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Cuartoscuro

Gobierno quiere enviar militares a la Guardia sin que pidan licencia; oposición lo rechaza

CNDH y expertos demandan que los militares en la Guardia Nacional sean sometidos a mismos controles y evaluaciones que la policía, incluyendo el control de confianza.
Cuartoscuro
16 de mayo, 2019
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La transferencia de elementos del Ejército y la Marina a la Guardia Nacional se convirtió nuevamente en el punto más complicado de las negociaciones que el Senado y el Poder Ejecutivo han intensificado en las últimas horas, para la expedición de la ley orgánica de esta nueva fuerza.

Marina y Policía Federal niegan enviar elementos a la Guardia por falta de leyes secundarias

Esto luego de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador planteara que los más de  50 mil elementos de las fuerzas armadas que pretende transferir a la Guardia Nacional, no tengan que pedir licencia a su cargo ni en el Ejército ni en la Marina, sino solo queden comisionados a la nueva fuerza.

Con dicha situación están en desacuerdo legisladores de oposición, que advirtieron que la licencia de los militares que pasan a la Guardia era un compromiso adquirido desde que se aprobó la reforma constitucional en la materia; lo consideran un requisito indispensable para blindar el perfil y mando civil de la Guardia.

La falta de consenso en este tema provocó que al menos hasta la noche del miércoles no se hubiera hecho público algún dictamen, ni el de la ley de la Guardia ni el de las otras dos leyes secundarias: la de uso de la fuerza y la de registro de detenciones, que prevén aprobar este jueves.

¿Por qué militares en activo pueden estar en la Guardia Nacional? Esta fue la negociación

Legisladores que participan en una mesa de trabajo, instalada desde la semana pasada con representantes del gobierno, confirmaron a Animal Político que la licencia de los militares ha sido el punto más complicado de solventar en las reuniones, que se llevan a cabo a puerta cerrada.

El senador del PAN, Julen Rementería, dijo que el pasado martes las reuniones de trabajo se extendieron hasta poco después de la media noche.

“Se ha ido avanzando. Ya hay acuerdo en la mayoría de las secundarias. Falta la de la Guardia por varios puntos, pero sobretodo por esto de la licencia (de los militares).  Nosotros (oposición) queremos que se garantice lo de la licencia y el perfil civil de la Guardia”, dijo.

El senador de Morena Eduardo Ramírez, presidente de la comisión de Puntos Constitucionales y que también participa en la mesa de trabajo, dijo que la principal preocupación de las fuerzas armadas es que sus elementos transferidos a la Guardia mantengan su régimen de seguridad social intacto, situación que podría complicarse si se ven en la necesidad de pedir licencia.

Miguel Ángel Mancera, senador del PRD y exjefe de Gobierno de la ciudad, dijo que lo que están tratando de acordar, dada la resistencia del gobierno y Morena de contemplar la licencia, es que la ley de la Guardia deje en claro – literalmente – que la transferencia de elementos de las fuerzas armadas esté supeditada a un reconocimiento de que renuncian al servicio activo en sus instituciones de origen.

“Se tiene que dar garantía de que los elementos que sean incorporados estén separados. Hay que recordar que la transferencia de militares a la Guardia depende de un acuerdo del Presidente, y ese acuerdo debe de dar la garantía plena de que no están en servicio activo. Esto debería quedar en el régimen transitorio de la ley”, dijo Mancera.

El senador del PRD consideró que esto es posible sin que los militares pidan licencia, siempre y cuando se encuentre la fórmula en que quede “clarísimo” que los elementos transferidos quedan separados del cargo. “Esto no puede ser ambiguo, debe quedar claro en la asignación”, reiteró.

Por su parte el senador Damián Zepeda insistió en que uno de los pilares del régimen civil de la Guardia es que los militares que le transfieran no estén en servicio activo. Consideró que esto no es posible sin que pidan licencia, pero dijo que se continúa negociando.

