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Archivo / Cuartoscuro

La Estafa Maestra: Fiscalía se desiste en su acusación contra dos exfuncionarios de Sedatu

De 6 audiencias iniciadas por casos de La Estafa Maestra, la Fiscalía solo ha logrado vincular a proceso a dos exfuncionarios de Sedesol y Sedatu.
Archivo / Cuartoscuro
20 de mayo, 2019
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La Fiscalía General de la República (FGR) se desistió este lunes de la acusación en contra de dos exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario (Sedatu), que firmaron convenios con universidades públicas y que presuntamente derivaron en un desvío de 499 millones de pesos a través del esquema de fraude conocido como La Estafa Maestra.

Estos casos se suman a otros dos del pasado mes de abril, en los que la Fiscalía también se desistió de la acusación en contra de otros exfuncionarios de Sedatu, por presuntos desvíos de otros 300 millones de pesos.

Por ahora, en las seis audiencias de seis funcionarios públicos de la Sedesol y la Sedatu implicados en La Estafa Maestra, la Fiscalía solo ha logrado que dos de ellos sean vinculados a proceso: el exsubsecretario de la Sedatu, Enrique González Tiburcio, y el director general de Ordenamiento Territorial, Armando Saldaña.

En estos dos casos, el juez sí encontró elementos suficientes para enjuiciarlos por un presunto delito de contratación indebida.

Los últimos casos que se ‘caen’

En el último caso de este lunes, a las 13 horas debió de llevarse a cabo la audiencia para determinar si se vinculaba o no a proceso a José Antolino Orozco Martínez, exjefe la unidad de Políticas de Planeación de Sedatu; y Marcos Salvador Ibarra Infante, exdirector general de coordinación de delegación también de Sedatu.

Sin embargo, de acuerdo con un documento del Poder Judicial de la Federación al que Animal Político obtuvo acceso, la audiencia no se celebró porque la Fiscalía anunció a las partes que se desistió de la imputación en contra de estos dos exfuncionarios.

El anuncio del desistimiento de la audiencia no significa, por ahora, que el caso de los dos exfuncionarios se haya cerrado totalmente, puesto que la Fiscalía se reservó el derecho de reabrirlo más adelante, tal y como le permite el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Es decir, legalmente, la Fiscalía dejó la puerta abierta para poder rearmar el caso, fortalecer su investigación.

Sobre este punto, cabe recordar que el pasado 6 de mayo el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, informó públicamente que la Fiscalía reestructurará la investigación de La Estafa Maestra como un caso de delincuencia organizada, y no como casos aislados.

Los presuntos desvíos

José Antolino Orozco Martínez y Marcos Salvador Ibarra Infante fueron funcionarios de la Sedatu, cuando Rosario Robles era su titular; y también en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de igual forma con Robles al frente de esa dependencia.

Orozco Martínez firmó en la Sedatu, entre el 12 y el 16 de octubre de 2015, un convenio por 186 millones 113 mil 400 pesos con la Universidad Politécnica de Chiapas, para que ésta elaborara y le proveyera una serie de estudios, análisis y proyectos.

Sin embargo, la universidad no cumplió con esos servicios y, a través de una violación a la ley de adquisiciones, subcontrató a empresas irregulares o fantasma, que tampoco hicieron los servicios y se quedaron con el dinero, tal y como detectó la Auditoría Superior de la Federación en un informe.

Por ello, la Fiscalía acusaba al exfuncionario José Antolino Orozco de uso indebido de atribuciones y facultades.

Por otro lado Marcos Salvador Ibarra, como director general de coordinación de delegaciones de la Sedatu, firmó cuatro convenios también con la Universidad Politécnica de Chiapas el 13, 15 y 16 de octubre de 2015, y otro con la Universidad Politécnica de Quintana Roo el 31 de diciembre, que suman un monto de 313 millones de pesos.

Según un informe de la Auditoría, ese dinero público también fue a parar, a través de las universidades públicas, y una violación a la ley federal de adquisiciones, a empresas fraudulentas que no dieron servicio alguno.

Estos dos casos en los que la Fiscalía, por el momento, se desistió de las acusaciones, se suman a los de Francisco Javier Báez Álvarez, exdirector de Programación y presupuesto de la Sedatu, y al de Simón León Mojarro, extitular de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol.

A inicios del mes de abril pasado, un juez federal determinó que, en ambos casos, la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para vincularlos a proceso e iniciar un juicio en su contra, por el presunto desvío de más de 300 millones de pesos en Sedesol y Sedatu, y por uso indebido de atribuciones y ejercicio indebido del servicio público.

