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Cuartoscuro Archivo
Pese a miles de cuerpos sin identificar, estados no usan plataforma forense donada por la Cruz Roja
En más de la mitad de los estados no se ha ingresado una sola muestra genética al sistema de identificación forense donado por la Cruz Roja Internacional en 2013. 
Cuartoscuro Archivo
15 de mayo, 2019
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En septiembre de 2013, la Cruz Roja Internacional donó a México una plataforma tecnológica ya desarrollada en otros países, denominada sistema AM/PM, la cual facilita la ubicación e identificación de personas, gracias al cruce de datos forenses (entre ellos ADN) de cuerpos no identificados con los de familiares de desaparecidos.

Pero hoy, a más de cinco años de su donación, dicho sistema continúa sin implementarse al cien por ciento en el país. En más de la mitad de los estados no se ha ingresado una sola muestra genética al sistema, ni de familiares, ni de restos encontrados, y en 2 de cada 3 entidades no se ha logrado ninguna identificación.

De hecho, y pese a que según el gobierno hay 26 mil cuerpos sin identificar en servicios forenses de todo México, a través de este sistema se han recabado menos de dos mil perfiles genéticos de cuerpos. Apenas un 7.6% del total.

El martes el gobierno federal, en voz del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que el aparato forense en el país no cuenta con las capacidades suficientes para enfrentar la crisis de cuerpos sin identificar y desaparecidos en México, y habló de crear un sistema homologado de identificación, algo que en teoría ya debería de existir.

La información oficial proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR) a este medio, vía una solicitud de transparencia, evidencia los resultados que ha tenido el sistema, cuyo nombre completo es Ante Mortem/Post Mortem (AM/PM). En el sexenio pasado fue anunciado como el sistema definitivo de información forense para todo el país.

Los datos confirman que, el 30 de septiembre de 2013, la Cruz Roja Internacional donó a la entonces PGR la plataforma tecnológica en la cual opera este sistema.

Sin embargo fue hasta el 20 de agosto de 2015, en el marco de la XXXIII Reunión Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, cuando las procuradurías y fiscalías del país finalmente acordaron “de manera virtual” implementar la base de datos AM/PM.

Es decir, las procuradurías del país se tardaron prácticamente dos años, tan solo en firmar el acuerdo de implementación de este sistema. Y aun así tampoco se materializó en ese momento.

En un comunicado de prensa fechado en mayo de 2016, la PGR informó que se continuaba trabajando en la definición de un protocolo homologado para la identificación de cadáveres denominado “Protocolo Nacional de Necropsia Legal”, el cual supuestamente sería sometido a análisis y aprobación en la conferencia nacional de procuradores. Pero no hubo aviso oficial de que ello finalmente ocurriera.

Y en información revelada en un documento fechado en abril de 2018, publicada por este medio en el reportaje Matar en México: Impunidad Garantizada, la PGR sostenía que el sistema funcionaba en 21 de las 32 entidades federativas. No obstante, los estados en donde se reporta trabajo realizado y resultados en el sistema son menos de la mitad.

Bases incompletas en estados

El funcionamiento del sistema AM/PM requiere necesariamente la integración de dos bases de datos, que son sus pilares: la Ante Mortem (AM) con información genética de familiares de personas no localizadas, y la Post mortem (PM) con registros forenses de restos humanos y cuerpos no identificados.

Es a partir del cruce de estas bases de datos como se pueden consumar las identificaciones, pero más de la mitad de los estados no han siquiera aportado perfiles y datos.

En el caso de los datos genéticos para la base de datos AM sobre personas desaparecidas, la Fiscalía General reportó la captura de 4 mil 396 perfiles genéticos. De ellos 2 mil 516 corresponden a perfiles capturados directamente a nivel central, por la propia FGR.

El resto de los perfiles de ADN capturados corresponden solo a 12 entidades: 6,363 de Guerrero, 423 de Michoacán, 255 de Coahuila, 168 de San Luis Potosí, 160 de Querétaro, 111 de Tamaulipas, 84 de Durango, 19 de Tabasco, 11 de Zacatecas, 7 de Veracruz, 5 de Yucatán , 1 de Baja California Sur.

En cambio de las otras 20 entidades federativas no se reporta ni un registro capturado a la base AM.

En el caso de la base de datos PM (cuerpos y restos no identificados) los resultados son aún más pobres. La FGR reporta el registro de 1 mil 989 perfiles de ADN, de los cuales 430 fueron recabados por la propia Fiscalía general.

En tanto hay 13 estados que sí han aportado datos a esta base, mientras que las 19 entidades federativas restantes no han generado ni un perfil genético. Los estados donde se han ingresado datos son Querétaro con 390 perfiles de ADN capturados, Guerrero con 309, Michoacán con 260, Coahuila con 256, Tamaulipas con 148, Tabasco con 113, Estado de México con 33, Baja California Sur con 15, San Luis Potosí con 12.

También Yucatán con 9 registros de ADN en la base PM, Veracruz con 7, Zacatecas con 6 y Durango con 1.

Los pocos o nulos registros ingresos al sistema AM/PM han provocado que, hasta el cierre de febrero pasado, se reportaran solo 159 casos de personas identificadas exitosamente en 10 de las 32 entidades federativas.

Muchos desaparecidos, pocos registros

De acuerdo con datos de la actual administración federal, en las instalaciones de los distintos servicios forenses del país existen 26 mil cuerpos sin identificar, muchos de ellos encontrados en fosas comunes o clandestinas. Así lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la ceremonia de Reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda.

