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Cuartoscuro Archivo
De 600 detenidos por huachicol, Fiscalía liberó al 56% por falta de evidencia
El presidente había responsabilizado a la ley por no contemplar al robo de combustible como “delito grave”, pero fueron los MP los que soltaron a la mayoría.
Cuartoscuro Archivo
13 de mayo, 2019
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El 7 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer al cumplirse dos meses de la estrategia de combate al “huachicol”, que fuerzas federales habían detenido a más de 600 personas por presunto robo de combustibles. Y acusó que solo 60 habían quedado en prisión por culpa de la ley que era “muy blanda” y no contemplaba a este delito como “grave”, lo que permitía a jueces liberarlos aun cuando fueran procesados.

Pero datos oficiales obtenidos por Animal Político, vía transparencia gubernamental, revelan que no fue esa la causa por la cual la mayoría de ellos quedó en libertad. Fue el propio Ministerio Público Federal el que ante la falta de evidencia de que fueran realmente “huachicoleros” liberó, por su cuenta, al 56.5% del total de los detenidos.

No solo eso. En varios casos donde sí se llevó ante el juez a los detenidos, los fiscales ni siquiera solicitaron la medida de prisión preventiva para ellos y, de hecho, de los 162 donde sí la solicitó, solo en 11 casos elaboró los perfiles periciales que contempla la ley para sustentar el riesgo de un presunto responsable, y justificar el hecho de que tenga que quedar preso.

La información a detalle de la Fiscalía General de la República (FGR) señala que, de diciembre de 2018  a febrero de 2019, fueron detenidas y presentadas ante el Ministerio Público Federal 655 personas por presunto robo de combustible, o delitos similares. De ese total, 72 terminaron bajo proceso y con la medida de prisión preventiva justificada, es decir, en prisión.

Se trata de un 10.9% del total de las personas detenidas. Estas cifras coinciden con las señaladas por el presidente en la conferencia del pasado 7 de febrero, sin embargo, es en las causas de la liberación de las personas aprehendidas donde está la diferencia.

¿Qué pasó entonces?

Los datos de la FGR arrojan que de las 655 personas que les pusieron a disposición del Ministerio Público (MP), éste determinó poner en libertad a 370 de ellas, que equivalen al 56.5% del total de los detenidos.

Se trata de casos donde el agente del MP consideró que no tenía elementos suficientes para sostener ante un juez la supuesta responsabilidad de la persona que le llevaron, en robo de hidrocarburos. Ante ello, la Fiscalía decide ponerlos en libertad, y en todo caso continuar por su cuenta con las investigaciones.

En cambio la FGR sí decidió llevar ante un juez a 281 detenidos, para tratar de que fueran procesados por robo de combustible. Esto es solo el 42.9% del total de las personas presentadas ante el MP.

De los que fueron llevados a tribunales, los fiscales consiguieron que el juez considerara que había datos de prueba suficientes para abrir proceso penal en contra de 215 de ellos. En tanto hubo 66 casos donde los presentados fueron liberados por el juez, al considerar que no había indicios suficientes para presumir su participación en actividades de “huachicoleo”.

Como se advierte de estos datos oficiales, apenas un 33% de los 655 detenidos -1 de cada 3 – terminaron vinculados a proceso por robo de combustible, paso previo a la imposición de una medida cautelar como es, por ejemplo, la prisión preventiva. Incluso aunque dicha medida cautelar de prisión ya hubiera sido automática para casos de “huachicoleo” (lo que el presidente denomina delito grave), no habría servido de nada pues las personas no fueron procesadas por falta de elementos.

Esto contrasta con la justificación que dio el presidente López Obrador en aquella conferencia de prensa, donde acusó que la libertad de los detenidos se debía a que el ilícito no era considerado “grave”, lo que significaba que no ameritaba prisión automática como medida cautelar.

“… la ley es muy laxa, muy blanda, por eso la reforma que está en el Congreso. Aprovecho para hacer el exhorto, la convocatoria, la invitación a los legisladores que ya aprueben las reformas para que sea delito grave. Sólo se han podido mantener alrededor de 60 presuntos responsables o culpables del robo, ese fue el informe que nos entregaron el día de hoy”, dijo entonces el presidente.

