), seguido por Guerrero (39), Quintana Roo (33), Estado de México (30), Chihuahua (28), Puebla (27) y Tamaulipas (25).

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La organización destaca que, de las víctimas, 24 eran personas defensoras o promotoras de los derechos LGBT, 9 eran portadoras de VIH, 4 eran migrantes centroamericanas y 2 pertenecían a poblaciones callejeras.

Sobre la forma en la que fueron cometidos, Letra S señala que la mayoría de los cuerpos de hombres homosexuales fueron encontrados en sus domicilios con heridas provocadas por objetos punzocortantes o asfixiados, mientras los cuerpos de mujeres trans fueron encontrados en la vía pública o en lotes baldíos con heridas provocadas por armas de fuego y punzocortantes.

En el caso de las mujeres lesbianas, en seis de los casos estas fueron asesinadas junto con su pareja o en presencia de ella.

Acerca de la valoración como crimen de odio en solo el 10.5% de los casos, Letra S señala que se puede observar que las autoridades encargadas de investigar los delitos, como policías, agentes de ministerios públicos, fiscales y jueces “suelen compartir prejuicios hacia las identidades sexuales y de género diversas”, lo que provoca “valoraciones estereotipadas de las víctimas que termina por afectar su derecho a un debido proceso”.

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“Se percibe renuencia por parte de las autoridades encargadas de la procuración de justicia a reconocer la existencia de violencia sistémica y específica relacionada a la orientación sexual, la identidad y la expresión de género de las personas. Algunas fiscalías y autoridades ministeriales no solo no toman en cuenta la especificidad de la violencia contra personas LGBT sino que hacen lo posible por negarla o por ocultarla”, acusa.

Letra S pide al gobierno de México atender la recomendación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de crear sistemas o mecanismos de recolección de datos con información desagregara y estandarizada de los diferentes tipos de violencia contra personas LGBT, así como poner en práctica acciones para erradicar estereotipos de género en el personal que atiende la procuración de justicia.

También recomienda que se establezca un mecanismo de coordinación para la implementación de un protocolo en la materia, elaborado por la Fiscalía General de la República y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que se complemente con la participación de organizaciones civiles LGBT.

Además, exige la elaboración de una propuesta para homologar el tipo penal de “crímenes de odio o por prejuicio” en todos los códigos penales del país, así como la realización de campañas de prevención de delitos y violencia dirigidas a la comunidad LGBT.

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De acuerdo con una encuesta del Conapred y la CNDH, 6 de cada 10 personas LGBT sufrieron discriminación durante 2018, y más de la mitad de ellas reportó haber sido víctima de expresiones de odio, agresiones físicas y acoso.

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Mi pesadilla terminó, pero aún quedan muchas mujeres inocentes presas: Evelyn Hernández

BBC Mundo habló con Hernández, quien fue condenada a 30 años de cárcel en El Salvador por un parto extrahospistalario en el que su bebé nació muerto. Tras 33 meses en la cárcel y ser absuelta, ahora se plantea cómo recomenzar su vida.
21 de agosto, 2019
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Evelyn Hernández dice que siente que acaba de despertar de un mal sueño: la pesadilla más terrible y larga de su vida.

Duró tres años, cuatro meses y 13 días, se alargó por inviernos y noches y vio cómo en el camino, en el tiempo que pasaba tras las rejas, ella misma y su cuerpo cambiaban y se iba haciendo adulta.

Comenzó una mañana de abril de 2016, poco después de despertar, cuando un chorro de sangre en sus piernas la llevó a un hospital y, después, a la cárcel.

Tenía entonces 18 años y dice que esa mañana tuvo unos dolores en el vientre que casi la dejan inconsciente.

Sin saber que estaba embarazada, según su testimonio, dio a luz a un feto muerto que la policía encontró horas más tarde en una fosa séptica en el caserío donde vivía, en el Cantón El Carmen, en El Salvador.

Después de que los médicos constataran el parto fue acusada de “homicidio agravado”, en un país donde abortar o dar a luz un bebé muerto fuera de un hospital es considerado un crimen y las mujeres se enfrentan a penas de cárcel de decenas de años.

Evelyn Hernández

Familia de Evelyn Hernández
Evelyn Hernández tenía 18 años cuando tuvo un parto extrahospitalario.

