De 600 detenidos por huachicol, Fiscalía liberó al 56% por falta de evidencia
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Cuartoscuro Archivo

De 600 detenidos por huachicol, Fiscalía liberó al 56% por falta de evidencia

El presidente había responsabilizado a la ley por no contemplar al robo de combustible como “delito grave”, pero fueron los MP los que soltaron a la mayoría.
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13 de mayo, 2019
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El 7 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer al cumplirse dos meses de la estrategia de combate al “huachicol”, que fuerzas federales habían detenido a más de 600 personas por presunto robo de combustibles. Y acusó que solo 60 habían quedado en prisión por culpa de la ley que era “muy blanda” y no contemplaba a este delito como “grave”, lo que permitía a jueces liberarlos aun cuando fueran procesados.

Pero datos oficiales obtenidos por Animal Político, vía transparencia gubernamental, revelan que no fue esa la causa por la cual la mayoría de ellos quedó en libertad. Fue el propio Ministerio Público Federal el que ante la falta de evidencia de que fueran realmente “huachicoleros” liberó, por su cuenta, al 56.5% del total de los detenidos.

No solo eso. En varios casos donde sí se llevó ante el juez a los detenidos, los fiscales ni siquiera solicitaron la medida de prisión preventiva para ellos y, de hecho, de los 162 donde sí la solicitó, solo en 11 casos elaboró los perfiles periciales que contempla la ley para sustentar el riesgo de un presunto responsable, y justificar el hecho de que tenga que quedar preso.

La información a detalle de la Fiscalía General de la República (FGR) señala que, de diciembre de 2018  a febrero de 2019, fueron detenidas y presentadas ante el Ministerio Público Federal 655 personas por presunto robo de combustible, o delitos similares. De ese total, 72 terminaron bajo proceso y con la medida de prisión preventiva justificada, es decir, en prisión.

Se trata de un 10.9% del total de las personas detenidas. Estas cifras coinciden con las señaladas por el presidente en la conferencia del pasado 7 de febrero, sin embargo, es en las causas de la liberación de las personas aprehendidas donde está la diferencia.

¿Qué pasó entonces?

Los datos de la FGR arrojan que de las 655 personas que les pusieron a disposición del Ministerio Público (MP), éste determinó poner en libertad a 370 de ellas, que equivalen al 56.5% del total de los detenidos.

Se trata de casos donde el agente del MP consideró que no tenía elementos suficientes para sostener ante un juez la supuesta responsabilidad de la persona que le llevaron, en robo de hidrocarburos. Ante ello, la Fiscalía decide ponerlos en libertad, y en todo caso continuar por su cuenta con las investigaciones.

En cambio la FGR sí decidió llevar ante un juez a 281 detenidos, para tratar de que fueran procesados por robo de combustible. Esto es solo el 42.9% del total de las personas presentadas ante el MP.

De los que fueron llevados a tribunales, los fiscales consiguieron que el juez considerara que había datos de prueba suficientes para abrir proceso penal en contra de 215 de ellos. En tanto hubo 66 casos donde los presentados fueron liberados por el juez, al considerar que no había indicios suficientes para presumir su participación en actividades de “huachicoleo”.

Como se advierte de estos datos oficiales, apenas un 33% de los 655 detenidos -1 de cada 3 – terminaron vinculados a proceso por robo de combustible, paso previo a la imposición de una medida cautelar como es, por ejemplo, la prisión preventiva. Incluso aunque dicha medida cautelar de prisión ya hubiera sido automática para casos de “huachicoleo” (lo que el presidente denomina delito grave), no habría servido de nada pues las personas no fueron procesadas por falta de elementos.

Esto contrasta con la justificación que dio el presidente López Obrador en aquella conferencia de prensa, donde acusó que la libertad de los detenidos se debía a que el ilícito no era considerado “grave”, lo que significaba que no ameritaba prisión automática como medida cautelar.

“… la ley es muy laxa, muy blanda, por eso la reforma que está en el Congreso. Aprovecho para hacer el exhorto, la convocatoria, la invitación a los legisladores que ya aprueben las reformas para que sea delito grave. Sólo se han podido mantener alrededor de 60 presuntos responsables o culpables del robo, ese fue el informe que nos entregaron el día de hoy”, dijo entonces el presidente.

Pero como los datos oficiales muestran fue la falta de evidencia, y no la ley o “gravedad” del delito, lo que provocó que la mayoría de los detenidos por “huachicoleo” fueran liberados.

