Fiscalía niega otra vez abrir caso Odebrecht pese a nuevo criterio del INAI
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Fiscalía niega otra vez abrir caso Odebrecht pese a nuevo criterio del INAI

La investigación por los sobornos de la constructora en México lleva más de dos años sin ser transparentada y sin que haya resultados.
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30 de mayo, 2019
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La Fiscalía General de la República (FGR) se negó nuevamente a desclasificar datos de la carpeta de investigación abierta por los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios de Pemex, pese a la orden del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) de que se abriera por tratarse de un caso de corrupción.

El argumento de la Fiscalía para negarse es que existen demandas de amparo con suspensiones definitivas que se lo impiden. Entre las demandas que se han promovido se encuentra una del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien actualmente cuenta con una orden de aprehensión en su contra por presuntas operaciones con recursos ilícitos.

La información que se ha solicitado y no se ha querido revelar comprende los nombres de los exfuncionarios de Pemex y de Odebrecht que han declarado en calidad de probables responsables, el contenido de dichas declaraciones, así como una versión pública de la carpeta de investigación iniciada hace más de dos años.

Desde el año pasado el INAI había insistido a la PGR (hoy FGR) en que todos esos datos deben revelarse, por tratarse de un tema de interés público, pero dicha dependencia ha insistido en la opacidad.

Esta nueva negativa cobra especial relevancia pues se hace en contra de un nuevo criterio adoptado por el pleno del INAI, al responder a dos solicitudes (una de ellas promovida por Animal Político) en las que se pedía a la Fiscalía acceso a los datos.

Lo que el INAI resolvió es que hay evidencia suficiente para sustentar que el caso Odebrecht está relacionada con “hechos de corrupción”, que es una de las dos excepciones (la otra es la de graves violaciones a derechos humanos) que anulan la confidencialidad que por regla general tienen las averiguaciones y carpetas de investigación. Así lo establece el artículo 112 de la Ley federal de Transparencia

En ese contexto y como resultado de la orden del INAI, la FGR dirigió el oficio FGR/UTAG/DG/003382/2019 a Animal Político – en su calidad de solicitante de la información- en el que, sin embargo, se rehúsa nuevamente a proporcionar los datos. La dependencia sostiene que se encuentra “imposibilitada jurídicamente” para entregar los datos por las demandas de amparo ya promovidas.

“La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales informó que existe una imposibilidad jurídica para proporcionar la información requerida y dar cumplimiento (…) toda vez que se encuentran dos juicios de amparo relacionados con la carpeta de investigación en comento, en los cuales se ha otorgado la suspensión definitiva”, señala la FGR.

La Fiscalía además consideró “importante destacar” que los efectos de esas suspensiones son para que los comisionados del INAI “se abstengan de solicitar datos relacionados con dicha carpeta de investigación”.

Cabe señalar que dicho razonamiento es totalmente contrario al análisis que por su cuenta hizo el área jurídica del INAI, la cual concluyó que las suspensiones conseguidas por la Fiscalía solo afectan a las resoluciones que dieron origen, pero que dicho argumento no es procedente para negar la información en nuevos requerimientos, como el promovido por este portal informativo y por otros.

Demandas de amparo sin fin

Las demandas de amparo que han promovido tanto la FGR como el exdirector de Pemex Emilio Lozoya acumulan meses sin que se resuelvan. Ello como resultado de audiencias que se han diferido en múltiples ocasiones, y que impiden que se tome una resolución de fondo, pero que a su vez mantienen vigentes las suspensiones concedidas por los jueces.

Por ejemplo, la demanda de amparo 1386/19 que la entonces PGR promovió en octubre de 2018 ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, acumula hasta ahora cuatro audiencias diferidas, siendo la próxima fecha el 6 de junio.

En la demanda 1336/2018 promovida por Lozoya ante el juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, la audiencia definitiva ha sido diferida en ocho ocasiones, siendo la nueva fecha tentativa el 18 de junio. Cabe señalar que en este caso el exdirector de Pemex incluso apeló la suspensión que ganó, pues pretendía que se ordenara cerrar todo el caso y no solo sus datos personales. Un Tribunal le negó dicha petición.

