La Estafa Maestra: Fiscalía se desiste en su acusación contra dos exfuncionarios de Sedatu
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Archivo / Cuartoscuro

La Estafa Maestra: Fiscalía se desiste en su acusación contra dos exfuncionarios de Sedatu

De 6 audiencias iniciadas por casos de La Estafa Maestra, la Fiscalía solo ha logrado vincular a proceso a dos exfuncionarios de Sedesol y Sedatu.
Archivo / Cuartoscuro
20 de mayo, 2019
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La Fiscalía General de la República (FGR) se desistió este lunes de la acusación en contra de dos exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario (Sedatu), que firmaron convenios con universidades públicas y que presuntamente derivaron en un desvío de 499 millones de pesos a través del esquema de fraude conocido como La Estafa Maestra.

Estos casos se suman a otros dos del pasado mes de abril, en los que la Fiscalía también se desistió de la acusación en contra de otros exfuncionarios de Sedatu, por presuntos desvíos de otros 300 millones de pesos.

Por ahora, en las seis audiencias de seis funcionarios públicos de la Sedesol y la Sedatu implicados en La Estafa Maestra, la Fiscalía solo ha logrado que dos de ellos sean vinculados a proceso: el exsubsecretario de la Sedatu, Enrique González Tiburcio, y el director general de Ordenamiento Territorial, Armando Saldaña.

En estos dos casos, el juez sí encontró elementos suficientes para enjuiciarlos por un presunto delito de contratación indebida.

Los últimos casos que se ‘caen’

En el último caso de este lunes, a las 13 horas debió de llevarse a cabo la audiencia para determinar si se vinculaba o no a proceso a José Antolino Orozco Martínez, exjefe la unidad de Políticas de Planeación de Sedatu; y Marcos Salvador Ibarra Infante, exdirector general de coordinación de delegación también de Sedatu.

Sin embargo, de acuerdo con un documento del Poder Judicial de la Federación al que Animal Político obtuvo acceso, la audiencia no se celebró porque la Fiscalía anunció a las partes que se desistió de la imputación en contra de estos dos exfuncionarios.

El anuncio del desistimiento de la audiencia no significa, por ahora, que el caso de los dos exfuncionarios se haya cerrado totalmente, puesto que la Fiscalía se reservó el derecho de reabrirlo más adelante, tal y como le permite el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Es decir, legalmente, la Fiscalía dejó la puerta abierta para poder rearmar el caso, fortalecer su investigación.

Sobre este punto, cabe recordar que el pasado 6 de mayo el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, informó públicamente que la Fiscalía reestructurará la investigación de La Estafa Maestra como un caso de delincuencia organizada, y no como casos aislados.

Los presuntos desvíos

José Antolino Orozco Martínez y Marcos Salvador Ibarra Infante fueron funcionarios de la Sedatu, cuando Rosario Robles era su titular; y también en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de igual forma con Robles al frente de esa dependencia.

Orozco Martínez firmó en la Sedatu, entre el 12 y el 16 de octubre de 2015, un convenio por 186 millones 113 mil 400 pesos con la Universidad Politécnica de Chiapas, para que ésta elaborara y le proveyera una serie de estudios, análisis y proyectos.

Sin embargo, la universidad no cumplió con esos servicios y, a través de una violación a la ley de adquisiciones, subcontrató a empresas irregulares o fantasma, que tampoco hicieron los servicios y se quedaron con el dinero, tal y como detectó la Auditoría Superior de la Federación en un informe.

Por ello, la Fiscalía acusaba al exfuncionario José Antolino Orozco de uso indebido de atribuciones y facultades.

Por otro lado Marcos Salvador Ibarra, como director general de coordinación de delegaciones de la Sedatu, firmó cuatro convenios también con la Universidad Politécnica de Chiapas el 13, 15 y 16 de octubre de 2015, y otro con la Universidad Politécnica de Quintana Roo el 31 de diciembre, que suman un monto de 313 millones de pesos.

Según un informe de la Auditoría, ese dinero público también fue a parar, a través de las universidades públicas, y una violación a la ley federal de adquisiciones, a empresas fraudulentas que no dieron servicio alguno.

