La Ley de Uso de la Fuerza: ¿Qué reglas contiene y qué derechos deja fuera?
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La Ley de Uso de la Fuerza: ¿Qué reglas contiene y qué derechos deja fuera?

Es la primera ley nacional de uso de la fuerza. Incluye obligaciones para policías y militares, pero también deja fuera derechos como el de una indemnización para víctimas.
Cuartoscuro Archivo
23 de mayo, 2019
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Por primera vez México tiene una Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Su objetivo es establecer las reglas generales sobre cómo deben actuar los agentes al realizar detenciones, enfrentar a posibles delincuentes o atender manifestaciones. Sus disposiciones aplican a todos los policías del país, a los elementos de la recién creada Guardia Nacional, y a las fuerzas armadas que participen en seguridad.

Entre las cosas que define se encuentran cinco niveles de uso de la fuerza, que deben seguir las autoridades dependiendo de la resistencia que encuentren, la obligación de realizar un reporte de su actuación, y la opción (pero no obligación) de videograbar operativos. También establece el catálogo de armas que pueden usar las autoridades, y las divide en dos grupos: “menos letales” y “letales”.

Pero la ley aprobada también dejó fuera algunas peticiones de organismos internacionales y activistas, que se habían incluido en una primera iniciativa presentada en febrero. Por ejemplo, se eliminó el derecho a una indemnización a la que tendrían derecho las víctimas de uso excesivo de la fuerza, o la obligación para las corporaciones de contratar un seguro que cubra daños colaterales por la misma situación.

En un comunicado, un colectivo de diversas ONG expresó su preocupación por diversos puntos de la ley, entre ellos el que se condicione el control de manifestaciones a un “objeto lícito” que no se define.

A continuación, Animal Político detalla los puntos clave de lo que contiene y lo que quedó fuera de esta ley, que esta misma semana será ratificada como está por la Cámara de Diputados, para que entre en vigor.

¿Quién está obligado a respetar esta ley?

De acuerdo con el artículo, la ley aplica para todas las fuerzas de seguridad pública del país, para los elementos de la Guardia Nacional, y también para los efectivos de las Fuerzas Armadas que participen en tareas de apoyo policial durante los siguientes cinco años.

La responsabilidad en el uso de la fuerza – y los excesos si se presentan –  competen tanto a los elementos que directamente la ejercen, así como a sus superiores jerárquicos. El artículo 32 señala expresamente que hay responsabilidad de los superiores jerárquicos cuando sus subordinados incurran en abusos, y no lo impidan o denuncien.

¿Qué es el uso legítimo de la fuerza?

El uso de la fuerza se define como la “inhibición por medios mecánicos o biomecánicos, de forma momentánea o permanente, de una o más funciones corporales que lleva a cabo una persona autorizada por el Estado sobre otra, siguiendo los procedimientos y protocolos que establece la norma”.

Para que ese uso sea legítimo, se debe regir por los principios de “absoluta necesidad, legalidad prevención, proporcionalidad y rendición de cuentas”. Además el artículo 5 recalca que dicho uso se hará “en todo momento con respeto a los derechos humanos”.

Los niveles de uso de la fuerza, de la menor a la más grave

Se contemplan cinco niveles de uso de la fuerza: desde la mera presencia de la autoridad, pasando por la persuasión verbal hacia un agresor o infractor, hasta el uso de fuerza letal que puede matar a la persona a la que se enfrenta.

Este uso de la fuerza debe ser proporcional al nivel de resistencia que muestre el agresor. El uso de fuerza letal debe corresponder a una amenaza letal inminente, que el artículo 7 define como el apuntar con un arma de fuego o amenazar con un arma punzocortante a un agente de la autoridad, o a una víctima.

Los cinco niveles de uso de la fuerza son: presencia de la autoridad, persuasión o disuasión verbal, reducción física de movimientos, utilización de armas incapacitantes menos letales, y utilización de armas de fuego o fuerza letal.

Réplicas de armas son consideradas como amenazas letales

El apuntar a un agente o a una víctima con un arma réplica será considerado como una amenaza con arma letal, debido a la imposibilidad de verificar en el momento si es real o no. Por lo anterior, habilita la posibilidad de una respuesta letal de parte de la autoridad.

¿Cuáles son las armas que se pueden utilizar?

El artículo 15 de la ley divide en dos grupos el tipo de armamento o utensilios que pueden utilizar los agentes de la autoridad.

El primer grupo son las “armas incapacitantes menos letales”, y ahí se contemplan el bastón “PR-24” o tolete, los dispositivos que generan descargas eléctricas, esposas o candados de mano, sustancias irritantes en aerosol y mangueras de agua a presión.

Esto significa que elementos como cañones de aturdimiento o balas de goma no están permitidos.