Pero como los datos oficiales muestran fue la falta de evidencia, y no la ley o “gravedad” del delito, lo que provocó que la mayoría de los detenidos por “huachicoleo” fueran liberados.

Sin argumentos ante el juez

La información proporcionada por la FGR evidencia además que los fiscales no solicitaron en todos los casos la prisión preventiva justificada para las personas detenidas. De los 215 vinculados a proceso solo la solicitó para 162 de ellos. En el resto prefirió otras medidas como la prohibición de no salir del país, el acudir a firmar periódicamente al juzgado, etc.

Y de los 162 casos en los que sí solicitó este recurso, apenas en 11 casos presentó un dictamen elaborado por su unidad de medidas cautelares, en los cuales justificara la necesidad de mantener privado de la libertad al presunto delincuente. Se trata apenas del 6.7% de los casos donde la había solicitado.

Cabe señalar que el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que para imponer la prisión preventiva el juez debe sustentar su decisión, a partir de un “análisis de evaluación de riesgo, mientras que el artículo 176 sostiene que el mismo debe ser elaborado por la unidad de “medidas cautelares”.

En julio de 2017 Animal Político reveló que a nivel federal dicha unidad no se había puesto en marcha, lo que le dificultaba para los fiscales el tener argumentos técnicos para sustentar la petición de prisión preventiva ante el juez, y a este concederla. Y aunque posteriormente se anunció su creación, autoridades federales han señalado que el funcionamiento de la misma es mínimo.

Pese a esta falta de argumentación los jueces federales concedieron la medida de prisión preventiva en 72 casos, como ya se dijo. Y en los casos donde los detenidos fueron procesados pero no se ordenó prisión preventiva, se establecieron medidas cautelares como la presentación periódica en el juzgado para firmar, pagos de fianzas y limitaciones para no salir de la entidad correspondiente.

Cabe señalar que con la reforma constitucional impulsada por el gobierno de López Obrador en materia de prisión preventiva oficiosa y que el Congreso ya aprobó, ahora no será necesario que los fiscales justifiquen la solicitud de prisión preventiva para los detenidos, pues los jueces ahora están obligados a imponerla en automático. Lo anterior siempre y cuando haya datos de prueba suficientes que permitan vincular a proceso a los detenidos.

Edomex e Hidalgo, con más detenciones

Los datos oficiales proporcionados por la FGR revelan los estados en donde se efectuaron las 655 detenciones por presunto robo de combustibles. La entidad donde más capturas se registraron fue el Estado de México con 173 de ellas, que equivalen al 26.4% del total.

Más atrás se encuentra Hidalgo, en donde se reportaron 87 personas detenidas y puestas a disposición del MP, que representan el 13.2% del total. Y después se ubica Tabasco con 86 personas detenidas, que equivalen al 13.1%.

Los siguientes estados con mayor registro de detenidos por presunto robo de combustible fueron Puebla con 45 personas aseguradas; Querétaro con 42; Guanajuato con 40; Sonora con 35 y Veracruz con 24. Se trata en todos los casos de entidades en donde se ubican ductos o estaciones de Petróleos Mexicanos.

Hay siete estados donde no se reportó ninguna detención: Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Guerrero, Quintana Roo, San Luis Potosí y Zacatecas.

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Rafael Correa sobre el arresto de Julian Assange: Es una de las traiciones más grandes en la historia latinoamericana
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, arremetió contra el actual mandatario del país, Lenín Moreno, en su análisis sobre la detención del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
12 de abril, 2019
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Una venganza personal y una traición. En estos términos califica el expresidente de Ecuador Rafael Correa la expulsión del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, de la embajada ecuatoriana en Londres y su posterior arresto este jueves.

Correa señala directamente al actual presidente de su país, Lenín Moreno, como responsable de “una de las traiciones más grandes de la historia latinoamericana”.

En entrevista concedida a la BBC en Bruselas, Bélgica, Correa afirmó que la detención de Assange no le sorprende, aunque sí le resulta increíble “la brutalidad con la que se llevó a cabo”.

