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Cuartoscuro Archivo

Auditoría interpuso 125 denuncias por desvío de 6 mil mdp de educación, pero no hay sentencias

123 de las denuncias interpuestas por la ASF desde 2016 se encuentran en integración, una tiene un amparo y la otra fue desechada, de acuerdo con una investigación de México Evalúa.
Cuartoscuro Archivo
15 de mayo, 2019
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Por el presunto desvío de 6 mil millones de pesos del presupuesto educativo, entre 2008 y 2016, la Auditoría Superior de la Federación interpuso 125 denuncias penales ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR). A tres años, 123 se encuentran en integración, una tiene un amparo y la otra fue desechada.

Así lo indica la investigación “La impunidad en la nómina magisterial”, realizada por México Evalúa, en la que revisa “el uso y el abuso” del Fondo de Aportaciones para la Nómina del Gasto Educativo (FONE).

En el estudio se calcularon irregularidades por 147 mil 432 millones de pesos entre 2008 y 2017, lo que equivale a 1.2 veces el presupuesto ejercido en becas para la educación media superior, en los últimos siete años.

Leer: En México, estudiantes más pobres tienen un retraso de aprovechamiento educativo de dos años

Peor aún, “de cada 10 pesos identificados como irregularidades, sólo dos se han recuperado a través de devolución, 5 han logrado ser aclarados por los estados, pero 3 aún están en proceso de recuperarse”, advierte el estudio encabezado por Marco Fernández, coordinador del Programa de Educación de México Evalúa.

Entre las anomalías detectadas está el gasto de mil 66 millones de pesos en el pago a 9 mil comisionados sindicales, entre 2015 y 2018, es decir, maestros que no están dando clase sino haciendo labores del SNTE. Incluso, algunos llegaron a sumar hasta 3 millones de pesos de salario en un trimestre.

Este dinero es equiparable a capacitar a 1 millón 215 mil profesores, casi 100% de los maestros de educación básica; financiar por cuatro años a los más de mil docentes de inglés que se buscaron contratar para dar clases en las escuelas normales, o atender a un 25% más de los 164,743 alumnos que hay en preescolar.

Chihuahua, Aguascalientes y Coahuila fueron los estados con la mayor erogación en este concepto, pues destinaron más de 100 millones de pesos en pagos a comisionados sindicales, de 2015 a 2018. En contraste, Baja California y Yucatán fueron las entidades donde dicha problemática fue menor.

Leer: ASF detecta anomalía de 200 mdp en gasto educativo durante el último año de César Duarte

Sin embargo, la distribución de los recursos ejercidos de manera irregular también muestra el uso político de las comisiones, pues las más favorecidas son aquellas que representan el “músculo político” de las secciones del sindicato.

En Veracruz, por ejemplo, se encuentra la sección 32 del SNTE, y sus dirigentes ganaron entre 2015 y 2017 salarios por arriba de los 500 mil pesos, pese a no estar frente a grupo. Ese fue el caso de Julio Muñoz Díaz, jefe del sector 3 de las escuelas secundarias técnicas, quién recibió por la primera comisión sindical un pago de 46 mil pesos en el primer trimestre del 2016, y por la segunda 466 mil pesos adicionales, durante el cuarto trimestre del mismo año.

El salario más alto fue en beneficio de Miguel Ángel Cristales Montaño, en Puebla, al recibir en un trimestre un pago de 545 mil 927 pesos por ser Coordinador de Educación Física. Esto, después de ocupar la cartera de Secretario de Asuntos Labores de Educación Física y Deporte de la sección 23 del SNTE.

En tanto, la fuerza de la sección sindical 27 en Sinaloa también fue beneficiada entre el primer trimestre de 2015 y el segundo trimestre de 2017; la responsable del Colegiado de Negociación del SNTE en Coahuila, María Galván, ganó 3 millones de pesos en un trimestre. El responsable de la comisión de Cultura de la sección 6 del SNTE en Colima, Daniel Ortiz, con 2 mil 107 millones de pesos.

En Tlaxcala, Alfonso Cortés, responsable de atención de grupos sociales de la Secretaría de Educación del Estado, ganó 1 millón 772 mil pesos, de acuerdo con el análisis de los investigadores, con base en la información del portal del FONE, la SEP e información periodística de distintos periódicos locales y nacionales, revisados hasta julio de 2018.

Sin embargo, el pago de comisiones sólo fue una de las irregularidades, que equivalen a 12.2%.

De los 141 mil 645 millones de pesos de la nómina educativa usados irregularmente, 18% fueron “gastos sin acreditar”; 14.3%, transferencias bancarias a cuentas no reconocidas; 13.7% compensaciones a bonos y estímulos no reconocidos por la SEP; 13.3%, recursos no ejercidos; 10% fueron recargos por pagos extemporáneos; 9.6%, gastos de operación no financiables; 5.6% fue pago a personal irregular, y 3.3%, terminó en centros de trabajo no financiables o clausurados.