Estos dos casos en los que la Fiscalía, por el momento, se desistió de las acusaciones, se suman a los de Francisco Javier Báez Álvarez, exdirector de Programación y presupuesto de la Sedatu, y al de Simón León Mojarro, extitular de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol.

A inicios del mes de abril pasado, un juez federal determinó que, en ambos casos, la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para vincularlos a proceso e iniciar un juicio en su contra, por el presunto desvío de más de 300 millones de pesos en Sedesol y Sedatu, y por uso indebido de atribuciones y ejercicio indebido del servicio público.

El pasado 30 de abril, el diario Reforma publicó que la Fiscalía no impugnará los fallos del juez en esos dos casos.

Los dos vinculados

Los dos únicos casos en los que la Fiscalía logró que se vinculara a proceso son los de Armando Saldaña y Enrique González Tiburcio.

Saldaña fue director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Sedatu, y firmó el convenio con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en Hidalgo por 185 millones 839 mil 480 pesos, aunque los servicios que no se realizaron.

Denunció que su firma fue falsificada en el documento. Pese a que peritos confirmaron que había irregularidades en la rúbrica, el juez encontró elementos suficientes para vincularlo a proceso por el presunto delito de contratación indebida.

El criterio del juez en el caso de León Mojarro sólo se limitó al análisis del procedimiento administrativo, pero aquí fue distinto y se determinó que sí hay elementos para seguir investigando.

Incluso, Francisco Báez lo acusó directamente de que era el encargado de revisar que los servicios se realizaran, y por eso él había liberado los pagos.

Enrique González Tiburcio tuvo el puesto más alto entre los acusados, era el subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedatu, subalterno directo de la entonces secretaria Rosario Robles. Igual que Saldaña, su subalterno en la dependencia, también señaló que su firma fue falsificada en uno de los convenios con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero.

Sin embargo, el 30 de enero, el exsubsecretario fue vinculado a proceso por la posible comisión del delito de falsificación de declaración, toda vez que el juez federal Orlando Íñiguez determinó que existen pruebas suficientes para considerar que la firma inscrita en el convenio, y que derivó en el presunto desvío de recursos públicos, sí es de “su puño y letra” y no fue falsificada, como había denunciado el exfuncionario.

De acuerdo con su abogado defensor, Julio Hernández Barros, el exfuncionario detectó que su firma fue falsificada a raíz de una solicitud de información del 11 de abril de 2017, cuando un ciudadano pidió el documento que de inicio fue declarado como inexistente, porque no se encontraba en el archivo de la subsecretaría. Luego de que el ciudadano interpuso un recurso de revisión ante el INAI, y los funcionarios de la Sedatu hicieron una búsqueda exhaustiva, localizaron dicho convenio en otra área.

Por ello, la supuesta falsificación de la firma fue denunciada por González Tiburcio ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedatu, el 9 de junio de 2017, y horas más tarde realizó una declaración ante la misma instancia. A raíz de esa denuncia es que se inició el proceso en el que ahora Tiburcio resultó vinculado a proceso.

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Cómo es la carretera del "terror" en el norte de México donde han desaparecido decenas de personas

En el noreste de México, decenas de personas han desaparecido en una importante autopista que llega a la frontera con EE.UU. Por su peligrosidad, ha comenzado a ser llamada la "carretera del terror".
17 de julio, 2021
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Lo que vivió una familia a finales de junio fue apenas un “susto”.

Sus cuatro integrantes fueron despojados de la camioneta en que viajaban de la ciudad de Monterrey a la de Nuevo Laredo, en el noreste de México, y abandonados a mitad del camino.

“¿Cómo están? ¿Se encuentran bien?”, pregunta el conductor de un tráiler que grabó el asalto a lo lejos.

“Nada más el susto”, responde el padre, quien luego explicó a la prensa que “de una camioneta se bajaron cuatro hombres armados. Traían ametralladoras”.

“Enfrente bajaron a una pareja de una camioneta Chevrolet blanca. Y después de eso, se viene un sujeto armado hacia nosotros, que era como de 30 años, andaba bien vestido“, dijo el hombre, quien no dio su nombre por razones de seguridad.

