¿Qué es y para qué sirve el Registro de Detenciones? Aquí los puntos clave de la ley
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¿Qué es y para qué sirve el Registro de Detenciones? Aquí los puntos clave de la ley

Es una base de datos donde las autoridades deberán llevar un registro y control inicial de cada detención. Además tendrá un sistema de consulta pública, según lo aprobado por el Congreso.
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24 de mayo, 2019
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México tendrá, por primera vez, un registro nacional de todas las personas que sean detenidas en el país, tanto por un posible delito como por faltas administrativas. Con ello se busca transparentar las detenciones y prevenir casos de tortura, abusos de autoridad, desapariciones forzadas y violaciones de derechos humanos en general.

Al registro completo solo podrán tener acceso las autoridades, sin embargo, también habrá un sistema de consulta pública para que cualquier persona pueda confirmar si una persona fue asegurada o no, y la fecha en que ocurrió la captura. Si el detenido es liberado, será borrado del sistema de consulta, aunque el antecedente permanecerá en el sistema interno.

Así lo establece la Ley Nacional del Registro de Detenciones aprobada esta semana por el Congreso. Dicha ley forma parte del paquete de leyes complementarias que acompañaron la reforma constitucional sobre Guardia Nacional.

Leer >> De la detención de migrantes al espionaje: Esto es lo que podrá hacer la Guardia Nacional

Animal Político desglosa a continuación los puntos clave de esta ley, de la misma forma en que ya se hizo con la Ley de Guardia Nacional, cuyos elementos principales pueden revisarse en esta nota, y con la Ley de Uso de la Fuerza cuyas claves se detallan en esta publicación.

Se incluyen además algunas observaciones realizadas por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, sobre la Ley de Registro de Detenciones, considerada por el organismo como un importante avance, aunque con algunos faltantes.

¿Qué es exactamente el registro?

El artículo 3 de la ley lo define como una “base de datos que concentra la información a nivel nacional sobre las personas detenidas, conforme a las facultades de las autoridades durante las etapas del proceso penal o del procedimiento administrativo sancionador ante juez municipal o cívico respectivamente”.

Es decir, es un registro donde deberán integrarse todas las detenciones que se lleven a cabo por faltas administrativas (como el alcoholímetro), o por presuntos delitos en el país. La responsabilidad de su correcta operación será de la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana federal, mientras que el almacenamiento corre a cargo del Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

¿Cuál es su objetivo?

De acuerdo con la ley, el objetivo primario es “prevenir la violación de los derechos humanos de la persona detenida, actos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, o la desaparición forzada”.

Y también servirá como una herramienta para que las autoridades y funcionarios autorizados lo consulten con fines de investigación, verificación e inteligencia. Lo anterior siguiendo los lineamientos que establecerá el Centro Nacional de Información.

¿Qué detenciones se deben registrar?

Todas las que lleven a cabo las policías locales y de investigación, los elementos de la Guardia Nacional y los integrantes de las fuerzas armadas que colaboren en tareas de seguridad pública o en auxilio del Ministerio Público.

Se trata de una ley nacional y como lo marca su artículo 1, es de “observancia general” en todo el territorio nacional.

¿Qué datos contendrá?

El artículo 18 indica los datos mínimos que deberá contener inicialmente el registro. Entre ellos se encuentra el nombre y edad del detenido, lugar de la detención, hora y fecha de la detención, autoridad que la realiza y que pone a disposición del Ministerio Público a la persona detenida, y causa de la detención (flagrancia, cumplimiento de orden de aprehensión, entre otros).

También deberá describir el estado físico aparente del detenido, el nombre de algún familiar o persona de contacto si el detenido accede a proporcionarlo, y los demás que determine el Centro Nacional de Información.

La norma marca que el registro de las detenciones deberá ser lo más inmediato posible. Si los elementos que la realizan están impedidos por alguna causa para llevarlo a cabo, deben avisar a la unidad administrativa correspondiente de su institución, para que realice el procedimiento.

Una vez ingresada la información, deberá generarse un número de registro que obligatoriamente debe aparecer en el informe policial que se entregue al Ministerio Público o al juez cívico correspondiente, quienes deberán continuar actualizando la información sobre el mismo e incluir datos como el número de expediente o carpeta de investigación abierto, grupo étnico, escolaridad, huellas dactilares, imagen del detenido, registro de liberación si es el caso, entre otros.

El artículo 9 deja en claro que los datos personales ingresados al registro deben tratarse conforme lo marcan las disposiciones que marcan las leyes actuales, y que por regla general establece que no es información pública.

¿Quiénes pueden acceder al registro?

Los policías e integrantes de las instituciones de seguridad que sean autorizados para ello conforme a reglamentos, que deberán expedirse próximamente. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal será la responsable de facilitar las claves de acceso al registro que se le soliciten. Habrá lineamientos de supervisión y control sobre los accesos.