Cuestión de horas

“La suerte de Julian Assange ya estaba echada”, dijo Correa, que presidió Ecuador de 2007 a 2017.

“Desde el inicio de su gobierno, Lenín Moreno negoció con Estados Unidos la entrega de Julian Assange; eso ya se sabe, no es opinión, hay pruebas.

“Cuando recibió a Paul Manafort (exconsejero de Donald Trump) el 30 de mayo de 2017, testigos presenciales dicen que el mismo Lenín Moreno ofreció entregar a Julian Assange a cambio de que EE.UU. le dé ayuda financiera.

“Luego recibió al vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, el año pasado y acordaron tres cosas: aislar a Venezuela, dejar en la impunidad a Chevron y sacar a Julian Assange de la embajada de Ecuador”, señaló.

Mike Pence y Lenín Moreno

Getty Images
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visitó Ecuador en junio de 2018.

“Lenín Moreno es una marioneta de Estados Unidos”, denunció el exmandatario.

Caso de corrupción

Para Correa, el elemento que terminó por acelerar el desenlace de este jueves fue la difusión por parte de WikiLeaks de los Papeles INA, un caso de corrupción que supuestamente involucra a Moreno y su familia.

“El último factor fue que WikiLeaks publicó hace unos días un caso de corrupción muy serio que implica a la familia de Lenín Moreno y al propio Lenín Moreno”, señaló el exmandatario.

“Es el final para él, terminará en la cárcel. Por eso, por venganza, quiso sacar a Assange de la embajada antes de salir del gobierno”.

Respeto al derecho internacional

Correa reveló que durante su presidencia, el gobierno ecuatoriano mantuvo conversaciones sobre el caso Assange, también con Suecia, “en el más estricto marco de respeto mutuo”.

“Somos -o éramos- un país soberano, no teníamos que pedir permiso a nadie para otorgar un asilo”, expuso.

Julian Assange, fundador de WikiLeaks

Getty Images
El asilo a Julian Assange en la embajada de Ecuador lo concedió el gobierno de Rafael Correa en junio de 2012.

“Jamás hemos querido impedir la marcha de la justicia, como se quiso decir en un momento. Suecia siempre pudo interrogar a Julian Assange en la embajada, como finalmente lo hizo, pero después de muchos años”.

El exmandatario contó que su gobierno revisó el caso de Assange durante dos meses antes de concederle el asilo en junio de 2012 y explicó por qué lo aprobaron.

“No estuvimos de acuerdo con todo lo que (Assange) hizo. Por ejemplo, creo que los países sí necesitan mantener alguna información confidencial.

“Lo que quisimos impedir después de estudiar su caso es que lo extraditaran a EE.UU. donde los halcones norteamericanos querían juzgarlo con una ley que incluía la pena de muerte.

“No tenía posibilidades de un juicio justo y podía exponerse a la pena de muerte, lo cual contradice la Constitución ecuatoriana, contradice el sistema interamericano de derechos humanos, la Convención de San José, y contradice todos los instrumentos de derechos humanos”, subrayó.

Qué pasará con Assange

El expresidente ecuatoriano le dijo a la BBC que, durante su gobierno, tanto Reino Unido como Estados Unidos no se atrevieron a presionarle a él directamente, aunque sí hubo conversaciones entre cancilleres y embajadores.

Rafael Correa, expresidente de Ecuador

BBC
Rafael Correa ve inevitable la extradición de Julian Assange a Estados Unidos.

“El gobierno británico fue muy arrogante, no quisieron ser flexibles. La solución estaba en sus manos, que le hubieran dado un salvoconducto para que abandonara la embajada”, opinó.

En cuanto a lo que pasará con el fundador de WikiLeaks a partir de ahora, Correa tiene una imagen bastante clara: “Yo creo que va a ser extraditado, espero que no lo sea, pero no veo otra opción. Para eso lo sacaron de la embajada, para entregárselo a los estadounidenses”.

*La entrevista fue realizada por Bruno Boelpaep, periodista de la BBC en Bruselas.


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