“‘¡Bájense! ¡Y dejen los celulares!'”, les ordenaron.

“Nos bajamos toda mi familia y nos fuimos para atrás”.

Lo que para esa familia fue solo un susto. Para decenas de familias, la inseguridad ha tenido como consecuencia la desaparición de un ser querido.

Y es que viajar de Monterrey -la urbe industrial más importante de México a la ciudad fronteriza Nuevo Laredo se ha vuelto un riesgo.

La autopista de peajes de unos 200 km en los últimos meses ha sido llamada la “carretera del terror” o el “triángulo de las Bermudas”, debido a los crecientes casos de secuestros y desapariciones forzadas que se han registrado.

Según la asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), la organización más grande de apoyo a víctimas local, se han conocido al menos 49 desapariciones este año tan solo de habitantes del estado.

Es la cifra más alta en los últimos 10 años, dice a BBC Mundo Angélica Orozco, una portavoz de la organización.

“Están atacando directamente a la ciudadanía, que nos encontramos totalmente vulnerables ante la desinformación, porque no nos informan qué está sucediendo. Y comprobamos, una vez más, que no hay un plan para buscar a las personas desaparecidas”, señala.

Protesta por los desaparecidos entre Nuevo León y Tamaulipas

Reuters
Este año se ha incrementado notablemente la desaparición de personas que viajaban de Nuevo León a Tamaulipas.

Las autoridades de Nuevo León, por su parte, reportan solo 41 investigaciones por desaparición en 20 meses, con 1,4 personas en promedio por caso. Y han anunciado nuevas medidas para su búsqueda.

Pero FUNDENL y otras organizaciones advierten que hay una “cifra negra” de casos no conocidos por falta de denuncia.

Una vía moderna y peligrosa

La autopista 85D que conecta a Monterrey con Nuevo Laredo no es un camino secundario, como los que llegan a ser controlados por grupos criminales en algunas regiones conflictivas de México.

Todo lo contrario: es una autopista de cuatro carriles, con casetas de peajes electrónicos e infraestructura de pasos elevados a lo largo de un trayecto casi en su totalidad recto.

Es parte de la carretera Panamericana, que conecta de norte a sur el continente americano.

Transportistas en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo

Getty Images
La carretera 85D es vital para la exportación de manufacturas hechas en México hacia EE.UU.

Al ser la vía más corta del centro de México a la frontera con EE.UU., es una vía importante, tanto para la exportación e importación de mercancías, como para los habitantes de Monterrey que van por turismo o negocios a las ciudades del sur de Texas.

“Es el camino hacia la frontera para gente que va a EE.UU. de compras o por cuestiones personales. Y por eso consideramos que desde hace años las autoridades han tenido información de que suceden desapariciones. Y no hay sistemas de videovigilancia u operativos permanentes”, señala Orozco.

Pese a ser una infraestructura vital, la seguridad para conductores -tanto de transporte de carga como civiles- “no está garantizada”.

El tramo del peligro

En particular, hay un tramo que ha sido el más riesgoso en los últimos meses: el de la frontera entre los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

Apenas el 19 de junio pasado, un ingeniero en sistemas de 35 años -de identidad reservada- fue secuestrado durante varias horas por hombres armados vestidos con ropa militar.

En una denuncia ante el ministerio público de Nuevo León, señala que sobre la carretera había un retén de sujetos armados que lo detuvo. Uno de ellos le dijo “toma tus cosas y bájate del vehículo” para revisar su camioneta.

Patrullas en la carretera 85D de Monterrey a Nuevo Laredo

Reuters

Lo subieron a un vehículo, le cubrieron la cabeza y lo empezaron a “mover todo el día por un camino de terracería desconocido”, explicó.

Le preguntaban que “dónde está la droga que traía” y que “para quién trabajaba”.

Incluso lo golpearon una tabla de madera en un momento para que hiciera una confesión, pese a que les aseguro que trabajaba en una empresa de sistemas y que en su celular tenía los datos de su trabajo.

Explica que al final lo abandonaron con los ojos cubiertos en un camino de terracería. Encontró una población y pidió ayuda. Más tarde pudo localizar su camioneta y volver a Monterrey.

