De la detención de migrantes al espionaje: Esto es lo que podrá hacer la Guardia Nacional
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De la detención de migrantes al espionaje: Esto es lo que podrá hacer la Guardia Nacional

Estará facultada para realizar detenciones, atender casos de delitos del fuero común, hacer cateos y hasta pedir por su cuenta la intervención de comunicaciones, según lo aprobado por el Senado.
Cuartoscuro
22 de mayo, 2019
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La Guardia Nacional será una policía civil aunque inicialmente estará conformada en su mayoría – y también a nivel de mando – por militares. Tendrá las capacidades de una policía federal y local juntas pues podrá investigar delitos de ambos fueros pero, además, podrá revisar y detener a migrantes en condición irregular. Estará facultada para realizar aprehensiones, cateos y hasta pedir por su cuenta la intervención de comunicaciones.

Así lo establece la Ley de la Guardia Nacional aprobada este martes por el Senado y que será ratificada esta misma semana por la Cámara de Diputados para que pueda entrar en vigor. La aprobación se dio tras un mes de debate – a puerta cerrada – entre representantes de todas las fuerzas políticas de la Cámara Alta.

La norma aprobada establece que los elementos de policía militar y naval que sean transferidos a esta nueva fuerza deberán cumplir con control de confianza pero, a su vez, da un plazo de hasta dos años para satisfacer este requisito. Se eliminó la necesidad de que tengan que pedir licencia pero se establece que deberán separase de sus funciones en las Fuerzas Armadas.

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A continuación Animal Político presenta estos y otros puntos clave de la Ley de Guardia Nacional que según lo señalado por los senadores modificaron en más de un 70% las iniciativas originales enviadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué es la Guardia Nacional?

La ley define a la Guardia literalmente como “una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional” adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se trata de una adscripción similar a la que tiene actualmente la Policía Federal.

Además establece que esta debe regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales firmados por México.

¿Qué delitos atenderá?

Todos. Si bien el artículo 24 de la norma establece que la Guardia atenderá los ilícitos del fuero federal (como crimen organizado o lavado de dinero), se añade que también podrá atender delitos del fuero común (como robo u homicidios) cuando un entidad o municipio así lo requiera y se firme el convenio correspondiente.

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¿Es una policía preventiva o una de investigación?

Ambas. La ley establece que la Guardia es una fuerza de seguridad pública lo que le da facultades de prevención y patrullaje. Pero además puede investigar la comisión de delitos bajo la conducción del Ministerio Público, como lo hacen las policías ministeriales.

¿Quiénes la conformarán? ¿Militares o civiles?

Inicialmente, y como ya se había adelantado desde la reforma constitucional, la Guardia Nacional es una policía de corte civil sin embargo, mientras conforma su propio estado de fuerza, arrancará con elementos que sean transferidos desde las fuerzas armadas (policías militares y navales) así como de la Policía Federal.

Incluso los mandos operativos serán inicialmente militares como lo establece el artículo tercero transitorio al señalar y condicionar que, mientras la Guardia desarrolla su propia fuerza, sus comandantes superiores e intermedios deberán tener de 20 a 30 años de experiencia y provenir de las policías militar y naval.

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¿Quiénes son sus jefes?

El jefe máximo de la Guardia Nacional es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien realizará labores de supervisión y dirección, así como de elaboración de sus planes y estrategia.

En tanto el mando operativo recaerá en un comandante que designará el presidente (nombramiento que ya hizo en la figura del general en proceso de retiro Luis Rodríguez Bucio). El comandante será el responsable de “coordinar, administrar y capacitar” a la nueva fuerza.

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También se contempla la llamada Coordinación Operativa Interinstitucional conformada por un representante del Ejército, uno de la Marina y un civil de la Secretaría de Seguridad. Su función es coordinar y coadyuvar la colaboración entre dependencias. Los titulares de dicha coordinación ya fueron nombrados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Requisitos de ingreso y control de confianza obligatorio

El artículo 25 establece los requisitos para ingresar a la Guardia Nacional. Entre otros se necesita ser mexicano de nacimiento, no contar con antecedentes penales, no haber sido separado o removido de otra corporación de seguridad, ser civil o, en el caso de los elementos transferidos de las fuerzas armadas, estar separado de esas funciones.

