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Archivo / Cuartoscuro

Deuda millonaria pone en riesgo 50% de los espacios en la UABC, advierte el rector

El estado de Baja California debe más de 900 millones de pesos a la universidad, que podría verse obligada a recortar su oferta educativa a la mitad. El gobierno responsabiliza a la administración de Enrique Peña Nieto.
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Desde hace dos semanas, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) trabaja bajo protesta. Un adeudo de casi mil millones de pesos la tiene bajo amenaza de no poder concluir proyectos, no alcanzar a pagar nóminas en pocos meses y, si sigue así, podría verse obligada a ofrecer sólo la mitad de los lugares que actualmente ocupan los estudiantes, ha advertido el rector. El argumento del gobierno estatal para no pagarle es que la administración federal anterior, del expresidente Enrique Peña, simplemente dejó de pagarles y se fue.

El pasado viernes, las instalaciones de los tres planteles de la UABC (Ensenada, Mexicali y Tijuana) se vistieron con mantas en las que se exhibe el adeudo millonario, a las que llamaron “deudómetros” como un indicador diario de la cantidad que el gobierno de Francisco Vega debe a esa casa de estudios, ganadora del Premio Nacional al Mérito Ecológico 2017, entre otros reconocimientos.

Esta manifestación -que se irá actualizando en las mantas y en su sitio web– se debe a los 988.5 millones de pesos que el estado ha dejado de pagar a la institución educativa desde octubre pasado, cifra que este lunes se redujo a 933.1 millones, tras un pago de 55 millones que realizó el gobierno. Este abono es, sin embargo, totalmente insuficiente para cubrir las necesidades de la universidad, según su rector, Daniel Valdéz.

Leer: Hacienda bloqueó cuentas de rector y presidente del patronato de la Universidad de Hidalgo

“El deudómetro va a ir cambiando en función de lo que paguen o si se acumula más. De esa manera voy a mantener informada a la ciudadanía. La lona sigue siendo la misma y no es un gasto que haya hecho la universidad, las patrocinaron los sindicatos, tanto el de administrativos como el de académicos”, dijo a Animal Político el rector de la UABC.

Valdéz Delgadillo explicó que una parte del adeudo es histórico, viene desde la administración anterior porque esta fue quitando cantidades menores del presupuesto asignado, pero la Universidad no se inconformó porque el gobierno lo compensaba con obras. Sin embargo, desde octubre pasado empezaron a faltar las aportaciones, con lo que el adeudo se disparó y se sigue acumulando, quedando hasta este martes en 933 millones de pesos.

Por su parte, el gobierno estatal asegura que el adeudo se debe a que la administración federal anterior, a cargo de Enrique Peña Nieto, dejó de pagar los recursos federales correspondientes al estado, lo que derivó en que éste dejara de entregarle los suyos a la universidad.

El vocero del gobierno de Baja California, Raúl Reynoso, aseguró a este medio que durante los últimos meses de 2018 el estado estuvo gestionando los recursos extraordinarios que cada año le entrega la federación por el alto porcentaje (57) que destina la entidad a Educación. Ese recurso extraordinario era de 4 mil 250 millones de pesos, de los cuales se iba a destinar una parte a la UABC.

Leer: Hacienda descongela cuentas de nóminas y becas de la Universidad de Hidalgo

“Pues no entregaron nada. La administración de Peña Nieto dijo ‘yo ya bajé la cortina, yo ya me voy, ahí entiéndete con el próximo gobierno’, es decir, el de Andrés Manuel”, dijo el vocero.

Apuntó que el 26 de diciembre de 2018 la nueva administración depositó mil 300 millones de pesos, lo que permitió cubrir la nómina del magisterio, entre otros pendientes; pero asegura que a la fecha siguen sin recibir el recurso restante del apoyo extraordinario, que es de 2 mil 950 millones. “Sin embargo hoy se le pagaron 55 millones, estamos solicitando al gobierno federal que baje los recursos para poder cumplirle a la universidad”, puntualizó.

En este contexto, la UABC empezó a trabajar bajo protesta desde el 23 de abril, “porque no se puede trabajar de esta manera pero sabemos de la importancia de la educación superior, la UABC no se detiene”, afirma su rector. El funcionario considera inoportuno convocar a una marcha para exigir el pago, en medio del proceso electoral que vive Baja California para elegir al siguiente gobernador. “Tenemos el deber de cuidar que la universidad siga destacando por cuestiones académicas y  no políticas, no nos corresponde”, dijo.

Las clases en la universidad terminan en junio y, si bien el rector confía en concluir este ciclo sin carencias, no puede asegurar que para el siguiente se abran los mismos espacios si no empieza a cubrirse el adeudo del Estado, y se vería obligado a reducirlos de 22 mil a 11 mil.

