La Estafa Maestra: Fiscalía se desiste en su acusación contra dos exfuncionarios de Sedatu
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Archivo / Cuartoscuro

La Estafa Maestra: Fiscalía se desiste en su acusación contra dos exfuncionarios de Sedatu

De 6 audiencias iniciadas por casos de La Estafa Maestra, la Fiscalía solo ha logrado vincular a proceso a dos exfuncionarios de Sedesol y Sedatu.
Archivo / Cuartoscuro
20 de mayo, 2019
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La Fiscalía General de la República (FGR) se desistió este lunes de la acusación en contra de dos exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario (Sedatu), que firmaron convenios con universidades públicas y que presuntamente derivaron en un desvío de 499 millones de pesos a través del esquema de fraude conocido como La Estafa Maestra.

Estos casos se suman a otros dos del pasado mes de abril, en los que la Fiscalía también se desistió de la acusación en contra de otros exfuncionarios de Sedatu, por presuntos desvíos de otros 300 millones de pesos.

Por ahora, en las seis audiencias de seis funcionarios públicos de la Sedesol y la Sedatu implicados en La Estafa Maestra, la Fiscalía solo ha logrado que dos de ellos sean vinculados a proceso: el exsubsecretario de la Sedatu, Enrique González Tiburcio, y el director general de Ordenamiento Territorial, Armando Saldaña.

En estos dos casos, el juez sí encontró elementos suficientes para enjuiciarlos por un presunto delito de contratación indebida.

Los últimos casos que se ‘caen’

En el último caso de este lunes, a las 13 horas debió de llevarse a cabo la audiencia para determinar si se vinculaba o no a proceso a José Antolino Orozco Martínez, exjefe la unidad de Políticas de Planeación de Sedatu; y Marcos Salvador Ibarra Infante, exdirector general de coordinación de delegación también de Sedatu.

Sin embargo, de acuerdo con un documento del Poder Judicial de la Federación al que Animal Político obtuvo acceso, la audiencia no se celebró porque la Fiscalía anunció a las partes que se desistió de la imputación en contra de estos dos exfuncionarios.

El anuncio del desistimiento de la audiencia no significa, por ahora, que el caso de los dos exfuncionarios se haya cerrado totalmente, puesto que la Fiscalía se reservó el derecho de reabrirlo más adelante, tal y como le permite el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Es decir, legalmente, la Fiscalía dejó la puerta abierta para poder rearmar el caso, fortalecer su investigación.

Sobre este punto, cabe recordar que el pasado 6 de mayo el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, informó públicamente que la Fiscalía reestructurará la investigación de La Estafa Maestra como un caso de delincuencia organizada, y no como casos aislados.

Los presuntos desvíos

José Antolino Orozco Martínez y Marcos Salvador Ibarra Infante fueron funcionarios de la Sedatu, cuando Rosario Robles era su titular; y también en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de igual forma con Robles al frente de esa dependencia.

Orozco Martínez firmó en la Sedatu, entre el 12 y el 16 de octubre de 2015, un convenio por 186 millones 113 mil 400 pesos con la Universidad Politécnica de Chiapas, para que ésta elaborara y le proveyera una serie de estudios, análisis y proyectos.

Sin embargo, la universidad no cumplió con esos servicios y, a través de una violación a la ley de adquisiciones, subcontrató a empresas irregulares o fantasma, que tampoco hicieron los servicios y se quedaron con el dinero, tal y como detectó la Auditoría Superior de la Federación en un informe.

Por ello, la Fiscalía acusaba al exfuncionario José Antolino Orozco de uso indebido de atribuciones y facultades.

Por otro lado Marcos Salvador Ibarra, como director general de coordinación de delegaciones de la Sedatu, firmó cuatro convenios también con la Universidad Politécnica de Chiapas el 13, 15 y 16 de octubre de 2015, y otro con la Universidad Politécnica de Quintana Roo el 31 de diciembre, que suman un monto de 313 millones de pesos.

Según un informe de la Auditoría, ese dinero público también fue a parar, a través de las universidades públicas, y una violación a la ley federal de adquisiciones, a empresas fraudulentas que no dieron servicio alguno.

Estos dos casos en los que la Fiscalía, por el momento, se desistió de las acusaciones, se suman a los de Francisco Javier Báez Álvarez, exdirector de Programación y presupuesto de la Sedatu, y al de Simón León Mojarro, extitular de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol.

A inicios del mes de abril pasado, un juez federal determinó que, en ambos casos, la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para vincularlos a proceso e iniciar un juicio en su contra, por el presunto desvío de más de 300 millones de pesos en Sedesol y Sedatu, y por uso indebido de atribuciones y ejercicio indebido del servicio público.

El pasado 30 de abril, el diario Reforma publicó que la Fiscalía no impugnará los fallos del juez en esos dos casos.

Los dos vinculados

Los dos únicos casos en los que la Fiscalía logró que se vinculara a proceso son los de Armando Saldaña y Enrique González Tiburcio.

Saldaña fue director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Sedatu, y firmó el convenio con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en Hidalgo por 185 millones 839 mil 480 pesos, aunque los servicios que no se realizaron.