Y se recalca que para el ingreso y alta como elemento en activo de la Guardia Nacional se requiere el Certificado Único Policial el cual, a su vez, requiere superar el proceso de evaluaciones de control de confianza (exámenes de polígrafo, conocimientos, toxicológico, entre otros).

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Pero con dos años de tolerancia a militares

Aunque en los artículos transitorios se establece que los elementos de Policía militar y naval asignados a la Guardia Nacional deben cumplir con todos los requisitos que marca la ley incluyendo superar el proceso de control de confianza, también autoriza un plazo de hasta dos años para que esto se concrete.

“Atendiendo la gradualidad de la conformación de la Guardia Nacional, de manera progresiva y en un plazo máximo de dos años a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los centros de evaluación y control de confianza deberán practicar las evaluaciones a quienes hayan sido asignados para la conformación del cuerpo policial, a efecto de contar con el certificado a que se refiere el artículo 21 de la Constitución” indica el artículo cuarto transitorio.

Senadores que participaron en la redacción de la ley explicaron a Animal Político que esto no exime a los elementos de las fuerzas armadas de someterse a los controles, sin embargo, se abre un periodo para que ello se concrete dado que la Guardia arrancara con más de 50 mil efectivos transferidos de Ejército y Marina, y no existe capacidad instalada para evaluar a miles de elementos en pocos días.

Los legisladores dicen que – además – se da por sentado la “confiabilidad” de los militares transferidos en un inicio, hecho que ya había sido adelantado por el secretario de Seguridad Alfonso Durazo en esta entrevista con Animal Político.

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¿Y la licencia de los militares para ir a la Guardia?

Ya no será necesaria. Aunque en el apartado de consideraciones de la reforma constitucional, aprobada en marzo pasado, se advertía la necesidad de que la ley de la Guardia contemplara que los efectivos de las fuerzas armadas deben pedir licencia para ir a la nueva fuerza, esto ya no fue incluido en la ley.

¿La razón? De acuerdo con los senadores que participaron en la mesa de trabajo la obligación de pedir licencia podía perjudicar las prestaciones sociales a que tienen derecho los militares transferidos.

En su lugar se estableció el término “funcionalmente separados de su institución de origen” que según los legisladores acota con mayor claridad la separación de los policías militares y navales de su trabajo en las fuerzas armadas.

Lo que si recalca la ley es que el fuero de la Guardia Nacional es civil y a él se sujetarán todos sus integrantes.

Lee: El Ejército presenta los uniformes que usarán los elementos de la Guardia Nacional

Detenciones, cateo y espionaje

La ley faculta a la Guardia Nacional a realizar todas las funciones que constitucionalmente puede llevar a cabo una fuerza policial, tanto preventiva como de investigación.

Es decir, puede realizar detenciones en flagrancias o cumplir órdenes de aprehensión a petición del Ministerio Público. También puede cumplir órdenes ministeriales y judiciales, ya sea de inspección, cateo o hasta intervención de comunicaciones privadas.

Pero además el artículo 100 faculta a la nueva fuerza a pedir por su cuenta a un juez hacer labores de espionaje.

“La Guardia Nacional podrá solicitar la intervención de comunicaciones. La autorización judicial correspondiente podrá otorgarse a solicitud del Comandante o del titular de la Jefatura General de Coordinación Policial, cuando se constatare la existencia de indicios suficientes que acrediten que se está organizando la comisión de los delitos”, dice el artículo.

En tanto el artículo 103 detalla una lista de más de 25 tipos de delitos en los que esto puede llevarse a cabo y que van desde el lavado de dinero y crimen organizado, hasta homicidios, secuestros o tráfico de personas.

Además la norma establece que la nueva fuerza podrá realizar operaciones encubiertas y hacerse de informadores.

¿Podrá revisar y detener a migrantes?

Sí. Entre las funciones de la Guardia descritas en el artículo 9 de su ley se establece que la fuerza podrá realizar – en coordinación con el Instituto Nacional de Migración – la inspección de documentos migratorios de extranjeros que ingresen al país y “en su caso proceder a presentar a los que se encuentren en situación irregular”.

“Apoyar el aseguramiento que realice el Instituto Nacional de Migración, y a petición del mismo resguardar las estaciones migratorias y a los extranjeros que en ellas se encuentren” agrega la ley.

