Habitantes de Guerrero migran a EU para huir de la violencia del narco y pedir asilo
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Cuartoscuro

Habitantes de Guerrero migran a EU para huir de la violencia del narco y pedir asilo

Durante décadas, habitantes de Guerrero decidían migrar a Estados Unidos en busca de una mejor condición económica, pero ahora lo hacen para evitar las extorsiones, violencia y salvar su vida.
Cuartoscuro
Por Rebecca Plevin y Omar Ornelas (The Desert Sun)
16 de mayo, 2019
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Alfredo empezó a llorar cuando vio el cuerpo de su hijo de 19 años tirado sobre la sinuosa carretera de dos carriles que conecta Chilapa de Álvarez, su pueblo natal, con la capital del Estado de Guerrero.

Había estado buscando a su hijo Leonel durante dos días. Dijo que escuchó que la Policía Federal había detenido a Leonel y a tres de sus amigos tras salir de la escuela. Las personas que atestiguaron el incidente le dijeron a Alfredo que la policía los había subido a los cuatro en camionetas. Pero más allá de los rumores, Alfredo no sabía qué había pasado con su hijo.

Era el año 2015 y dos organizaciones criminales, Los Rojos y Los Ardillos, habían estado luchando por el control sobre Chilapa, una ciudad de cerca de 31 mil rodeada de exuberantes montañas verdes. Conforme a un recuento, la tasa de homicidios se había más que duplicado a lo largo del año anterior. Las principales bajas eran adolescentes y hombres jóvenes. Aún así mucha gente, desconfiada de la procuración de justicia, no reportaba los crímenes a las autoridades locales.

Especial: Desplazados del narco

Cuando su familia recibió una pista sobre la ubicación de Leonel, Alfredo, sus hermanos Martín y Jorge, y su padre subieron a un auto y salieron de prisa rumbo al oeste, siguiendo la carretera. A unos 6.5 kilómetros de Chilapa, encontraron el cuerpo de Leonel cerca de otros dos. Estaba boca arriba y llevaba una playera de manga corta, nos dijo Alfredo.

Al cabo de unos meses tras la muerte de Leonel, Alfredo llegó a una conclusión.

“Nosotros tomamos la decisión de salir, antes de que pasara algo más grave con nosotros”, narró Alfredo. “Porque ya lo habíamos visto con otras familias de que tú hablas algo, o dices algo, y arrasan con todos”.

chilapa

El municipio de Chilapa de Álvarez —el cual alguna vez fue un destino turístico popular— se ha convertido en un sitio sumamente peligroso para los visitantes, así como para los mismos pobladores por los altos índices de violencia.

Alfredo sabía a dónde ir: Estados Unidos, donde había vivido y trabajado sin papeles yendo y viniendo por lapsos a lo largo de seis años a finales de la década de 1990 y principios de la del 2000. En su primer viaje, cosechó espárragos y cerezas en el Valle Central de California. En viajes posteriores, trabajó en viveros y en granjas de árboles de navidad en Oregón.

Tras la muerte de Leonel, Alfredo consiguió una visa de trabajo temporal y partió hacia los Estados Unidos. La muerte de su hijo también fue factor para que por lo menos siete miembros de su familia extendida dejaran Guerrero. Alfredo vive ahora en el valle de Willamette en Oregón con sus dos hijas y su madre, que están buscando asilo. Martín, el hermano de Alfredo ganó un caso de asilo en 2018, tras afirmar que uno de los grupos criminales de Chilapa lo había puesto en la mira por su conexión familiar con Alfredo y Leonel. Martín, su esposa y sus dos hijos, que también buscan asilo, viven ahora en Oregón, a una distancia corta del departamento de Alfredo.

Lee: Lo perdieron todo, y ahora esperan que el gobierno cumpla: así viven los desplazados de Guerrero

Como la atención internacional se ha enfocado en las caravanas de migrantes centroamericanos que llegan a la frontera estadounidense en busca de asilo, el éxodo de personas que huyen de los efectos de la guerra del narcotráfico en México ha recibido menor notoriedad. Desde el año fiscal 2014, el número total de solicitudes de asilo político se ha disparado — más del triple. La tendencia ha sido aún más pronunciada para los centroamericanos y mexicanos. El número de solicitudes de asilo para esos países combinados se ha cuadruplicado durante el mismo período. A partir del 2007, el número de solicitudes de asilo adjudicadas a mexicanos ha aumentado casi 18 veces.

chilapa

La aparente tranquilidad de este idílico lugar en el estado de Guerrero se ve continuamente trastocada por los grupos criminales, al confrontarse por liderar el mercado de estupefacientes.

