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Archivo / Cuartoscuro
La Estafa Maestra: Fiscalía se desiste en su acusación contra dos exfuncionarios de Sedatu
De 6 audiencias iniciadas por casos de La Estafa Maestra, la Fiscalía solo ha logrado vincular a proceso a dos exfuncionarios de Sedesol y Sedatu.
Archivo / Cuartoscuro
20 de mayo, 2019
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La Fiscalía General de la República (FGR) se desistió este lunes de la acusación en contra de dos exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario (Sedatu), que firmaron convenios con universidades públicas y que presuntamente derivaron en un desvío de 499 millones de pesos a través del esquema de fraude conocido como La Estafa Maestra.

Estos casos se suman a otros dos del pasado mes de abril, en los que la Fiscalía también se desistió de la acusación en contra de otros exfuncionarios de Sedatu, por presuntos desvíos de otros 300 millones de pesos.

Por ahora, en las seis audiencias de seis funcionarios públicos de la Sedesol y la Sedatu implicados en La Estafa Maestra, la Fiscalía solo ha logrado que dos de ellos sean vinculados a proceso: el exsubsecretario de la Sedatu, Enrique González Tiburcio, y el director general de Ordenamiento Territorial, Armando Saldaña.

En estos dos casos, el juez sí encontró elementos suficientes para enjuiciarlos por un presunto delito de contratación indebida.

Los últimos casos que se ‘caen’

En el último caso de este lunes, a las 13 horas debió de llevarse a cabo la audiencia para determinar si se vinculaba o no a proceso a José Antolino Orozco Martínez, exjefe la unidad de Políticas de Planeación de Sedatu; y Marcos Salvador Ibarra Infante, exdirector general de coordinación de delegación también de Sedatu.

Sin embargo, de acuerdo con un documento del Poder Judicial de la Federación al que Animal Político obtuvo acceso, la audiencia no se celebró porque la Fiscalía anunció a las partes que se desistió de la imputación en contra de estos dos exfuncionarios.

El anuncio del desistimiento de la audiencia no significa, por ahora, que el caso de los dos exfuncionarios se haya cerrado totalmente, puesto que la Fiscalía se reservó el derecho de reabrirlo más adelante, tal y como le permite el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Es decir, legalmente, la Fiscalía dejó la puerta abierta para poder rearmar el caso, fortalecer su investigación.

Sobre este punto, cabe recordar que el pasado 6 de mayo el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, informó públicamente que la Fiscalía reestructurará la investigación de La Estafa Maestra como un caso de delincuencia organizada, y no como casos aislados.

Los presuntos desvíos

José Antolino Orozco Martínez y Marcos Salvador Ibarra Infante fueron funcionarios de la Sedatu, cuando Rosario Robles era su titular; y también en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de igual forma con Robles al frente de esa dependencia.

Orozco Martínez firmó en la Sedatu, entre el 12 y el 16 de octubre de 2015, un convenio por 186 millones 113 mil 400 pesos con la Universidad Politécnica de Chiapas, para que ésta elaborara y le proveyera una serie de estudios, análisis y proyectos.

Sin embargo, la universidad no cumplió con esos servicios y, a través de una violación a la ley de adquisiciones, subcontrató a empresas irregulares o fantasma, que tampoco hicieron los servicios y se quedaron con el dinero, tal y como detectó la Auditoría Superior de la Federación en un informe.

Por ello, la Fiscalía acusaba al exfuncionario José Antolino Orozco de uso indebido de atribuciones y facultades.

Por otro lado Marcos Salvador Ibarra, como director general de coordinación de delegaciones de la Sedatu, firmó cuatro convenios también con la Universidad Politécnica de Chiapas el 13, 15 y 16 de octubre de 2015, y otro con la Universidad Politécnica de Quintana Roo el 31 de diciembre, que suman un monto de 313 millones de pesos.

Según un informe de la Auditoría, ese dinero público también fue a parar, a través de las universidades públicas, y una violación a la ley federal de adquisiciones, a empresas fraudulentas que no dieron servicio alguno.

Estos dos casos en los que la Fiscalía, por el momento, se desistió de las acusaciones, se suman a los de Francisco Javier Báez Álvarez, exdirector de Programación y presupuesto de la Sedatu, y al de Simón León Mojarro, extitular de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol.