¿Estados deberán pagar por apoyo? Excepcionalmente sí

Uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa original del gobierno era que se contemplaba que estados y municipios tenían que financiar la presencia y operación de la Guardia Nacional si la requerían. El presidente López Obrador llegó a negar que esto fuera cierto, y después dijo que sería removido.

La ley aprobada modificó esta redacción y establece que es la federación la que debe costear el funcionamiento de la Guardia aunque “excepcionalmente” sí puede haber un pago de gobiernos locales.

“Excepcionalmente, los convenios de colaboración que se suscriban entre la Secretaría y las entidades federativas o municipios contendrán las aportaciones que, en su caso, deberán hacer éstos cuando la Guardia Nacional realice tareas de seguridad pública de competencia local”, señala el artículo 92.

Confirmado: fin de la Policía Federal

Lo que la ley mantuvo de la iniciativa de gobierno es que en un plazo máximo de 18 meses a partir de la entrada en vigor de esta norma, la Policía Federal deberá quedar desmantelada, y todos sus recursos humanos y materiales transferidos a la Guardia Nacional. Sus funciones y tareas serán asumidas por la nueva fuerza.

La ley contempla además que la Guardia tendrá “unidades especializadas” que no se definen, pero que de acuerdo con autoridades podrían ser similares a las divisiones que tiene actualmente Policía Federal como la Científica o de Inteligencia. Ello daría un espacio a que personal especializado tenga lugar en la Guardia.

¿Cómo vigilará el Senado a la Guardia?

Con un informe. El artículo 97 establece que el gobierno federal deberá presentar anualmente al Senado un informe con las acciones emprendidas por la nueva fuerza, así como sus elementos desplegados, los nombramientos realizados, entre otros.

¿Qué armas usarán?

Las que permite la ley de uso de la fuerza de la fuerza y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para las corporaciones de policía. Pero el artículo 54 añade además que la Guardia Nacional “tendrá un sistema de información que permita conocer en todo momento el armamento y las municiones que se encuentren en posesión de cada uno de sus integrantes”

Delitos de hasta 60 años de prisión

Otra cuestión que se mantuvo es un amplio catálogo de delitos en los cuales podrán incurrir elementos de la Guardia Nacional y que serán sancionados con penas graves.

Po ejemplo se contempla que por vínculos con delitos relacionados con delincuencia organizada, los elementos de la Guardia podrían alcanzar penas de hasta 60 años de cárcel mientras que ilícitos como insubordinaciones podrían alcanzar hasta 20 años de prisión.

Doble régimen social: ISSSTE e ISSFAM

Los artículos transitorios de la ley indican que los elementos de Policía Federal transferidos a la Guardia continuaran recibiendo sus prestaciones bajo el régimen del ISSSTE, pero los militares transferidos continuaran con su régimen social tal cual lo tienen, es decir, ante el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

Según especialistas esto podría originar un conflicto laboral y demandas de amparo debido al doble régimen de elementos en la misma corporación.

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Por qué la reforma exprés de la Ley de Seguridad de México desafía a Estados Unidos

El Congreso mexicano aprobó nuevas regulaciones para la presencia de agentes extranjeros en México. La ley fue criticada por EE.UU., el país que sería más afectado por las nuevas y más estrictas normas.
17 de diciembre, 2020
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Para el gobierno de México, significa la defensa de la “independencia y soberanía” nacional. Para el de Estados Unidos, “solo beneficia a las violentas organizaciones criminales transnacionales”.

Una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que aprobó de forma exprés el Congreso mexicano este martes establece nuevos controles para la presencia de agentes extranjeros en el país.

Pese a que no está dirigida a ningún país en específico, diversos analistas coincidieron al señalar que está claramente enfocada hacia las agencias de inteligencia y combate al narcotráfico de Estados Unidos como consecuencia del reciente caso del general Salvador Cienfuegos.

El exsecretario de la Defensa Nacional fue detenido en octubre en Los Ángeles por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), acusado de vínculos con el narcotráfico, cargos que el general negó. El arresto tuvo lugar luego de una investigación de más de un año de la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que nunca había sido informado.

