Fiscalía niega otra vez abrir caso Odebrecht pese a nuevo criterio del INAI
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Fiscalía niega otra vez abrir caso Odebrecht pese a nuevo criterio del INAI

La investigación por los sobornos de la constructora en México lleva más de dos años sin ser transparentada y sin que haya resultados.
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30 de mayo, 2019
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La Fiscalía General de la República (FGR) se negó nuevamente a desclasificar datos de la carpeta de investigación abierta por los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios de Pemex, pese a la orden del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) de que se abriera por tratarse de un caso de corrupción.

El argumento de la Fiscalía para negarse es que existen demandas de amparo con suspensiones definitivas que se lo impiden. Entre las demandas que se han promovido se encuentra una del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien actualmente cuenta con una orden de aprehensión en su contra por presuntas operaciones con recursos ilícitos.

La información que se ha solicitado y no se ha querido revelar comprende los nombres de los exfuncionarios de Pemex y de Odebrecht que han declarado en calidad de probables responsables, el contenido de dichas declaraciones, así como una versión pública de la carpeta de investigación iniciada hace más de dos años.

Desde el año pasado el INAI había insistido a la PGR (hoy FGR) en que todos esos datos deben revelarse, por tratarse de un tema de interés público, pero dicha dependencia ha insistido en la opacidad.

Esta nueva negativa cobra especial relevancia pues se hace en contra de un nuevo criterio adoptado por el pleno del INAI, al responder a dos solicitudes (una de ellas promovida por Animal Político) en las que se pedía a la Fiscalía acceso a los datos.

Lo que el INAI resolvió es que hay evidencia suficiente para sustentar que el caso Odebrecht está relacionada con “hechos de corrupción”, que es una de las dos excepciones (la otra es la de graves violaciones a derechos humanos) que anulan la confidencialidad que por regla general tienen las averiguaciones y carpetas de investigación. Así lo establece el artículo 112 de la Ley federal de Transparencia

En ese contexto y como resultado de la orden del INAI, la FGR dirigió el oficio FGR/UTAG/DG/003382/2019 a Animal Político – en su calidad de solicitante de la información- en el que, sin embargo, se rehúsa nuevamente a proporcionar los datos. La dependencia sostiene que se encuentra “imposibilitada jurídicamente” para entregar los datos por las demandas de amparo ya promovidas.

“La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales informó que existe una imposibilidad jurídica para proporcionar la información requerida y dar cumplimiento (…) toda vez que se encuentran dos juicios de amparo relacionados con la carpeta de investigación en comento, en los cuales se ha otorgado la suspensión definitiva”, señala la FGR.

La Fiscalía además consideró “importante destacar” que los efectos de esas suspensiones son para que los comisionados del INAI “se abstengan de solicitar datos relacionados con dicha carpeta de investigación”.

Cabe señalar que dicho razonamiento es totalmente contrario al análisis que por su cuenta hizo el área jurídica del INAI, la cual concluyó que las suspensiones conseguidas por la Fiscalía solo afectan a las resoluciones que dieron origen, pero que dicho argumento no es procedente para negar la información en nuevos requerimientos, como el promovido por este portal informativo y por otros.

Demandas de amparo sin fin

Las demandas de amparo que han promovido tanto la FGR como el exdirector de Pemex Emilio Lozoya acumulan meses sin que se resuelvan. Ello como resultado de audiencias que se han diferido en múltiples ocasiones, y que impiden que se tome una resolución de fondo, pero que a su vez mantienen vigentes las suspensiones concedidas por los jueces.

Por ejemplo, la demanda de amparo 1386/19 que la entonces PGR promovió en octubre de 2018 ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, acumula hasta ahora cuatro audiencias diferidas, siendo la próxima fecha el 6 de junio.

En la demanda 1336/2018 promovida por Lozoya ante el juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, la audiencia definitiva ha sido diferida en ocho ocasiones, siendo la nueva fecha tentativa el 18 de junio. Cabe señalar que en este caso el exdirector de Pemex incluso apeló la suspensión que ganó, pues pretendía que se ordenara cerrar todo el caso y no solo sus datos personales. Un Tribunal le negó dicha petición.

La demanda de amparo más reciente es la 148/2019, promovida el pasado 8 de febrero (ya bajo la gestión del fiscal Alejandro Gertz Manero). Esta última en contra de una de las solicitudes que había promovido este medio de comunicación. La audiencia definitiva de dicha demanda se ha reprogramado en tres ocasiones, y la nueva fecha tentativa para llevarla a cabo es el 19 de junio.