El pasado 30 de abril, el diario Reforma publicó que la Fiscalía no impugnará los fallos del juez en esos dos casos.

Los dos vinculados

Los dos únicos casos en los que la Fiscalía logró que se vinculara a proceso son los de Armando Saldaña y Enrique González Tiburcio.

Saldaña fue director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Sedatu, y firmó el convenio con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en Hidalgo por 185 millones 839 mil 480 pesos, aunque los servicios que no se realizaron.

Denunció que su firma fue falsificada en el documento. Pese a que peritos confirmaron que había irregularidades en la rúbrica, el juez encontró elementos suficientes para vincularlo a proceso por el presunto delito de contratación indebida.

El criterio del juez en el caso de León Mojarro sólo se limitó al análisis del procedimiento administrativo, pero aquí fue distinto y se determinó que sí hay elementos para seguir investigando.

Incluso, Francisco Báez lo acusó directamente de que era el encargado de revisar que los servicios se realizaran, y por eso él había liberado los pagos.

Enrique González Tiburcio tuvo el puesto más alto entre los acusados, era el subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedatu, subalterno directo de la entonces secretaria Rosario Robles. Igual que Saldaña, su subalterno en la dependencia, también señaló que su firma fue falsificada en uno de los convenios con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero.

Sin embargo, el 30 de enero, el exsubsecretario fue vinculado a proceso por la posible comisión del delito de falsificación de declaración, toda vez que el juez federal Orlando Íñiguez determinó que existen pruebas suficientes para considerar que la firma inscrita en el convenio, y que derivó en el presunto desvío de recursos públicos, sí es de “su puño y letra” y no fue falsificada, como había denunciado el exfuncionario.

De acuerdo con su abogado defensor, Julio Hernández Barros, el exfuncionario detectó que su firma fue falsificada a raíz de una solicitud de información del 11 de abril de 2017, cuando un ciudadano pidió el documento que de inicio fue declarado como inexistente, porque no se encontraba en el archivo de la subsecretaría. Luego de que el ciudadano interpuso un recurso de revisión ante el INAI, y los funcionarios de la Sedatu hicieron una búsqueda exhaustiva, localizaron dicho convenio en otra área.

Por ello, la supuesta falsificación de la firma fue denunciada por González Tiburcio ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedatu, el 9 de junio de 2017, y horas más tarde realizó una declaración ante la misma instancia. A raíz de esa denuncia es que se inició el proceso en el que ahora Tiburcio resultó vinculado a proceso.

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Joshua vs Andy Ruiz: qué es el 'sportswashing' y por qué acusan a los boxeadores de prestarse a esa práctica

Mientras Anthony Joshua se prepara para luchar contra Andy Ruiz en el "Choque en las dunas", Amnistía Internacional sugiere que los sauditas están tratando de "blanquear" su reputación a través del deporte.
7 de diciembre, 2019
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Existen muchos grandes eventos deportivos en Arabia Saudita: por ejemplo, la pelea de Anthony Joshua contra Andy Ruiz tiene atento al mundo del boxeo este fin de semana.

Al combate, hay que sumar la primera carrera de la temporada de Fórmula E, que fue en Riad el pasado noviembre, y los planes de organizar una nueva carrera de F1 allí.

También se anunció recientemente que la Supercopa de España, con el nuevo formato de cuatro equipos también se celebrará en Arabia Saudita durante los próximos tres años.

Una decisión que ha sido muy criticada, con la ministra española de Deportes en funciones, María José Rienda, diciendo que el gobierno no apoyaría la celebración de competencias “en países donde no se respetan los derechos de las mujeres”.

Una declaración clave para entender cómo y por qué Arabia Saudita es el último país en ser acusado de sportswashing o blanqueo de imagen deportivo”: la práctica de usar eventos deportivos para cambiar la percepción pública de un país.

Término nuevo, estrategia antigua

El término “sportwashing”, que combina las palabras en inglés “sport” (deportes) y “washing” (lavar), fue acuñado en 2015.

Pero entonces se usaba para Azerbaiyán, país con riqueza petrolera pero también un historial de violaciones de derechos humanos.

Chelsea celebrando

Etsuo Hara
La final de la Liga Europa se celebró en Bakú, Azerbaiyán, a pesar de muchas quejas.

Ese año, después de haber patrocinado al Atlético de Madrid, Azerbaiyán apostó por mejorar su imagen con el deporte.