La demanda de amparo más reciente es la 148/2019, promovida el pasado 8 de febrero (ya bajo la gestión del fiscal Alejandro Gertz Manero). Esta última en contra de una de las solicitudes que había promovido este medio de comunicación. La audiencia definitiva de dicha demanda se ha reprogramado en tres ocasiones, y la nueva fecha tentativa para llevarla a cabo es el 19 de junio.

El INAI ha intentado – por su parte – interponer recursos de apelación en contra de las suspensiones definitivas que ha obtenido la Fiscalía General, pero tampoco ha habido una resolución definitiva en relación con ello.

Ni transparencia ni resultados

Para indagar los  presuntos sobornos que la constructora brasileña Odebrecht habría pagado a funcionarios de Pemex, a cambio de la firma de por lo menos cuatro contratos (en un esquema ilegal similar al empleado en otros países), la entonces PGR dio inicio a la carpeta de investigación  FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 desde principios de 2017.

A más de dos años de distancia dicha investigación, no se ha podido concluir por lo menos en una fase inicial, y por ende tampoco se le ha presentado a ningún juez. Ello pese a que a finales de 2017 el entonces procurador Raúl Cervantes dijo que el avance era importante.

En una conferencia de prensa realizada el pasado 6 de mayo, el fiscal General Alejandro Gertz Manero sostuvo que buena parte de dicha investigación tuvo que ser reorganizada, pero adelantó que en un plazo de 60 días estarían mandándola ya a un juez. Se trataría de un caso de delincuencia organizada, dijo.

En ese contexto, esta semana se dio a conocer que la Fiscalía obtuvo órdenes de aprehensión en contra de varias personas (entre ellos Lozoya) por la presunta triangulación de ganancias producto de actividades ilegales, entre ellas posibles sobornos. Ello como resultado de la compra desventajosa de una planta de fertilizantes, que realizó Pemex durante la gestión de Lozoya en favor de la empresa Altos Hornos de México, en el año 2014.

Leer: Triangulación de recursos y uso de prestanombres, las acusaciones de la FGR contra Lozoya

No obstante, y como confirmó el propio fiscal Gertz Manero, dichas órdenes corresponden a los resultados iniciales de una investigación que la FGR abrió hace apenas dos meses tras una nueva denuncia presentada por Pemex, a través de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, específicamente relacionada con el caso de Altos Hornos de México.

Las autoridades explicaron que esta carpeta de investigación, así como la iniciada por el caso Odebrecht, podrían conectarse por el posible uso de las mismas empresas fachada y cuentas en el extranjero, sin embargo son casos que de momento se mantienen en rutas distintas.

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Cómo es la carretera del "terror" en el norte de México donde han desaparecido decenas de personas

En el noreste de México, decenas de personas han desaparecido en una importante autopista que llega a la frontera con EE.UU. Por su peligrosidad, ha comenzado a ser llamada la "carretera del terror".
17 de julio, 2021
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Lo que vivió una familia a finales de junio fue apenas un “susto”.

Sus cuatro integrantes fueron despojados de la camioneta en que viajaban de la ciudad de Monterrey a la de Nuevo Laredo, en el noreste de México, y abandonados a mitad del camino.

“¿Cómo están? ¿Se encuentran bien?”, pregunta el conductor de un tráiler que grabó el asalto a lo lejos.

“Nada más el susto”, responde el padre, quien luego explicó a la prensa que “de una camioneta se bajaron cuatro hombres armados. Traían ametralladoras”.

“Enfrente bajaron a una pareja de una camioneta Chevrolet blanca. Y después de eso, se viene un sujeto armado hacia nosotros, que era como de 30 años, andaba bien vestido“, dijo el hombre, quien no dio su nombre por razones de seguridad.

“‘¡Bájense! ¡Y dejen los celulares!'”, les ordenaron.

“Nos bajamos toda mi familia y nos fuimos para atrás”.