El INAI ha intentado – por su parte – interponer recursos de apelación en contra de las suspensiones definitivas que ha obtenido la Fiscalía General, pero tampoco ha habido una resolución definitiva en relación con ello.

Ni transparencia ni resultados

Para indagar los  presuntos sobornos que la constructora brasileña Odebrecht habría pagado a funcionarios de Pemex, a cambio de la firma de por lo menos cuatro contratos (en un esquema ilegal similar al empleado en otros países), la entonces PGR dio inicio a la carpeta de investigación  FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 desde principios de 2017.

A más de dos años de distancia dicha investigación, no se ha podido concluir por lo menos en una fase inicial, y por ende tampoco se le ha presentado a ningún juez. Ello pese a que a finales de 2017 el entonces procurador Raúl Cervantes dijo que el avance era importante.

En una conferencia de prensa realizada el pasado 6 de mayo, el fiscal General Alejandro Gertz Manero sostuvo que buena parte de dicha investigación tuvo que ser reorganizada, pero adelantó que en un plazo de 60 días estarían mandándola ya a un juez. Se trataría de un caso de delincuencia organizada, dijo.

En ese contexto, esta semana se dio a conocer que la Fiscalía obtuvo órdenes de aprehensión en contra de varias personas (entre ellos Lozoya) por la presunta triangulación de ganancias producto de actividades ilegales, entre ellas posibles sobornos. Ello como resultado de la compra desventajosa de una planta de fertilizantes, que realizó Pemex durante la gestión de Lozoya en favor de la empresa Altos Hornos de México, en el año 2014.

Leer: Triangulación de recursos y uso de prestanombres, las acusaciones de la FGR contra Lozoya

No obstante, y como confirmó el propio fiscal Gertz Manero, dichas órdenes corresponden a los resultados iniciales de una investigación que la FGR abrió hace apenas dos meses tras una nueva denuncia presentada por Pemex, a través de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, específicamente relacionada con el caso de Altos Hornos de México.

Las autoridades explicaron que esta carpeta de investigación, así como la iniciada por el caso Odebrecht, podrían conectarse por el posible uso de las mismas empresas fachada y cuentas en el extranjero, sin embargo son casos que de momento se mantienen en rutas distintas.

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"Fue un capricho de Pinochet": la historia de los 15 mil libros de García Márquez que quemó el gobierno de Chile

En noviembre de 1986, el gobierno militar de Chile ordenó la incautación del libro 'La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile', del premio Nobel de Literatura, cuando un embarque se dirigía a Santiago.
5 de junio, 2022
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El 28 de octubre de 1986, después de varios días de viaje, el ‘Peban’, un vapor de bandera panameña, atracó finalmente en el puerto chileno de Valparaíso. Mientras se preparaba para diligenciar los papeles de aduana, la tripulación recibió la noticia de que se procedería con la incautación de una parte del cargamento.

El capitán, que estaba seguro de que todo lo que llevaba en su barco estaba en regla, preguntó cuál era la mercancía que iban a retener.

La respuesta oficial fue la que menos esperaba: “Los libros”, específicamente, 15 mil ejemplares de La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile, escrito por el ganador del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, que habían sido enviados desde el puerto de Buenaventura, en Colombia.

Y que debían llegar a manos de Arturo Navarro, el representante de la editorial Oveja Negra que publicaba los libros del Nobel en aquellos años en Chile.

El libro narraba las peripecias que había que tenido que sortear el cineasta chileno Miguel Littín, quien vivía en el exilio desde el golpe de Estado que llevó a Augusto Pinochet al poder en 1973.

Littín había vuelto a Chile durante dos semanas en 1985 para filmar en la clandestinidad un documental sobre lo que estaba pasando en el país 12 años después de la irrupción militar.

Arturo Navarro

BBC
Arturo Navarro era el representante de la editorial Oveja Negra en Chile.

Luego estrenaría el documental Acta Central de Chile en el Festival de Cine de Venecia del 86.

Pero el libro de García Márquez iba más allá: contaba sobre todo detalles que no aparecían en la cinta, como por ejemplo el encuentro de Littín, quien se había hecho pasar por un empresario uruguayo, con el propio Pinochet en los pasillos del Palacio de La Moneda, donde el presidente de facto no lo reconoció.

“Yo me enteré de la incautación de los libros dos semanas después porque estaba fuera del país”, recuerda Arturo Navarro, tomándose un café bajo la nave central del Museo Nacional de la Memoria en el corazón de Santiago.

Navarro había regresado de un viaje por EU para visitar a su familia cuando se encontró con un mensaje de alerta en el contestador automático de su casa. Era de su agente aduanero y le describía una situación crítica: “Arturo, me dicen que los libros fueron quemados”.