El segundo grupo son las “armas letales” y comprende el uso de armamento permitido dentro de la Ley Federal de Armas de Fuego Explosivos. Cabe recordar que las corporaciones de policía y Guardia Nacional pueden usar armas cortas, largas y semiautomáticas, pero otras de mayor poder o automáticas son de uso exclusivo de fuerzas armadas.

Uso de la fuerza en detenciones

El artículo 22 establece que se debe buscar no causar daño a la persona que se va a detener, a menos que la situación no lo permita por un alto nivel de amenaza. Se recalca que el uso de la fuerza debe ser “racional, subsidiario y proporcional”. Se debe privilegiar la seguridad -en ese orden- de personas no involucradas, de los agentes y de la persona a detener.

Se prohíben expresamente tratos denigrantes, abuso de autoridad y tortura.

El artículo 25 establece que las detenciones “podrán ser registradas en medios audiovisuales”, pero no lo fija como una obligación. En el caso de operativos también se establece que es “legal” videograbarlos, pero no es una situación forzosa.

Deberá haber un informe de uso de la fuerza

El artículo 32 señala que cada vez que los integrantes de instituciones de seguridad hagan uso de la fuerza deben realizar “un reporte pormenorizado a su superior” de lo ocurrido. Entre otras cosas dicho informe deberá contener el nombre del agente, nivel de fuerza utilizado, y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos.

En el caso de que se utilizaran armas letales, debe profundizarse en las razones de uso de ese armamento, el número de disparos realizados, y el registro de personas lesionadas o fallecidas.

Además de ello, las distintas instituciones de seguridad deben realizar “informes públicos anuales” que involucren el uso de la fuerza.

Registro obligatorio del armamento

El artículo 17 ordena que las instituciones de seguridad cuenten con una base de datos que contenga el registro detallado de las huellas y las características que impriman los proyectiles u ojivas, las estrías o rayado helicoidal de las armas de fuego bajo su resguardo; así como de las armas y equipo asignado a cada agente.

¿Qué capacitación deben tener los agentes que usan la fuerza?

El artículo 18 señala que las instituciones deben contar con elementos aptos y capaces de acuerdo a lo que ya marca la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y deben ser evaluados periódicamente.

En tanto el artículo 40 señala 17 temas distintos que deben abordarse en la capacitación de los agentes, de acuerdo con estándares nacionales e internacionales, y que van desde la doctrina policial, hasta el manejo de multitudes y el respeto a derechos humanos.

La ley aprobada elimina una iniciativa presentada por el senador Miguel Mancera, una batería especifica de seis exámenes que los agentes que usan la fuerza deberían de haber aprobado.

Armas prohibidas contra manifestaciones “pacíficas y lícitas”

La ley prohíbe expresamente el uso de armas en general en contra de lo que define como “manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito”. La actuación de la autoridad debe limitarse a la protección tanto de manifestantes como de derechos de terceros. La excepción a esto ocurrirá cuando una protesta se torne violenta.

“Cuando las manifestaciones o reuniones públicas se tornen violentas, las policías deberán actuar de acuerdo a los distintos niveles de fuerza establecidos en esta Ley”, indica el artículo 28.

Y el artículo 31 señala que en situaciones de violencia debe privilegiarse la presencia de agentes con capacidad de negociación, que busquen la persuasión verbal antes de los otros niveles.

¿Qué quedó fuera? Seguro e indemnización para víctimas

El artículo 43 de la ley establece que el uso “indebido de la fuerza” se deberá sancionar conforme a las disposiciones legales y administrativas correspondientes, sin embargo, la norma dejó fuera algunos derechos que contemplaba la iniciativa original presentada en febrero pasado, avalada por algunas organizaciones ciudadanas.

Por ejemplo, la iniciativa contemplaba que los cuerpos de seguridad y las fuerzas armadas estaban obligadas a “cubrir daños colaterales”, ocasionados por dichas corporaciones en casos de uso ilícito de la fuerza.

Además otro artículo de la iniciativa señalaba que las personas afectadas “tendrán derecho a que se les pague la indemnización correspondiente”, mientras que en los casos donde hay pérdida de funciones corporales por uso excesivo de la fuerza debe garantizarse su acceso a “atención médica, psicológica, cuidados y rehabilitación del caso”.

Todo ello quedó fuera de la ley aprobada por el Senado, y que se prevé sea avalada por la Cámara de Diputados.

ONG denuncian riesgos

Distintas organizaciones ciudadanas agrupadas en el denominado “Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social”, emitieron un comunicado en el que denuncian que la ley aprobada por el Senado representa en algunos puntos un riesgo de violaciones a derechos humanos.