En 2017 le impusieron una condena de 30 años. Pero tras un largo proceso de sentencias anuladas, repetición del juicio, pruebas, argumentos y apelaciones, fue finalmente absuelta a inicios de esta semana.

En total, Hernández pasó 33 meses en prisión.

“Primero sentí que el juez me iba a condenar, pero ya después dijo que no me podía acusar porque él no tenía la certeza de lo que estaban diciendo en mi contra. Me dio mucha alegría, me dieron ganas de llorar”, recuerda en conversación telefónica con BBC Mundo.

“(Sentí que quedaba atrás) el recuerdo del pasado y de todo lo que decían contra mí, sentí que estaba empezando de nuevo”.

Fue la primera vez en la historia de El Salvador en que una mujer condenada por practicar un aborto regresaba a la corte para que se revisara su sentencia y, finalmente, era absuelta de sus cargos.

Su caso abre ahora las puertas de la esperanza para al menos otras 19 mujeres -todas de bajos recursos o provenientes de zonas muy pobres- que cumplen penas de hasta 35 años en el país por casos similares.


El Salvador tiene una de las leyes antiaborto más estrictas del mundo: la interrupción del embarazo es ilegal en todas las circunstancias.

Las que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos o mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto y en muchos casos, incluido el de Hernández, el cargo cambia a uno de “homicidio agravado”, que conlleva una pena mínima de 30 años.

A varias de las mujeres acusadas de abortar en El Salvador se les ha conmutado las condenas en los últimos años, pero los veredictos no eran anulados y declaradas absueltas, como sucedió ahora.

Evelyn Hernández

BBC
El caso de Evelyn Hernández recibió gran atención mediática dentro y fuera de El Salvador.

Para muchos en el país centroamericano, la llegada al gobierno del presidente Nayib Bukele, quien prometió tratar de reformar las estructuras más anquilosadas de la nación, fue una esperanza de que las cosas también podrían cambiar en esta área.

Pero cualquier modificación sobre el aborto debe pasar antes por el Congreso, que ni siquiera tiene en agenda su discusión.

“Con la absolución de Evelyn esperamos que se siente un precedente para el caso de estas mujeres que son criminalizadas y, muchas veces, estigmatizadas por la sociedad, los administradores de justicia y la Fiscalía”, le dice a BBC Mundo Teresa Delgado, abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho.

“Creemos que la Fiscalía de El Salvador tiene que buscar un ordenamiento de las políticas para establecer el debido proceso sin violentar las garantías constitucionales de estas mujeres. Este fue un paso muy importante, pero queda mucho por hacer”, agrega.


Evelyn Hernández dice que por ahora quiere olvidar, rehacer su vida, e intentar ayudar a otras mujeres que, como ella hasta hace muy poco, solo ven como futuro una prisión.

“Recuerdo ese tiempo con mucho sentimiento y tristeza, porque fue muy duro lo que me pasó. Mal me trataban en la cárcel, me señalaban por el delito que me acusaban”, dice.

En su país, cuenta, las mujeres que han sido juzgadas por un aborto no solo se enfrentan a la Justicia, sino también a la exclusión de una sociedad conservadora donde los valores religiosos forman parte cotidiana de la vida.

“Realmente tenía el temor de que me señalaran cuando me liberaron. Pero siempre dije en mi mente: tengo que poner la cara en alto, porque lo que ellos me señalan no es cierto“.

Hernández cursaba bachillerato cuando conoció al pandillero que asegura fue el responsable de dejarla embarazada en una violación y que la aterrorizó después con sus amenazas.

Ahora tiene 21 años y, después de haber pasado 33 meses en la cárcel y otros seis de libertad condicional, dice que no muy tiene claro qué pasará ahora con su vida.

“Mi plan ahorita es seguir estudiando y terminar mi último año de bachillerato para ir a la universidad. En mis planes antes estaba estudiar enfermería, pero ya no quiero eso. Todavía no sé qué (estudiaré) en la universidad”, afirma.

Su meta por el momento, agrega, es estar con su familia y ayudar a buscar justicia para las otras 19 mujeres que están en una situación similar a la que ella pasó en El Salvador.

“Ojalá que esto sirva para que se vayan dando cuenta de que hay muchas muchachas que todavía están presas por haber pasado por algo parecido a mí”.

“Mi pesadilla terminó, pero aún quedan muchachas inocentes allí. Hay muchas muchachas allá adentro (de la cárcel) que son inocentes”.


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