Las denuncias

De las auditorías practicadas al Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB), utilizado hasta y el Fondo que lo sustituyó, el FONE, la Auditoría Superior de la Federación presentó 125 denuncias entre 2008 y 2015 por el presunto desvío de 6 mil millones de pesos, pero ninguna ha sancionado a algún responsable.

Del total de denuncias, 123 todavía se encuentran en proceso de integración y sólo se investigan por “uso ilegal de recursos del FONE”.

La mayor parte de estas denuncias se han interpuesto por no comprobar el destino de los recursos, o realizar pagos a comisionados sindicales o a personal no identificado, durante el proceso de las auditorías.

En este caso se encuentran el Estado de México, con 7 denuncias, y Chiapas, entidad con 3 denuncias y un monto de irregularidades por 188 millones de pesos.

Los investigadores advierten que este dato es relevante porque la Auditoría no ha emitido nuevas denuncias de hechos desde 2016, pese a que persisten as irregularidades y “es indicativo del rezago que la autoridad competente (PGR/FGR) presenta en procesar las denuncias presentadas por dicho organismo fiscalizador para integrar las averiguaciones previas o carpetas de investigación, anulando la posibilidad de que los delitos sean sancionados por un juez para que los responsables sean procesados penalmente, y en demérito del combate a los actos de corrupción”.

Chihuahua fue denunciada en 17 ocasiones y es la entidad con el mayor número, entre 2008 y 2015. Le sigue Morelos, con 12 denuncias; Tlaxcala, 11; Chiapas, 8, igual que el Estado de México. Y con seis denuncias respectivamente: Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Veracruz y Zacatecas, pero en ningún caso han terminado en juicio.

Esto implica que las irregularidades siguen quedando impunes, “ya sea por la indolencia de distintas autoridades que no cumplen con sus obligaciones legales para reportar y perseguir dichas irregularidades, o que cuando lo hacen, los organismos fiscalizadores, federales o estatales, y de investigación penal, no continúan adecuada y oportunamente los procedimientos de substanciación, para sancionar a los funcionarios que han permitido pagos indebidos de nómina con cargo al erario”.

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A dónde irá el dinero y quién elegirá a los beneficiarios del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado

El nuevo director del Instituto asegura que la elección de los beneficiarios se hará de manera "colegiada" en un "gabinete del bienestar" conformado por el presidente, secretarios de Estado y él mismo.
26 de mayo, 2019
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La imagen de la gran pila de dólares, euros y pesos mexicanos en efectivo guardados en una residencia de Ciudad de México fue escandalosa.

Los billetes hacían un total de US$205 millones que el gobierno de México incautó en 2007 en uno de los golpes más grandes al crimen organizado de ese entonces.

El dueño de la residencia era el empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, quien fue detenido y luego procesado por narcotráfico y lavado de dinero tanto en tribunales de México como de Estados Unidos.

El episodio fue sacado a relucir la semana pasada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al anunciar la creación de un organismo federal de nombre peculiar: el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indepuro).

“Así se va a llamar”, reiteró el mandatario, conocido como AMLO, ante las miradas de extrañeza de los periodistas en la conferencia de prensa en que hizo el anuncio.

“Imagínense si hubiese existido este instituto cuando decomisaron los dólares al ciudadano chino mexicano (Zhenli), hubiese alcanzado para muchas cosas”, dijo.

Y es que el presidente considera que en los sexenios presidenciales anteriores nunca se dio cuenta de cuál fue el destino final de bienes y efectivo decomisados a los criminales.

El gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), que inició la guerra contra las drogas, indicó que el dinero del caso Zhenli Ye Gon sería empleado para la rehabilitación de personas con problemas de drogadicción.

Pero el nuevo titular del Indepuro, Ricardo Rodríguez, considera que las pasadas administraciones no tuvieron transparencia ni rendición de cuentas, algo que promete tener como principio con el nuevo organismo.

Presentación de bienes a subasta

Gobierno de México
El presidente López Obrador y el nuevo director del Indepuro, Ricardo Rodríguez, presentaron algunos bienes que serán subastados.

“El objetivo es que los bienes que se incautan por diversos motivos, por causa penal, ahora sí tengan un destino transparente, claro, expedito“, dice Rodríguez a BBC Mundo.

“Sobre todo a programas sociales y obras de alto impacto en zonas marginadas”, añade.

Críticos de esta nueva política gubernamental han tildado la creación del Indepuro de “populista” y apuntan a que es discrecional el cómo se determinará a quién le devuelven lo robado.

Lamborghini Murciélago a subasta

La nueva estrategia de incautación de bienes y recursos se basa en una reforma de ley de Extinción de Dominio, la cual permite a las autoridades declarar la posesión de un bien -mueble o inmueble- mediante órdenes judiciales.