Por ejemplo, cuestionaron el hecho de que la ley condicione el uso de la fuerza a manifestaciones que tengan un fin “lícito” o que “no se tornen violentas”. Señalaron que es una definición ambigua, sobretodo si se toma en cuenta que se trata de una norma nacional, y que cada estado puede definir de forma distinta qué situación puede ser de violencia o no.

Cuestionaron a su vez que permanezca la visión de control de manifestaciones como un ejercicio de  mantener el orden público, y no como un ejercicio válido de un derecho que es necesario proteger.

“Por otro lado, la definición de amenazas letales inminentes en el artículo 7 no resulta claro, y se presta a interpretaciones arbitrarias en aspectos como la acción de apuntar un cañón de arma de fuego o una réplica de la misma; o la acción de no soltar un arma de fuego o una réplica de la misma después de advertencia clara”, indica el comunicado de las ONG.

Finalmente cuestionaron el que se considere como “armas menos letales” el uso de bastones PR–24 o dispositivos de descargas eléctricas, pues ambas pueden causar la muerte. Consideraron que se trata de “instrumentos potencialmente letales”.

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Ayman al Zawahiri: cómo la CIA encontró y mató al sucesor de Bin Laden en Afganistán

Luego de estar prófugo por más de 20 años, el hombre falleció en un ataque con drones.
2 de agosto, 2022
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Cuando el año pasado Estados Unidos se retiró apresuradamente de Afganistán, el presidente Joe Biden prometió no permitir que el nuevo régimen de los talibanes hiciera del país un refugio seguro para los terroristas.

Esto dejó claro que, para la administración de Biden, la prolongada guerra contra el terrorismo no se acercaba a su fin.

Casi un año después, los principales asesores de seguridad del presidente le sugirieron que agentes de inteligencia podrían haber localizado al líder de al Qaeda, Ayman al Zawahiri, en Afganistán.

Un objetivo de alto valor

En sesiones informativas, autoridades del gobierno indicaron a la prensa que creían que Al Zawahiri había regresado a Afganistán el año pasado, tras producirse el colapso del gobierno respaldado por Occidente.

Los espías estadounidenses prestaban especial atención a Afganistán desde la retirada de sus tropas, en busca de señales de que los líderes de al Qaeda estuvieran regresando poco a poco al país, declaró un asesor de Biden.

Ayman al-Zawahiri. Junio de 2011

AFP
Aún no es claro qué ocurrió con el cuerpo de Al Zawahiri luego del ataque.

Al Zawahiri se habría instalado con su esposa e hija en un gran complejo con altos muros protectores en el centro de Kabul.

El barrio que escogió, un área relativamente próspera llamada Choorpur, había acogido embajadas y viviendas de diplomáticos extranjeros bajo la anterior administración.

Ahora, la mayoría de los altos funcionarios talibanes viven en las lujosas instalaciones de esa zona.

A principios de abril, autoridades de la CIA comunicaron algo importante a los asesores de Biden y luego al propio presidente: habían identificado una red que apoyaba al líder de al Qaeda y su familia, según varias fuentes de inteligencia.

Los espías estudiaron patrones de comportamiento de los residentes de la casa, incluidos los particulares gestos de una mujer que los espías identificaron como la esposa de Al Zawahiri.

Los funcionarios aseguraron haber reconocido su uso de las “habilidades” terroristas al intentar evitar el acceso de personas a la vivienda de seguridad de su esposo en Kabul.

Observaron que, desde que llegó a la casa, Al Zawahiri nunca abandonó las instalaciones y tenía el hábito de asomarse, de vez en cuando y por cortos periodos, a un balcón frente a los muros de la propiedad.

Lee: El día que mataron a Osama Bin Laden

Cómo se planeó la operación

Para Biden, la oportunidad de matar a uno de los hombres más buscados por Estados Unidos entrañaba muchos riesgos.

Al Zawahiri vivía en un barrio residencial densamente poblado.

Probablemente Biden tenía presente no repetir ciertos errores, como el ataque con aviones no tripulados que mató accidentalmente a 10 inocentes en Kabul entre ellos un trabajador humanitario y siete niños en los últimos días de la presencia estadounidense en Afganistán.

Mapa de donde se cree ocurrió el ataque

En mayo y junio, el líder estadounidense se centró en la guerra en Ucrania y en impulsar una legislación histórica sobre el control de armas y el cambio climático.

Pero, en secreto, un grupo “muy pequeño y selecto” de altos funcionarios de inteligencia preparaba varias opciones para mostrárselas.

Biden había encargado a los agentes de inteligencia asegurarse que en el ataque no murieran civiles, incluyendo la familia de Al Zawahiri y funcionarios talibanes.

El 1 de julio, el presidente estadounidense reunió a altos funcionarios, entre ellos el director de la CIA, William Burns, y la directora de inteligencia nacional, Avril Haines, para una sesión informativa.