Sin argumentos ante el juez

La información proporcionada por la FGR evidencia además que los fiscales no solicitaron en todos los casos la prisión preventiva justificada para las personas detenidas. De los 215 vinculados a proceso solo la solicitó para 162 de ellos. En el resto prefirió otras medidas como la prohibición de no salir del país, el acudir a firmar periódicamente al juzgado, etc.

Y de los 162 casos en los que sí solicitó este recurso, apenas en 11 casos presentó un dictamen elaborado por su unidad de medidas cautelares, en los cuales justificara la necesidad de mantener privado de la libertad al presunto delincuente. Se trata apenas del 6.7% de los casos donde la había solicitado.

Cabe señalar que el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que para imponer la prisión preventiva el juez debe sustentar su decisión, a partir de un “análisis de evaluación de riesgo, mientras que el artículo 176 sostiene que el mismo debe ser elaborado por la unidad de “medidas cautelares”.

En julio de 2017 Animal Político reveló que a nivel federal dicha unidad no se había puesto en marcha, lo que le dificultaba para los fiscales el tener argumentos técnicos para sustentar la petición de prisión preventiva ante el juez, y a este concederla. Y aunque posteriormente se anunció su creación, autoridades federales han señalado que el funcionamiento de la misma es mínimo.

Pese a esta falta de argumentación los jueces federales concedieron la medida de prisión preventiva en 72 casos, como ya se dijo. Y en los casos donde los detenidos fueron procesados pero no se ordenó prisión preventiva, se establecieron medidas cautelares como la presentación periódica en el juzgado para firmar, pagos de fianzas y limitaciones para no salir de la entidad correspondiente.

Cabe señalar que con la reforma constitucional impulsada por el gobierno de López Obrador en materia de prisión preventiva oficiosa y que el Congreso ya aprobó, ahora no será necesario que los fiscales justifiquen la solicitud de prisión preventiva para los detenidos, pues los jueces ahora están obligados a imponerla en automático. Lo anterior siempre y cuando haya datos de prueba suficientes que permitan vincular a proceso a los detenidos.

Edomex e Hidalgo, con más detenciones

Los datos oficiales proporcionados por la FGR revelan los estados en donde se efectuaron las 655 detenciones por presunto robo de combustibles. La entidad donde más capturas se registraron fue el Estado de México con 173 de ellas, que equivalen al 26.4% del total.

Más atrás se encuentra Hidalgo, en donde se reportaron 87 personas detenidas y puestas a disposición del MP, que representan el 13.2% del total. Y después se ubica Tabasco con 86 personas detenidas, que equivalen al 13.1%.

Los siguientes estados con mayor registro de detenidos por presunto robo de combustible fueron Puebla con 45 personas aseguradas; Querétaro con 42; Guanajuato con 40; Sonora con 35 y Veracruz con 24. Se trata en todos los casos de entidades en donde se ubican ductos o estaciones de Petróleos Mexicanos.

Hay siete estados donde no se reportó ninguna detención: Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Guerrero, Quintana Roo, San Luis Potosí y Zacatecas.

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Los desconocidos casos de bebés y niños secuestrados durante el régimen militar de Brasil

A diferencia de países vecinos como Argentina, donde las causas judiciales por apropiación de niños durante los gobiernos militares llevan años, Brasil aún no parece haber explorado esta parte de su pasado.
4 de mayo, 2022
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Desde hace al menos una década, Rosângela Serra Paraná busca a sus padres biológicos.

Es víctima de un crimen de Estado poco conocido: el secuestro de bebés y niños de activistas que se opusieron al régimen militar en las décadas de 1960, 1970 y 1980 en Brasil.

Rosângela fue apropiada ilegalmente por una familia militar en la década de 1960 y solo descubrió su condición mucho después, durante una discusión con miembros de la familia.

Once de los 19 casos conocidos de secuestros de niños durante el régimen militar están vinculados a miembros de Araguaia, un movimiento guerrillero de oposición que se desarrolló entre fines de la década de 1960 y 1974 en la región amazónica, en la confluencia de los estados de Pará y el actual Tocantins.

Estas 11 víctimas son hijos de guerrilleros y campesinos que dieron cobijo al movimiento.

Los secuestros de niños ocurrieron en la primera mitad de la década de 1970, durante los gobiernos de los generales-presidentes Emílio Garrastazu Médici y Ernesto Geisel.