El Congreso discutirá la ampliación de delitos que cubre dicha ley, con lo que el Indepuro espera poder acceder a bienes de políticos implicados en casos de corrupción, o hasta por el robo de combustibles (huachicoleo, como se conoce en México).

La puesta en subasta de bienes confiscados será la vía para financiar programas sociales y obras públicas en el país.

Un auto puesto a subasta

EPA
Las autoridades confían en que algunos bienes sean subastados al doble del precio base.

Este 26 de mayo se llevará a cabo la primera venta al mejor postor en Ciudad de México de 83 vehículos, muchos de ellos autos deportivos o camionetas blindadas.

El más costoso es un Lamborghini Murciélago que tendrá un precio de salida de 1,47 millones de pesos, alrededor de US$76.000 (el precio del vehículo nuevo es superior a los US$300.000).

Pero también habrá una camioneta Ford Shelby cuya puja iniciará en los US$63.000, además de dos Porsche, dos Corvette, un Mini Cooper, un Ford Mustang convertible, entre otros.

Vehículos puestos a subasta

AFP
Camionetas de lujo y vehículos blindados están entre los bienes en posesión del gobierno actualmente.

En total, las autoridades esperan que de esta subasta abierta al público en general se obtengan como mínimo alrededor de US$1,45 millones -Rodríguez confía que sea el doble-.

¿A dónde irá el dinero?

En México ya existe desde hace años un organismo que se encarga de subastar bienes confiscados por el gobierno, y de hecho Ricardo Rodríguez es su titular: el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Es por ello que algunos analistas vieron el cambio de nombre al SAE y su nuevo enfoque como “populismo”.

https://twitter.com/fmartinmoreno/status/1131208755427840000

Sin embargo, Rodríguez defiende la reforma al SAE, pues advierte que hasta ahora había “discrecionalidad” de los gobernantes sobre qué uso darle a vehículos, inmuebles y demás posesiones incautadas.

“A la ciudadanía le va a quedar muy en claro hacia dónde se va a destinar el producto de la venta de dichos bienes: programas sociales y apoyo a comunidades con alta marginación”, responde Rodríguez a los críticos.

“Sí hay una transformación profunda, por el destino de los bienes y la administración de ellos. Actualmente el SAE tiene muy pocos, casos contados, de bienes por corrupción. Después de la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio se esperan muchos bienes”, añade.

Vehículos puestos a subasta

AFP
Comunidades de Oaxaca podrían recibir al menos US$1,45 millones de la venta de autos de lujo.
Vehículos puestos a subasta

AFP
Los autos más baratos a subasta son los “escarabajo” de Volkswagen, cuyo precio inicial será de unos US$520.

López Obrador eligió dos municipios en el estado de Oaxaca, Santo Reyes Yucuná y Santa María Sanir, como beneficiarios de la subasta del 26 de mayo ya que están entre los más pobres del país.

Aunque todavía no hay un plan específico de qué se hará en esos lugares, Rodríguez espera que el dinero sirva para invertirlo en obras, caminos, hospitales o escuelas “que sean de alto impacto para el beneficio de las zonas más marginadas del país”.

El gobierno federal espera obtener este año unos US$62,5 millones (1.200 millones de pesos) luego de las subastas que se realicen a lo largo de 2019.

Una segunda venta cuya fecha está por anunciarse será de residencias que han estado posesión del gobierno y cuyo uso ha estado a discreción del gobierno, según el presidente López Obrador.

Una casa confiscada

Gobierno de México
Una mansión en el sur de Ciudad de México tiene un precio base de alrededor de US$4 millones.

Y una tercera pondrá a subasta los lotes de joyas decomisadas que desde hace años están almacenadas en bodegas restaurdadas por el gobierno federal.

¿Quién elige a los beneficiarios?

El cómo se eligen a quién devolverle lo robado también ha sido objeto de críticas, pues en el caso de las comunidades de Oaxaca y la segunda subasta de residencias que beneficiará al estado de Guerrero se dieron por elección presidencial.

El presidente del opositor Partido Acción Nacional, Marko Cortés, ha calificado este tipo de programas como esfuerzos “clientelares” con fines electorales.

https://twitter.com/AccionNacional/status/1130114887063965698

El nuevo director del Indepuro asegura que la elección de los beneficiarios se hará de manera “colegiada” en un “gabinete del bienestar” conformado por el presidente, secretarios de Estado y él mismo.

“Será la decisión de todos”, afirma sobre la elección de comunidades y el tipo de beneficios que recibirán, pero enfatiza que serán las que tengan problemas de carencias y marginación.

Y afirma que hay mecanismos en el sistema electoral mexicano para evitar el uso de programas sociales en tiempos de elecciones.

“Anteriormente se daba el Robin Hood al revés: le quitabas a los pobres para darle a los corruptos. Lo principal es devolverle al pueblo lo que es de ellos. Es una restitución social”, defiende Rodríguez.

“Hoy en día hay discrecionalidad, hay bienes que no está claro cómo se administran, pero eso ya no seguirá”.


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