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De las promesas a las metas medibles: las claves del plan de seguridad de AMLO

Levantar prohibición a drogas ilícitas y reorientar recursos a reinserción, amnistía, sanciones por incumplimiento de recomendaciones de CNDH, y abatir crecimiento delictivo son algunas de las promesas.
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El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido en varias ocasiones que restablecerá la paz en el país y acabará con la violencia. Pero ¿cómo planea hacerlo?

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El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019 – 2024 enviado esta semana al Congreso expone la estrategia del el gobierno federal y la define como un  “un cambio del paradigma” de seguridad para alcanzar la paz.

Primero se prometen una serie de acciones que se llevarán a cabo en el sexenio y que van desde el levantamiento de la prohibición de algunas sustancias y el fin de la “guerra contra las drogas”, hasta un plan de justicia transicional que permita amnistía en algunos casos,  y penalizar el incumplimiento de recomendaciones a derechos humanos.

Y después, el plan define un grupo de metas e indicadores que deberán alcanzarse para 2024, aunque sin estar directamente vinculados con las promesas planteadas en un inicio.

A continuación Animal Político presenta los puntos clave de ambos apartados relacionados con la estrategia de seguridad.

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Las promesas

Entre el cúmulo de acciones que se prometen en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024,  sin identificar plazos ni indicadores que permiten medir su cumplimiento, se encuentra lo siguiente:

Fin a la guerra contra las drogas y política prohibicionista

El PND sostiene que la denominada “guerra contra las drogas” impulsada en los dos sexenios anteriores no disminuyó el consumo y, por el contrario, convirtió un problema de salud pública en una crisis de seguridad nacional.

Para ello se plantea acabar con esta estrategia y “levantar la prohibición de drogas actualmente ilícitas”, así como reorientar recursos que hoy se utilizan para combatir el tráfico a programas de desintoxicación y reinserción.

Oportunidades alternas a la economía ilícita

El plan señala que el gobierno impulsará un “desarrollo alternativo” que genere opciones de ingreso para las familias cuya economía depende de lo que hoy perciben por el cultivo de drogas, la venta de hidrocarburos robados, entre otros.

Justicia transicional y amnistía

Como el gobierno ya había adelantado un componente de su estrategia para restaurar la paz es la llamada “justicia transicional” que permitirá, según el documento, pacificar el país con “medios no violentos” y desarmar a grupos infractores. Para ello se contempla, entre otras cosas, revisar expedientes de personas acusadas o sentenciadas y analizar si pueden ser objeto de amnistías o indultos.

Se contempla en este mismo sentido el establecimiento del denominado “Consejo para la Construcción de la Paz”, con la participación de la CNDH y de Naciones Unidas.

Castigo por incumplimiento de recomendaciones

El plan sostiene que se impulsarán reformas orientadas a convertir en una obligación legal el cumplimiento de las recomendaciones que genere la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus homologas estatales, y plantea sanciones para las autoridades que no lleven a cabo el referido cumplimiento.

Debilitar base social del crimen

Una de las principales acciones que el plan sostiene como recurso para combatir a la violencia es el impulso de programas sociales, de oportunidades de trabajo y de proyectos de desarrollo que generen bienestar entre la población y que, por ende, debiliten “la base social” desde la cual se nutre el crimen.

En síntesis, generar más oportunidades y condiciones favorables para que las personas no se vean en la necesidad de unirse a la delincuencia en búsqueda de recursos.

Como ejemplos para materializar esto, el plan subraya la puesta en marcha del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la construcción de las Universidades Benito Juárez, el desarrollo de las comunidades sustentables Sembrando Vida”, y hasta la construcción del Tren Maya y del Aeropuerto “Felipe Ángeles”

Combate a delitos fiscales y de hidrocarburos, y baja de homicidios

El plan promete la “erradicación” de delitos que han crecido al amparo de la impunidad y corrupción, destacando el lavado de dinero, el tráfico de armas, el robo de hidrocarburos y la evasión fiscal. Además promete que para el último año del sexenio habrá una reducción en delitos de alto impacto como homicidios y robos de 50%.

Acabar con brecha salarial en aparato de seguridad

El plan considera indispensable disminuir las brechas salariales que existen ente policías, agentes del Ministerio Público y jueces por lo menos a nivel federal para favorecer la operación del sistema de justicia.

Crean nuevo esquema de control de confianza para elementos de la Guardia Nacional

Fuerzas armadas y Guardia Nacional

El plan retoma lo ya planteado en diversas ocasiones respecto a la constitución y puesta en marcha de la Guardia Nacional como la nueva policía de proximidad del país. Se plantea contar con un estado de fuerza de 140 mil elementos al acabar el sexenio, y que sea desplegada en las 266 regiones consideradas como prioritarias.

A la par de ello se subraya el apoyo que podrán dar las Fuerzas Armadas de forma ya legalizada durante los próximos cinco años, mientras se conforma la Guardia Nacional.

Lo medible

Entre las acciones que el Plan Nacional de Desarrollo identifica con objetivos e indicadores medibles se encuentra lo siguiente:

Disminuir incidencia delictiva 15%

El plan establece como meta que la tasa de 39 mil 369 delitos por cada 100 mil habitantes registrada en 2017, descienda a 33 mil 219 delitos en 2024, lo que equivaldría a una reducción de más del 15%.

