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Cuartoscuro

'No tenemos dónde ir, dónde quedarnos': testimonios del desalojo en la colonia Juárez

“No nos llegó ninguna notificación... nada más llegaron agresivos”, relató una de las personas desalojadas de la calle Londres.
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José Roberto Cleofas tiene 26 años y la cara magullada. En su cuerpo hay tres moretones, al menos uno producto del puñetazo de un policía, según consta en su denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Con su esposa y sus dos hijas, conforma una de las cerca de 50 familias desalojadas en la mañana del jueves en el número 7 de la calle Londres, en la colonia Juárez.

Ahí se ubica la antigua embajada española, que sirvió de forma efectiva apenas ocho años, entre 1931 y 1939. Cinco años de República, tres de guerra civil y, después, muchísimos más de abandono.

México no reconoció el gobierno franquista, así que el edificio era algo más simbólico que otra cosa. Nunca más volvió a ser embajada, ni siquiera cuando en 1977 se restablecieron relaciones entre ambos países.

Por eso, el inmueble fue pasando al olvido. Tanto que el 1985, tras el sismo, quedó vacío, como buena parte de la colonia. Hasta que llegó Roberto, que durante 20 años no conoció otro hogar que el terreno alrededor de un edificio en ruinas que un buen número de familias ocupó ilegalmente. Es originario de Santiago Mexquititlán, estado de Querétaro, y de ahí llegó con sus padres porque “nos íbamos a morir de hambre”.

En 2017, después del terremoto, les dijeron que era inhabitable. Al año siguiente fueron desalojados del predio. Las autoridades les habían mostrado el camino de la calle y familias como la de Roberto se lo tomaron de forma literal: organizaron dos campamentos, uno en la calle Londres y otro en la calle Roma.

El primero, con 50 familias, fue desalojado en la mañana del jueves. Entre ellos hay personas que se identifican como otomíes, triquis y mazahuas. El segundo, con otras 80 familias, sigue en pie, aunque alerta. Todos ellos se identifican como otomíes. Tienen en marcha una mesa de diálogo con diferentes administraciones. Quizás por eso no fueron expulsados.

“Se llevaron los papeles, el dinero, no nos dejaron agarrar nada”, se queja Roberto. Pasan las 14:00 horas y menos de una decena de los antiguos inquilinos de la calle Londres se mantienen sentados ante el cordón policial.

En total, 250 policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que apoyan a otros 120 operarios de la alcaldía de Cuauhtémoc. El alcalde, Néstor Núñez, dice que se mantuvo diálogo en todo momento. Ellos lo niegan.

“No nos llegó ninguna notificación, un papel para que nos retirásemos. No nos enseñaron nada, nada más llegaron agresivos”, se queja Roberto.

Su hija mayor, de siete años, está en la escuela. La pequeña, de tres, con su madre. Él trabaja ayudando a otro hombre a vender tamales, pero el desalojo le sorprendió desayunando y se quedó sin acudir a su puesto.

Las calles Londres y Roma se dividen por una iglesia, el Templo del Sagrado Corazón de Jesús. A las 14:00 horas, la imagen es extraña. A la izquierda, en la Roma, no se puede acceder porque hay una gran barrera policial y se ve a los operarios limpiando/destruyendo lo que fueron tiendas de campaña, lo que estas familias llamaban casa. A la derecha, tres grandes vehículos policiales que cierran el paso. Por los huecos entre las camionetas se ven los toldos y los plásticos que forman otro campamento igual al que acaba de ser desalojado

“Estábamos desayunando y llegaron ‘sálganse’, ‘sálganse’. Luego llegaron los policías y no pudimos sacar nada”, se queja. Ahí recibió los golpes.

El desalojo comenzó a las diez de la mañana. A esa hora, hombres vestidos de civil fueron los que iniciaron la expulsión. Lo denunciaron periodistas que se encontraban en el lugar, que fueron amenazados por este grupo. Lo denuncia Roberto. También Victoria López, de 42 años, que llegó a lo que antes se llamaba Distrito Federal con seis, procedente de Oaxaca, y que se encara con los agentes que le impiden el paso. 

Se lo explicó un informador a Arturo Medina, subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México.

“Unas 60 personas han superado el cordón, eran civiles con gorras, algunos con playeras cortas. Nos negaron documentar”, le dijo, señalando que llegaron a amenazar a un vecino que estaba grabando la actuación.

Preguntado por si habían contratado civiles para llevar a cabo la actuación, Medina dijo que “llevamos a cabo las acciones de gobierno con servidores públicos y las personas que intervienen o colaboran en la alcaldía o en la secretaria de gobierno o seguridad ciudadana”.

“Cada una de las dependencias aportó con personal y cada una sabe qué funcionarios públicos acompañaron”, añadió.

En las grabaciones de los primeros momentos del desalojo se observa a hombres que tratan de cubrirse el rostro ante la cámara. Ellos son, según Roberto, quienes llevaron a cabo la expulsión.

