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Archivo / Cuartoscuro
Deuda millonaria pone en riesgo 50% de los espacios en la UABC, advierte el rector
El estado de Baja California debe más de 900 millones de pesos a la universidad, que podría verse obligada a recortar su oferta educativa a la mitad. El gobierno responsabiliza a la administración de Enrique Peña Nieto.
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Desde hace dos semanas, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) trabaja bajo protesta. Un adeudo de casi mil millones de pesos la tiene bajo amenaza de no poder concluir proyectos, no alcanzar a pagar nóminas en pocos meses y, si sigue así, podría verse obligada a ofrecer sólo la mitad de los lugares que actualmente ocupan los estudiantes, ha advertido el rector. El argumento del gobierno estatal para no pagarle es que la administración federal anterior, del expresidente Enrique Peña, simplemente dejó de pagarles y se fue.

El pasado viernes, las instalaciones de los tres planteles de la UABC (Ensenada, Mexicali y Tijuana) se vistieron con mantas en las que se exhibe el adeudo millonario, a las que llamaron “deudómetros” como un indicador diario de la cantidad que el gobierno de Francisco Vega debe a esa casa de estudios, ganadora del Premio Nacional al Mérito Ecológico 2017, entre otros reconocimientos.

Esta manifestación -que se irá actualizando en las mantas y en su sitio web– se debe a los 988.5 millones de pesos que el estado ha dejado de pagar a la institución educativa desde octubre pasado, cifra que este lunes se redujo a 933.1 millones, tras un pago de 55 millones que realizó el gobierno. Este abono es, sin embargo, totalmente insuficiente para cubrir las necesidades de la universidad, según su rector, Daniel Valdéz.

Leer: Hacienda bloqueó cuentas de rector y presidente del patronato de la Universidad de Hidalgo

“El deudómetro va a ir cambiando en función de lo que paguen o si se acumula más. De esa manera voy a mantener informada a la ciudadanía. La lona sigue siendo la misma y no es un gasto que haya hecho la universidad, las patrocinaron los sindicatos, tanto el de administrativos como el de académicos”, dijo a Animal Político el rector de la UABC.

Valdéz Delgadillo explicó que una parte del adeudo es histórico, viene desde la administración anterior porque esta fue quitando cantidades menores del presupuesto asignado, pero la Universidad no se inconformó porque el gobierno lo compensaba con obras. Sin embargo, desde octubre pasado empezaron a faltar las aportaciones, con lo que el adeudo se disparó y se sigue acumulando, quedando hasta este martes en 933 millones de pesos.

Por su parte, el gobierno estatal asegura que el adeudo se debe a que la administración federal anterior, a cargo de Enrique Peña Nieto, dejó de pagar los recursos federales correspondientes al estado, lo que derivó en que éste dejara de entregarle los suyos a la universidad.

El vocero del gobierno de Baja California, Raúl Reynoso, aseguró a este medio que durante los últimos meses de 2018 el estado estuvo gestionando los recursos extraordinarios que cada año le entrega la federación por el alto porcentaje (57) que destina la entidad a Educación. Ese recurso extraordinario era de 4 mil 250 millones de pesos, de los cuales se iba a destinar una parte a la UABC.

Leer: Hacienda descongela cuentas de nóminas y becas de la Universidad de Hidalgo

“Pues no entregaron nada. La administración de Peña Nieto dijo ‘yo ya bajé la cortina, yo ya me voy, ahí entiéndete con el próximo gobierno’, es decir, el de Andrés Manuel”, dijo el vocero.

Apuntó que el 26 de diciembre de 2018 la nueva administración depositó mil 300 millones de pesos, lo que permitió cubrir la nómina del magisterio, entre otros pendientes; pero asegura que a la fecha siguen sin recibir el recurso restante del apoyo extraordinario, que es de 2 mil 950 millones. “Sin embargo hoy se le pagaron 55 millones, estamos solicitando al gobierno federal que baje los recursos para poder cumplirle a la universidad”, puntualizó.

En este contexto, la UABC empezó a trabajar bajo protesta desde el 23 de abril, “porque no se puede trabajar de esta manera pero sabemos de la importancia de la educación superior, la UABC no se detiene”, afirma su rector. El funcionario considera inoportuno convocar a una marcha para exigir el pago, en medio del proceso electoral que vive Baja California para elegir al siguiente gobernador. “Tenemos el deber de cuidar que la universidad siga destacando por cuestiones académicas y  no políticas, no nos corresponde”, dijo.

Las clases en la universidad terminan en junio y, si bien el rector confía en concluir este ciclo sin carencias, no puede asegurar que para el siguiente se abran los mismos espacios si no empieza a cubrirse el adeudo del Estado, y se vería obligado a reducirlos de 22 mil a 11 mil.

