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Archivo / Cuartoscuro

La Estafa Maestra: Fiscalía se desiste en su acusación contra dos exfuncionarios de Sedatu

De 6 audiencias iniciadas por casos de La Estafa Maestra, la Fiscalía solo ha logrado vincular a proceso a dos exfuncionarios de Sedesol y Sedatu.
Archivo / Cuartoscuro
20 de mayo, 2019
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La Fiscalía General de la República (FGR) se desistió este lunes de la acusación en contra de dos exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario (Sedatu), que firmaron convenios con universidades públicas y que presuntamente derivaron en un desvío de 499 millones de pesos a través del esquema de fraude conocido como La Estafa Maestra.

Estos casos se suman a otros dos del pasado mes de abril, en los que la Fiscalía también se desistió de la acusación en contra de otros exfuncionarios de Sedatu, por presuntos desvíos de otros 300 millones de pesos.

Por ahora, en las seis audiencias de seis funcionarios públicos de la Sedesol y la Sedatu implicados en La Estafa Maestra, la Fiscalía solo ha logrado que dos de ellos sean vinculados a proceso: el exsubsecretario de la Sedatu, Enrique González Tiburcio, y el director general de Ordenamiento Territorial, Armando Saldaña.

En estos dos casos, el juez sí encontró elementos suficientes para enjuiciarlos por un presunto delito de contratación indebida.

Los últimos casos que se ‘caen’

En el último caso de este lunes, a las 13 horas debió de llevarse a cabo la audiencia para determinar si se vinculaba o no a proceso a José Antolino Orozco Martínez, exjefe la unidad de Políticas de Planeación de Sedatu; y Marcos Salvador Ibarra Infante, exdirector general de coordinación de delegación también de Sedatu.

Sin embargo, de acuerdo con un documento del Poder Judicial de la Federación al que Animal Político obtuvo acceso, la audiencia no se celebró porque la Fiscalía anunció a las partes que se desistió de la imputación en contra de estos dos exfuncionarios.

El anuncio del desistimiento de la audiencia no significa, por ahora, que el caso de los dos exfuncionarios se haya cerrado totalmente, puesto que la Fiscalía se reservó el derecho de reabrirlo más adelante, tal y como le permite el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Es decir, legalmente, la Fiscalía dejó la puerta abierta para poder rearmar el caso, fortalecer su investigación.

Sobre este punto, cabe recordar que el pasado 6 de mayo el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, informó públicamente que la Fiscalía reestructurará la investigación de La Estafa Maestra como un caso de delincuencia organizada, y no como casos aislados.

Los presuntos desvíos

José Antolino Orozco Martínez y Marcos Salvador Ibarra Infante fueron funcionarios de la Sedatu, cuando Rosario Robles era su titular; y también en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de igual forma con Robles al frente de esa dependencia.

Orozco Martínez firmó en la Sedatu, entre el 12 y el 16 de octubre de 2015, un convenio por 186 millones 113 mil 400 pesos con la Universidad Politécnica de Chiapas, para que ésta elaborara y le proveyera una serie de estudios, análisis y proyectos.

Sin embargo, la universidad no cumplió con esos servicios y, a través de una violación a la ley de adquisiciones, subcontrató a empresas irregulares o fantasma, que tampoco hicieron los servicios y se quedaron con el dinero, tal y como detectó la Auditoría Superior de la Federación en un informe.

Por ello, la Fiscalía acusaba al exfuncionario José Antolino Orozco de uso indebido de atribuciones y facultades.

Por otro lado Marcos Salvador Ibarra, como director general de coordinación de delegaciones de la Sedatu, firmó cuatro convenios también con la Universidad Politécnica de Chiapas el 13, 15 y 16 de octubre de 2015, y otro con la Universidad Politécnica de Quintana Roo el 31 de diciembre, que suman un monto de 313 millones de pesos.

Según un informe de la Auditoría, ese dinero público también fue a parar, a través de las universidades públicas, y una violación a la ley federal de adquisiciones, a empresas fraudulentas que no dieron servicio alguno.

Estos dos casos en los que la Fiscalía, por el momento, se desistió de las acusaciones, se suman a los de Francisco Javier Báez Álvarez, exdirector de Programación y presupuesto de la Sedatu, y al de Simón León Mojarro, extitular de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol.

A inicios del mes de abril pasado, un juez federal determinó que, en ambos casos, la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para vincularlos a proceso e iniciar un juicio en su contra, por el presunto desvío de más de 300 millones de pesos en Sedesol y Sedatu, y por uso indebido de atribuciones y ejercicio indebido del servicio público.

El pasado 30 de abril, el diario Reforma publicó que la Fiscalía no impugnará los fallos del juez en esos dos casos.

Los dos vinculados

Los dos únicos casos en los que la Fiscalía logró que se vinculara a proceso son los de Armando Saldaña y Enrique González Tiburcio.

Saldaña fue director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Sedatu, y firmó el convenio con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en Hidalgo por 185 millones 839 mil 480 pesos, aunque los servicios que no se realizaron.