Denunció que su firma fue falsificada en el documento. Pese a que peritos confirmaron que había irregularidades en la rúbrica, el juez encontró elementos suficientes para vincularlo a proceso por el presunto delito de contratación indebida.

El criterio del juez en el caso de León Mojarro sólo se limitó al análisis del procedimiento administrativo, pero aquí fue distinto y se determinó que sí hay elementos para seguir investigando.

Incluso, Francisco Báez lo acusó directamente de que era el encargado de revisar que los servicios se realizaran, y por eso él había liberado los pagos.

Enrique González Tiburcio tuvo el puesto más alto entre los acusados, era el subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedatu, subalterno directo de la entonces secretaria Rosario Robles. Igual que Saldaña, su subalterno en la dependencia, también señaló que su firma fue falsificada en uno de los convenios con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero.

Sin embargo, el 30 de enero, el exsubsecretario fue vinculado a proceso por la posible comisión del delito de falsificación de declaración, toda vez que el juez federal Orlando Íñiguez determinó que existen pruebas suficientes para considerar que la firma inscrita en el convenio, y que derivó en el presunto desvío de recursos públicos, sí es de “su puño y letra” y no fue falsificada, como había denunciado el exfuncionario.

De acuerdo con su abogado defensor, Julio Hernández Barros, el exfuncionario detectó que su firma fue falsificada a raíz de una solicitud de información del 11 de abril de 2017, cuando un ciudadano pidió el documento que de inicio fue declarado como inexistente, porque no se encontraba en el archivo de la subsecretaría. Luego de que el ciudadano interpuso un recurso de revisión ante el INAI, y los funcionarios de la Sedatu hicieron una búsqueda exhaustiva, localizaron dicho convenio en otra área.

Por ello, la supuesta falsificación de la firma fue denunciada por González Tiburcio ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedatu, el 9 de junio de 2017, y horas más tarde realizó una declaración ante la misma instancia. A raíz de esa denuncia es que se inició el proceso en el que ahora Tiburcio resultó vinculado a proceso.

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Se estrella en Grecia un avión que transportaba 11 toneladas de armas

Las autoridades griegas están tratando la carga del avión Antonov-12 como potencialmente peligrosa, según reportes.
17 de julio, 2022
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Avión estrellado en el norte de Grecia

Reuters
Las autoridades están utilizando drones para inspeccionar los restos del avión.

Un avión que transportaba 11 toneladas de armas se estrelló la noche del sábado en Kavala, una ciudad en el norte de Grecia, mientras volaba de Serbia a Bangladesh, vía Jordania.

Las autoridades griegas han pedido a las personas que viven a dos kilómetros del lugar que permanezcan en sus casas.

Ocho personas que se encontraban a bordo del avión murieron en el accidente, según informaron las autoridades.

La televisión estatal informó que el ejército, los expertos en explosivos y el personal de la Comisión de Energía Atómica de Grecia no se acercarían a la zona hasta que se considere segura.

Como medida de precaución, la mañana del domingo los servicios de emergencia utilizaron drones para inspeccionar la zona donde se encontraban los restos de la aeronave.

Map

“Las mediciones (del aire) en este momento no han mostrado nada, pero se observó inestabilidad en el área”, le dijo el teniente general Marios Apostolidis, de la Brigada de Bomberos del Norte de Grecia, a un grupo de periodistas.

“En otras palabras, hay humo y calor intenso, además de una sustancia blanca que no reconocemos, por lo que un equipo especial de las fuerzas armadas tiene que informarnos de qué se trata y si podemos ingresar al sitio”.

Problema en el motor

El piloto habría solicitado un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Kavala tras detectar un problema en el motor poco después del despegue, pero no logró llegar a la pista de aterrizaje.

Los residentes de la ciudad de Kavala vieron el avión alrededor de las 22:45 hora local (19:45 GMT).

En una serie de fotos publicadas por los medios griegos, parece que el avión ya estaba en llamas mientras descendía.

Aimilia Tsaptanova, que vio cuando el avión caía, aseguró que estaba sorprendida de que no se hubiera estrellado contra las casas en los alrededores.

Sitio donde se estrelló el avión.

EPA
El avión ya estaba en llamas antes de estrellarse, según testigos

“Estaba cubierto de humo, hacía un ruido que no puedo describir y pasó por encima de la montaña. Luego giró y se estrelló en el campo”, explicó.

Había llamas, teníamos miedo. Se acercaron muchos autos, pero no podían acercarse porque había explosiones continuas”.

Las autoridades locales dijeron que se habían desplegado siete camiones de bomberos, pero inicialmente no pudieron acercarse al lugar del accidente debido a las continuas explosiones.

El ministro de Defensa de Serbia, Nebojša Stefanovic, dijo que el Antonov AN-12 estaba transportando casi 11 toneladas de armas de fabricación serbia, incluidas minas terrestres, a Bangladesh.

Debía hacer paradas en Jordania, Arabia Saudita e India antes de llegar a su destino final de Dhaka, la capital de Bangladesh.

El avión estaba siendo operado por Meridian, una aerolínea de carga ucraniana.

Hasta el momento no hay indicios de ninguna conexión del accidente con la guerra en Ucrania.


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