Además, advirtió que la universidad tiene proyectos vitales que sufrirán graves consecuencias si no reciben recursos, como el de repoblación de totoaba en el Alto Golfo de California, que busca sacar a ese pez de la lista de especies en peligro de extinción.

“Mientras el gobierno federal siga cumpliendo, nosotros podemos acompletar con recursos propios. Lo lamento mucho pero por más creativos que hemos sido y más planes de austeridad que hemos sacado, ya vamos sobre el tercer plan de austeridad: no hay universidad que resista un adeudo de mil millones”, sentenció Valdéz.

Agregó que en junio la universidad tiene compromisos dobles de pago: aguinaldos, prima vacacional, entre otros conceptos de nómina. Desde octubre y hasta ahora, estos gastos sustanciales se han ido subsanando con un fondo de contingencia que tiene la institución por 350 millones de pesos, por lo que en caso de una emergencia, no tendrían recursos para responder.

Valdéz Delgadillo recordó que en 2010 un terremoto de 7.2 grados sacudió Baja California y derribó algunos edificios de la universidad, que logró levantarse en tres meses gracias a ese fondo. “El FONDEN (Fondo de Desastres Naturales) nos mandó el recurso al año y medio, si no hubiéramos tenido nuestro fondo, la universidad se hubiera puesto de pie en dos años”, apuntó.

Tanto el rector como el vocero de Francisco Arturo Vega (conocido como ‘Kiko Vega’) informaron que este lunes el gobernador se reunió con el presidente López Obrador, quien prometió apoyarlos. “Yo le dije que ojalá empecemos a caminar porque nosotros ya nos ajustamos hasta el último botón del cinturón”, lamentó el rector.

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Qué es la "política de la Ciudad de México", la medida antiaborto que EU endureció este martes
Mike Pompeo, secretario de Estado de EU, anunció este martes que su país ampliará el alcance de una política antiaborto conocida como "de la Ciudad de México".
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26 de marzo, 2019
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Este martes el gobierno de Estados Unidos endureció una de las primeras medidas que tomó el presidente Donald Trump a su llegada a la Casa Blanca en enero de 2017.

En una rueda de prensa el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que las organizaciones extranjeras que reciban financiación de EE.UU. tendrán prohibido apoyar a grupos que estén a favor del aborto.

Durante los primeros días de su mandato Trump reinstaló una medida que prohíbe destinar recursos federales a grupos internacionales que proporcionan información sobre el aborto.

Ahora el anuncio de Pompeo expande la prohibición.

“Continuaremos negándonos a brindar asistencia a las ONG extranjeras que realizan o promuevan activamente el aborto como un método de planificación familiar“, dijo el secretario de Estado.

“Ahora, como resultado de mi decisión de hoy, también estamos dejando claro que nos negaremos a brindar asistencia a las ONG extranjeras que dan apoyo financiero a otros grupos extranjeros en la industria global del aborto… Los dólares de los contribuyentes estadounidenses no se utilizarán para financiar abortos”.

“Mordaza global”

La medida impuesta por Trump y que hoy se endurece mediante el anuncio de Pompeo, es conocida entre sus críticos como la “ley mordaza global”.

El decreto lo promulgó por primera vez en 1984 el republicano Ronald Reagan, entonces presidente de EE.UU., durante una conferencia de Naciones Unidas en la capital mexicana; por eso también se le conoce como la política de Ciudad de México.

Desde entonces, se ha vuelto un rifirrafe entre demócratas y republicanos.

La medida fue revocada durante la presidencia de Clinton, se volvió a implementar durante el mandato de George W. Bush y fue removida nuevamente durante el gobierno de Obama.

Quienes critican esta política afirman que es una forma de limitar el trabajo de las organizaciones alrededor del mundo que ofrecen asesoría sobre el aborto como una opción de planificación familiar.

Ante la orden firmada por Trump en 2017 grupos de defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres reclamaron que la medida mermaba sus recursos y coartaba sus acciones, pues tendrían restricciones incluso para informar sobre temas como el aborto terapéutico o de la atención postaborto.

Los críticos también se refieren a estudios científicos que han mostrado que esta medida aumenta las tasas de abortos, pues implica el cierre de clínicas y programas de anticoncepción y que podría aumentar el riesgo de muerte de las madres.

Pero la “ley mordaza global” también tiene adeptos.

“Aplaudimos al presidente Trump por haber puesto un fin a financiar con dinero de los contribuyentes a grupos que promueven el asesinato de niños nonatos en países en vías de desarrollo”, dijo en su momento Carol Tobias, presidenta del Comité Nacional para el Derecho a la Vida (NRLC, por sus siglas en inglés), la mayor organización antiaborto de EU.

En esa misma línea, Pompeo dijo que para EU. es posible alcanzar los objetivos de la salud a nivel mundial, sin subsidiar lo que el llamó el “asesinato de bebés nonatos”.


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