"Esto fue un capricho de Pinochet: no quería ver un libro, mucho menos después del atentado, en el que básicamente describen cómo le habían metido los dedos en la boca"", Source: , Source description: , Image:

Para Navarro, el cargamento era fundamental: era el principal producto que esperaba exponer durante la feria del libro de Santiago, que se iba a celebrar pocas semanas después del incidente.

Él, que había sido empleado de la Editorial Nacional Quimantú (ampliamente perseguida por el régimen) y había visto a los militares ejercer la destrucción de libros en primera fila, también sabía que el régimen de Pinochet había flexibilizado sus políticas de censura.

En ese contexto, creyó que la incautación debía ser más un malentendido que un acto de represión y decidió viajar a Valparaíso para resolver el problema personalmente.

“El libro ya había sido publicado en capítulos en Chile por una revista (Análisis) meses antes”, señala Navarro. “Sin embargo, lo que me preocupaba es que, de acuerdo a la prensa, la incautación de los libros se debía al mal estado de los contenedores, que me parecía una disculpa inusual”.

Los ejemplares habían quedado bajo el control de la jefatura de Zona en Estado de Emergencia, a cargo de militares.

Cuando Navarro se acercó al edificio castrense donde podría intentar rescatar los libros, percibió de inmediato la tensión que se sentía dentro del gobierno por esos días: un mes y medio antes, el 7 de septiembre, militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez habían estado muy cerca de acabar con la vida de Augusto Pinochet, en un feroz atentado cuando este regresaba a Santiago desde su residencia en el Cajón del Maipó, a unos 50 kilómetros de la capital.

El asalto había dejado cinco escoltas muertos y varios heridos.

“En el edificio logré hablar con un militar de rango medio al que le pedí que al menos me permitiera devolver los libros a Lima”, señala. “Pero después de hacer un par de llamadas, finalmente me dijo: ‘Navarro, no se preocupe, que los libros ya los quemamos'”.

La versión en los medios se mantenía: contenedores en mal estado, lo que podría explicar la incautación, pero nunca la incineración.

Para Navarro, era claro que la orden había venido de arriba y, aunque no tuviera pruebas, no se iba a quedar quieto hasta que la gente supiera que el régimen de Pinochet había mandado a quemar 15 mil volúmenes de nada menos que un premio Nobel.

“Yo sigo sosteniendo que esto fue un capricho de Pinochet: no quería ver un libro, mucho menos después del atentado, en el que básicamente describe cómo le habían metido los dedos en la boca”, afirma Navarro.

La noticia lo dejó abatido y sin ejemplares para la feria.

Entonces, convocó a ruedas de prensa para dar a conocer lo que había pasado, hizo la denuncia pertinente ante la Cámara Chilena del Libro y, aunque dentro del país no hubo mucho eco, en el mundo sí publicaron la noticia.

Navarro guarda recortes de prensa de medios de Grecia, Holanda y EU que hablan de los ejemplares calcinados.

Pero quedaba por saber qué era realmente lo que había pasado. “Yo de verdad no creía nada de lo que me habían dicho. Ni siquiera que los habían quemado”.

Uno de sus colegas le recomendó que el mejor camino para obtener una respuesta del régimen era la vía diplomática, por lo que decidió acudir a la embajada de Colombia, país de donde originalmente habían salido los libros.

“Ahí conocí a Libardo Buitrago, el cónsul colombiano, quien se ofreció a ayudarme”.

Poco después, gracias a la presión de un país extranjero, le llegó al cónsul un papel muy revelador, una carta fechada del 9 de enero de 1987, firmada por el vicealmirante John Howard Balaresque, en la que no solo se confirma la incineración de los libros sino también las razones: a los ejemplares de La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile se les impuso “una medida de censura previa” por considerar que el contenido “transgredía abiertamente las disposiciones constitucionales”.

“Ese papel es el único documento oficial que existe en el que el régimen de Pinochet acepta que quemó libros y que lo hizo por censura. Algo imposible de obtener en esos tiempos”, relata Navarro.

“Y ahora está acá, en el Museo de la Memoria”.

El documento, con firma oficial, le sirvió a la editorial Oveja Negra para poder cobrar el seguro por la pérdida, pero además implantó en la cabeza de Navarro una certeza que no lo abandonó nunca: la cultura sería clave en el fin del régimen.

“Esta represión a los libros, a la cultura, se daría vuelta y terminaría siendo uno de los principales motivos por los que Pinochet saldría del poder. Porque fueron los cantantes, los artistas, los escritores quienes serían fundamentales en la campaña de votar ‘No’ en el plebiscito de 1988 que acabaría con la dictadura”, concluye.


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