Lo que para esa familia fue solo un susto. Para decenas de familias, la inseguridad ha tenido como consecuencia la desaparición de un ser querido.

Y es que viajar de Monterrey -la urbe industrial más importante de México a la ciudad fronteriza Nuevo Laredo se ha vuelto un riesgo.

La autopista de peajes de unos 200 km en los últimos meses ha sido llamada la “carretera del terror” o el “triángulo de las Bermudas”, debido a los crecientes casos de secuestros y desapariciones forzadas que se han registrado.

Según la asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), la organización más grande de apoyo a víctimas local, se han conocido al menos 49 desapariciones este año tan solo de habitantes del estado.

Es la cifra más alta en los últimos 10 años, dice a BBC Mundo Angélica Orozco, una portavoz de la organización.

“Están atacando directamente a la ciudadanía, que nos encontramos totalmente vulnerables ante la desinformación, porque no nos informan qué está sucediendo. Y comprobamos, una vez más, que no hay un plan para buscar a las personas desaparecidas”, señala.

Protesta por los desaparecidos entre Nuevo León y Tamaulipas

Reuters
Este año se ha incrementado notablemente la desaparición de personas que viajaban de Nuevo León a Tamaulipas.

Las autoridades de Nuevo León, por su parte, reportan solo 41 investigaciones por desaparición en 20 meses, con 1,4 personas en promedio por caso. Y han anunciado nuevas medidas para su búsqueda.

Pero FUNDENL y otras organizaciones advierten que hay una “cifra negra” de casos no conocidos por falta de denuncia.

Una vía moderna y peligrosa

La autopista 85D que conecta a Monterrey con Nuevo Laredo no es un camino secundario, como los que llegan a ser controlados por grupos criminales en algunas regiones conflictivas de México.

Todo lo contrario: es una autopista de cuatro carriles, con casetas de peajes electrónicos e infraestructura de pasos elevados a lo largo de un trayecto casi en su totalidad recto.

Es parte de la carretera Panamericana, que conecta de norte a sur el continente americano.

Transportistas en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo

Getty Images
La carretera 85D es vital para la exportación de manufacturas hechas en México hacia EE.UU.

Al ser la vía más corta del centro de México a la frontera con EE.UU., es una vía importante, tanto para la exportación e importación de mercancías, como para los habitantes de Monterrey que van por turismo o negocios a las ciudades del sur de Texas.

“Es el camino hacia la frontera para gente que va a EE.UU. de compras o por cuestiones personales. Y por eso consideramos que desde hace años las autoridades han tenido información de que suceden desapariciones. Y no hay sistemas de videovigilancia u operativos permanentes”, señala Orozco.

Pese a ser una infraestructura vital, la seguridad para conductores -tanto de transporte de carga como civiles- “no está garantizada”.

El tramo del peligro

En particular, hay un tramo que ha sido el más riesgoso en los últimos meses: el de la frontera entre los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

Apenas el 19 de junio pasado, un ingeniero en sistemas de 35 años -de identidad reservada- fue secuestrado durante varias horas por hombres armados vestidos con ropa militar.

En una denuncia ante el ministerio público de Nuevo León, señala que sobre la carretera había un retén de sujetos armados que lo detuvo. Uno de ellos le dijo “toma tus cosas y bájate del vehículo” para revisar su camioneta.

Patrullas en la carretera 85D de Monterrey a Nuevo Laredo

Reuters

Lo subieron a un vehículo, le cubrieron la cabeza y lo empezaron a “mover todo el día por un camino de terracería desconocido”, explicó.

Le preguntaban que “dónde está la droga que traía” y que “para quién trabajaba”.

Incluso lo golpearon una tabla de madera en un momento para que hiciera una confesión, pese a que les aseguro que trabajaba en una empresa de sistemas y que en su celular tenía los datos de su trabajo.

Explica que al final lo abandonaron con los ojos cubiertos en un camino de terracería. Encontró una población y pidió ayuda. Más tarde pudo localizar su camioneta y volver a Monterrey.