Los 19 casos están enumerados en el libro de reportajes Cativeiro sem fim (“Cautiverio sin fin”), escrito por mí.

Contactados en el momento de la escritura del libro, el Ministerio de Defensa y los comandos del Ejército y Fuerza Aérea no respondieron a la solicitud de información.

En una entrevista en un libro publicado el año pasado, el general Eduardo Villas Bôas dijo que los informes sobre los secuestros de bebés durante el régimen militar “carecen de verosimilitud“.

En busca de padres biológicos

“Vivo en una pesadilla todos los días, pensando que mi madre podría estar viva, necesitándome”, dice Rosângela Serra Paraná.

“Hoy vivo con la angustia de no saber quién soy, cuántos años tengo y ni siquiera saber quiénes fueron mis padres”, agrega.

La mujer fue apropiada por Odyr de Paiva Paraná, miembro de una familia militar en Río de Janeiro.

La familia dice que la bebé fue adoptada en 1963.

Un acta de nacimiento da como fecha de nacimiento el 1 de octubre de 1963. Pero la inscripción se hizo en el registro civil el 22 de septiembre de 1967.

En el documento elaborado en el Registro Civil de Catete, Rio de Janeiro, consta que Rosângela es hija ilegítima de Odyr y Nilza.

El documento no proporciona el nombre de los padres biológicos. Nilza, según su familia, no podía tener hijos.

Rosângela Serra Paraná en la actualidad.

Archivo personal
Rosângela Serra Paraná en la actualidad.

Odyr es conductor de profesión.

Según Rosângela, su padre adoptivo trabajaba como chofer del general Ernesto Geisel.

“Tenía un gran auto negro que siempre estaba limpiando”, recuerda.

El acta de nacimiento de Rosângela da como lugar de nacimiento una propiedad en Rua Marquês de Abrantes, 160, Flamengo, Rio de Janeiro.

La propiedad pertenece a Rio Previdência, una entidad de empleados estatales, que la compró en 1958, según consta en el certificado de propiedad.

La misma partida de nacimiento tiene dos testigos. Uno de ellos es Alcindo Quintino Ribeiro, propietario de un inmueble donde vivía la familia Serra Paraná.

El otro es Paulo Cardoso de Oliveira, chofer de profesión, como Odyr. La dirección de residencia del testigo, sin embargo, no existe.

El padre de Odyr, Arcy Paraná, estaba en el ejército. Según el Boletín Oficial, alcanzó el grado de sargento. En la década del 50 fue ascendido y comenzó a trabajar en el sector administrativo de las fuerzas militares.

Los casos de Juracy y Miracy

En la región guerrillera de Araguaia, a principios de la década de 1970, los militares secuestraron a dos niños de una misma familia.

El primero, Juracy Bezerra de Oliveira, fue un error de las fuerzas militares.

El objetivo era Giovani, hijo de uno de los líderes guerrilleros, Osvaldo Orlando da Costa, alias Osvaldão, con una mujer llamada María.

En 1972 o 1973, Juracy tenía unos 7 años. Los militares pensaron que era el verdadero hijo del guerrillero Osvaldão con Maria Viana da Conceição. Pero la madre de Juracy era Maria Bezerra de Oliveira y su padre, Raimundo Mourão de Lira.

La confusión en el secuestro se habría dado porque los militares buscaban a un niño moreno, de entre 6 y 8 años, hijo de una mujer blanca, de cuerpo grande y ojos claros, de nombre María.

José Vieira es hijo de un campesino al que mataron los militares.

Eduardo Reina/BBC
José Vieira es hijo de un campesino al que mataron los militares.

Encontraron a la madre de Juracy con las mismas características y se llevaron al niño.

Terminó siendo apropiado por el teniente del Ejército Antônio Essílio Azevedo Costa, quien lo inscribió en una notaría como si fuera su hijo legítimo y vivió con la familia del militar durante muchos años.

“Un día llegaron y me llevaron. Mi madre ni me acuerdo qué hizo. Yo era un niño cuando me llevó el Ejército. Estuve 15 días en el bosque”, contó.

El secuestrado quedó con una mano deformada debido a las quemaduras que sufrió. Dice que los soldados decidieron castigarlo por pensar que su padre había matado a un militar.

Más tarde, en la ciudad de Fortaleza, Juracy fue criado por la madre del teniente Antônio Essílio.

A principios de la década de 2000, decidió regresar a la región de Araguaia, todavía pensando que era el hijo de Osvaldão.