Biden evaluó junto a sus asesores un modelo a escala de la vivienda de Al Zawahiri que los agentes de inteligencia habían construido y llevado a la Casa Blanca.

“Se centró particularmente en garantizar que se tomaran todas las medidas necesarias para garantizar que la operación minimizara ese riesgo”, declaró un asesor principal.

Biden pidió información sobre la estructura del edificio y, en particular, sobre cómo recibiría el impacto de un proyectil, antes de volar a Camp David para un receso de fin de semana.

En las semanas siguientes, los funcionarios se reunieron en la sala de crisis de la Casa Blanca, un centro de comando similar a un búnker bajo el edificio pensado para que el presidente controle situaciones límite dentro y fuera del país.

Planearon metódicamente la operación, tratando de anticipar cualquier pregunta que pudiera hacer el presidente.

En paralelo, un reducido equipo de abogados se reunió para evaluar la legalidad del ataque y concluyó que Al Zawahiri era un objetivo legítimo por “su papel de liderazgo continuo en al Qaeda, y su participación y apoyo operativo para los ataques del grupo”.

El 25 de julio, tras convocar a su equipo por última vez y pedir la opinión de sus principales asesores, Biden autorizó el ataque.

Inquietud entre los talibanes

A las 6:18 hora local, dos misiles Hellfire disparados por un dron alcanzaron el balcón de la casa de Al Zawahiri, matando al líder de al Qaeda. Los miembros de su familia resultaron ilesos, informaron autoridades de inteligencia.

Las ventanas de la casa parecían destruidas, pero sorprendentemente no se observaban más daños.

Muchos analistas creen que se utilizó una versión poco conocida del misil Hellfire, sin ojiva explosiva.

El cohete que se usó en el ataque

Esta variante llamada AGM-114R9X posee seis cuchillas que se despliegan en la superficie del misil a medida que se acerca al objetivo.

La energía cinética provocada por la velocidad de esta arma es lo que causa la destrucción, ya que hace trizas todo lo que alcanza y minimiza los daños colaterales.

A miles de kilómetros de distancia, en Washington, el presidente fue informado del éxito de la operación.

El domingo, el Ministerio del Interior talibán comunicó al medio local Tolo que un cohete había impactado en una vivienda vacía sin causar víctimas. No aportó detalles adicionales en ese momento.

Sin embargo, poco después la administración Biden anunció que combatientes de la red Haqqani, un ala ultraviolenta de los talibanes, habían sacado a la familia de Al Zawahiri del lugar y tratado de encubrir su presencia.

Cuando un periodista de la BBC acudió la mañana del lunes a la vivienda, un cordón del talibán lo detuvo, apuntándole con rifles e insistiendo en que “no había nada que ver”.

La supuesta locación del ataque con drones

BBC
Este es el supuesto sitio en el que se mató a Al Zawahiri.

Funcionarios estadounidenses afirmaron que “múltiples” fuentes de inteligencia habían confirmado la muerte de Al Zawahiri, pero enfatizaron que no hay personal estadounidense sobre el terreno en Kabul.

Se negaron a dar más detalles sobre cómo fue posible confirmar el éxito del ataque.

El cuerpo

Las agencias de inteligencia preservan con celo las identidades de sus espías. James Clapper, exdirector de inteligencia nacional durante la presidencia de Barack Obama, explicó a BBC que los exaliados de EU en Kabul pueden haber proporcionado alguna información.

No está claro qué ocurrió con el cuerpo de Al Zawahiri tras el ataque.

Según fuentes de la administración Biden, las autoridades de Estados Unidos no trataron de recuperar los restos de Al Zawahiri, a diferencia de la operación en la que se dio muerte a Osama Bin Laden.

En aquella ocasión, las fuerzas especiales recuperaron el cuerpo de Bin Laden para confirmar su identidad antes de lanzarlo al mar para evitar que su tumba se convirtiera en un santuario para los islamistas.

Mientras Biden transmitía la noticia al mundo desde la Casa Blanca, los líderes talibanes condenaron enérgicamente la incursión de Estados Unidos en su territorio.

Pero en sus comentarios no mencionaron a Al Zawahiri.

Ahora toca preguntarse hasta qué punto los altos líderes talibanes sabían de la presencia de Al Zawahiri en Kabul y qué ayuda le podrían haber estado brindando.

Un afgano que vive en la zona aseguró a BBC que los combatientes talibanes habían estado vigilando la calle y que la presencia de “residentes no afganos” era un secreto a voces entre los vecinos.

Es probable que esta hipótesis plantee algunas preguntas incómodas para los líderes talibanes.

Informes adicionales sobre el sistema Hellfire de Chris Partridge.


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https://www.youtube.com/watch?v=Ukb6MjvW83Q

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