Denunció que su firma fue falsificada en el documento. Pese a que peritos confirmaron que había irregularidades en la rúbrica, el juez encontró elementos suficientes para vincularlo a proceso por el presunto delito de contratación indebida.

El criterio del juez en el caso de León Mojarro sólo se limitó al análisis del procedimiento administrativo, pero aquí fue distinto y se determinó que sí hay elementos para seguir investigando.

Incluso, Francisco Báez lo acusó directamente de que era el encargado de revisar que los servicios se realizaran, y por eso él había liberado los pagos.

Enrique González Tiburcio tuvo el puesto más alto entre los acusados, era el subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedatu, subalterno directo de la entonces secretaria Rosario Robles. Igual que Saldaña, su subalterno en la dependencia, también señaló que su firma fue falsificada en uno de los convenios con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero.

Sin embargo, el 30 de enero, el exsubsecretario fue vinculado a proceso por la posible comisión del delito de falsificación de declaración, toda vez que el juez federal Orlando Íñiguez determinó que existen pruebas suficientes para considerar que la firma inscrita en el convenio, y que derivó en el presunto desvío de recursos públicos, sí es de “su puño y letra” y no fue falsificada, como había denunciado el exfuncionario.

De acuerdo con su abogado defensor, Julio Hernández Barros, el exfuncionario detectó que su firma fue falsificada a raíz de una solicitud de información del 11 de abril de 2017, cuando un ciudadano pidió el documento que de inicio fue declarado como inexistente, porque no se encontraba en el archivo de la subsecretaría. Luego de que el ciudadano interpuso un recurso de revisión ante el INAI, y los funcionarios de la Sedatu hicieron una búsqueda exhaustiva, localizaron dicho convenio en otra área.

Por ello, la supuesta falsificación de la firma fue denunciada por González Tiburcio ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedatu, el 9 de junio de 2017, y horas más tarde realizó una declaración ante la misma instancia. A raíz de esa denuncia es que se inició el proceso en el que ahora Tiburcio resultó vinculado a proceso.

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AFP

Encuentro de AMLO y Bukele: esto propone México para acercarse a Centroamérica

La propuesta del presidente López Obrador que presentará con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, es un plan económico y de migración para ayudar a Centroamérica.
AFP
20 de junio, 2019
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“El hermano mayor”. Así se conocía a México en los años 70 y 80, una de las etapas más difíciles en la historia de Centroamérica, cuando había varios conflictos armados en la región.

El papel de los gobiernos mexicanos de la época fue central para terminar con la violencia: albergó a refugiados por la guerra, promovió organismos multinacionales para ayudar a los países en conflicto y hospedó negociaciones de paz.

Pero luego México se olvidó de Centroamérica.

Durante más de dos décadas concentró su política exterior en las relaciones comerciales con su principal socio, Estados Unidos.

Ahora pretende iniciar un viraje histórico en los vínculos con sus vecinos del sur.

Ante una creciente crisis migratoria, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador propuso un ambicioso plan para desarrollar Centroamérica.

La idea, dice el mandatario, es evitar la “migración forzada”. Pero también es un intento por recuperar la influencia que tuvo en la región.

Camiones con militantes del FMLN en El Salvador.

AFP
El Salvador padeció una cruenta guerra civil entre 1980 y 1992.

Supone eso, entonces, ¿volver a ser el “hermano mayor” de Centroamérica?

“No me gusta poner ni que nos pongan calificativos”, le responde a BBC Mundo Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

“Lo que queremos es recuperar nuestro papel y liderazgo comercial, diplomático, político, económico y cultural en la región”.

El olvido

En febrero, durante el Oslo Freedom Forum, una conferencia organizada por la organización no gubernamental especializada en derechos humanos y con sede en Nueva York Challenging Power, la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla cuestionó la posición mexicana hacia Centroamérica.

“México hoy está muy desatendido de los temas que pasan en la región”, dijo.

Presidente López Obrador

AFP
El presidente López Obrador pretende recuperar el liderazgo de México en Centroamérica.

En realidad, la falta de atención empezó en 1994, cuando entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, también conocido por sus siglas en inglés, NAFTA).

A partir de ese momento la relación de México con sus vecinos del sur cambió radicalmente, dice Rodrigo Salazar Elena, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

“Las relaciones comerciales con Estados Unidos fueron privilegiadas en términos de la política exterior mexicana”, le explica a BBC Mundo.

“Inclusive desde 1994 el embajador mexicano en ese país comenzó a adquirir una relevancia política que lo hacía equiparable al canciller”.

Las relaciones de México con Centroamérica, que en la década anterior habían tenido un intenso protagonismo, virtualmente se enfriaron.

“La diplomacia mexicana hacia Centroamérica no ha sido la de un vecino muy proactivo”, recuerda el investigador Salazar Elena.

Migrantes en frontera sur

AFP
La migración irregular desde Centroamérica aumentó este año.