En 2018, fueron procesadas las solicitudes de asilo de 10,923 mexicanos, superadas tan sólo por El Salvador, con 12,002 solicitudes de asilo. Prácticamente una de cada cinco solicitudes de asilo de las procesadas en el 2018 vino de México.

Por décadas, personas como Alfredo y sus hermanos han dejado Guerrero, uno de los estados más pobres de México, principalmente por razones económicas. Los migrantes en su mayoría de baja capacitación trabajan en campos en California, o en restaurantes en Nueva York, sin autorización, y envían dinero a casa a sus familias. Pero el número de inmigrantes mexicanos no autorizados aprehendidos en la frontera suroeste ha disminuido constantemente desde el año 2004 y se ha estabilizado desde el 2014, de acuerdo con el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.

La mejoría en la economía mexicana, la aplicación más rigurosa de las leyes migratorias estadounidenses y una caída de largo plazo de la tasa de natalidad mexicana han contribuido al cambio, de acuerdo con el Migration Policy Institute, un instituto de investigación apartidista de Washington, D. C., enfocado en migración.

Pero un patrón migratorio mexicano distinto está emergiendo mientras que los homicidios alcanzaron una cifra récord de 33,341 en el 2018 y en tanto que más de 37 mil personas continúan desaparecidas en medio de la extensa guerra contra las drogas del país. La violencia es particularmente intensa en los estados sureños de Guerrero y Michoacán, dos de los cinco estados a los que dice el gobierno de los EU que los estadounidenses no deben viajar debido al crimen. En años recientes, la gente ha estado huyendo de Guerrero y Michoacán no sólo para mejorar sus vidas, sino para salvarlas.

chilapa

Jorge fue extorsionado, secuestrado, golpeado y condenado a muerte después de ser deportado de Estados Unidos y volver al estado de Guerrero. Muestra las radiografías de las lesiones que sufrió durante la paliza en donde lo dieron por muerto.

Desde principios del año pasado, los operadores de refugios para migrantes en Tijuana han visto un pronunciado incremento en las familias solicitantes de asilo de Guerrero y Michoacán. Pero es casi imposible determinar cuántos mexicanos que buscan asilo son de Guerrero. Un vocero de los Servicios de Inmigración y Naturalización de los EE.UU. dijo que la agencia recolecta las direcciones previas de los solicitantes de asilo, pero no retiene esta información en ninguna base de datos.

El Desert Sun rastreó los pasos de Alfredo y su familia desde Chilapa, a la frontera México-Estadounidense y hasta Oregón para contar la historia de cómo es vivir en Guerrero y que causa que la gente emigre. Las historias de tres hermanos — Alfredo, Martín y Jorge — capturan cómo la violencia está impulsando una nueva ola migratoria desde el suroeste mexicano. Sus experiencias también proveen una ventana a lo que está en juego para los solicitantes de asilo mexicanos, y para aquellos que se quedan atrás.

Lee: Familiares de desaparecidos en Guerrero recurren a niños en busca de pistas

‘Bastante imposible ganar asilo’

En el centro de detención de Florence, Arizona, un oficial de asilo entrevistó a Martín para determinar si había una posibilidad significativa de que fuera perseguido o torturado si volvía a México. Martín le dijo que estaba amenazado por los dos grupos criminales que peleaban el control sobre Chilapa.

“Fui extorsionado por ocho años por un cartel”, dijo Martín a través de un intérprete, de acuerdo con las notas de la entrevista de los oficiales de asilo. Martín compartió con The Desert Sun las notas que fueron parte de su solicitud de asilo. “Tenía que pagarles cada semana”.

Martín dijo que un grupo criminal amenazó a su familia porque estaban tratando de investigar la muerte de Leonel. Alfredo, que todavía tenía el hábito de no decir en voz alta los nombres de los grupos criminales, dijo que se sentía amenazado por ambos grupos, lo mismo que por los oficiales de la Policía Federal, los que él creía estaban trabajando con uno de los grupos.