Además, advirtió que la universidad tiene proyectos vitales que sufrirán graves consecuencias si no reciben recursos, como el de repoblación de totoaba en el Alto Golfo de California, que busca sacar a ese pez de la lista de especies en peligro de extinción.

“Mientras el gobierno federal siga cumpliendo, nosotros podemos acompletar con recursos propios. Lo lamento mucho pero por más creativos que hemos sido y más planes de austeridad que hemos sacado, ya vamos sobre el tercer plan de austeridad: no hay universidad que resista un adeudo de mil millones”, sentenció Valdéz.

Agregó que en junio la universidad tiene compromisos dobles de pago: aguinaldos, prima vacacional, entre otros conceptos de nómina. Desde octubre y hasta ahora, estos gastos sustanciales se han ido subsanando con un fondo de contingencia que tiene la institución por 350 millones de pesos, por lo que en caso de una emergencia, no tendrían recursos para responder.

Valdéz Delgadillo recordó que en 2010 un terremoto de 7.2 grados sacudió Baja California y derribó algunos edificios de la universidad, que logró levantarse en tres meses gracias a ese fondo. “El FONDEN (Fondo de Desastres Naturales) nos mandó el recurso al año y medio, si no hubiéramos tenido nuestro fondo, la universidad se hubiera puesto de pie en dos años”, apuntó.

Tanto el rector como el vocero de Francisco Arturo Vega (conocido como ‘Kiko Vega’) informaron que este lunes el gobernador se reunió con el presidente López Obrador, quien prometió apoyarlos. “Yo le dije que ojalá empecemos a caminar porque nosotros ya nos ajustamos hasta el último botón del cinturón”, lamentó el rector.

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Cuál es el poder de los narcos mexicanos en Colombia

La presencia de narcos mexicanos en Colombia no es nueva, pero sí las estrategias que usan para adaptarse a las condiciones del país. Los emisarios de los carteles de México no buscan fomentar la guerra entre organizaciones colombianas, solo abaratar costos.
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18 de julio, 2019
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“Son sujetos foráneos con un acento raro, como el de las novelas”.

Así describieron algunos pobladores de áreas de cultivo de coca a los emisarios de los cárteles de droga mexicanos llegados a Colombia, según un informe reciente de la Defensoría del Pueblo.

La presencia de narcos de México en el país no es nueva, pero por diferentes razones su influencia ha crecido en los últimos años.

Ellos no necesitan traer sus ejércitos ni instalarse en grandes extensiones de terreno.

Llegan a Colombia, identifican a las organizaciones que les pueden ofrecer lo que buscan (cocaína, logística de traslado de la mercancía o seguridad), las contratan, pagan y se van.

Actúan como empresarios y aprovechan que, desde que en Colombia se terminó la era de los grandes cárteles, el negocio se ha atomizado.

Submarino de cocaína

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Este sumergible, confiscado en 2018, iba a trasladar cocaína colombiana comprada por mexicanos.

Otro factor determinante y más reciente es que ya no está la exguerrilla de las FARC como regulador en varios territorios que ahora se han convertido en zonas de disputa entre bandas criminales, paramilitares y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Su inmensa capacidad económica les da la ventaja decisiva para contratar a las organizaciones colombianas, exigirles un producto de calidad e imponerles plazos de entrega.

La Defensoría del Pueblo no es la única entidad que ha advertido del incremento de la influencia de los narcos provenientes de México, la Fiscalía y el gobierno también lo han hecho y señalan que su presencia está en al menos 10 de los 32 departamentos de Colombia.

La transición

Para los cárteles de Cali y Medellín, los mexicanos eran sobre todo sinónimo de mano de obra en los 80.

México ni siquiera era la plaza más importante para ingresar cocaína a Estados Unidos, como sí lo eran las rutas por Las Bahamas y sus alrededores.

A mediados de los 90, esa situación comienza a cambiar en medio de la caída de los dos grandes cárteles y la guerra entre las organizaciones de narcotraficantes colombianas que luchaban entre ellas para remplazarlas.

Policía con droga decomisada.

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Paquetes de droga decomisada en Colombia.

“En los años 80, habían estructuras como la de Pablo Escobar o la de los hermanos Rodríguez Orejuela que eran capaces de controlar desde el cultivo, la producción, la transformación de la hoja en cocaína, el traslado de la mercancía en lanchas o aviones y la distribución en las calles de Estados Unidos, pero eso cambió mucho”, explica a BBC Mundo el investigador Daniel Rico.

