De la detención de migrantes al espionaje: Esto es lo que podrá hacer la Guardia Nacional
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De la detención de migrantes al espionaje: Esto es lo que podrá hacer la Guardia Nacional

Estará facultada para realizar detenciones, atender casos de delitos del fuero común, hacer cateos y hasta pedir por su cuenta la intervención de comunicaciones, según lo aprobado por el Senado.
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22 de mayo, 2019
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La Guardia Nacional será una policía civil aunque inicialmente estará conformada en su mayoría – y también a nivel de mando – por militares. Tendrá las capacidades de una policía federal y local juntas pues podrá investigar delitos de ambos fueros pero, además, podrá revisar y detener a migrantes en condición irregular. Estará facultada para realizar aprehensiones, cateos y hasta pedir por su cuenta la intervención de comunicaciones.

Así lo establece la Ley de la Guardia Nacional aprobada este martes por el Senado y que será ratificada esta misma semana por la Cámara de Diputados para que pueda entrar en vigor. La aprobación se dio tras un mes de debate – a puerta cerrada – entre representantes de todas las fuerzas políticas de la Cámara Alta.

La norma aprobada establece que los elementos de policía militar y naval que sean transferidos a esta nueva fuerza deberán cumplir con control de confianza pero, a su vez, da un plazo de hasta dos años para satisfacer este requisito. Se eliminó la necesidad de que tengan que pedir licencia pero se establece que deberán separase de sus funciones en las Fuerzas Armadas.

Lee: Crean nuevo esquema de control de confianza para elementos de la Guardia Nacional

A continuación Animal Político presenta estos y otros puntos clave de la Ley de Guardia Nacional que según lo señalado por los senadores modificaron en más de un 70% las iniciativas originales enviadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué es la Guardia Nacional?

La ley define a la Guardia literalmente como “una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional” adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se trata de una adscripción similar a la que tiene actualmente la Policía Federal.

Además establece que esta debe regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales firmados por México.

¿Qué delitos atenderá?

Todos. Si bien el artículo 24 de la norma establece que la Guardia atenderá los ilícitos del fuero federal (como crimen organizado o lavado de dinero), se añade que también podrá atender delitos del fuero común (como robo u homicidios) cuando un entidad o municipio así lo requiera y se firme el convenio correspondiente.

Lee: Guardia nacional inicia en municipios de Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo y Baja California

¿Es una policía preventiva o una de investigación?

Ambas. La ley establece que la Guardia es una fuerza de seguridad pública lo que le da facultades de prevención y patrullaje. Pero además puede investigar la comisión de delitos bajo la conducción del Ministerio Público, como lo hacen las policías ministeriales.

¿Quiénes la conformarán? ¿Militares o civiles?

Inicialmente, y como ya se había adelantado desde la reforma constitucional, la Guardia Nacional es una policía de corte civil sin embargo, mientras conforma su propio estado de fuerza, arrancará con elementos que sean transferidos desde las fuerzas armadas (policías militares y navales) así como de la Policía Federal.

Incluso los mandos operativos serán inicialmente militares como lo establece el artículo tercero transitorio al señalar y condicionar que, mientras la Guardia desarrolla su propia fuerza, sus comandantes superiores e intermedios deberán tener de 20 a 30 años de experiencia y provenir de las policías militar y naval.

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¿Quiénes son sus jefes?

El jefe máximo de la Guardia Nacional es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien realizará labores de supervisión y dirección, así como de elaboración de sus planes y estrategia.

En tanto el mando operativo recaerá en un comandante que designará el presidente (nombramiento que ya hizo en la figura del general en proceso de retiro Luis Rodríguez Bucio). El comandante será el responsable de “coordinar, administrar y capacitar” a la nueva fuerza.

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También se contempla la llamada Coordinación Operativa Interinstitucional conformada por un representante del Ejército, uno de la Marina y un civil de la Secretaría de Seguridad. Su función es coordinar y coadyuvar la colaboración entre dependencias. Los titulares de dicha coordinación ya fueron nombrados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Requisitos de ingreso y control de confianza obligatorio

El artículo 25 establece los requisitos para ingresar a la Guardia Nacional. Entre otros se necesita ser mexicano de nacimiento, no contar con antecedentes penales, no haber sido separado o removido de otra corporación de seguridad, ser civil o, en el caso de los elementos transferidos de las fuerzas armadas, estar separado de esas funciones.