El artículo 16 indica que habrá distintos niveles de acceso, desde los administradores que tendrán acceso a todas las opciones del Registro, hasta los que solo podrán capturar o consultar datos. Se emitirán alertas automáticas cuando se detecte un manejo inusual.

Además, las personas detenidas y representantes legales podrán tener acceso pero solo al registro que les corresponde.

¿El registro será público?

Sí, pero solo a nivel de consulta y con acceso a cuatro datos: autoridad que efectuó la detención, autoridad que tiene a su disposición al detenido, domicilio donde se encuentra el detenido, y lugar y fecha donde se realizó la detención. En casos de delincuencia organizada solo se mostrará la confirmación si la persona está detenida y la fecha.

Para materializar lo anterior, el artículo 31 ordena la creación de un “Sistema de Consulta del Registro”, que será una herramienta tecnológica que permitirá a “cualquier persona realizar búsqueda de personas detenidas”.

La Secretaría de Seguridad deberá definir los lineamientos precisos de su funcionamiento pero, de forma general, la ley señala que la persona interesada deberá ingresar los datos de la persona que desea localizar.

Cabe señalar que la existencia de este sistema de consulta pública no se encontraba en la primera iniciativa que se presentó en marzo pasado, por lo que es una adición resultado de las mesas de trabajo en el Senado.

¿Qué pasa si no se registran los datos?

El artículo 21 señala que, si el Ministerio Público o el juez cívico reciben a un detenido sin que haya sido registrado, deberán dar aviso inmediato a la autoridad competente de la negligencia ocurrida, para que procedan con las sanciones administrativas correspondientes.

“Cuando exista demora o resulte imposible generar el registro, la autoridad  aprehensora bajo su más estricta responsabilidad, deberá motivar dicha circunstancia. El juez de control o la autoridad que corresponda, deberán considerar dicha situación al momento de resolver sobre el particular”, añade el referido artículo.

¿Y si la persona detenida es liberada?

El artículo 36 de la ley establece que cuando una persona que fue registrada es liberada, su registro debe ser borrado del Sistema de Consulta Pública en un plazo máximo de 5 días posteriores. No obstante, el informe deberá quedarse de forma permanente en el Registro de Detenidos, al que tienen acceso las autoridades.

Se precisa en el mismo artículo que la presencia de una persona en el Registro de Detenidos no generará antecedentes penales.

¿Cuándo comenzará a funcionar el Registro?

El artículo Tercero Transitorio de la ley establece que a partir de que la ley entre en vigor (lo que se prevé ocurra la próxima semana con su publicación en el Diario Oficial), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tendrá 180 días naturales – es decir seis meses – para hacer las adecuaciones operativas y administrativas necesarias, y que entre en funcionamiento.

Esto significa que antes de que concluya 2019 el Registro tendría que entrar en funcionamiento.

ONU sugiere mejoras

En una carta dirigida a la Cámara de Diputados, el representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Jan Jarab, reconoció el avance que representa en la protección de las garantías individuales la expedición de esta norma, aunque sugirió que se analicen posibles mejoras.

Entre sus sugerencias se encuentra el que se incorpore esta regulación a cualquier detención que hagan las fuerzas armadas, y no solo en acciones relacionadas con seguridad pública. También que el tema de la nacionalidad del detenido sea uno de los primeros datos a considerar en el registro, con el fin de agilizar un posible apoyo migratorio.

Naciones Unidas también sugirió que se establezca en el registro el tipo de asistencia legal que recibe la persona detenida, y cualquier movimiento relacionado con su traslado y sitio de retención.

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Enmienda 25 o 'impeachment': ¿puede Trump ser destituido tras el violento asalto al Capitolio?

Demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes están pidiendo que se destituyan los poderes del presidente. Hay dos vías para hacerlo.
7 de enero, 2021
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Apenas faltan 13 días para que Donald Trump abandone oficialmente la Casa Blanca y arranque la legislatura del demócrata Joe Biden, cuya victoria electoral fue ratificada por el Congreso de Estados Unidos este jueves.

Pero tras el violento asalto al Capitolio por parte de seguidores de Trump, prolongado durante horas y que dejó cuatro muertos, los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes están pidiendo que se destituyan los poderes del presidente.

Escribieron una carta al vicepresidente Mike Pence en la que le urgían a actuar y sacar a Trump de la presidencia, alegando que había cometido un acto de insurrección y “buscaba socavar” la democracia.

Para destituir al presidente de Estados Unidos hay dos mecanismos: el llamado juicio político –impeachment– o la enmienda número 25 de la Constitución, aseguran expertos.

Sin embargo, ambas vías pueden resultar difíciles e improbables de aplicar dado el poco margen de tiempo que le queda a Trump al mando.

“Creo que la mejor salida es que Trump renuncie, que los de su propio partido lo presionen para que renuncie. Él no lo hará, pero debería”, aseguró el politólogo de la Universidad de Harvard, Steven Levitsky, entrevistado por BBC Mundo.