Invirtieron dinero en la organización de los “Juegos Olímpicos Europeos” y un año después organizó su primera carrera de Fórmula 1, inicialmente bajo el nombre de Gran Premio de Europa pero luego simplemente se llamó el Gran Premio de Azerbaiyán.

Bakú también se hizo con la final de la Liga Europa 2019.

Y ahora, cuando se busca el nombre del país en internet, te encuentras, por ejemplo, éxitos de la F1 o de atletismo, haciendo que las violaciones de los derechos humanos bajen de posición.

Cuando el nombre del país aparece en las noticias, suele ser más en el contexto de grandes eventos deportivos y figuras de alto perfil.

Y, sutilmente, esperan los estrategas, ver a estas figuras jugando en ese país transmite al público la señal de que las cosas no pueden ser tan malas allí.

La palabra puede ser nueva pero la práctica no. La Sudáfrica del apartheid participó en muchos esfuerzos para organizar eventos deportivos, incluido una carrera de F1 en la década de 1980 que fue muy controvertida.

Deporte en vez de abusos

Ahora, según sugiere Amnistía Internacional, Arabia Saudita está haciendo lo mismo. La organización defensora de los derechos humanos no quiere que pase a un segundo plano el historial “abismal” de ese país.

Se han implantado fuertes restricciones a la libertad de expresión y a los derechos de las mujeres, al igual que el uso de la pena de muerte para delitos no reconocidos como crímenes por el derecho internacional.

El asesinato del periodista Jamal Khashoggi dentro de la embajada de este país en Turquía también ocupa un lugar destacado en la conciencia mundial.

Seguridad llevándose a una manifestante

Getty Images
Los servicios de seguridad en los Juegos Olímpicos de Pekín se llevaban rápidamente a cualquiera que protestara por la causa tibetana.

Los sauditas tal vez esperan que, a través del deporte, la gente piense menos en estas cosas y más en los grandes momentos deportivos cuando escuchen las palabras “Arabia Saudita”.

La teoría dice que el “sportwashing” funciona particularmente bien por dos razones.

Primero, está el hecho de que la mayoría de los organismos que rigen el deporte insisten en que sus eventos son apolíticos.

La separación del deporte y la política es intrínseca para muchos de ellos. La FIFA castiga a los países donde el gobierno intenta desempeñar un papel en la federación de fútbol de la nación, hasta el punto de vetarlos de torneos.

Esto hace que resulte atractivo para las naciones donde el debate político es limitado. Existe una presión activa de organizaciones como la FIFA o el Comité Olímpico Internacional para que los temas controvertidos se mantengan alejados de sus eventos.

El COI fue muy cauteloso con las protestas pro-Tíbet en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, por ejemplo. Y a los suizos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri, la FIFA casi los suspende por celebrar goles contra Serbia con un gesto que imitaba la bandera albanesa en el Mundial de 2018.

El efecto Streisand

Fórmula E

Getty Images
El Diriyah E-Prix en Riad abrió la temporada de Fórmula E.

La segunda razón es que, si bien los temas controvertidos se mencionan mientras se prepara un evento, una vez que este comienza, el enfoque inevitablemente se pone en el deporte y eso no cambia.

El gran volumen de historias, una Copa del Mundo tiene hasta cuatro partidos cada día, lo que significa que no hay oportunidad para que los periodistas se concentren en otra cosa.

Las historias sobre protestas en Brasil por el costo de los Juegos Olímpicos de Río 2016, por ejemplo, desaparecieron una vez que el evento empezó. Simplemente, había demasiadas cosas ocurriendo a la vez.

Amnistía Internacional dijo que Anthony Joshua está siendo “engañado” al aceptar pelear en Arabia Saudita y agregó que “cualquiera que haya criticado al régimen ha sido exiliado, arrestado o amenazado”.

“No hay nada parecido a libertad de expresión o derecho a protestar”, denuncia AI.

Pero Joshua respondió que, si bien le daba las gracias a los grupos de derechos humanos que “expresaban su opinión”, sentía que era mejor interactuar con el régimen que simplemente “acusar, señalar con el dedo y gritar desde Reino Unido“.

Añadió que un hombre no podía “ponerse una capa y salvar al mundo”.

Pero, solo el hecho de que Joshua tenga que responder preguntas como esas ya es algo que los organizadores de la pelea quizás no hubieran querido.

Es posible que al tratar de hacer “sportwashing”, los países terminen creando su propia versión del efecto Streisand, por el cual terminan llamando la atención sobre lo que estaban buscando esconder.


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