Sin embargo, y como lo muestran los datos de la FGR, solo se tiene el registro en el sistema AM/PM de 1 mil 989 perfiles de cuerpo no identificados. Esto equivale apenas a un 7.6% del total de los cuerpos que estarían sin identificar, según la información oficial.

En cuanto a personas desaparecidas el Registro Nacional de Búsqueda llegó a contar hasta 40 mil personas no localizadas, aunque la información no es sólida, como ha señalado el actual gobierno. No obstante la información contrasta con los perfiles de familiares de desaparecidos en el sistema AM/PM, que equivalen apenas a un 10% de esas víctimas.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo al anunciar la creación de un registro de fosas clandestinas que se trabaja en la elaboración de un diagnóstico a detalle sobre las capacidades forenses, para revertir esta situación.

“Lo que buscamos es detonar lo que es un programa emergente para enfrentar la crisis de materia forense, en donde además de desarrollar las capacidades institucionales, infraestructura, equipamiento, el desarrollo de recursos humanos, queremos dar prioridad al trato digno a los cuerpos, a su derecho a la identidad, a la identificación, a la entrega de sus familiares y que tengan un destino digno donde sean depositados estos cuerpos”, dijo Encinas.

Faltan comisiones de búsqueda en 13 estados

Otro aspecto pendiente es la instalación de las comisiones estatales de búsqueda, que por ley deberían estar funcionado desde el año pasado.

En las últimas semanas y gracias al trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) que encabeza Karla Quintana, así como de la propia Segob, se ha acelerado la instalación de comisiones en varias entidades, y en dos meses la lista ha crecido de 9 a 19 ya instaladas.

No obstante (y según la información proporcionada por la CNB a Animal Político), hasta el día de hoy continúan sin entrar en operación comisiones en 13 entidades: Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Yucatán.

En la mayor parte de estas entidades la CNB lleva a cabo reuniones para que se expidan los decretos de creación de las comisiones locales de búsqueda, y se pongan en marcha.

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Qué es la "política de la Ciudad de México", la medida antiaborto que EU endureció este martes
Mike Pompeo, secretario de Estado de EU, anunció este martes que su país ampliará el alcance de una política antiaborto conocida como "de la Ciudad de México".
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26 de marzo, 2019
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Este martes el gobierno de Estados Unidos endureció una de las primeras medidas que tomó el presidente Donald Trump a su llegada a la Casa Blanca en enero de 2017.

En una rueda de prensa el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que las organizaciones extranjeras que reciban financiación de EE.UU. tendrán prohibido apoyar a grupos que estén a favor del aborto.

Durante los primeros días de su mandato Trump reinstaló una medida que prohíbe destinar recursos federales a grupos internacionales que proporcionan información sobre el aborto.

Ahora el anuncio de Pompeo expande la prohibición.

“Continuaremos negándonos a brindar asistencia a las ONG extranjeras que realizan o promuevan activamente el aborto como un método de planificación familiar“, dijo el secretario de Estado.

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El aborto ha sido un tema de debate entre republicanos y demócratas en EU.

“Ahora, como resultado de mi decisión de hoy, también estamos dejando claro que nos negaremos a brindar asistencia a las ONG extranjeras que dan apoyo financiero a otros grupos extranjeros en la industria global del aborto… Los dólares de los contribuyentes estadounidenses no se utilizarán para financiar abortos”.

“Mordaza global”

La medida impuesta por Trump y que hoy se endurece mediante el anuncio de Pompeo, es conocida entre sus críticos como la “ley mordaza global”.

El decreto lo promulgó por primera vez en 1984 el republicano Ronald Reagan, entonces presidente de EE.UU., durante una conferencia de Naciones Unidas en la capital mexicana; por eso también se le conoce como la política de Ciudad de México.

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“Los dólares de los contribuyentes estadounidenses no se utilizarán para financiar abortos”, dijo Pompeo.

Desde entonces, se ha vuelto un rifirrafe entre demócratas y republicanos.

La medida fue revocada durante la presidencia de Clinton, se volvió a implementar durante el mandato de George W. Bush y fue removida nuevamente durante el gobierno de Obama.

Quienes critican esta política afirman que es una forma de limitar el trabajo de las organizaciones alrededor del mundo que ofrecen asesoría sobre el aborto como una opción de planificación familiar.

Ante la orden firmada por Trump en 2017 grupos de defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres reclamaron que la medida mermaba sus recursos y coartaba sus acciones, pues tendrían restricciones incluso para informar sobre temas como el aborto terapéutico o de la atención postaborto.

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Quienes se oponen a la medida dicen que aumenta el riesgo de muerte de las madres.

Los críticos también se refieren a estudios científicos que han mostrado que esta medida aumenta las tasas de abortos, pues implica el cierre de clínicas y programas de anticoncepción y que podría aumentar el riesgo de muerte de las madres.

Pero la “ley mordaza global” también tiene adeptos.

“Aplaudimos al presidente Trump por haber puesto un fin a financiar con dinero de los contribuyentes a grupos que promueven el asesinato de niños nonatos en países en vías de desarrollo”, dijo en su momento Carol Tobias, presidenta del Comité Nacional para el Derecho a la Vida (NRLC, por sus siglas en inglés), la mayor organización antiaborto de EU.

En esa misma línea, Pompeo dijo que para EU. es posible alcanzar los objetivos de la salud a nivel mundial, sin subsidiar lo que el llamó el “asesinato de bebés nonatos”.


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