“Esta iniciativa de ley fue una especie de desagravio para el ejército mexicano, porque siempre han tenido una muy mala relación con la DEA desde el caso del agente Enrique Camarena (agente de la DEA asesinado en México en 1985). Hay una desconfianza mutua”, le dice a BBC Mundo el analista en seguridad Salvador García Soto.

Tras la detención de Cienfuegos “vino una reacción muy fuerte de las Fuerzas Armadas, que le dijeron al presidente López Obrador que tomara cartas en el asunto, que no permitiera que un extitular de la Defensa fuera tratado de esa manera, de la forma en que lo detuvieron, el trato y las acusaciones”, opina.

El general Salvador Cienfuegos durante un evento militar en Ciudad de México en septiembre de 2016.

Reuters
El exsecretario de la Defensa mexicano fue arrestado en Los Ángeles por agentes de la DEA.

Estados Unidos, por su parte, criticó que esta reforma a la ley implica un retroceso en la cooperación entre ambos países en el combate a los grupos criminales y el narcotráfico, tal y como dijo la semana pasada el fiscal general estadounidense William Barr (quien anunció que dejará su cargo antes de fin de año).

“La aprobación de esta legislación solo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales y otros criminales que estamos combatiendo conjuntamente”, dijo Barr en un comunicado cuando el Senado mexicano aprobaba de manera urgente la reforma promovida por el presidente López Obrador.

En respuesta, el líder de la mayoría del partido Morena, de López Obrador, consideró infundados los temores expresados por Barr.

“Al contrario, contar con protocolos claros de intercambio de información hará posible que ahora ambos países puedan tener mayor cantidad de insumos para desarrollar estrategias conjuntas que permitan fortalecer la seguridad nacional en ambos lados de la frontera”, dijo al diario El Sol de México.

Una vista del Senado mexicano

EPA
El Congreso mexicano aprobó en menos de 10 días la reforma propuesta por el Ejecutivo.

Tras recibir luz verde en el Congreso, la ley deberá ahora ser promulgada por el Ejecutivo para que entre en vigor, pero analistas como García Soto advierten desde ya que su formulación podría afectar a los acuerdos de cooperación de México y EU en materia de combate al narcotráfico.

¿Qué cambia en la ley?

La Ley de Seguridad Nacional es la norma que, entre otros aspectos, regula la presencia de los agentes extranjeros que tienen actividades en México.

Durante décadas, agencias estadounidenses como la DEA, el FBI, la ATF o la CIA han operado en México a través de agentes que realizan labores de inteligencia e investigación sobre grupos delictivos.

Pero el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985 a manos del cartel de Guadalajara, aumentó de manera notable la presencia de estos agentes en México. Y su poder se incrementó más en años recientes, explica García Soto.

“En los gobiernos anteriores, principalmente el de Felipe Calderón (2006-2012), hubo una apertura muy amplia a la participación de este tipo de agentes en el país. Se sabía que la DEA coordinaba operativos en México, tenía asignadas unidades de la Secretaría de Marina para detener a narcotraficantes. Prácticamente ellos controlaban una parte de la lucha contra la delincuencia bajo el gobierno de Calderón”, señala el experto.

Un agente de la DEA

Getty Images
La presencia de agentes extranjeros está regulada por la Ley de Seguridad Nacional.

Pero el caso de Cienfuegos, del que el gobierno de México asegura que no supo nada hasta que prácticamente fue detenido, sacudió de nuevo la relación de los dos países.

Ahora, la reformada Ley de Seguridad Nacional obligará a los agentes de otros países desplegados en México a compartir información sobre sus investigaciones con las autoridades mexicanas.

Les prohíbe hacer detenciones, les exige solicitar una autorización para portar armas y establece que no tienen inmunidad judicial en caso de verse involucrados en la comisión de delitos o infracciones, lo cual fue señalado como una de las modificaciones más controvertidas.

Además, garantiza el soporte legal para la expulsión de las agencias que no cumplan con la ley en México.

“Aunque engloba a cualquier otro gobierno que tenga agentes en México, parece que va dedicada especialmente a los agentes de la DEA. Ni siquiera a los de la CIA u otras agencias. Es una dedicatoria expresa para tratar de controlarlos, de regularlos y de tener control de las investigaciones que están realizando”, considera García Soto.