Map

FUNDENL también ha detectado que los choferes de aplicaciones como Uber o Didi, que son solicitados para realizar viajes hacia la frontera, también han sido atacados por los criminales.

“En general, tenemos casos documentados desde 2011. Y con la crisis desde este año, empezamos a recibir reportes de años anteriores”, explica Orozco.

La cruenta rivalidad de carteles

Desde hace unos meses hay una creciente disputa de grupos delictivos por el control de las ciudades que colindan con EE.UU. en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

Se trata de puntos clave para el tráfico de drogas y mercancías ilegales, así como el flujo de recursos económicos que los carteles buscan manejar, explica el investigador en seguridad pública Víctor Sánchez a BBC Mundo.

Patrullas en la carretera 85D de Monterrey a Nuevo Laredo

Reuters
El tramo de la carretera cercano a Sabinas Hidalgo es uno de los más riesgosos.

“Los comandos paran a tráileres que llevan mercancías. Se llevan los camiones o a veces solo la mercancía. Y en algunas ocasiones desaparecen a los conductores. Lo mismo sobre vehículos privados: se enfocan en camionetas equipadas que después utilizan para sus actividades”, indica.

Aunque ha sido una práctica vista desde hace una década, se ha recrudecido en los últimos meses.

“Es una zona de conflicto y disputa, pero va más allá de la simple disputa de organizaciones criminales. Tiene que ver mucho con el ADN de Los Zetas“, explica Sánchez.

Y es que el Cartel del Noreste -CDN, conformado por miembros del extinto grupo sanguinario Los Zetas- controla la ciudad de Nuevo Laredo, que ha sido blanco de otras organizaciones recientemente.

“Se ha recrudecido mucho la ofensiva en los últimos meses por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación, de la mano de una organización local, los Metros, que es una facción del Cartel del Golfo”, indica Sánchez.

Foto del desaparecido Isaac Hernández

Reuters
Muchas víctimas de desaparición en la zona son los conductores de camiones.

“El CDN sospecha de cualquier vehículo ostentoso que circule por la carretera a determinadas horas, previendo una incursión. Y eso puede explicar algunas de las desapariciones de los últimos meses”, explica el investigador, residente del vecino estado de Coahuila.

Muchas víctimas de desaparición no son encontradas porque los carteles evitan dejar evidencias, como el cuerpo de las víctimas.

La respuesta de los gobiernos

Ante el aumento de casos de desaparición, los gobiernos estatales y el federal han empezado a tomar acciones en las últimas semanas.

La Guardia Nacional federal fue desplegada para realizar patrullajes a lo largo de la carretera 85D.

Patrullas en la carretera 85D de Monterrey a Nuevo Laredo

Reuters

Y la semana pasada, los gobernadores de Nuevo León y Tamaulipas se reunieron para acordar una mejor coordinación en la investigación de casos de desaparecidos, algo que han reclamado las familias de las víctimas.

“Se contempla la instalación de puntos fijos intermitentes en especial en zonas específicas como el tramo del kilómetro 100 al 176 (zona limítrofe entre estados)”, indicaron en un comunicado conjunto.

“No nada más es la autopista, hay brechas donde también la Guardia Nacional, Fuerza Civil y el Ejército Mexicano entramos a vigilar, a disuadir, a buscar individuos que estén buscando hacer daño a la gente”, dijo el comisario de la Fuerza Civil de Nuevo León, Jorge Garza Morales.

Protesta por los desaparecidos entre Nuevo León y Tamaulipas

Reuters
El gobierno de Nuevo León dice que tomó nuevas medidas en atención a las protestas por desapariciones recientes.

Orozco, sin embargo, advierte que esas acciones suelen ser temporales. Cuando se acaban, el problema regresa.

“Los operativos desde junio qué bueno que los están haciendo, pero deberían haberlos empezado desde que hubo reportes que algo estaba sucediendo, desde abril”, señala.

“El discurso gubernamental es el mismo, de ataques entre bandas de criminales. Pero están atacando a trabajadores y familias directamente. Es lamentable“.


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