Cabe señalar que la Secretaria de Marina informó a Animal Político – al responder a una solicitud de transparencia – que la figura que se contempla para los militares que se transfieran a la Guardia no es la de la licencia sino la de una “comisión” temporal, que culminaría dentro de cinco años.

En este contexto el senador Eduardo Ramírez señaló que aun cuando hasta la tarde del miércoles los dictámenes de leyes secundarias no se conocían, es probable que este jueves se publiquen en la gaceta legislativa, y se aprueben en comisiones y el pleno. Y si no es el caso dijo que podría ser el viernes, o la próxima semana.

Guardia Nacional ya opera con militares, pero con una regulación incompleta

 

Mismo control de confianza y evaluaciones, piden CNDH y expertos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como diversas organizaciones y expertos insistieron el miércoles en que las leyes secundarias de la Guardia Nacional deben garantizar los mismos controles y evaluaciones para sus integrantes (incluidos militares transferidos), que se aplican de forma indistinta a cualquier fuerza de seguridad del país.

Lo anterior durante las sesiones del denominado Parlamento Abierto Ciudadano, al que convocaron organizaciones civiles en el Senado.

Rubén Pérez Sánchez, represente de la CNDH, dijo que tan solo en los últimos cuatro años la Sedena, Marina y Policía Federal han acumulado 72 recomendaciones por violaciones a derechos humanos, 13 de ellas consideradas como violaciones graves. Es una situación, explicó, que hace indispensable el garantizar que la Guardia Nacional  (integrada de forma inicial por elementos de esas corporaciones) tenga controles estrictos.

Antes el secretario Alfonso Durazo había señalado en esta entrevista que el control de confianza que se aplica a los policías no sería necesario para los militares transferidos, pues ellos ya eran “confiables”.

“Estamos al pendiente de que estén listas las iniciativas para ver de forma específica el detalle, pero es claro que debemos apegarnos a los estándares nacionales e internacionales. Y hay disposiciones constitucionales como el control de confianza para personal de seguridad que no se pueden obviar, y la Guardia es personal de seguridad”, dijo.

Militares no harán pruebas de control de confianza al unirse a la Guardia Nacional

Por su parte el abogado Santiago Corcuera, exintegrante del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, coincidió en que la ley de la Guardia Nacional debe establecer un claro sistema de evaluaciones y controles, tanto para los militares transferidos como para sus nuevos integrantes, que sea acorde con los estándares que marca el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y las convenciones internacionales que México está obligado a respetar.

“No basta solo con que se les cambie el uniforme. El uniforme no hace al policía”, advirtió.

Además sostuvo que en la ley orgánica debe quedar claramente establecido que la participación de integrantes provenientes de las fuerzas armadas debe ser solo transitoria, temporal, y con una ruta de salida bien definida.  

“Los nuevos integrantes de la Guardia deben ser totalmente civiles. Y si vienen de fuerzas armadas debe establecerse un tiempo antes de que se les prepare. La formación militar no permite en automático trabajar en seguridad pública. Casos como el de Tlatlaya lo han demostrado”, dijo.

Critican falta de transparencia

Organizaciones civiles reiteraron su critica a la falta de disposición del Senado para realizar un a discusión pública con la ciudadanía, sobre las leyes secundarias de la Guardia Nacional. La figura conocida como Parlamento Abierto.

Por ejemplo, la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum, calificó como un error el que se haya preferido discutir a puerta cerrada los dictámenes de unas leyes que son de importancia histórica.

“No es menor lo que esta sucediendo y nos debería de escandalizar profundamente, porque es una señal de retroceso democrático. Se estableció un compromiso con la sociedad civil que no se está cumpliendo. La paz debe ser producto del diálogo y no de imposiciones parlamentarias”, dijo.

Por su parte el colectivo #SeguridadSinGuerra también lamentó en un comunicado la falta de apertura para el diálogo, y el que se pretendan aprobar de manera exprés leyes secundarias para las cuales aún había tiempo de discutir, pues el límite para expedir la Ley de la Guardia vencía el 25 de mayo, y del resto hasta dentro de mes y medio.