El vicepresidente Mike Pence y la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi.

Getty Images
Tras los episodios violentos y el desalojo de los seguidores de Trump, el Congreso ratificó este jueves la victoria de Joe Biden en las pasadas elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

Tras los violentos acontecimientos del miércoles, Trump ha asegurado que la transición de poder se ejecutará de forma “ordenada”, pero que está en desacuerdo con el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre, las que califica como fraudulentas a pesar de que el Departamento de Justicia estadounidense lo haya descartado.

Pero, ¿en qué consisten las dos vías principales por las que Trump puede ser destituido antes del 20 de enero?

Enmienda 25

Dicha enmienda recogida por la Constitución permite la transferencia de poder desde la presidencia a la vicepresidencia ya sea de forma temporal o permanente.

Convierte al vicepresidente en presidente si este se muestra incapaz de continuar con sus responsabilidades, por ejemplo, si sufre una enfermedad física o mental.

Asaltantes del Congreso.

Getty Images
El asalto al Capitolio y la intervención de las fuerzas de seguridad han dejado al menos cuatro muertos.

La sección número 4 de dicha permite al vicepresidente y la mayoría del gabinete declarar al mandatario incapaz de desarrollar su deber en el cargo.

Para ello necesitarían firmar y remitir una carta a los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado y declarar al presidente como no apto para gobernar o incapaz de desempeñar sus poderes y deberes.

De ser así, el vicepresidente Mike Pence asumiría automáticamente el poder hasta el próximo 20 de enero, cuando empezaría el mandato de Biden.

El presidente tiene la oportunidad de ofrecer una respuesta por escrito, y si impugna el hallazgo, entonces le corresponde al Congreso decidir. Cualquier voto en el Senado y la Cámara de Representantes que ordene la destitución del presidente requiere una mayoría de dos tercios.

Mientras se resuelve el caso, el vicepresidente actuaría como presidente.

Recientemente, cuando Trump fue diagnosticado con COVID-19 el pasado octubre, también hubo discusiones sobre invocar la enmienda 25 ante las preocupaciones de que pudiera estar demasiado enfermo para gobernar el país.

La enmienda 25 fue ratificada en 1967, cuatro años después del asesinato de John F. Kennedy, con el objetivo de resolver las disputas de sucesión presidencial en caso de incapacidad.

Funeral de John F. Kennedy.

Getty Images
La enmienda 25 fue ratificada en 1967, cuatro años después del asesinato de John F. Kennedy.

Por este motivo, varios presidentes han usado esta enmienda, específicamente la sección 3, porque les permite transferir temporalmente el poder a la vicepresidencia.

En 2002 y 2007, el presidente George W. Bush puso a su vicepresidente a cargo al ser sedado durante colonoscopias rutinarias.

El presidente Ronald Reagan hizo lo mismo en 1985, mientras estuvo ingresado en el hospital por una cirugía por cáncer.

Hasta la fecha, ningún presidente ha sido destituido del cargo usando la enmienda 25.

Juicio político o ‘impeachment’

El juicio político, también conocido como impeachment, tiene lugar en el Congreso de EU con el objetivo de llevar a cabo una posible destitución del presidente.

La Constitución estadounidense establece que el presidente “debe ser destituido de su cargo si es acusado de y condenado por traición, soborno, u otros crímenes o delitos graves”.

Es un proceso político, más que penal.

Seguidores de Trump alrededor del Capitolio.

Getty Images
Seguidores de Trump se congregaron e irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos este miércoles, reclamando fraude en las pasadas elecciones presidenciales.

Este proceso tiene lugar en dos etapas.

Tendría que ser iniciado por la Cámara de Representantes y solo necesita una mayoría simple para ser activado.

Luego, el juicio se celebra en el Senado, donde se necesitan dos tercios de los votos para destituir al presidente, y este hito nunca se ha alcanzado en la historia de Estados Unidos.

“Es un proceso bastante largo, a menos que lo hagamos al estilo peruano, de vacar al presidente de la noche a la mañana. Es poco probable que eso pase”, explicó Levitsky a BBC Mundo.

Donald Trump ya ha sido cometido a un proceso de impeachment una vez, y ningún presidente lo fue dos veces durante su mandato.

En diciembre de 2019, la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó dos artículos de impeachment tras acusar a Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso.

Los demócratas acusaron a Trump de retener US$391 millones en ayuda a Ucrania para presionar y forzar que el país europeo investigara al actual presidente electo, Joe Biden, y a su hijo.

En febrero de 2020, el Senado, de mayoría republicana, votó a favor de absolver a Donald Trump en el juicio político por dicho escándalo.

Si el presidente Trump fuera destituido a través de un juicio político, el vicepresidente Pence se haría cargo de la Oficina Oval.


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