Y se recalca que para el ingreso y alta como elemento en activo de la Guardia Nacional se requiere el Certificado Único Policial el cual, a su vez, requiere superar el proceso de evaluaciones de control de confianza (exámenes de polígrafo, conocimientos, toxicológico, entre otros).

Lee también: No es necesario que mandos militares pidan licencia para integrarse a la Guardia Nacional: Durazo

Pero con dos años de tolerancia a militares

Aunque en los artículos transitorios se establece que los elementos de Policía militar y naval asignados a la Guardia Nacional deben cumplir con todos los requisitos que marca la ley incluyendo superar el proceso de control de confianza, también autoriza un plazo de hasta dos años para que esto se concrete.

“Atendiendo la gradualidad de la conformación de la Guardia Nacional, de manera progresiva y en un plazo máximo de dos años a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los centros de evaluación y control de confianza deberán practicar las evaluaciones a quienes hayan sido asignados para la conformación del cuerpo policial, a efecto de contar con el certificado a que se refiere el artículo 21 de la Constitución” indica el artículo cuarto transitorio.

Senadores que participaron en la redacción de la ley explicaron a Animal Político que esto no exime a los elementos de las fuerzas armadas de someterse a los controles, sin embargo, se abre un periodo para que ello se concrete dado que la Guardia arrancara con más de 50 mil efectivos transferidos de Ejército y Marina, y no existe capacidad instalada para evaluar a miles de elementos en pocos días.

Los legisladores dicen que – además – se da por sentado la “confiabilidad” de los militares transferidos en un inicio, hecho que ya había sido adelantado por el secretario de Seguridad Alfonso Durazo en esta entrevista con Animal Político.

Lee: ONU vigilará que Guardia Nacional respete los derechos humanos

¿Y la licencia de los militares para ir a la Guardia?

Ya no será necesaria. Aunque en el apartado de consideraciones de la reforma constitucional, aprobada en marzo pasado, se advertía la necesidad de que la ley de la Guardia contemplara que los efectivos de las fuerzas armadas deben pedir licencia para ir a la nueva fuerza, esto ya no fue incluido en la ley.

¿La razón? De acuerdo con los senadores que participaron en la mesa de trabajo la obligación de pedir licencia podía perjudicar las prestaciones sociales a que tienen derecho los militares transferidos.

En su lugar se estableció el término “funcionalmente separados de su institución de origen” que según los legisladores acota con mayor claridad la separación de los policías militares y navales de su trabajo en las fuerzas armadas.

Lo que si recalca la ley es que el fuero de la Guardia Nacional es civil y a él se sujetarán todos sus integrantes.

Lee: El Ejército presenta los uniformes que usarán los elementos de la Guardia Nacional

Detenciones, cateo y espionaje

La ley faculta a la Guardia Nacional a realizar todas las funciones que constitucionalmente puede llevar a cabo una fuerza policial, tanto preventiva como de investigación.

Es decir, puede realizar detenciones en flagrancias o cumplir órdenes de aprehensión a petición del Ministerio Público. También puede cumplir órdenes ministeriales y judiciales, ya sea de inspección, cateo o hasta intervención de comunicaciones privadas.

Pero además el artículo 100 faculta a la nueva fuerza a pedir por su cuenta a un juez hacer labores de espionaje.

“La Guardia Nacional podrá solicitar la intervención de comunicaciones. La autorización judicial correspondiente podrá otorgarse a solicitud del Comandante o del titular de la Jefatura General de Coordinación Policial, cuando se constatare la existencia de indicios suficientes que acrediten que se está organizando la comisión de los delitos”, dice el artículo.

En tanto el artículo 103 detalla una lista de más de 25 tipos de delitos en los que esto puede llevarse a cabo y que van desde el lavado de dinero y crimen organizado, hasta homicidios, secuestros o tráfico de personas.

Además la norma establece que la nueva fuerza podrá realizar operaciones encubiertas y hacerse de informadores.

¿Podrá revisar y detener a migrantes?

Sí. Entre las funciones de la Guardia descritas en el artículo 9 de su ley se establece que la fuerza podrá realizar – en coordinación con el Instituto Nacional de Migración – la inspección de documentos migratorios de extranjeros que ingresen al país y “en su caso proceder a presentar a los que se encuentren en situación irregular”.

“Apoyar el aseguramiento que realice el Instituto Nacional de Migración, y a petición del mismo resguardar las estaciones migratorias y a los extranjeros que en ellas se encuentren” agrega la ley.