Lee: Asesinan a jefe de la policía de Chilapa, Guerrero, durante fiestas patronales

“En 2015, la Policía Federal se llevó a uno de mis sobrinos y lo encontramos muerto 2-3 días más tarde”, dijo Martín, de acuerdo con las notas. “Por el tiempo en que reportamos a nuestro sobrino a la Policía Federal, luego empezamos a recibir amenazas de un grupo criminal”.

Martín pasó la entrevista y permaneció en el centro de detención de Florence.

Martín armó su caso estando detenido y actuó como su propio abogado en su proceso de asilo. Él presentó artículos de periódicos sobre la violencia en Chilapa. Apuntó hacia el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que fueron atacados en Iguala, Guerrero, unos 160 kilómetros al norte de Chilapa, en el 2014.  

chilapa

Chilapa se ha convertido en una de las ciudades más violentas del mundo, en donde los jóvenes son asesinados o presionados para engrosar las filas del crimen organizado.

De acuerdo con la Oficina sobre Latinoamérica de Washington, organización para la investigación y la defensoría enfocada en los derechos humanos en las Américas, los estudiantes fueron atacados por las policías municipal, estatal y federal en 2014, con el conocimiento del ejército. El gobierno mexicano ha fracasado para encontrar a los estudiantes o detener a los perpetradores, dice la WOLA

Los mexicanos que huyen de la violencia de los cárteles frecuentemente tratan de ganar asilo afirmando que fueron perseguidos por ser miembros de un grupo social en particular. Pero es “bastante imposible” ganar esos casos, dijo Tania Nunez Amador, una abogada migratoria de Culver City, California, especializada en asilo. Dijo que algunos mexicanos han tenido éxito al argumentar que su familia es un grupo amenazado — en el sentido de que ellos estaban amenazados por su relación familiar.

Otro reto para los mexicanos: Los jueces de asilo deben negar las peticiones de asilo si existe evidencia de que los solicitantes pudieran evitar la persecución futura mudándose a otra parte de su país. Así que los mexicanos deben probar que estarían en peligro si se mudaran a otra parte de la vasta nación, alrededor de tres veces el tamaño de Texas.

Ese “puede ser un argumento difícil de hacer frente a jueces que pueden haber viajado de vacaciones a México, un problema que Meade de la Universidad de San Diego llama “la maldición de la familiaridad” Él recuerda haber servido como testigo experto ante un juez que recientemente había regresado de unas vacaciones de playa en la ciudad de Zihuatanejo, en la costa guerrerense del Pacífico.

Recopilar la evidencia requerida para probar la persecución es otra batalla. Los jueces frecuentemente piden reportes policiales y pruebas de que la gente pidió repetidamente a las autoridades que investigaran los crímenes. Pero, como Martín y Alfredo, muchos en Guerrero no reportan los crímenes porque ven la aplicación de la justicia como ineficaz, corrupta o trabajando en conjunto con las organizaciones criminales.

Martín esperó la decisión del juez estando detenido. Recordó comer pequeñas cantidades de comida insípida a la que le faltaba variedad: pasta, vegetales, manzanas y, a diario, puré de papas. Dijo que perdió unos 18 kilos.

Entró en depresión. Los abogados migratorios que le asistieron en su caso le dijeron que tenía una pequeña oportunidad de ganar asilo — sólo cinco por ciento, dijo. Dos veces, le llamó a su familia para decirles que quería que lo deportaran. No podía soportar más el estar encerrado.

Pero al final, dijo, no tenía más opción que esperar.

“Lo hice por mi familia y por no volver a México”, dijo. “Porque si regresaba hubiera tenido que regresar solo, y ¿a qué estaría regresando? Al peligro en México y Chilapa”.

En su decisión de mayo del 2018, la juez migratoria Molly Frazer determinó que Martín había testificado creíblemente que enfrentaría persecución en el futuro, tanto de Los Rojos como de los Ardillos, si regresaba a Chilapa. Ella determinó que Martín había probado que ser de la familia de su hermano Alfredo era una razón central para la persecución por ambas organizaciones criminales. También encontró que Martín estaba incapacitado para solicitar protección del gobierno, dado que había testificado creíblemente que la familia había sido amenazada por tratar de reportar las circunstancias de la muerte de Leonel a los oficiales locales.