Map

FUNDENL también ha detectado que los choferes de aplicaciones como Uber o Didi, que son solicitados para realizar viajes hacia la frontera, también han sido atacados por los criminales.

“En general, tenemos casos documentados desde 2011. Y con la crisis desde este año, empezamos a recibir reportes de años anteriores”, explica Orozco.

La cruenta rivalidad de carteles

Desde hace unos meses hay una creciente disputa de grupos delictivos por el control de las ciudades que colindan con EE.UU. en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

Se trata de puntos clave para el tráfico de drogas y mercancías ilegales, así como el flujo de recursos económicos que los carteles buscan manejar, explica el investigador en seguridad pública Víctor Sánchez a BBC Mundo.

Patrullas en la carretera 85D de Monterrey a Nuevo Laredo

Reuters
El tramo de la carretera cercano a Sabinas Hidalgo es uno de los más riesgosos.

“Los comandos paran a tráileres que llevan mercancías. Se llevan los camiones o a veces solo la mercancía. Y en algunas ocasiones desaparecen a los conductores. Lo mismo sobre vehículos privados: se enfocan en camionetas equipadas que después utilizan para sus actividades”, indica.

Aunque ha sido una práctica vista desde hace una década, se ha recrudecido en los últimos meses.

“Es una zona de conflicto y disputa, pero va más allá de la simple disputa de organizaciones criminales. Tiene que ver mucho con el ADN de Los Zetas“, explica Sánchez.

Y es que el Cartel del Noreste -CDN, conformado por miembros del extinto grupo sanguinario Los Zetas- controla la ciudad de Nuevo Laredo, que ha sido blanco de otras organizaciones recientemente.

“Se ha recrudecido mucho la ofensiva en los últimos meses por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación, de la mano de una organización local, los Metros, que es una facción del Cartel del Golfo”, indica Sánchez.

Foto del desaparecido Isaac Hernández

Reuters
Muchas víctimas de desaparición en la zona son los conductores de camiones.

“El CDN sospecha de cualquier vehículo ostentoso que circule por la carretera a determinadas horas, previendo una incursión. Y eso puede explicar algunas de las desapariciones de los últimos meses”, explica el investigador, residente del vecino estado de Coahuila.

Muchas víctimas de desaparición no son encontradas porque los carteles evitan dejar evidencias, como el cuerpo de las víctimas.

La respuesta de los gobiernos

Ante el aumento de casos de desaparición, los gobiernos estatales y el federal han empezado a tomar acciones en las últimas semanas.

La Guardia Nacional federal fue desplegada para realizar patrullajes a lo largo de la carretera 85D.

Patrullas en la carretera 85D de Monterrey a Nuevo Laredo

Reuters

Y la semana pasada, los gobernadores de Nuevo León y Tamaulipas se reunieron para acordar una mejor coordinación en la investigación de casos de desaparecidos, algo que han reclamado las familias de las víctimas.

“Se contempla la instalación de puntos fijos intermitentes en especial en zonas específicas como el tramo del kilómetro 100 al 176 (zona limítrofe entre estados)”, indicaron en un comunicado conjunto.

“No nada más es la autopista, hay brechas donde también la Guardia Nacional, Fuerza Civil y el Ejército Mexicano entramos a vigilar, a disuadir, a buscar individuos que estén buscando hacer daño a la gente”, dijo el comisario de la Fuerza Civil de Nuevo León, Jorge Garza Morales.

Protesta por los desaparecidos entre Nuevo León y Tamaulipas

Reuters
El gobierno de Nuevo León dice que tomó nuevas medidas en atención a las protestas por desapariciones recientes.

Orozco, sin embargo, advierte que esas acciones suelen ser temporales. Cuando se acaban, el problema regresa.

“Los operativos desde junio qué bueno que los están haciendo, pero deberían haberlos empezado desde que hubo reportes que algo estaba sucediendo, desde abril”, señala.

“El discurso gubernamental es el mismo, de ataques entre bandas de criminales. Pero están atacando a trabajadores y familias directamente. Es lamentable“.


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