La Fiscalía General de la República (FGR) se negó nuevamente a desclasificar datos de la carpeta de investigación abierta por los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios de Pemex, pese a la orden del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) de que se abriera por tratarse de un caso de corrupción.
El argumento de la Fiscalía para negarse es que existen demandas de amparo con suspensiones definitivas que se lo impiden. Entre las demandas que se han promovido se encuentra una del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien actualmente cuenta con una orden de aprehensión en su contra por presuntas operaciones con recursos ilícitos.
La información que se ha solicitado y no se ha querido revelar comprende los nombres de los exfuncionarios de Pemex y de Odebrecht que han declarado en calidad de probables responsables, el contenido de dichas declaraciones, así como una versión pública de la carpeta de investigación iniciada hace más de dos años.
Desde el año pasado el INAI había insistido a la PGR (hoy FGR) en que todos esos datos deben revelarse, por tratarse de un tema de interés público, pero dicha dependencia ha insistido en la opacidad.
Esta nueva negativa cobra especial relevancia pues se hace en contra de un nuevo criterio adoptado por el pleno del INAI, al responder a dos solicitudes (una de ellas promovida por Animal Político) en las que se pedía a la Fiscalía acceso a los datos.
Lo que el INAI resolvió es que hay evidencia suficiente para sustentar que el caso Odebrecht está relacionada con “hechos de corrupción”, que es una de las dos excepciones (la otra es la de graves violaciones a derechos humanos) que anulan la confidencialidad que por regla general tienen las averiguaciones y carpetas de investigación. Así lo establece el artículo 112 de la Ley federal de Transparencia
En ese contexto y como resultado de la orden del INAI, la FGR dirigió el oficio FGR/UTAG/DG/003382/2019 a Animal Político – en su calidad de solicitante de la información- en el que, sin embargo, se rehúsa nuevamente a proporcionar los datos. La dependencia sostiene que se encuentra “imposibilitada jurídicamente” para entregar los datos por las demandas de amparo ya promovidas.
“La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales informó que existe una imposibilidad jurídica para proporcionar la información requerida y dar cumplimiento (…) toda vez que se encuentran dos juicios de amparo relacionados con la carpeta de investigación en comento, en los cuales se ha otorgado la suspensión definitiva”, señala la FGR.
La Fiscalía además consideró “importante destacar” que los efectos de esas suspensiones son para que los comisionados del INAI “se abstengan de solicitar datos relacionados con dicha carpeta de investigación”.
Cabe señalar que dicho razonamiento es totalmente contrario al análisis que por su cuenta hizo el área jurídica del INAI, la cual concluyó que las suspensiones conseguidas por la Fiscalía solo afectan a las resoluciones que dieron origen, pero que dicho argumento no es procedente para negar la información en nuevos requerimientos, como el promovido por este portal informativo y por otros.
Demandas de amparo sin fin
Las demandas de amparo que han promovido tanto la FGR como el exdirector de Pemex Emilio Lozoya acumulan meses sin que se resuelvan. Ello como resultado de audiencias que se han diferido en múltiples ocasiones, y que impiden que se tome una resolución de fondo, pero que a su vez mantienen vigentes las suspensiones concedidas por los jueces.
Por ejemplo, la demanda de amparo 1386/19 que la entonces PGR promovió en octubre de 2018 ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, acumula hasta ahora cuatro audiencias diferidas, siendo la próxima fecha el 6 de junio.
En la demanda 1336/2018 promovida por Lozoya ante el juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, la audiencia definitiva ha sido diferida en ocho ocasiones, siendo la nueva fecha tentativa el 18 de junio. Cabe señalar que en este caso el exdirector de Pemex incluso apeló la suspensión que ganó, pues pretendía que se ordenara cerrar todo el caso y no solo sus datos personales. Un Tribunal le negó dicha petición.
La demanda de amparo más reciente es la 148/2019, promovida el pasado 8 de febrero (ya bajo la gestión del fiscal Alejandro Gertz Manero). Esta última en contra de una de las solicitudes que había promovido este medio de comunicación. La audiencia definitiva de dicha demanda se ha reprogramado en tres ocasiones, y la nueva fecha tentativa para llevarla a cabo es el 19 de junio.
El INAI ha intentado – por su parte – interponer recursos de apelación en contra de las suspensiones definitivas que ha obtenido la Fiscalía General, pero tampoco ha habido una resolución definitiva en relación con ello.
Ni transparencia ni resultados
Para indagar los presuntos sobornos que la constructora brasileña Odebrecht habría pagado a funcionarios de Pemex, a cambio de la firma de por lo menos cuatro contratos (en un esquema ilegal similar al empleado en otros países), la entonces PGR dio inicio a la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 desde principios de 2017.
A más de dos años de distancia dicha investigación, no se ha podido concluir por lo menos en una fase inicial, y por ende tampoco se le ha presentado a ningún juez. Ello pese a que a finales de 2017 el entonces procurador Raúl Cervantes dijo que el avance era importante.
En una conferencia de prensa realizada el pasado 6 de mayo, el fiscal General Alejandro Gertz Manero sostuvo que buena parte de dicha investigación tuvo que ser reorganizada, pero adelantó que en un plazo de 60 días estarían mandándola ya a un juez. Se trataría de un caso de delincuencia organizada, dijo.
En ese contexto, esta semana se dio a conocer que la Fiscalía obtuvo órdenes de aprehensión en contra de varias personas (entre ellos Lozoya) por la presunta triangulación de ganancias producto de actividades ilegales, entre ellas posibles sobornos. Ello como resultado de la compra desventajosa de una planta de fertilizantes, que realizó Pemex durante la gestión de Lozoya en favor de la empresa Altos Hornos de México, en el año 2014.
No obstante, y como confirmó el propio fiscal Gertz Manero, dichas órdenes corresponden a los resultados iniciales de una investigación que la FGR abrió hace apenas dos meses tras una nueva denuncia presentada por Pemex, a través de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, específicamente relacionada con el caso de Altos Hornos de México.
Las autoridades explicaron que esta carpeta de investigación, así como la iniciada por el caso Odebrecht, podrían conectarse por el posible uso de las mismas empresas fachada y cuentas en el extranjero, sin embargo son casos que de momento se mantienen en rutas distintas.
