Por el presunto desvío de 6 mil millones de pesos del presupuesto educativo, entre 2008 y 2016, la Auditoría Superior de la Federación interpuso 125 denuncias penales ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR). A tres años, 123 se encuentran en integración, una tiene un amparo y la otra fue desechada.
Así lo indica la investigación “La impunidad en la nómina magisterial”, realizada por México Evalúa, en la que revisa “el uso y el abuso” del Fondo de Aportaciones para la Nómina del Gasto Educativo (FONE).
En el estudio se calcularon irregularidades por 147 mil 432 millones de pesos entre 2008 y 2017, lo que equivale a 1.2 veces el presupuesto ejercido en becas para la educación media superior, en los últimos siete años.
Peor aún, “de cada 10 pesos identificados como irregularidades, sólo dos se han recuperado a través de devolución, 5 han logrado ser aclarados por los estados, pero 3 aún están en proceso de recuperarse”, advierte el estudio encabezado por Marco Fernández, coordinador del Programa de Educación de México Evalúa.
Entre las anomalías detectadas está el gasto de mil 66 millones de pesos en el pago a 9 mil comisionados sindicales, entre 2015 y 2018, es decir, maestros que no están dando clase sino haciendo labores del SNTE. Incluso, algunos llegaron a sumar hasta 3 millones de pesos de salario en un trimestre.
Este dinero es equiparable a capacitar a 1 millón 215 mil profesores, casi 100% de los maestros de educación básica; financiar por cuatro años a los más de mil docentes de inglés que se buscaron contratar para dar clases en las escuelas normales, o atender a un 25% más de los 164,743 alumnos que hay en preescolar.
Chihuahua, Aguascalientes y Coahuila fueron los estados con la mayor erogación en este concepto, pues destinaron más de 100 millones de pesos en pagos a comisionados sindicales, de 2015 a 2018. En contraste, Baja California y Yucatán fueron las entidades donde dicha problemática fue menor.
Sin embargo, la distribución de los recursos ejercidos de manera irregular también muestra el uso político de las comisiones, pues las más favorecidas son aquellas que representan el “músculo político” de las secciones del sindicato.
En Veracruz, por ejemplo, se encuentra la sección 32 del SNTE, y sus dirigentes ganaron entre 2015 y 2017 salarios por arriba de los 500 mil pesos, pese a no estar frente a grupo. Ese fue el caso de Julio Muñoz Díaz, jefe del sector 3 de las escuelas secundarias técnicas, quién recibió por la primera comisión sindical un pago de 46 mil pesos en el primer trimestre del 2016, y por la segunda 466 mil pesos adicionales, durante el cuarto trimestre del mismo año.
El salario más alto fue en beneficio de Miguel Ángel Cristales Montaño, en Puebla, al recibir en un trimestre un pago de 545 mil 927 pesos por ser Coordinador de Educación Física. Esto, después de ocupar la cartera de Secretario de Asuntos Labores de Educación Física y Deporte de la sección 23 del SNTE.
En tanto, la fuerza de la sección sindical 27 en Sinaloa también fue beneficiada entre el primer trimestre de 2015 y el segundo trimestre de 2017; la responsable del Colegiado de Negociación del SNTE en Coahuila, María Galván, ganó 3 millones de pesos en un trimestre. El responsable de la comisión de Cultura de la sección 6 del SNTE en Colima, Daniel Ortiz, con 2 mil 107 millones de pesos.
En Tlaxcala, Alfonso Cortés, responsable de atención de grupos sociales de la Secretaría de Educación del Estado, ganó 1 millón 772 mil pesos, de acuerdo con el análisis de los investigadores, con base en la información del portal del FONE, la SEP e información periodística de distintos periódicos locales y nacionales, revisados hasta julio de 2018.
Sin embargo, el pago de comisiones sólo fue una de las irregularidades, que equivalen a 12.2%.
De los 141 mil 645 millones de pesos de la nómina educativa usados irregularmente, 18% fueron “gastos sin acreditar”; 14.3%, transferencias bancarias a cuentas no reconocidas; 13.7% compensaciones a bonos y estímulos no reconocidos por la SEP; 13.3%, recursos no ejercidos; 10% fueron recargos por pagos extemporáneos; 9.6%, gastos de operación no financiables; 5.6% fue pago a personal irregular, y 3.3%, terminó en centros de trabajo no financiables o clausurados.
Las denuncias
De las auditorías practicadas al Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB), utilizado hasta y el Fondo que lo sustituyó, el FONE, la Auditoría Superior de la Federación presentó 125 denuncias entre 2008 y 2015 por el presunto desvío de 6 mil millones de pesos, pero ninguna ha sancionado a algún responsable.
Del total de denuncias, 123 todavía se encuentran en proceso de integración y sólo se investigan por “uso ilegal de recursos del FONE”.
La mayor parte de estas denuncias se han interpuesto por no comprobar el destino de los recursos, o realizar pagos a comisionados sindicales o a personal no identificado, durante el proceso de las auditorías.
En este caso se encuentran el Estado de México, con 7 denuncias, y Chiapas, entidad con 3 denuncias y un monto de irregularidades por 188 millones de pesos.
Los investigadores advierten que este dato es relevante porque la Auditoría no ha emitido nuevas denuncias de hechos desde 2016, pese a que persisten as irregularidades y “es indicativo del rezago que la autoridad competente (PGR/FGR) presenta en procesar las denuncias presentadas por dicho organismo fiscalizador para integrar las averiguaciones previas o carpetas de investigación, anulando la posibilidad de que los delitos sean sancionados por un juez para que los responsables sean procesados penalmente, y en demérito del combate a los actos de corrupción”.
Chihuahua fue denunciada en 17 ocasiones y es la entidad con el mayor número, entre 2008 y 2015. Le sigue Morelos, con 12 denuncias; Tlaxcala, 11; Chiapas, 8, igual que el Estado de México. Y con seis denuncias respectivamente: Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Veracruz y Zacatecas, pero en ningún caso han terminado en juicio.
Esto implica que las irregularidades siguen quedando impunes, “ya sea por la indolencia de distintas autoridades que no cumplen con sus obligaciones legales para reportar y perseguir dichas irregularidades, o que cuando lo hacen, los organismos fiscalizadores, federales o estatales, y de investigación penal, no continúan adecuada y oportunamente los procedimientos de substanciación, para sancionar a los funcionarios que han permitido pagos indebidos de nómina con cargo al erario”.