¿Estados deberán pagar por apoyo? Excepcionalmente sí

Uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa original del gobierno era que se contemplaba que estados y municipios tenían que financiar la presencia y operación de la Guardia Nacional si la requerían. El presidente López Obrador llegó a negar que esto fuera cierto, y después dijo que sería removido.

La ley aprobada modificó esta redacción y establece que es la federación la que debe costear el funcionamiento de la Guardia aunque “excepcionalmente” sí puede haber un pago de gobiernos locales.

“Excepcionalmente, los convenios de colaboración que se suscriban entre la Secretaría y las entidades federativas o municipios contendrán las aportaciones que, en su caso, deberán hacer éstos cuando la Guardia Nacional realice tareas de seguridad pública de competencia local”, señala el artículo 92.

Confirmado: fin de la Policía Federal

Lo que la ley mantuvo de la iniciativa de gobierno es que en un plazo máximo de 18 meses a partir de la entrada en vigor de esta norma, la Policía Federal deberá quedar desmantelada, y todos sus recursos humanos y materiales transferidos a la Guardia Nacional. Sus funciones y tareas serán asumidas por la nueva fuerza.

La ley contempla además que la Guardia tendrá “unidades especializadas” que no se definen, pero que de acuerdo con autoridades podrían ser similares a las divisiones que tiene actualmente Policía Federal como la Científica o de Inteligencia. Ello daría un espacio a que personal especializado tenga lugar en la Guardia.

¿Cómo vigilará el Senado a la Guardia?

Con un informe. El artículo 97 establece que el gobierno federal deberá presentar anualmente al Senado un informe con las acciones emprendidas por la nueva fuerza, así como sus elementos desplegados, los nombramientos realizados, entre otros.

¿Qué armas usarán?

Las que permite la ley de uso de la fuerza de la fuerza y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para las corporaciones de policía. Pero el artículo 54 añade además que la Guardia Nacional “tendrá un sistema de información que permita conocer en todo momento el armamento y las municiones que se encuentren en posesión de cada uno de sus integrantes”

Delitos de hasta 60 años de prisión

Otra cuestión que se mantuvo es un amplio catálogo de delitos en los cuales podrán incurrir elementos de la Guardia Nacional y que serán sancionados con penas graves.

Po ejemplo se contempla que por vínculos con delitos relacionados con delincuencia organizada, los elementos de la Guardia podrían alcanzar penas de hasta 60 años de cárcel mientras que ilícitos como insubordinaciones podrían alcanzar hasta 20 años de prisión.

Doble régimen social: ISSSTE e ISSFAM

Los artículos transitorios de la ley indican que los elementos de Policía Federal transferidos a la Guardia continuaran recibiendo sus prestaciones bajo el régimen del ISSSTE, pero los militares transferidos continuaran con su régimen social tal cual lo tienen, es decir, ante el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

Según especialistas esto podría originar un conflicto laboral y demandas de amparo debido al doble régimen de elementos en la misma corporación.

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El impuesto del COVID-19: 3 ideas para que los ricos aporten más dinero a las arcas públicas

En distintos países hay propuestas para crear un "impuesto solidario" que permita enfrentar los duros efectos económicos de la pandemia. La pregunta más difícil de contestar: ¿cómo pagaremos la factura que dejará el coronavirus?
20 de mayo, 2020
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Bezos y su novia

Getty Images
Bezos es junto a Bill Gates uno de los hombres más ricos del mundo.

La crisis económica provocada por la pandemia le ha dado un nuevo impulso al debate sobre cómo las personas más ricas pueden ayudar a pagar el gigantesco costo fiscal de las medidas de emergencia tomadas por los gobiernos.

En países como Italia, España, Argentina, o Brasil, han surgido propuestas para recaudar fondos adicionales que permitan mitigar las profundas huellas económicas que dejará la crisis global.

Mientras algunos parlamentarios hablan de crear una especie de impuesto solidario -que se aplicaría una sola vez-, otros insisten en que se requieren cambios permanentes en el sistema impositivo para aumentar la recaudación disminuyendo la desigualdad.

Aunque circulan distintas ideas, la mayoría apunta a aumentar el gravamen de los recursos de las personas, más que los impuestos a las empresas o al consumo (IVA).

“La recaudación fiscal por el pago de impuestos sigue siendo muy baja en Latinoamérica y reduce poco las desigualdades”, le dice a BBC Mundo Sebastián Nieto, jefe para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Esa recaudación solo llega al 23,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en la región, mientras que en los países de la OCDE el promedio sube a 34,4%.

