El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general las cuatro leyes reglamentarias para la operación de la Guardia Nacional en el país, por lo que pasará al presidente para su promulgación.
Los legisladores ratificaron el paquete de leyes, previamente aprobado por los senadores, que incluye la ley orgánica de este nuevo cuerpo de seguridad, sobre el uso de la Fuerza, del Registro Nacional de Detenciones y del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La ley orgánica, aprobada con 427 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones, define a la Guardia como una institución de seguridad pública, de carácter civil, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana, y contempla funciones, estructura jerárquica, la creación de una carrera para ingresar, así como profesionalización y evaluaciones periódicas a los integrantes.
La del uso de la Fuerza, que obtuvo 397 votos a favor, 6 en contra y 26 abstenciones, regulará el actuar de las instituciones de seguridad pública, así como de las Fuerzas Armadas que participen en estas tareas. Establece normas para el uso de armamento, principios para el uso de la fuerza con perspectiva de derechos humanos, la prohibición de uso de armas en manifestaciones o reuniones pacíficas, así como protocolos de actuación.
En el caso de la Ley Nacional del Registro Nacional de Detenciones, que pasó con 425 votos a favor y 3 en contra, busca regular un banco de datos actualizado que permita identificar y localizar a las personas de manera inmediata tras su captura , ya sea por un delito o por una infracción administrativa; contempla que la Secretaría de Seguridad opere y administre este registro, que se documente cada detención realizada y que se inicie un sistema de consulta para la población.
En cuanto a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aprobada con 421 votos a favor y 2 en contra, modifica las bases para un nuevo modelo de formación policial y precisa que la operación de la Guardia Nacional se base en una doctrina civil, que se inicie un Sistema Nacional de Información consultable y reconoce al 911 como el número único para denuncia de emergencias a nivel nacional.
Por mayoría, los legisladores desecharon reservas presentadas contra el paquete de leyes.
La diputada independiente Ana Lucía Riojas votó en contra de los cuatro dictámenes y propuso reservas a los artículos de todas las leyes, con el objetivo de “evitar que el régimen militarista no deje a la ciudadanía en completo desamparo”.
En @Mx_Diputados estamos discutiendo las leyes secundarias de la #GuardiaNacional.
Comparto mi posicionamiento inicial. #SeguridadSinGuerra pic.twitter.com/ntjtMWTkem
— lucía (@LuRiojas) 23 de mayo de 2019
Xochitl Nashielly Zagal Ramírez, diputada de Morena, también presentó reservas al dictamen la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, para proponer que se eliminara la frase “con objeto lícito”, con el objetivo de no criminalizar las manifestaciones en el país, sin embargo fue rechazada para su discusión.
Leyes atentan contra la libre manifestación: ONU
La representación de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó a la Cámara de Diputados su preocupación por las leyes secundarias, pues considera que pueden atentar contra la libertad de manifestación.
En una carta enviada a la Mesa Directiva de la Cámara Baja, el organismo señaló que se mantiene una perspectiva de “control de multitudes”, y no la de garantizar el derecho a la manifestación y en caso de que haya violencia, proteger a las personas.
Además, manifestó su preocupación sobre los dictámenes que pueden calificar a las protestas o manifestaciones de “objeto lícito”, lo que sería contrario al derecho a la libertad de expresión y reunión.
Regulación del uso de la fuerza letal y vulneración del derecho a la protesta, algunos de los aspectos preocupantes que ONU-DH señala en comunicación remitida a @Mx_Diputados https://t.co/zHXflTt8E3 #GuardiaNacional pic.twitter.com/lQoVu01AQz
— ONU-DH México (@ONUDHmexico) 23 de mayo de 2019
Insistió en que se puede poner en riesgo la vida e integridad de las personas al autorizar el uso de armas de fuego, cuando no se reúna el requisito de licitud de las manifestaciones.
Incluso señaló su inquietud por la regulación de supuestos de muerte derivada solopor el uso de la fuerza letal y no por el empleo de otros medios, como la fuerza física.
Calificó como una regulación “insuficiente e inconsistente del principio de proporcionalidad y uso diferenciado de la fuerza”, sin que quede claro cómo los agentes armonizarán o priorizarán la aplicación de todas las normas relativas al uso de la fuerza en sus funciones.
Sobre la rendición de cuentas y vigilancia, dijo que la obligación de dar informes anuales limitados es contemplada en las leyes solo para personas fallecidas, pero no en caso de lesiones.
El organismo también cuestionó que se omita la inclusión de un observatorio independiente sobre el monitoreo del uso de la fuerza, medida ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También menciona que se omiten aspectos fundamentales, en cuanto a responsabilidad, como la responsabilidad directa; por omisión y la que tienen los distintos mandos por las acciones de sus subordinados.