“Se han llevado la mercancía con la que trabajamos. No nos avisaron de que iban a venir”, denuncia Alfredo Lucas Maximiliano, que trabaja vendiendo artesanía en el mercado de la Ciudadela. Estos son los oficios de los desalojados: vendedor de artesanía, ayudante de un vendedor de tamales, vendedora de aguas.

El motivo del desalojo lo explica Medina: “Ha habido muchas demandas vecinales, hemos constatado que había una perforación en el piso. Tenemos demandas de vecinos, establecimientos y transeúntes por la ocupación del espacio publico. Además, refieren posibles conductas que pudieran constituir algún delito”.

Estas quejas están resumidas en un informe que vecinos de la calle hicieron llegar el 19 de febrero a la dirección territorial de Juárez.

En el lugar enumeran una serie de inconformidades, como el bloqueo de la puerta de un edificio, que podría “poner en peligro la seguridad en caso de temblor”; la suciedad, la presencia de un tanque de gas, los tendederos de ropa en la calle, la destrucción de las jardineras, la “inseguridad y el aumento de robos a transeúntes como consecuencia de la invasión” y la “insalubridad y el mal olor fecal”.

Ahí está el origen de la orden de desalojo, según un comunicado conjunto entre la alcaldía de Cuauhtémoc y el Gobierno de la Ciudad de México.

En él se asegura que el desalojo (“liberación”, en palabras de Arturo Medina) se produjo “sin violencia”. A falta de disponer del documento en el que se insta a desmontar el campamento, fuentes de la alcaldía de Cuauhtémoc señalan que fue esta institución la que tomó la iniciativa, apoyada por el Gobierno de la Ciudad de México.

Enedina Sánchez y Guadalupe Casillas forman parte del Comité Ciudadano de Juárez. Cerca de las 15.00 horas del jueves supervisaban los trabajos de los operarios en la calle Roma. Lo que antes eran tiendas ya habían sido destruidas, en las jardineras apenas quedaban un balón y algunos enseres personales y en el último camión, una letrina era enterrada en escombros.

“Hemos sufrido vandalismo, malos olores, han rayado la iglesia… No podemos asegurar que sean ellos”, dice Casillas. Sánchez dice tener miedo, aunque reconoce que ninguna de las dos, en los 20 años de ocupación del predio, sufrieron ataque o robo alguno. Sin embargo, reitera: “aquí pagamos impuestos, y no puede venir cualquiera a hacer cualquier cosa”.

Pasadas las 16:45 horas, los policías abandonaban la zona. Donde antes había un campamento ahora volvía a ser una calle limpia, con olor a desinfectante, ya que operarios municipales daban lustre al pavimento.

En una esquina, Filemón Sánchez, un hombre entrado en años que sigue trabajando en el mercado de la Ciudadela, se lamenta. “No alcancé a llegar. Estaba trabajando y, para cuando llegué, ya se habían llevado todo”. Está convencido de que no va a recuperar el dinero que tenía en el interior de la tienda de campaña. Aunque asegura que al día siguiente piensa plantarse en la bodega municipal en la que funcionarios de la alcaldía les dijeron que guardarían sus cobijas y sus colchas.

Al otro lado de la antigua embajada, otro campamento sigue en pie. Diego García, de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata de la Benito Juárez, dice que tras el desalojo del año pasado se entró en una mesa de diálogo. Que en ella están representados el Instituto de Vivienda, el Gobierno de la Ciudad de México, el Consejo Integral para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la comunidad y su organización.

Afirma que ellos propusieron comprar el predio, pero que sus ofertas, de diez y cuarenta millones de pesos, fueron rechazadas. Y dice que la opción que les ofrecieron era marcharse a Tlalpan. “Esta gente lleva más de 20 años viviendo aquí, hay un arraigo”, asegura, mientras ofrece una solución. Dice que la ley contempla la opción de expropiar terrenos si estos han sido ocupados por indígenas y cedérselos como vivienda.

Mientras García habla, el campamento respira. Al ver el despliegue policial, sus habitantes comenzaron a sacar todas sus cosas, por si acaso. Para no perderlas, como le ocurrió a Roberto y su máquina de coser, o su televisor, o su DVD.

Cae la noche y medio centenar de personas aguarda en las inmediaciones de lo que antes fue un campamento.

“Vamos a esperar a ver qué nos dicen. Ahora llegaron de Vía Pública y no nos dejan quedarnos”, dice Roberto Cleofas, que viene junto a otros cuatro compañeros de interponer quejas ante la Comisión de Derechos Humanos capitalina. 

Su preocupación inmediata es dónde pasar la noche. En la alcaldía de Cuauhtémoc aseguran que la Secretaría de Inclusión, Bienestar y Desarrollo y la de Pueblos y Barrios están sobre el caso para ofrecer alternativas a los desalojados.

Pero Roberto está en la calle. “No nos dijeron nada y hasta ahora no nos dijeron nada de donde podemos quedarnos. No tenemos nada, ni cobijas ni nada. Ahora hace frío. No tenemos dónde ir, dónde quedarnos”.