Al mirar el detalle por países, resulta que algunos como Guatemala, Paraguay y República Dominicana, recaudan menos del 14%.

Pero cuando analizamos los tributos por separado, resulta que la recaudación del impuesto a la renta de los individuos es mucho más baja: 2,2% del PIB en América Latina y 8,3% en la OCDE.

Es por eso que Nieto propone subir el impuesto a la renta de los individuos, combinándolo con un alza al impuesto a la propiedad y otros tributos relacionados con el medio ambiente.

Mujer caminando en Guatemala

Getty Images
Guatemala, Paraguay y República Dominicana son los países con menores impuestos de América Latina (recaudan menos del 14% del PIB).

Y aunque no descarta la idea de aplicar un impuesto solidario a las grandes fortunas por una sola vez para enfrentar la crisis económica, prefiere avanzar por el camino de la renta individual.

Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI), también entró al debate publicando un documento elaborado por el Departamento de Finanzas Públicas del organismo, llamado “Tax Issues: An Overview” -y que forma parte de una serie especial sobre políticas fiscales en respuesta al covid-19-, donde los autores plantean una serie de medidas para “asegurar la recaudación y fomentar la solidaridad”.

Entre ellas proponen “considerar aumentos de las tasas en los tramos superiores del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre la propiedad y del impuesto sobre el patrimonio, quizás a modo de sobretasa solidaria”, señala el texto.

Estas son 3 ideas que han surgido en respuesta a la emergencia económica provocada por la pandemia, promovidas por economistas independientes, partidos políticos, centros de estudios u organismos internacionales.

1-Subir el impuesto a las grandes fortunas (patrimonio)

El impuesto a las grandes fortunas, también conocido como el impuesto al patrimonio personal o a la riqueza, es una de las propuestas más controvertidas.

Planteado como un impuesto “por única vez”, el oficialismo en Argentina propone aplicar un tributo de 2% a las personas que hayan declarado un patrimonio superior a los US$3 millones, con escalas crecientes que llegan hasta el 3,5%.

Jeff Bezos, Warren Buffett, Amancio Ortega, Michael Bloomberg y Jack Ma.

Getty /BBC
Subir el impuesto a la fortuna o patrimonio de los más ricos por una sola vez, como una especie de “tasa solidaria” frente a la pandemia, es una de las propuestas

“Ante una situación tan excepcional, se requieren medidas excepcionales”, le dice a BBC Mundo Julia Strada, doctora en desarrollo económico, directora del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y directora del Grupo Banco Provincia, que promueve la iniciativa.

Según Strada, ha crecido en la región la idea de cobrar un impuesto a la fortuna de los más ricos por una sola vez, principalmente desde el lado de los partidos políticos de oposición.

Propuestas como esta provienen de cercanos al expresidente Evo Morales en Bolivia; a parlamentarios de partidos como el PT en Brasil; cercanos al expresidente Rafael Correa en Ecuador; parlamentarios del Frente Amplio en Perú, o miembros del Partido Comunista en Chile.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció que está estudiando la posibilidad de un impuesto “solidario” o impuesto a la fortuna, pero no ha entregado más detalles.

En España, la fuerza política Unidas Podemos, propone un impuesto a la grandes fortunas individuales, bajo el nombre de “tasa de reconstrucción”.

En otros países como Suiza, miembros de partidos con escasa representación promueven un “Impuesto de Solidaridad de Coronavirus” para gravar la fortuna de los más ricos, mientras que el el Reino Unido, algunos parlamentarios de oposición han hablado de la idea, pero aún no se conoce una propuesta específica.

2-Subir el impuesto a la propiedad de las personas

En Alemania, miembros del Partido Social Demócrata (SPD) propusieron un impuesto extraordinario a la propiedad -por una sola vez- para recaudar fondos adicionales frente a la pandemia.

Sin embargo, no todos dentro del partido están de acuerdo con esa propuesta en las actuales circunstancias. Algunos líderes del SPD han dicho que la idea puede ser discutida, pero cuando se acabe la crisis.

Casa

Getty Images
Muchos expertos aseguran que es más eficiente gravar las propiedades de los más ricos, antes que su fortuna en general.

Emilio Pineda, jefe de la División de Gestión Fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dice en diálogo con BBC Mundo que “hay un enorme espacio para mejorar el impuesto a la propiedad en Latinoamérica”.