A inicios del mes de abril pasado, un juez federal determinó que, en ambos casos, la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para vincularlos a proceso e iniciar un juicio en su contra, por el presunto desvío de más de 300 millones de pesos en Sedesol y Sedatu, y por uso indebido de atribuciones y ejercicio indebido del servicio público.

El pasado 30 de abril, el diario Reforma publicó que la Fiscalía no impugnará los fallos del juez en esos dos casos.

Los dos vinculados

Los dos únicos casos en los que la Fiscalía logró que se vinculara a proceso son los de Armando Saldaña y Enrique González Tiburcio.

Saldaña fue director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Sedatu, y firmó el convenio con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en Hidalgo por 185 millones 839 mil 480 pesos, aunque los servicios que no se realizaron.

Denunció que su firma fue falsificada en el documento. Pese a que peritos confirmaron que había irregularidades en la rúbrica, el juez encontró elementos suficientes para vincularlo a proceso por el presunto delito de contratación indebida.

El criterio del juez en el caso de León Mojarro sólo se limitó al análisis del procedimiento administrativo, pero aquí fue distinto y se determinó que sí hay elementos para seguir investigando.

Incluso, Francisco Báez lo acusó directamente de que era el encargado de revisar que los servicios se realizaran, y por eso él había liberado los pagos.

Enrique González Tiburcio tuvo el puesto más alto entre los acusados, era el subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedatu, subalterno directo de la entonces secretaria Rosario Robles. Igual que Saldaña, su subalterno en la dependencia, también señaló que su firma fue falsificada en uno de los convenios con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero.

Sin embargo, el 30 de enero, el exsubsecretario fue vinculado a proceso por la posible comisión del delito de falsificación de declaración, toda vez que el juez federal Orlando Íñiguez determinó que existen pruebas suficientes para considerar que la firma inscrita en el convenio, y que derivó en el presunto desvío de recursos públicos, sí es de “su puño y letra” y no fue falsificada, como había denunciado el exfuncionario.

De acuerdo con su abogado defensor, Julio Hernández Barros, el exfuncionario detectó que su firma fue falsificada a raíz de una solicitud de información del 11 de abril de 2017, cuando un ciudadano pidió el documento que de inicio fue declarado como inexistente, porque no se encontraba en el archivo de la subsecretaría. Luego de que el ciudadano interpuso un recurso de revisión ante el INAI, y los funcionarios de la Sedatu hicieron una búsqueda exhaustiva, localizaron dicho convenio en otra área.

Por ello, la supuesta falsificación de la firma fue denunciada por González Tiburcio ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedatu, el 9 de junio de 2017, y horas más tarde realizó una declaración ante la misma instancia. A raíz de esa denuncia es que se inició el proceso en el que ahora Tiburcio resultó vinculado a proceso.

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Netflix
"1994" de Netflix: 3 claves para entender la serie que retrata el año más convulso de México
1994 es un parteaguas para México: vivió el magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, el levantamiento armado del EZLN, el inicio de una creciente espiral de violencia y la peor crisis económica de su historia reciente. Las secuelas de ese dramático episodio aún se padecen.
Netflix
28 de mayo, 2019
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Para los mexicanos 1994 representa más que una fecha en el calendario.

Es el año que México se sacudió por asesinatos políticos, la revuelta armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el inicio del llamado “Efecto Tequila”, una profunda crisis económica que contagió a varios países.

En 1994 ocurrió el magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, quien según las encuestas era el favorito para ganar la elección presidencial de ese año.

México no es el mismo después de ese convulso 1994 coinciden especialistas. De hecho, una parte de la historia que ahora vive el país comenzó a fraguarse desde entonces.

Un ejemplo es el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, el primer mandatario de izquierda en la historia del país.

AMLO, como se le conoce, empezó ese año una carrera política que, más de dos décadas después, lo llevó a la presidencia de México.

De hecho López Obrador asegura que el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, que terminó ese mismo año, fue el inicio de un período de corrupción y violencia que impulsaron muchos de los votos de su elección en 2018.

“Fue un año terrible en todos sentidos, lleno de zozobra, de sangre, de incertidumbre. El año en que vivimos en peligro los mexicanos” le dice a BBC Mundo Agustín Basave, politólogo y expresidente del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Fue el año de quiebre en que empezó a deteriorarse la seguridad en México de manera gradual y luego en espiral”.