Cabe señalar que este indicador no corresponde con la baja en 50% en delitos como homicidio que se promete en la primera parte del PND ni se incluye un indicador respecto a esta promesa en específico.

Abatir percepción de inseguridad

El documento  plantea como objetivo disminuir la percepción de la población que se siente insegura y que en 2018 fue casi el 80% de todos los encuestados. La meta es que para 2024 la proporción sea de 39.4%.

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Elevar cumplimiento de recomendaciones

El plan propone elevar la proporción de cumplimiento de los puntos recomendatorios que emita la CNDH. El objetivo es pasar del 81% que actualmente registra el gobierno a un nivel de cumplimiento de al menos 90% en 2024.

Mejorar Índice de Estado de Derecho

El gobierno plantea generar las condiciones necesarias para que México mejore su calificación en el Índice de Estado de Derecho elaborado por la organización “World Justice Project”, el cual evalúa las capacidades de los países en distintos rubros como justicia civil y penal, orden y seguridad, límites al poder gubernamental, entre otros.

Se busca avanzar del 0.45 con el que se figura actualmente a un índice de 0.60 para el 2024.

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Aborto en El Salvador: absuelven a Evelyn Hernández, la joven que dio a luz a un bebé muerto tras ser violada

Un tribunal de El Salvador absolvió este lunes a Evelyn Hernández, la joven que enfrentó un segundo juicio por homicidio agravado tras parir a un bebé muerto producto de una violación y asegurar que nunca supo que estaba embarazada.
Getty Images
20 de agosto, 2019
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Un tribunal de El Salvador absolvió este lunes a Evelyn Hernández, una joven de 21 años acusada de homicidio agravado luego de parir a un bebé muerto.

El bebé, producto de una violación, fue encontrado sin vida en la letrina donde Hernández dio a luz en 2016.

La Fiscalía General de El Salvador, cuyos representantes no hicieron declaraciones a la prensa, acusaba a la joven de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión y pedía 40 años de cárcel para ella.

Hernández ya había sido condenada a 30 años de cárcel en 2016, pero la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia y ordenó realizar un nuevo juicio.

Evelyn Hernández

AFP
Evelyn Hernández insistió siempre en su inocencia.

Entre los procesos, la salvadoreña estuvo encarcelada un total de 33 meses, hasta que en febrero de este año obtuvo la libertad condicional.

La joven siempre defendió su inocencia. Sostenía que nunca supo que estaba embarazada y que había perdido el conocimiento durante el parto.

Tras conocerse la absolución este lunes, Hernández declaró visiblemente emocionada que ahora sus metas son continuar estudiando y “salir adelante”.

“Gracias a Dios se hizo justicia. Todo este tiempo fue duro porque me acusaban de algo de lo que yo era inocente. Espero que muchas muchachas (mujeres condenadas por abortar) salgan pronto (de la cárcel)”, expresó, a la vez que agradeció todo el apoyo recibido.

Atención mediática

Activistas por los derechos de las mujeres siguieron de cerca su caso dentro y fuera de El Salvador y exigían su absolución.

Bertha de León, abogada defensora de la joven, explicó que el juez dijo “que no había forma de comprobar el delito y por eso la absolvió; y ha dicho que fue un parto complicado, como el de muchas de las mujeres que aún están presas por el delito de homicidio”.

Hernández tuvo un parto extrahospitalario el 6 de abril de 2016 cuando se encontraba en su vivienda y fue trasladada por un familiar al Hospital Nacional del municipio de Cojutepeque, en el este del país, donde fue denunciada ante las autoridades por el médico que la atendió, según señalaron sus abogados.

Evelyn Hernández

BBC
El caso de Evelyn Hernández recibió gran atención mediática dentro y fuera de El Salvador.

Su historia traspasó las fronteras salvadoreñas y diversas organizaciones internacionales de derechos humanos y en favor de la despenalización del aborto solicitaron en reiteradas ocasiones a la Fiscalía del país centroamericano que desistiera de la acusación contra la joven.

Caso excepcional

El Salvador tiene una de las leyes antiaborto más estrictas del mundo: el aborto es ilegal en todas las circunstancias y los culpables enfrentan entre dos y ocho años de cárcel.

Las mujeres que sufren complicaciones del embarazo y que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto.

En muchos casos, incluido el de Hernández, el cargo cambia a uno de homicidio agravado, que conlleva una pena mínima de 30 años.

Habitualmente, a las mujeres acusadas de abortar en El Salvador se les conmutaban las condenas cuando las penas de prisión de 30 años se consideraban “desproporcionadas e inmorales”, pero los veredictos no eran anulados.

Marcha a favor de la puesta en libertad de Evelyn Hernández.

Getty Images
Organizaciones de mujeres se volcaron con el caso de Evelyn Hernández.

El caso de Hernández, de hecho, ha sido el primero de su tipo en el país centroamericano en el que se ordenó realizar un nuevo juicio.

Activistas por los derechos de las mujeres esperan que este caso establezca un precedente para otras mujeres encarceladas bajo las estrictas leyes antiaborto de El Salvador para luchar contra sus sentencias.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya le solicitó anteriormente a El Salvador que reforme sus leyes -que califica de “draconianas”- sobre el aborto.


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