La región recauda cerca de medio punto del PIB en impuesto a la propiedad, explica Pineda, mientras que los países de la OCDE recaudan por encima del 1,5%.

“Hay espacio para triplicar el impuesto a la propiedad”, dice el economista, agregando que es mejor concentrarse en este tipo de instrumentos, antes que gravar las fortunas en general.

La experiencia internacional, argumenta, ha mostrado que el impuesto a la fortuna, recauda mucho menos de lo que se esperaba porque es muy difícil de cobrar y los resultados han sido heterogéneos.

Junto al impuesto a la propiedad, Pineda es partidario de subir el impuesto a la renta de las personas, pero al mismo tiempo, aumentar la eficiencia del gasto público.

“Se desperdicia mucho dinero en la región”, apunta.

3-Subir el impuesto a la renta personal

El impuesto a la renta personal grava los ingresos de las personas, es decir, las utilidades generadas por su capital (habitualmente invertido en acciones), y otros ingresos que pueden provenir, por ejemplo, de salarios.

En Guatemala, el país de latinoamericano con la menor recaudación de impuestos de la región, parlamentarios de oposición propusieron aumentar este gravamen.

Pizarra con acciones

Getty Images
El impuesto a la renta personal de las personas con mayores ingresos grava principalmente los dividendos de las acciones, aunque también incluye salarios.

Y en Italia, parlamentarios oficialistas promueven la idea de crear un impuesto excepcional, llamado “Tasa Covid” de carácter progresivo durante 2020 y 2021, para aumentar el gravamen sobre los réditos o ganancias anuales de las personas.

“Los países de la región no están explotando de manera efectiva el impuesto a la renta de las personas”, dice Pineda.

Y su baja recaudación, explica, se debe a tres razones: solo lo paga cerca del 10% de la población, tiene exenciones muy generosas que benefician a los segmentos de ingresos más altos y en muchos lugares los ingresos de capital no pagan impuestos (entendiendo los ingresos de capital como las ganancias que generan las acciones).

¿Qué dicen los que se oponen?

Los detractores de este tipo de medidas, argumentan que un alza tributaria daña la inversión y la creación de empleos, haciendo más difícil la recuperación económica.

También advierten que provocaría una una fuga de capitales hacia países con menos impuestos y -en el caso específico de Argentina- anticipan una dura pelea en los tribunales de justicia si el gobierno sigue adelante con su agenda de reforma tributaria.

Dólares

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Los detractores dicen que subir los impuestos daña la inversión y el empleo, al tiempo que provoca fuga de capitales. Es decir, es peor el remedio que la enfermedad.

Otro de los argumentos es que las propuestas para subir impuestos a los más ricos tienen un fundamento ideológico -anclado en el viejo antagonismo de la lucha de clases-, en vez de un fundamento técnico.

Y a eso se suma la desconfianza que existe en los sectores empresariales respecto a la transparencia y eficacia con que el Estado administra los recursos públicos.

A futuro viene el desafío de generar más ingresos fiscales, no solo para pagar la factura que dejará la pandemia, sino también para enfrentar la caída en el precio de las materias primas y otros efectos de la recesión global.

Por eso los expertos dicen que será necesario crear un nuevo pacto fiscal.

“Aprovechar el impulso de solidaridad”

Santiago Díaz de Sarralde, director de Estudios Tributarios del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), le dice a BBC Mundo que lo más probable es que los países modifiquen varios tributos para asegurar la sostenibilidad.

“La combinación de medidas y el reparto solidario del coste de la crisis será imprescindible”.

“Qué tipo de combinación de impuestos y cómo hacer un reparto solidario del coste de la crisis, tendrá que interpretarlo cada país, porque además hay que preservar la recuperación”.

Apretón de manos en hospital de Italia

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Expertos hablan de aprovechar un impulso solidario a raíz de la pandemia para conseguir un aporte solidarios de los que tienen más recursos.

Los más optimistas creen que la crisis económica puede traer vientos favorables para el bienestar social.

“Hay una oportunidad para generar consenso sobre una de las principales reformas pendientes, que es reforzar la protección social y la inclusión gracias a mejoras en el campo fiscal”, dice Sebastián Nieto de la OCDE.

“Estamos en un momento de bajos niveles de confianza y satisfacción ciudadana, y los gobiernos deben aprovechar este impulso de solidaridad para pasar reformas fiscales y repensar el pacto social“.

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