Pero también reveló una crisis en el sistema político mexicano, explica el periodista Diego Osorno, director de la serie documental “1994”.

Es el momento en que el régimen de partido hegemónico que había gobernado al país después de la Revolución Mexicana (1910-1915) sufre una conmoción” le dice a BBC Mundo.

“Marca la crisis del poder y delinea lo que vendría después, una democracia muy peculiar en México”.

Magnicidio

Parte de ese dramático proceso se narra en “1994”, una serie original de Netflix y producida por Vice.

La historia de ese año se cuenta a partir del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo en Tijuana, ciudad fronteriza con Estados Unidos.

Colosio había sido postulado por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Al terminar un mitin en el barrio marginado de Lomas Taurinas, mientras Colosio se abre paso en la multitud un joven identificado como Mario Aburto le dispara en la cabeza.

Revelan secretos de Mario Aburto, el magnicida más famoso (y enigmático) de México

El agresor fue detenido, pero la investigación sobre el crimen no terminó allí.

En los siguientes años cuatro fiscales trataron de resolver el caso que tuvo varias hipótesis: Una fue sobre la responsabilidad de un solo agresor, Mario Aburto Martínez.

La hipótesis decía que pretendía cumplir una extraña misión como “Caballero Águila” (así se definía en sus diarios y textos),

Otra tesis señaló, en cambio, la operación de un supuesto grupo para asesinar al candidato.

La investigación fue tan desaseada, asegura Diego Osorno, que 24 años después “la mayoría de la gente no cree que Mario Aburto haya sido responsable” del crimen.

Pero el magnicidio, que sirve como eje a la serie para contar el convulso año, es un episodio en la cadena de acontecimientos dramáticos que sucedieron.

“Voto del miedo”

El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre México, Estados Unidos y Canadá.

Pero ese mismo día el EZLN declaró la guerra al gobierno y atacó instalaciones militares en Chiapas.

Durante varios días hubo intensos combates en montañas y selvas de ese estado en el sureste del país, pero también miles de personas exigieron paz en varias ciudades.

El presidente Salinas ordenó un cese unilateral al fuego, y semanas después empezó un diálogo con la comandancia zapatista para atender sus demandas.

Pero los Diálogos por la Paz, como se llamó al encuentro, se interrumpieron tras el asesinato de Colosio. Las conversaciones nunca se reanudaron.

En los siguientes meses la campaña política de Ernesto Zedillo, el candidato que sustituyó a Colosio, se basó en mensajes para advertir riesgos de violencia si se votaba por la oposición.

La estrategia, conocida como “el voto del miedo”, funcionó y el PRI ganó la elección presidencial.

Pero el 28 de septiembre fue asesinado el secretario General del partido, Francisco Ruiz Massieu.

Era un personaje muy cercano al presidente Salinas (estuvo casado con su hermana), y se perfilaba como el coordinador de los diputados de su partido, que eran mayoría en el Congreso.

La investigación del crimen desató uno de los mayores escándalos políticos de la historia reciente.

Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente, fue acusado del crimen. Años después fue absuelto.

“Todo se vale”

1994 cerró con un nuevo despliegue militar del EZLN, y una devaluación histórica del peso que desató una profunda crisis económica.

En pocos días el país perdió casi todas sus reservas internacionales, y estuvo a punto de declararse en suspensión de pagos de la deuda.

El impacto del llamado “Efecto Tequila”, como se llamó a la crisis, fue mayor el año siguiente. Miles de personas fueron despedidas, perdieron sus propiedades o enfrentaron la quiebra de sus empresas.

A partir de 1995 empezó una intensa ola de migración irregular a Estados Unidos. Más de cinco millones de personas abandonaron su país en los años siguientes.

Además uno de los saldos de 1994 es la inseguridad actual del país, sostienen especialistas.

Agustín Basave insiste que el magnicidio de Colosio representó “un parteaguas negativo”, porque revivió a la violencia como una herramienta de la política.

Algo que se profundizó con la deficiente investigación del caso, añade. “El mensaje fue: todo se vale, ya no hay límites” insiste.

“Eso generó una descomposición en todos sentidos, en la corrupción de los aparatos de procuración e impartición de justicia, y en la psique de mucha gente quedó la idea de que todo se vale”.


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