Así, desde entonces virtualmente el único proyecto para ayudar a la región fue el Plan Puebla Panamá, que pretendía crear un corredor comercial e industrial que frenara la migración.

Pero la estrategia, presentada en 2001 durante la presidencia de Vicente Fox, se abandonó por falta de recursos según dijo la cancillería de ese gobierno.

De hecho, según especialistas, por varios años uno de los vínculos más frecuentes de México con la región fue la contención migratoria.

“No hay más que el desarrollo”

Ahora la estrategia es diferente.

La Comisión Económica para América Latina (Cepal) elaboró un plan llamado “Plan de desarrollo integral de sur de México y Centroamérica” para atender las causas de la migración irregular en el Triángulo Norte, la región formada por Honduras, El Salvador y Guatemala.

De acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, las primeras acciones empiezan a aplicarse este jueves en El Salvador.

La idea es anunciar el inicio del plan hoy, durante el encuentro de López Obrador con el presidente salvadoreño Nayib Bukele en Tapachula, Chiapas.

El proyecto contempla una inversión anual de US$10.000 millones con la idea, asegura el canciller, “de llegar a 2030 con una situación totalmente distinta”.

Migrantes en frontera sur

Getty Images
México endureció su política migratoria.

La estrategia de Cepal pretende aumentar la inversión pública y privada hasta un nivel similar al 25% del Producto Interno Bruto (PIB) de cada país.

Es el porcentaje ideal para asegurar el desarrollo, dice la directora de la Comisión Alicia Bárcena.

Actualmente México tiene inversiones equivalentes al 20,9% de su PIB, pero en países como Guatemala el porcentaje es de 14 puntos porcentuales.

También se pretende aumentar el comercio en la región, crear un sistema de interconexión eléctrica en los cuatro países y una red de escuelas seguras para 500.000 niños, entre otros temas.

El plan propone abordar el fenómeno de la migración desde el respeto a los derechos humanos.

“Es una traición a la historia de México”: la polémica que genera el acuerdo migratorio entre los gobiernos de Trump y AMLO

Esto implica cambiar el modelo aplicado durante décadas, ya abordarlo no como un problema de seguridad nacional, sino como una cuestión de seguridad de las personas.

“La gente emigra por necesidad, por falta de oportunidades de trabajo o por violencia y hay que atender esas causas”, afirma el presidente López Obrador.

“Y no hay más que la cooperación para el desarrollo, no es con la fuerza. No se puede enfrentar el mal con el mal”.

El obstáculo Trump

Sin embargo, algunos creen que no será fácil para México acercarse de nuevo a Centroamérica.

Al inicio del actual gobierno hubo una actitud diferente del gobierno mexicano hacia el Triángulo Norte, coinciden especialistas.

Donald Trump

Getty Images
Donald Trump presiona a México para que corte la migración.

Pero las presiones del presidente estadounidense Donald Trump para cortar el flujo de migrantes a su país complicaron el escenario.

“El primer discurso de López Obrador fue de apertura y respeto a los derechos humanos de los migrantes, pero ha ido cambiando”, le dice a BBC Mundo César Castillo, director del Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH).

“La situación de México es bastante complicada. Por un lado tiene que lidiar con el tema de los migrantes y el respeto a sus derechos humanos, pero también tiene presiones fuertes de EE.UU. para detener la migración”.

En los últimos días, organizaciones civiles han criticado el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur para contener el flujo de migrantes.

Algunos dicen que fue una petición de la Casa Blanca, pero el canciller Ebrard asegura que sólo adelantaron un plan ya previsto.

“No se está colocando a la Guardia Nacional en la frontera sur del país porque alguien nos lo pida, eso México ya lo había presentado”, afirma.

La desconfianza

Además del fenómeno migratorio hay otros elementos que pueden complicar la nueva estrategia de López Obrador.

Uno de ellos son los problemas internos de violencia y corrupción que hay en los países del Triángulo Norte, señala el director de OMIH.

Guardia Nacional

AFP
México desplegó a la Guardia Nacional en su frontera sur.

En otros años la región obtuvo recursos internacionales para combatir la pobreza y mitigar la migración, pero las estrategias fracasaron.

“En nuestros países tenemos que mejorar algunos aspectos porque no sólo es el desarrollo, sino también política y corrupción”, explica César Castillo.

“Hay procesos que han fracasado porque se inyectaron recursos que no llegaron a desarrollar las comunidades. No se invierte adecuadamente y el tema de eso es la corrupción”.

Existen otras dificultades, como la crisis política que enfrenta el gobierno de Honduras o el próximo cambio de presidente en Guatemala.

Pero ¿cómo superar este escenario?

“Nos tomó diez meses elaborar el plan a los cuatro gobiernos (México y el Triángulo Norte)”, le responde a BBC Mundo el subsecretario Reyes Zúñiga.

“No es una cosa improvisada ni un instrumento de política unilateral escrito o dirigido por gobiernos de cierta ideología”, añade.

“En todo el proceso tuvimos acompañamiento de la Cepal. Eso le da una viabilidad tras períodos de gobierno incuestionable”.


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