El factor Cienfuegos

Al ser cuestionado sobre el motivo de la reforma, López Obrador dijo que se trataba de una iniciativa para la defensa de la soberanía nacional, pues en el caso del general Cienfuegos “existen acuerdos que no se cumplieron”, señaló.

“Antes, los agentes del gobierno de Estados Unidos entraban, salían y hacían lo que querían y se les permitía todo porque no se defendía el principio de independencia y soberanía de nuestra nación”, apuntó la semana pasada.

López Obrador

EPA
López Obrador dice que esta ley finalmente regulará las actividades de agentes de otros países en México.

Este lunes, la embajadora de México en EU, Martha Bárcena, dijo que “hubo un abuso de confianza” de los estadounidenses al investigar y detener al general sin informar primero a su gobierno.

Para García Soto, es claro que se cometieron excesos en el pasado reciente.

“Tuvieron una especie de manga ancha estas agencias, por encima de la Constitución y de la soberanía. Y ese es el argumento del presidente y de Morena (su partido) para regularlos. Pero también tiene motivaciones políticas”, explica.

“ tiene que ver con una especie de revancha sobre cómo la DEA hizo esto de detener al general y tratarlo como lo trataron, incluida a su familia en la detención. Para poner límites a estas agencias para que no cometan este tipo de actos, lo cual va a ser muy polémico”, pronostica.

Pese a que el caso del Departamento de Justica de EU contra Cienfuegos por presunto narcotráfico estaba listo y en la antesala de un juicio en Nueva York, el mes pasado fue entregado a México tras una negociación con las autoridades estadounidenses.

Cuando pidieron a un juez federal en Nueva York que desestimara los cargos contra el general Cienfuegos, los fiscales estadounidenses citaron “consideraciones sensibles e importantes de política exterior” que, según dijeron, “superaron” el interés del gobierno en continuar con la acusación.

“Si se cometieron crímenes, ahora está en las manos de la fiscalía general (mexicana) investigar, substanciar y sostenerlos”, dijo entonces el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Salvador Cienfuegos en un dibujo de la corte

Reuters
El exgeneral Salvador Cienfuegos negó todos los graves cargos en su contra.

“Cuando se negoció la entrega, arguyó razones de seguridad nacional de México”, explica García Soto.

Y esas razones, opina el analista, “eran la rebelión en las Fuerzas Armadas: los mandos militares plantearon que si no había una explicación de EU, o si no se presentaban pruebas contra el general Cienfuegos, o en su defecto lo regresaran, el ejército se saldría de la operación de seguridad del país en el tema del narcotráfico”, añade.

El presidente López Obrador negó haber recibido presiones de las Fuerzas Armadas.

¿Qué consecuencias puede tener la nueva ley?

El fiscal Barr fue enfático al rechazar la reforma de ley mexicana. “Tendría el efecto de dificultar la cooperación entre nuestros países. Haría menos seguros a los ciudadanos de México y EU”, aseguró.

Ante los señalamientos de México sobre cómo se trató el caso de Cienfuegos, el fiscal general dijo que su entrega a la Justicia mexicana demuestra cómo se colabora “dentro del marco de larga data diseñado para abordar de manera conjunta nuestros desafíos compartidos”.

Un agente de la DEA

Getty Images
Los agentes de la DEA han estado en México durante décadas.

Por su parte, el exagente de la DEA Mike Vigil dijo a la emisora Milenio que pese a que hay “muy buenos elementos” mexicanos en materia de combate al narcotráfico, las agencias de EU se reservan información sobre sus operaciones por cuestiones de confianza.

“Hay algunos que son corruptos y entonces es muy difícil compartir toda la información, porque nunca se sabe si va a haber un flujo de información a los narcotraficantes que va a comprometer a agentes de EU, informantes, operativos e investigaciones”, declaró.

Por su parte, el analista en seguridad e inteligencia Ramón Celaya dijo a la agencia EFE que “si no fuera por la información de las agencias americanas en México, no se hubiera logrado la detención del 80% de los capos en los últimos 20 años“.

Para García Soto, esta reforma podría incluso “trastocar convenios internacionales” sobre protección a agentes extranjeros, en particular por el hecho de que pierden la inmunidad de la que han gozado y pueden enfrentar acusaciones en tribunales.

Todo esto entra en juego con la nueva ley.


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