Al llegar, conoció a Antônio Viana da Conceição y descubrió su verdadera historia.

Se reencontró con su madre biológica, Maria Bezerra de Oliveira, cuando descubrió que su hermano, Miracy, también había sido secuestrado por militares.

Hoy vive en una isla en medio del río Araguaia.

Juracy Bezerra de Oliveira con su madre biológica, María Bezerra de Oliveira.

Archivo personal
Juracy Bezerra de Oliveira con su madre biológica, María Bezerra de Oliveira.

El hermano de Juracy, Miracy, tenía piel clara y ojos claros, a diferencia de su hermano.

Fue llevado por el sargento João Lima Filho a la ciudad de Natal, en Rio Grande do Norte, también en 1972 o 1973.

Años después, Juracy y su madre, Maria Bezerra de Oliveira, fueron a buscar a Miracy. Pero no encontraron rastro del sargento que se lo llevó; tampoco obtuvieron información en el cuartel del ejército en Natal sobre el paradero del militar.

Otros secuestros

Después del secuestro por error de Juracy, los militares encontraron a Giovani, hijo de Osvaldão y Maria Viana da Conceição.

El niño tenía entre 4 y 5 años cuando fue secuestrado, según otro de los hijos de Maria, Antônio Viana da Conceição.

El secuestro ocurrió en 1973, en la ciudad de Araguaína, actual Tocantins.

La existencia de este hijo de guerrillero en Araguaia también es revelada por Sebastião Rodrigues de Moura, Mayor Curió, ahora militar retirado y responsable de la cacería de guerrilleros a partir de 1973 en Araguaia.

Se desconoce el paradero de Giovani.

También en Araguaia fue secuestrada Lia Cecília da Silva Martins, hija del guerrillero Antônio Teodoro de Castro, conocido como Raúl.

Lia fue llevada a un orfanato que pertenecía a un teniente de la Fuerza Aérea en Belém do Pará. Fue adoptada por una pareja que trabajaba en la entidad.

Seis niños campesinos también fueron separados de sus familias biológicas y llevados a cuarteles del ejército, de donde luego fueron liberados: José Vieira; Antônio José da Silva, Antoninho; José Wilson de Brito Feitosa, Zé Wilson; José de Ribamar, Zé Ribamar; Osniel Ferreira da Cruz, Osnil; y Sebastião de Santana, Sebastiãozinho.

Solo se localizó a José Vieira. Es hijo de Luiz Vieira, agricultor de subsistencia y residente de la región de São Domingos do Araguaia. Luiz fue asesinado por las fuerzas militares.

Gente caminando en São Paulo

Getty Images
Se desconoce el número de bebés que fue secuestrado.

También hubo casos de secuestro de bebés y niños en Paraná, Pernambuco y Mato Grosso.

Las respuestas de los militares

Cuando investigaba en 2018 para mi libro, el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Fuerza Aérea no respondieron a las preguntas enviadas.

El Ministerio de Defensa sugirió que se enviaran nuevas solicitudes a dichas instituciones, alegando que la información solicitada debía estar custodiada bajo el mando de estos cuerpos militares.

El Ejército respondió: “La Institución aclara que no tiene nada que informar al respecto”.

La Fuerza Aérea afirmó que “el 16 de noviembre de 2009, la Procuraduría General de Justicia Militar manifestó interés en analizar los documentos producidos y acumulados por el Comando de la Fuerza Aérea, desde 1964 hasta 1985”.

“En ese sentido, el 3 de febrero de 2010, la colección, que contiene 212 cajas con 49.867 documentos, fue recolectada de la Coordinación Regional del Archivo Nacional del Distrito Federal (COREG), donde se encuentran en dominio público”, agregó.

El año pasado, en una entrevista publicada en el libro “General Villas Bôas-Conversación con el Comandante”, de Celso Castro, de la Fundação Getúlio Vargas, el militar cuestionó que realmente ocurrieran secuestros de niños durante la dictadura.

“Recientemente alguien vinculado a los derechos humanos trajo un tema que yo nunca había escuchado, que un centenar de niños habían sido secuestrados y arrebatados a sus padres”, afirmó Villas Bôas.

“Esta y otras narrativas, como una supuesta masacre de indígenas, en la apertura de la carretera que une Manaus con Boa Vista, carecen de verosimilitud y contribuyen a la falta de exención en la conclusión de las investigaciones”, agregó.


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