Ella ponderó las condiciones en México, encontrando que había evidencia de que las actividades  de los cárteles se extienden mucho más allá del tráfico de drogas adentrándose en el secuestro y la extorsión, y que la desaparición forzada y otros crímenes no siempre son adecuadamente castigados por el gobierno. Notó que en México, “los cárteles y pandillas están coaligados con ciertos oficiales corruptos”. Agregó que los crímenes frecuentemente no son reportados porque menos del 10% resultan en condenas.

chilapa

Jorge fue extorsionado, secuestrado y golpeado por organizaciones criminales después de ser deportado a Guerrero. Ahora vive escondido en un estado vecino.

El tres de mayo del 2018, Frazer le otorgó asilo a Martín. El Departamento de Seguridad Interna de los EE.UU. apeló la decisión, cuestionando si ella estaba en un error al determinar que Martín era perseguido sobre la base de estar relacionado con su hermano y su cuñada. Lo transfirieron a una prisión federal en Phoenix mientras su apelación se movía a través de las cortes.

El gobierno retiró su apelación en agosto. En ese punto, Martín fue liberado.

“Ni yo me la creia cuando me dijeron, ‘sabes qué, arréglate, porque vas para afuera,’”, recordó Martin. “Cuando migración me bajó en una central de autobuses de Phoenix, no me la creía”.

Hizo el viaje a Oregón para reunirse con su esposa y sus hijos, Alfredo y su familia, y su hermana y su familia. Tras haber sobrevivido las amenazas de muerte en México y 11 meses de detención, él se convirtió en uno de los 629 mexicanos que ganaron asilo durante el año fiscal 2018.

EL EQUIPO DETRÁS DE ESTA INVESTIGACIÓN

Reporteo e investigación: Rebecca Plevin, Omar Ornelas

Edición: Evan Wyloge, Kate Franco, Julie Makinen, Matt Solinsky

Fotografía: Omar Ornelas

Vídeos: Omar Ornelas, Bernardo Torres, Ricardo Ariza, Eric Chavelas

Edición de Vídeo: Vickie Connor, Scott Hall

Gráficos e ilustraciones: Veronica Bravo, James Sergent, Ramon Padilla

Producción y desarrollo digital: Annette Meade, Spencer Holladay, Andrea Brunty, Ryan Marx

Medios sociales, compromiso y promoción: Brian De Los Santos, Mary Bowerman

Traduccion: Andres Ocampo

Nota del editor: Varios de los sujetos que aparecen en estas historias nos otorgaron las entrevistas con la condición de que The Desert Sun no publicara sus nombres o fotografiara sus rostros por razones de seguridad. Los reporteros condujeron todas las entrevistas con los solicitantes de asilo y migrantes en español, y tradujeron sus citas para este reportaje. Más acerca de esta serie.

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El caso que puede cambiar cómo se juzgan las violaciones en EU

Por primera vez en Estados Unidos, un jurado convocado por ciudadanos decidirá si un encuentro sexual violento justifica presentar cargos de violación.
4 de octubre, 2021
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Los delitos sexuales son notoriamente difíciles de procesar en un juicio, pero una mujer en Kansas está usando una ley del siglo XIX para pedir a sus conciudadanos que la ayuden a presentar cargos contra el hombre que dice que la violó.

En 2018, Madison Smith alegó que un compañero de clase la atacó cuando era estudiante universitaria en Bethany College en Kansas. La joven denunció el caso como violación.

Sin embargo, el fiscal del condado se negó a presentar cargos de violación, diciendo que Smith simplemente había experimentado un encuentro sexual “inmaduro”. Su atacante fue condenado por agresión.

La decisión del fiscal del condado llevó a Smith, ahora de 23 años, a utilizar una ley estatal que data de 1887 para convocar a un “gran jurado ciudadano”.

Este jurado se reunió por primera vez el miércoles, en lo que se cree que es el primer caso de este tipo en Estados Unidos.

Qué hace este gran jurado

Por lo general, las autoridades que investigan los casos forman un gran jurado para determinar si hay pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial.