Senadores consultados sobre estas críticas señalaron que sí se están tomando en cuenta todas las aportaciones de las organizaciones ciudadanas, y de instituciones especializadas como Naciones Unidas, Amnistía Internacional y la CNDH, pero consideraron que debido al poco tiempo que se tiene es que se optó por este mecanismo de mesa de trabajo privado, entre el legislativo y el ejecutivo.

Los senadores Damián Zepeda y Miguel Mancera señalaron por separado a este medio que están llevando a la mesa las preocupaciones de la sociedad, y que si bien Morena sólo requiere de una mayoría simple para sacar adelante las iniciativas, se está buscando construir un paquete legislativo de consenso.

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AFP

El 'silencio sepulcral' de Honduras y Guatemala ante el cambio de la política migratoria de México y EU

Miles de personas abandonaron Centroamérica en los últimos meses. Pero ante la "tragedia humanitaria", como algunos llaman al fenómeno, contrasta el silencio de dos de los países con mayor número de migrantes.
AFP
9 de julio, 2019
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Es una de las crisis migratorias más graves de la historia reciente. Según datos del gobierno de México, sólo en lo que va de año abandonaron Centroamérica más de 500,000 personas.

Pero la magnitud de la emergencia contrasta con la posición que asumen los países del Triángulo Norte; es decir, Honduras, Guatemala y El Salvador.

De esta región salió la mayor parte del éxodo hacia Estados Unidos. Hasta ahora sólo el gobierno de El Salvador ha expresado una posición clara sobre el problema.

La ministra de Relaciones Exteriores de ese país, Alexandra Hill Tinoco, reconoce a BBC Mundo que se trata de una “tragedia humanitaria”.

La solución, añade, corresponde a toda la región, incluidos México y Estados Unidos.

Pero en cambio, Guatemala y Honduras poco han dicho sobre el tema. Tampoco existe un posicionamiento claro sobre la nueva estrategia mexicana para controlar el ingreso de migrantes a su territorio.

La estrategia pretende restringir el ingreso de personas sin documentos migratorios, y para eso desplegó a miles de elementos de la Guardia Nacional formada por militares.

BBC Mundo pidió a las cancillerías de ambos países una posición ante la emergencia y las acciones de los gobiernos de México y EE.UU., pero no hubo respuesta.

“Silencio sepulcral”

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM) de México, la mayoría de las personas que abandonaron Centroamérica provienen de Honduras y Guatemala.

La embajadora mexicana en Estados Unidos, Martha Bárcena, dice que el número de migrantes que salieron de esos países en unos meses “equivale al 1% de su población”.

Guardia Nacional

AFP
México desplegó a 15.000 elementos de la Guardia Nacional en su frontera sur.

Por eso algunos critican el bajo perfil que mantienen ante la emergencia. Parece, coinciden analistas, que la emergencia por el éxodo migrante no es una prioridad para esos países.

Una explicación, dice Gabriel Orellana Rojas, exministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, son los problemas internos que enfrentan ambos gobiernos.

El presidente Jimmy Morales concluye en unos meses su mandato, marcado por acusaciones de corrupción, recuerda el excanciller.

También fue cuestionado por negarse a renovar la operación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo auspiciado por Naciones Unidas que, en sus 11 años en activo, cooperó con el Ministerio Público para desactivar algunas de las mayores redes de corrupción en el país.

A su vez el gobierno del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha sido señalado por la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, por supuesto narcotráfico y lavado de dinero.

Protestas Honduras

AFP
Desde hace meses Honduras padece una creciente ola de protestas en las calles.

Además, desde 2017, cuando se reeligió tras un cuestionado proceso, Hernández encara una creciente oposición que se expresa en marchas y protestas en las calles.