El profesor universitario y consultor internacional en la materia explica que en Colombia, desde el fin de los dos grandes cárteles, las organizaciones que quedaron solo pueden controlar alguno de los eslabones de la cadena y desde entonces los mexicanos tomaron protagonismo.

“El ingreso promedio de los narcotraficantes colombianos se redujo a un tercio porque las principales organizaciones mexicanas comenzaron a comprar de manera directa acá. La ganancia, por ejemplo, por un kilo de cocaína pasó de US$20.000 a US$7.000”, indica el experto.

Rico añade que, desde entonces, los cárteles de México aprovechan que los grupos criminales de Colombia necesitan de sus recursos para financiar sus disputas territoriales y con ello se garantizan la cocaína que necesitan.

Cultivadores de coca

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Las plantaciones de coca en Colombia se han disparado en los últimos años, según la ONU.

De acuerdo a estimaciones de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA por su sigla en inglés), el 82% de la cocaína salida de Colombia rumbo a Estados Unidos pasa por Centroamérica o México.

El factor FARC

La salida de las FARC, que tenían presencia fuerte en la mayoría de las zonas de cultivo de coca, supuso nuevos enfrentamientos entre organizaciones como el Clan del Golfo, los Rastrojos y el ELN, entre otras, en departamentos como Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño y Valle del Cauca.

La desmovilización del grupo armado no solo supuso el incremento de la violencia entre bandas criminales, también un aumento de las plantaciones de coca que alcanzó cifras récord.

Según el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Organización de Naciones Unidas, en la última medición hecha (2017) se estableció que en Colombia existen más de 171,000 hectáreas de coca cultivada, algo nunca antes visto desde que la ONU realiza estas estimaciones.

El reporte correspondiente a 2018 será presentado en los siguientes meses.

Restos de laboratorio de cocaína

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Ahora los mexicanos buscan supervisar la calidad en la producción de clorhidrato de cocaína.

Este incremento en las plantaciones, indican los expertos, también supone un aumento lógico en la oferta de clorhidrato de cocaína, pues en Colombia el uso tradicional de la hoja de coca es muy pequeño (a diferencia de países como Bolivia y Perú).

Esta situación fue advertida por Estados Unidos, pero también por los cárteles mexicanos.

Es por ello que, de acuerdo al portal de investigación Verdad Abierta, estas organizaciones comenzaron a relacionarse con grupos colombianos dedicados desde los cultivos y la producción de pasta base, hasta la exportación y distribución local para el narcomenudeo.

El jefe de operaciones de la policía antinarcóticos colombiana, Carlos Bueno, sostiene que los emisarios mexicanos quieren eliminar a los intermediarios y por eso desembarcaron en Colombia.

“Entendemos que han venido a hacer parte de la cadena. Han venido a contactar las organizaciones ellos mismos y para verificar el producto, la cocaína que están comprando, y, posteriormente, enviando a México”, dijo el coronel.

En abril de este año, Bueno dirigió el operativo que terminó en la captura en Bogotá de alias Rafa, emisario de Ismael “Mayo” Zambada y el Cártel de Sinaloa en Colombia.

Ladrillo de cocaína

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Las organizaciones mexicanas buscan abaratar costos en Colombia.

El excomandante de las FARC y ahora prófugo de la justicia Jesús Santrich es acusado por la Fiscalía de Colombia y por Estados Unidos de conspirar para entregar cocaína a la organización criminal sinaloense.

Empresarios

No solo existen emisarios en Colombia llegados desde Sinaloa, reportes policiales también advierten de la presencia de miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación e incluso de Los Zetas.

A los cárteles de México no les interesa fomentar la guerra entre las organizaciones criminales colombianas ni tomar partido por una de ellas, tampoco tener el control de un territorio, como sí lo hacen en su país.

Lo que buscan, en esencia, es abaratar costos.

Actúan como empresarios que invierten en una franquicia. Ya no se quedan en México esperando a que les vendan la cocaína en US$12,000 o US$15,000, sino que vienen para acá y compran a los laboratorios directamente. Incluso invierten en los laboratorios y consiguen el kilo en US$2,000 o menos”, señala Daniel Rico.

Fabricación de cocaína

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La producción de cocaína en Colombia ha crecido en los últimos años

El experto añade que esta estrategia no solo elimina a los intermediarios, sino que les garantiza obtener un producto de calidad.

“Durante muchos años a los mexicanos les vendían cocaína mezclada con otras sustancias y eso ha venido cambiando”, concluye.

Los predecesores de Joaquín Guzmán Loera fueron los primeros en aproximarse a Colombia, después el Chapo supo aprovechar ese mercado abierto para convertirse en multimillonario.

Y los que le siguen, han demostrado que son capaces de adaptarse a las nuevas condiciones que se viven en el país.


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