Este jurado, que se reune en secreto, no decidirá si el imputado es culpable o inocente, solo si se deben presentar cargos.

En entrevista con la BBC, Smith dijo que espera que el resultado anime a otras personas que creen que han sido víctimas de delitos sexuales y quieren presentar cargos. “Las víctimas tienen derechos”, dijo.

La mayoría de las mujeres no denuncian este tipo de delitos y, cuando se denuncian, el proceso no suele seguir adelante.

Madison Smith y su madre, Mandy.

Getty Images
Madison Smith y su madre, Mandy.

Según una investigación realizada en la Universidad de Massachusetts en Lowell, menos del 20% de las violaciones que se denuncian conducen a un arresto.

“Tenemos que cambiar la cultura ”, agregó Mandy, la madre de Madison.

Defensa del acusado

Sin embargo, el excompañero de clase acusado, Jared Stolzenburg, ahora también de 23 años, negó que la hubiera violado.

El joven fue acusado de agresión, de lo que se declaró culpable.

Le dijo a la BBC que lamentaba aquel encuentro, admitió que había sido duro y que erróneamente creyó que estaba todo bien. Pero, insistió, fue consensuado.

Lo que decida el gran jurado en ese condado del estado de Kansas tendrá consecuencias de gran alcance para ambos, tanto para el acusado como para la supuesta víctima, y quizás para el resto del país.

Los expertos dicen que el proceso iniciado por Smith podría sentar un precedente y que otras personas podrían querer convocar un gran jurado en casos relacionados con delitos sexuales.

Pero aquellos que no enfrentaron cargos pueden encontrarse, como Stolzenburg, en un purgatorio legal, esperando a ver si todavía podrían ser acusados.

Un encuentro que se convirtió en ataque

Smith estaba en su primer año en Bethany College, una pequeña escuela luterana a un par de cuadras de su casa, y solía pasar el rato con Stolzenburg y jugar juegos de mesa.

Una noche, en febrero de 2018, acabaron en el dormitorio de Stolzenburg. Se besaron y comenzaron a tener relaciones sexuales, le dijo Smith a la BBC. De repente, él la abofeteó, dice ella, luego la agarró por el cuello y, según ella, comenzó a violarla.

“Estaba tratando de quitar sus manos de mi cuello, y lo miré a los ojos, y tenía una mirada que nunca había visto antes”, dice. “No era la persona que yo pensaba que era mi amigo. Era una persona peligrosa”.

Smith cree que Stolzenburg intentó asesinarla.

Tenía tanto miedo, dijo, que pensó que lo mejor era dejar de luchar.

“Te quedas ahí y simplemente dejas que pase”, dice.

“Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir”.

Al describir lo sucedido esa noche, su voz era firme, como si estuviera contando cosas que le habían pasado a otra persona. Miraba a lo lejos mientras hablaba.

Protesta de mujeres en M'exico

Getty Images
Un estudio encontró que pelear o suplicar durante un episodio de agresión sexual puede, en algunas circunstancias, aumentar el riego de sufrir heridas físicas durante el abuso.

Smith acudió a la policía poco después, y luego de varias semanas la llamaron para ver a un fiscal del condado, Greg Benefiel.

Dejó en claro que quería presentar cargos, dice, pero Benefiel veía las cosas de forma diferente.

Benefiel dijo que no presentaría una acusación sexual contra Stolzenburg, y en su lugar pesentó cargos de agresión agravada. Benefiel no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

En 2020, Stolzenburg fue sentenciado a dos años de libertad condicional y tuvo que pagar US$790 en concepto de restitución, una suma que fue destinada a una junta de compensación de víctimas.

Un nuevo camino legal

Después de que el fiscal se negase a presentar cargos por violación, Smith decidió utilizar la antigua ley que le permitía convocar a un gran jurado. Su madre se había enterado de esta fórmula mientras escuchaba un podcast.

En la mayor parte de EE.UU., solo un juez o un fiscal tiene el poder de convocar a un jurado, pero Kansas, junto con Oklahoma, Nebraska y otros tres estados, permiten que los propios ciudadanos convoquen a uno.

Para hacerlo en Kansas, un residente del estado debe hacer circular una petición y recolectar cierta cantidad de firmas. El número varía de un condado a otro, pero se calcula en función del número de personas que votaron en las últimas elecciones a gobernador.