 

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Pornhub: las denuncias de cómo el sitio para adultos se beneficia de la pornovenganza

Grupos contra la pornovenganza aseguran que sitios como Pornhub se han estado beneficiando lucrativamente de ese delito. A pesar de que la firma dice que no lo tolera, víctimas de pornovenganza ven pocos resultados en la lucha para eliminar videos de forma definitiva.
6 de septiembre, 2019
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Activistas y víctimas que señalan a Pornhub como un sitio que se beneficia de la llamada “pornovenganza” denuncian que el sitio no elimina los videos que son reportados.

Y no solo eso, el sitio también falla en borrar el contenido que logra ser censurado, beneficiándose así de los ingresos de publicidad que se generan.

La empresa, por el contrario, afirma que tiene una política muy progresista en esto.

La pornovenganza es la distribución, principalmente en internet, de imágenes o videos sexualmente explícitos sin consentimiento de la persona que se muestra en ellos, a fin de causarle angustia o vergüenza.

El material puede ser distribuido por una expareja, pero también puede provenir de un archivo privado de la víctima que es robado.

Una mujer, Sophie*, dice que se sintió “violada” después de que un video de ella fue visto cientos de miles de veces tras haber sido puesto en línea.

El grupo #NotYourPorn (#NoTuPorno) dice que dicho contenido ha permitido a los propietarios de Pornhub obtener mayores ingresos por publicidad.

Un cartel de Pornhub

Getty Images
Pornhub es el sitio más grande de la industria de distribución de pornografía.

Por su parte, Pornhub asegura que “condena enérgicamente” la pornovenganza y que tiene “la política contra la pornovenganza más progresista de la industria”.

Sobre el caso de Sophie, asegura que no pudo encontrar “ningún registro de ningún correo electrónico” de la joven pidiendo que se eliminaran los videos donde aparecía, pero ahora estaba en contacto con ella y “esperaba resolver este problema en conjunto”.

“Me sentí violada”

Sophie, quien optó por mantener el anonimato, le dijo a la BBC que de paseo con su familia hace 18 meses cuando revisó su teléfono y encontró mensajes y llamadas perdidas.

La pareja de su hermana había encontrado videos de ella en Pornhub, el sitio web más grande de la industria pornográfica en el mundo.

Uno estaba en una lista de los 10 más destacados y había tenido cientos de miles de visitas.

“Me sentí sorprendida, avergonzada y violada”, dice.

Joven desenfocada con celular en la mano

Getty Images
La vergüenza, el miedo y la creencia de que su caso no será escuchado hacen que muchas de las víctimas de ciberacoso no denuncien.

Con su expareja había grabado seis videos, pero se habían separado hace varios años y no había dado su consentimiento a nadie para difundirlos en internet.

A la semana de darse cuenta de la existencia de los videos en Pornhub, los videoclips fueron eliminados.

Sin embargo, la aparición de esos seis videos en Pornhub le dio a alguien la oportunidad de crear alrededor de 100 más que nuevamente fueron subidos al sitio.

Cuando informó esto al sitio, “no fue muy útil” la respuesta, asegura.

Sophie se puso en contacto con otra compañía, que maneja las solicitudes de Pornhub para eliminar videos, pero tampoco obtuvo respuesta.

Fue a la policía y hasta la fecha nadie ha sido acusado.

Ilustración de manos sosteniendo móviles

BBC
La divulgación de fotos o videos sin consentimiento se ha vuelto una práctica cada vez más frecuente.

Kate Isaacs, del grupo activista #NotYourPorn, dijo que la pornovenganza a menudo se etiqueta en Pornhub como contenido “amateur” o “casero”, dos términos de búsqueda de videos populares que hacen que el sitio sea más valioso para los anunciantes.

Isaacs quiere que el sitio sea más proactivo en eliminar dicho contenido tan pronto como sea notificado, además de evitar que vuelva a difundirse.

El efecto en la familia

Cuando Sophie descubrió los videos, ya estaba en una nueva relación, por lo que la situación generó estrés en la relación.

Dice que los amigos de su pareja se burlaron de él por los videos en Pornhub.

Sophie también tiene una hija adolescente la cual, asegura, “no ha sido la misma desde entonces”.

Teléfono móvil pixelado

PA
Una vez que un video es subido, puede ser replicado decenas de veces y vuelto a cargar.

El vicepresidente de Pornhub, Corey Price, dice que el contenido que se carga en el sitio y que viola directamente los términos de servicio se elimina tan pronto como se informa de eso.

“En 2015, para garantizar aún más la seguridad de todos nuestros seguidores, adoptamos oficialmente una postura firme contra la pornovenganza, que creemos que es una forma de agresión sexual, e introdujimos un formulario de envío para eliminar fácilmente el contenido no consensuado”, afirma.

“También utilizamos un software de huellas digitales de terceros de última generación que escanea cualquier carga nueva en busca de posibles coincidencias con material no autorizado, y se asegura de que el video original no vuelva a la plataforma”.


*No es su verdadero nombre.


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https://www.youtube.com/watch?v=y5jxqtP_ses

https://www.youtube.com/watch?v=Gr_Uqx2j47Q&list=PLLhUyPZ7578fO1FAne436D26PBdXhqG4p&index=4&t=0s

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