“Los dos enfrentan una situación en que posiblemente lo que les interesa es su sobrevivencia política”, dice el excanciller Orellana Rojas a BBC Mundo.

“Por eso guardan un silencio sepulcral, y lo van a mantener hasta que puedan salir airosos de esta situación, pero no como gobernantes sino como personas”.

Dinero de EE.UU.

Por otra parte, las relaciones entre EE.UU. con Guatemala y Honduras también vienen marcadas por la asistencia económica que el país del norte otorga a las naciones centroamericanas.

Parte de ese apoyo se envía a través del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.

Migración frontera sur

AFP
Desde hace semanas México endureció su política migratoria.

Es una estrategia regional que pretende arraigar a las personas en sus comunidades a través de empleos, mejores condiciones de seguridad y educación, por ejemplo.

Y además del plan existen otras iniciativas estadounidenses en cada país.

En El Salvador, por ejemplo, se financian programas para prevenir el reclutamiento forzado de adolescentes por las pandillas.

También se envían recursos a programas para prevenir la delincuencia y mejorar los organismos de justicia en Honduras.

Y para Guatemala, que recibe el mayor porcentaje de financiamiento estadounidense, el dinero se utiliza para programas para combatir la corrupción y en apoyo a jóvenes.

Según la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), el apoyo de EE.UU. en estos programas se concentran en acciones para prevenir la migración.

De acuerdo con información del Departamento de Estado estadounidense, esos fondos representan unos US$450 millones para este año.

Albergue Ciudad Juárez

AFP
Los albergues en la frontera norte de México están saturados.

Una cantidad menor a la que recibe Centroamérica por remesas. Según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), el año pasado el monto fue de US$22.500 millones.

La región tiene, recuerdan organizaciones civiles, una fuerte dependencia de Estados Unidos y es una de las explicaciones para la posición de algunos países ante la migración irregular.

“El problema es cómo desincentivamos la migración desde nuestros países”, le dice a BBC Mundo César Castillo, director del Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH).

“Se pueden endurecer las leyes como hizo Estados Unidos que ahora presiona a México y a Guatemala para que cierre sus fronteras. Pero la solución no pasa por allí. Hay que desarrollar a los países”.

“No culpamos a nadie”

Más allá del silencio oficial ¿qué han hecho los gobiernos del Triángulo Norte para atender la crisis migratoria?

Las autoridades de Honduras aumentaron la presencia de policías y militares en su frontera con Guatemala, como una forma de disuadir la salida de personas.

La primera dama Ana García de Hernández visitó algunos centros de detención de migrantes en Texas. Tras ver las condiciones de las prisiones recomendó a los hondureños no viajar sin visa a Estados Unidos.

Jimmy Morales

AFP
El presidente Jimmy Morales de Guatemala envió 1.000 policías a la frontera con México.

Mientras, el gobierno de Guatemala envió 1.000 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a la frontera con México.

La estrategia se llama “Operación gobernanza para la migración irregular”, y según la PNC la intención es verificar la documentación migratoria de quienes pretenden abandonar el país.

Y, en el caso de El Salvador, el plan es solucionar las causas que provocan la salida de personas, explica la ministra Hill Tinoco.

“No estamos en la posición de culpar a nadie” dice a BBC Mundo. “Es una responsabilidad compartida con los gobiernos de Estados Unidos, de México y de nuestros hermanos de las repúblicas de Honduras y Guatemala”.

Parte de la estrategia es el programa “Sembrando vida”, para emplear a cientos de personas en la plantación de árboles en grandes extensiones de El Salvador.

El proyecto es financiado por México, que aportó US$30 millones. Es parte del plan diseñado por la Cepal, para solucionar las causas que provocan la migración de Centroamérica.

“Hay medidas de corto plazo que vamos a hacer” explica Alexandra Tinoco.

“Hay una propuesta para trabajar con los países del Triángulo Norte y erradicar las causas estructurales que hacen que nuestra gente emigre por falta de oportunidades e inseguridad”.


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