Quien encabeza la petición debe recolectar firmas que equivalgan al menos al 2% del número de votos, y 100 adicionales.

La petición de Smith fue publicada en bares y cafés de la ciudad y, después de varios meses, consiguió el número suficiente de ciudadanos que apoyaban su petición.

Grandes jurados anteriores

Los miembros de los grandes jurados se eligen entre personas que tienen licencia de conducir o están registradas para votar.

Los miembros actúan como agentes de policía, examinando pruebas. A veces, citan documentos del acusado. Otras veces, solo miran las pruebas que han reunido los agentes de policía.

Pancarta en protesta por los abusos sexuales

Getty Images
Hacer la denuncia inmediatamente y someterse a un examen médico no significa necesariamente que el agresor sea identificado y menos condenado.

Por eso, no llaman ni al acusador, ni al acusado ante ellos.

La ley de Kansas se remonta a 1887 y fue diseñada para garantizar que las personas que no tienen dinero o poder tengan la oportunidad de responsabilizar a alguien por sus acciones.

“Es una forma de asegurarse de que todos los ciudadanos tienen acceso al sistema legal”, dice John Mullen, profesor asociado de filosofía en Bethany College.

Los grandes jurados de ciudadanos en Kansas se han convocado anteriormente por el descontento con obras de arte expuestas en público, porque alguien consideraba que una escultura era indecente, o para exigir investigaciones sobre los médicos que realizan abortos.

Pero no parece que ningún gran jurado haya sido llamado alguna vez para decidir si presentar cargos por un delito sexual.

El jurado tiene 60 días para llevar a cabo su investigación en procedimientos cerrados y confidenciales.

Si se presentan cargos, el caso se manejaría como un asunto penal estándar.

El acusado se declara culpable o no culpable en un juicio con jurado tradicional.

Un debate sobre el consentimiento

Smith está ahora casada y trabaja como asistente médica en un centro de atención familiar. Se ha convertido en una figura reconocible en Lindsborg, su ciudad natal, un lugar apartado y rodeado de campos de trigo.

Sentada en un bar de Main Street unas noches antes de que se reuniera el gran jurado, reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos tres años.

“Intentó hacerme mucho daño, y de alguna manera lo hizo”, dice sobre Stolzenburg. “Pero también volví para pelear, y no creo que él lo viera venir”.

Mujer atemorizada

Getty

Algunos han aplaudido los esfuerzos de Smith para presionar por la convocatoria de un gran jurado ciudadano y creen que ayudará a fortalecer la determinación de otras mujeres que acudieron a la policía, tras sentirse violadas o agredidas sexualmente.

Caroline De Filippis, activista de Lindsborg, dice que las mujeres necesitan más protección. “Muchos casos de falta de consentimiento aún son desestimados, o ni siquiera llevados ante la justicia, porque no tienen ‘suficientes’ ”.

“La definición de consentimiento es todavía muy amplia”, agregó, “y no muestra una comprensión de lo que significa ser agredido sexualmente”.

Otros, sin embargo, advierten que se podría abusar fácilmente de este procedimiento. Laura Kipnis, autora de Unwanted Advances: Sexual Paranoia Comes to Campus (Avances no deseados: la paranoia sexual llega al campus), dijo que las investigaciones sobre delitos sexuales en el campus plantean una serie de problemas.

Los incidentes tienen lugar en privado y puede ser extremadamente difícil para los miembros de un gran jurado llegar a una conclusión. “Es casi imposible”, dice. “Están adivinando”.

Las investigaciones también pueden ser devastadoras para los hombres acusados, dice, incluso cuando son exonerados: “Sus vidas quedan destrozadas”.

La vida de Stolzenburg ciertamente ha cambiado.

Su voz en el teléfono es tensa y se nota que luchaba por contener las lágrimas.

Fue suspendido de Bethany después del ataque por violar el código estudiantil de la universidad y perdió su trabajo en una compañía discográfica.

“En ese entonces, tenía 19 años y era nuevo en el sexo y las relaciones sexuales”, dice. Sostiene que su agresión contra Smith fue un intento de representar una “escena sexual” que había visto en internet.

“Pensé que sería algo que podía intentar, y fui estúpido al hacerlo”, dice.


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